El mapa del empleo y del salario público en la Argentina: cuánto se gasta y qué ahorros se pueden lograr
Hay cuatro millones de personas que trabajan para la Nación, las provincias y los municipios que demandan el equivalente a USD 4.000 millones mensuales; el mayor peso está en los 24 territorios subnacionales. El efecto de bajar los sueldos más altos
El gobierno nacional tiene cerca de 750 mil empleados, frente a 2,2 millones en las provincias y a un millón en los municipios
El debate por los salarios del Estadoresurgió en la esfera pública junto con los datos que ya reflejan una crisis aguda de la economía argentina, por factores locales y por el efecto de la pandemia del coronavirus. En este contexto, los números siempre ayudan a elaborar los diagnósticos y a buscar soluciones, más allá de las grietas y de las consignas efectistas.
Los salarios en la administración pública representan cerca del 15% del gasto corriente. Este porcentaje se eleva al 50% en las provincias, aunque muchas están bastante por encima del promedio.
Los sueldos netos de los cargos ejecutivos en el Gobierno nacional rondan, en promedio, los $250.000 en el caso de un ministro, $200.000 un secretario, $150.000 un subsecretario y $120.000 un director nacional.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que dirige Marcos Makón “mientras que entre 2010 y 2015 se identificó un crecimiento sostenido de la ocupación (con un incremento de más de 20% en el periodo); entre 2016 y 2018 la tendencia general ha sido hacia la baja, exhibiendo una disminución cercana al 8% en el Poder Ejecutivo Nacional”.
El salario promedio general bruto de este universo era de $60.748 en 2019, pero la mayor parte de la ocupación se concentraba por debajo de este nivel (64,2%); el promedio de la distribución es de $48.463, según la OPC, en base a datos del año pasado.
“Las remuneraciones medias son superiores en las empresas y en los organismos descentralizados y, a la inversa del nivel general, el Servicio Exterior de la Nación, Poder Judicial y Convenciones Colectivas de Trabajo, tienen un alto porcentaje de su dotación con salarios promedio superiores a $66.000”, aclaró.
El Servicio Exterior de la Nación, Poder Judicial y Convenciones Colectivas de Trabajo, tienen un alto porcentaje de su dotación con salarios promedio superiores a 66.000 pesos
En las provincias, la información es mucho más difícil de verificar: pese a los continuos pedidos de los funcionarios nacionales, hubo muy poco feedback. Sí se sabe que el gasto total en salarios de las provincias es de unos 180 mil millones de pesos mensuales.
De todos modos, un trabajo del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCEShace algunas aclaraciones importantes: “Usualmente se asocia al empleo público con tareas vinculadas con la gestión de gobierno. Sin embargo, el relevamiento de la ahora Secretaría de Empleo dio cuenta de que poco más de la mitad de los puestos de trabajo se reparten en sólo dos servicios: la educación y la policía, y que los dedicados efectivamente a la administración es menor a un cuarto del total”.
Por otro lado, precisa que “las provincias menos intensivas en empleo público, por debajo de la media nacional de 5,4% de sus habitantes, son las que tienen mayor concentración de residentes y más grandes, no sólo geográficamente sino también en su contribución a la generación de riqueza: Buenos Aires 3,5%; Córdoba 3,8%; Y Santa Fe 5,1 por ciento”.
En cambio, “las jurisdicciones con mayor intensidad de empleo en la administración público por habitante son Santa Cruz con el 14,1%; Catamarca 12,3%; La Rioja 12,1%; Jujuy 10,9%; con 10,1% Río Negro y Neuquén; Tierra del Fuego 9,8% y Chubut con el 8,2 por ciento”.
Algunos datos agregados se saben: hay unos 4 millones de empleados en todo el país que demandan un gasto equivalente a USD 4.000 millones mensuales, entre Nación, provincias y municipios, según datos oficiales confirmados a Infobae por especialistas que siguen las cuentas públicas.
Ajuste forzoso por pérdida de ingresos
¿Qué valor simbólico y qué valor real tiene reducir una parte de esos salarios más altos en la Nación, tal como se planteó en el debate de la esfera pública esta semana? Posiblemente el ahorro monetario no sea relevante, pero es importante el gesto de acompañar a una sociedad que, en casi todos sus niveles, perderá ingresos debido a la combinación de la crisis local y de la recesión mundial.
El presidente Alberto Fernández lo descartó en forma tajante ayer en declaraciones radiales, al expresar que: “tengo un gobierno que no tienen fortunas, que no tienen cuentas en el exterior, que no tienen empresas; viven de sus sueldos”. Además, afirmó que “los llamo a las 7 de la mañana y me atienden. Trabajan todo el día esos funcionarios, no están robando la plata”.
