sábado, 29 de agosto de 2020

El empleo en la última década ¿quo vadis? INFOBAE 29-8-2020

 Columna aparecida en INFOBAE, 29-8-2020

El tema del empleo oficia un lugar central dentro de las preocupaciones de la sociedad y de no pocos analistas. Sin embargo sobre esta materia se ha acumulado un conjunto de imprecisiones así como implicancias no necesariamente sostenidas en la información existente.

Esto no es algo nuevo. En el pasado no lejano, recordamos las afirmaciones –en algunos casos casi catastróficas en los primeros meses de 2016- que no pudieron ser corroboradas con datos fehacientes.

En esta como en otras materias, todavía se sienten los efectos de la perniciosa intervención en las actividades del INDEC destinadas a mostrar realidades inexistentes. Eso transcurrió durante casi un decenio: desde enero de 2007 hasta fines de 2015 inclusive. De allí se derivó un apagón estadístico que se extendió algunos meses de 2016.

Con el agravante de que al retomarse las actividades aparecían discrepancias que podrían ser interpretadas como simple descripción de una nueva realidad o bien como consecuencia de ir solucionando las erróneas prácticas previas. Tal el caso del alza en el índice de desempleo que no se entendía correctamente si no se lo relacionaba con otras dos variables