Sobre el reclamo, aseguró que le parecía “un acto muy demagógico”. “No tienen un Presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones. Además los sueldos del Estado no son importantes hoy. No quiero enredarme en esa discusión”, sentenció.
En el caso de las provincias, hay otras formas más significativas para que puedan ahorrar dinero en estos tiempos de caída de los ingresos. Por ejemplo, según los expertos, reducir el salario de aquellos agentes de sectores no esenciales (o sea, excluyendo a salud y seguridad) en un porcentaje del 20%, para no obligar al Estado nacional a asistirlos con más emisión o caer en el triste regreso a las cuasimonedas.
El problema del tamaño del Estado es una cuestión a nivel más provincial y municipal que nacional, ya que desde 2016 se frenó bastante en el gobierno nacional (Guillermo Giussi)
Entre 2003 y 2015 hubo un fuerte aumento de la dotación de personal público en los tres niveles del Estado, pero desde 2009 se frenó el crecimiento del empleo privado.
El incremento en el primer grupo no respondió solamente a la delegación de los servicios de salud, seguridad y educación de la Nación a las provincias, sino a la falta de una estrategia para diversificar las economías regionales.
En el contexto de la crisis actual, cabe esperar que se incremente el empleo público, más allá de la letra de la mencionada ley. “La ley sigue activa, al menos por ahora, aunque hay que entender el contexto. Por ahora las provincias no han pedido que se modifique, aunque puede pasar. De hecho, los gobernadores están impulsando las cuasi monedas, lo que sería una infracción a la ley”, dijo Giussi, ex Director Nacional de Relaciones Fiscales con Provincias del Ministerio del Interior.
“Sería positivo que la Nación trate de evitar ese cuadro todo lo posible, con herramientas como los adelantos transitorios o de las utilidades contables del Banco Central, porque posiblemente la caída de transferencias a las provincias en abril supere el 30%”, explicó.
En cuanto a la reducción de salarios de los dirigentes políticos, consideró que “es positivo que hagan un esfuerzo, aunque el ahorro es poco significativo”.
Nuria Susmel, analista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) dijo: “el gasto político es de unos $50 millones, es muy poco dinero”.
La especialista consideró que más allá de los niveles nominales, sería bueno poder medir la productividad del sector público, aunque reconoció que es muy difícil. “El Gobierno anterior hizo algunas cosas en este sentido, pero no demasiado”, expresó.
En tanto, la economista Marina Dal Poggetto, observó que el dilema para las provincias es que “o bajan los salarios o aceptan una moneda diferente; si no, todo va a ser emisión del Banco Central”, con el consecuente riesgo sobre los precios.
Por su parte, el especialista de la UBA Javier Lindemboim afirmó: “la remuneración de la administración pública nacional está lejos de ser privilegiada, a diferencia de lo que ocurre en algunas provincias donde hay jubilaciones tempranas”.
“En la Argentina, después del 2002, se observa que subió tanto la dotación como la participación del gasto en estos ítems en proporciones que no son coherentes con el deterioro de la enseñanza pública a nivel nacional y provincial que se registró desde entonces. Es decir, que hay mucha ineficiencia en el gasto. Los ingresos del sector docente han dejado de ser buenos y, a la vez, ellos han rechazado discutir otras cuestiones”, explicó.
La remuneración de la administración pública nacional está lejos de ser privilegiada, a diferencia de lo que ocurre en algunas provincias donde hay jubilaciones tempranas (Javier Lindemboim)
Más en general aclaró que “el empleo privado subió fuerte en 2003 y 2007 y luego casi no creció. En cambio, el empleo público no dejó de crecer”.
Sobre el reclamo de una parte de la sociedad para que los dirigentes más altos del Gobierno se bajen los salarios, sostuvo que “la reacción de que la gente que sale con las cacerolas no es contra los empleados públicos, si no por los cargos del poder político”.
Y, aunque bajar salarios en ese segmento represente un ahorro menor, “la ausencia de un gesto es una mala señal”.
Por su parte, el ex director nacional de Asuntos Provinciales Félix Piacentini dijo a Infobae: “hasta ahora las medidas de reducción salarial en las provincias han sido gestos que no van a cambiar el nivel de ahorro de sus finanzas”.
Sin embargo, consideró que “si hay gente que está haciendo teletrabajo, por ejemplo, en las áreas de Justicia, administración y el poder legislativo de las provincias, se les puede bajar un 20% a unas 500 mil personas, sin que afecte demasiado su situación mientras están en sus casas”.
“Con esta medida las provincias ahorrarían unos 9000 millones de pesos al mes, que se podrían destinar a más inversión en salud o a los sectores más castigados por la crisis. Ese ahorro sí hace una diferencia sin parar la economía y es coherente con la idea de redistribuir”, opinó.
Para el especialista en finanzas provinciales “es muy difícil que vuelvan las cuasimonedas, porque deberían derogar el artículo 21 de la ley de responsabilidad fiscal a nivel nacional y en cada legislatura. Y, si no lo hicieran y utilizaran estos instrumentos de facto, podrían lograr una ventaja de corto plazo, pero a la larga se complicarán con problemas legales”.
Es muy difícil que vuelvan las cuasimonedas, porque deberían derogar el artículo 21 de la ley de responsabilidad fiscal a nivel nacional y en cada legislatura (Félix Piacentini)
En cambio, consideró que es más fácil repetir la experiencia de los bonos para el pago a los proveedores, que tienen vigencia durante un solo período fiscal.
La crisis económica amenaza con ser larga y, aunque a veces el debate de estas cuestiones quede desplazado por las urgencias del día a día, los especialistas consideran que es mejor tomar decisiones proactivas antes de que la realidad adopte su propio curso.
Atravesada por los males de la coyuntura macroeconómica, la construcción es otro de los motores de la economía argentina que se apagó o, al menos, empezó a funcionar a media máquina. Los dos pilares que la componen están golpeados: la obra pública está prácticamente paralizada, debido al ajuste fiscal y a la imposibilidad de obtener crédito en los mercados, y la obra privada no recibe inversiones por culpa de los miedos propios de la recesión. ¿Conclusión? La actividad cayó 13,5% en enero respecto de igual mes de 2019, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ).
¿Qué esperar en medio del actual panorama? Nadie vislumbra que este sector amague con una recuperación, al menos hasta mitad de año. El tenue optimismo está dado, de todos modos, por una razón que no es un síntoma de buena salud para la economía en general: como los argentinos no tienen otras alternativas financieras donde colocar sus ahorros, podrían volcarse a la refacción, ampliación, remodelación y autoconstrucción, algo que impulsaría un poco la actividad y la venta de materiales.
Rodrigo Álvarez, economista y CEO de la consultora Analytica, comenta que el desplome de la construcción se verifica tanto en la obra pública, en el contexto de un ajuste fiscal que afecta principalmente a la inversión del Estado, como en la obra privada, inmersa en un mercado completamente paralizado. "No hay buenas perspectivas para el sector hasta que no se reactive la economía y vuelva a ser receptor de excedentes de otras actividades", opina.
Al poner el foco en cada una de las patas de la construcción, Álvarez dice que el plan de obra pública apenas se está delineando y, a fin de cuentas, su dimensión va a depender del presupuesto, que a su vez estará supeditado a lo que resulte de la reestructuración de la deuda. "La obra privada, en tanto, continuará el curso de las obras iniciadas, porque el costo en dólares bajó mucho. Sin embargo, la tasa de salida es baja en un mercado inmobiliario que prácticamente no se mueve, por resistir una baja de precios en un contexto de falta de demanda", analiza el economista.
Julio Crivelli, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), afirma que su sector atraviesa desde 2018 una situación dramática, de dificultad financiera y crisis recesiva. "Esto lo padece la obra pública y de viviendas, por la falta de pagos y por las obras paralizadas, pero también el sector privado, donde las expectativas son relativas. Si se resuelve la cuestión de la deuda y hay una nueva ley de presupuesto, puede ser que la estabilización de la economía traiga alguna actividad", evalúa el directivo.
Asimismo, Camarco expresó mediante un comunicado que la incertidumbre en el mercado afectó el inicio y la continuidad de las obras privadas, ya que las dificultades financieras y la falta de ventas afectan el fondeo de los proyectos. "De hecho, en enero de 2019 se registró el menor número de operaciones inmobiliarias de la serie estadística", manifestó la entidad.
La cámara sectorial también comunicó que en el ámbito de la construcción privada hay una parálisis de las inversiones industriales, ante la falta de un horizonte claro y frente a las restricciones cambiarias y para la remisión de utilidades al exterior. "Sectores que requieren fuertes inversiones privadas, como la industria del gas y petróleo, particularmente el desarrollo de Vaca Muerta, energías renovables y minería, se encuentran fuertemente restringidos o paralizados, a la espera de un escenario claro. La falta de presupuesto nacional para obras de vivienda social y los atrasos en los pagos de las obras públicas certificadas completan el cuadro de situación", se señala desde la cámara.
En el Instituto de Estadística y Registro de Industria de la Construcción (Ieric), remarcan que la actividad empezó a caer fuerte a mediados de 2018, cuando sufrió el impacto de la gran devaluación comenzada en marzo de ese año. "A partir de ahí, ya nunca se recuperó. Y eso fue muy malo, porque si la construcción anda mal, se frena la actividad de la economía en su conjunto, ya que este sector no solo moviliza en forma directa, sino que también dinamiza indirectamente otros sectores industriales y comerciales", explican.
A la hora de desgranar las razones del derrumbe, en el Ieric señalan como grandes culpables a la paralización de la obra pública en 2019 (se terminaron grandes obras en la Ciudad de Buenos Aires y, al igual que en el resto del país, la crisis macroeconómica cortó la posibilidad de nuevos proyectos) y al contexto desfavorable para la inversión, que desalentó nuevos desarrollos en la obra privada.
La mala situación tiene su reflejo en la variación de la compra de materiales para la construcción. Tal como publicó el Indec el jueves pasado, en enero de este año el consumo de asfalto cayó 63,6% respecto de igual mes de 2019; el de hormigón elaborado, 43,1%; el de grifería, tubos de acero sin costura y vidrio, 17,4%; el de hierro redondo y aceros para la construcción, 15,4%; el de cemento portland, 14,7%; el de mosaicos y calcáreos, 13,7%; el de artículos sanitarios de cerámica, 11,3%; el de pinturas, 7,2%, y el de cales, 6,8%.
Según especifica Pedro Brandi, presidente de Grupo Construya, hay que tener en cuenta que en un año promedio la venta de materiales de construcción tiene 20% de su demanda representada por la obra pública, 20% por la compra para reparación, refacción, ampliación y autoconstrucción, y 60% por lo que se considera la obra privada propiamente dicha (gran parte de eso lo representa la vivienda familiar; un 15%, las grandes torres, y el resto, los monobloques y los edificios).
Por su parte, Damián Di Pace, economista y director de Focus Market, remarca que la construcción, tanto pública como privada, es una actividad gran dinamizadora de la economía. "Por eso, la Argentina debería generar incentivos fuertes para fortalecer las inversiones en este sector. El déficit fiscal y la imposibilidad de endeudarse en los mercados implican caída de inversión en el sector público; pero, por otro lado, la restricción a la compra de dólares para atesoramiento a la cotización oficial puede redireccionar a la construcción privada el ahorro que no puede refugiarse en moneda estadounidense", analiza.
Es bastante unánime la opinión de los especialistas consultados respecto de que en 2020 no se producirá una explosión de la obra pública. "No vemos un movimiento significativo en las obras públicas y pensamos que no va a ser un año bueno en ese aspecto. Además, todos los proyectos de PPP (participación público privada) se cortaron por falta de financiamiento, porque eran proyectos apalancados con crédito privado, hoy cerrado", dice Brandi.
Sí podría verse un pequeño repunte por el lado de la refacción, remodelación, ampliación y autoconstrucción. En el Ieric destacan que lo poco que se movió de la actividad en 2019 fue aquello impulsado por ahorros volcados a refacciones o construcciones de viviendas familiares. "Esto se refleja en la performance del cemento en bolsa, que terminó el año con una caída de 7,6%, pero que en diciembre cayó menos (en ese mes bajó 4% el consumo en bolsa, mientras que la compra a granel bajó 17%)", relatan en este instituto.
Permisos que ilusionan
Otro indicio que da lugar a cierto optimismo es que, tal como señalan en el Ieric, el único dato positivo de 2019 fue que los permisos de obra crecieron 11% en el acumulado del año y dieron un salto de 48% en diciembre respecto de igual mes de 2018 (en enero de este año subieron 7,5% en comparación con igual mes de 2019). "Esto significa que hay muchas obras proyectadas que, si bien no se iniciaron por la incertidumbre general, en cuanto haya una señal positiva, empezarán a levantarse", explican en ese instituto.
Sucede que, tal como indica Brandi, el costo de la construcción está 30% más barato que su promedio histórico (hoy está en torno de US$700 el metro cuadrado), algo que, pese a que el resto de las variables no acompaña, hace muy atractivo a este sector para el inversor. "En este sentido, pasa algo parecido a lo que sucede con las acciones cuando están bajas: todos compran porque estiman que van a subir y ganarán con la diferencia", acota.
Carlos Spina, director comercial de Argencons y secretario general de la Asociación Empresaria de la Vivienda, dice que entre la devaluación y el cepo cambiario se generó una brecha que hace que hoy sea mucho más barato construir. "Acá hay una oportunidad importante para los que quieran invertir desde el pozo. Por parte del Estado hubo medidas tendientes a incentivar la oferta, pero faltaría complementar con estímulos a la demanda", agrega.
Pero en este aspecto también hay cuestiones propias del país que complican las cosas. Di Pace hace mención a la burocracia que existe a nivel local para iniciar una construcción y menciona el informe Doing Business 2020 del Banco Mundial, en el que, en un ranking que mide la facilidad para iniciar proyectos, la Argentina está en el puesto 150 entre 190 países, detrás de sus vecinos Chile, Paraguay y Uruguay. "Acá se necesita casi un año de trámites para empezar a levantar un edificio", enfatiza el analista económico.
En este contexto, la Camarco presentó una serie de propuestas para reactivar el sector, como la aplicación a toda empresa constructora de regímenes fiscales y previsionales de excepción; el establecimiento de una línea de descuento de certificados de obra pública, y la neutralización de los contratos (sin multas ni sanciones por un plazo), entre otras.
En un plano más estructural, la cámara sectorial sugirió, además, que se fije un incentivo fiscal a la construcción de nuevas viviendas para sectores medios; que se impulse un proyecto de ley que establezca que los créditos hipotecarios se actualicen por el coeficiente de variación salarial (CVS), y la puesta en marcha de un plan de construcción de viviendas sociales, a través de los institutos de vivienda provincial (IPV) con recursos del Estado Nacional.
En este complicado escenario económico navega hoy la construcción: la foto actual de este histórico motor de la economía argentina es más que preocupante y, por ahora, lo que se puede llegar a vislumbrar de la película en el futuro cercano no es más que una tibia recuperación.
La destrucción de puestos de trabajo es una de las peores consecuencias
Así como en momentos de bonanza la construcción es el sector que más rápido repunta y se convierte en gran generador de puestos de trabajo, en épocas de vacas flacas también es el que más rápido sufre el deterioro de la actividad y la pérdida de empleos . Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en diciembre de 2019 el número de asalariados registrados en el sector privado cayó 12,4%, con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en el acumulado de enero a diciembre hubo una baja de 5,2% (se pasó de 434.260 puestos a 374.059).
Según el Instituto de Estadística y Registro de Industria de la Construcción (Ieric), el actual número de empleados registrados en el sector es el más bajo de los últimos 15 años. "Se han perdido 90.000 puestos de trabajo directos desde marzo de 2018, a los que hay que sumar los indirectos de la industria proveedora. Esto se debe a que hay mucha incertidumbre respecto del futuro", opinó Julio Crivelli, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).
Estos datos no resultan extraños, si se tiene en consideración que el sector lleva 17 meses consecutivos de caída de su actividad. Pero lo que sucedió en diciembre de 2019 fue lapidario: se perdieron 19.586 puestos en tan solo 31 días.
Rodrigo Álvarez, CEO de Analytica, ratifica que la situación en el empleo es preocupante, porque se están perdiendo puestos a un ritmo muy intenso. "Las empresas no están en condiciones de sostener esta parálisis por mucho tiempo más, sobre todo teniendo en cuenta que el sector público también está frenando los pagos y desembolsos", señala.
Por su parte, Carlos Spina, director comercial de Argencons y secretario general de la Asociación Empresaria de la Vivienda, dice que se observa una aceleración de la destrucción de puestos de trabajo en los últimos tres meses. "Yo creo que, no habiendo obra pública a la vista, debe haber una iniciativa para promover la obra privada. En esa línea, desde la Mesa de la Vivienda armamos un plan de incentivos sectoriales que queremos presentar al Gobierno", comenta.
El economista Javier Lindemboin, investigador del Conicet, profesor de la UBA y director en esa universidad del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (Ceped), explica que la importancia del empleo sectorial no deriva tanto de su cuantía (nunca ha llegado a ser el 10% del total). "Deriva, eso sí, del hecho de estar asociados su volumen y su dinámica al ciclo económico, estimulándolo a partir de que en alta proporción sus miembros -aun siendo una expresión del empleo masculino con remuneración más rezagada- son a la vez parte constitutiva de la demanda de consumo interno", afirma.
Lindemboin agrega que la precariedad sigue predominando entre los asalariados (el índice pasó de 68% en 2004 a 61% en 2006) mientras que entre 2016 y 2018 se mantuvo en torno del 54%. "Hay que tener en cuenta que, desafortunadamente, ese sector del Indec no proporcionó la información del período en que el instituto sufrió la intervención, de modo que por esa vía no es posible conocer la evolución durante casi una década (de 2007 a 2015 inclusive)", comenta el especialista.
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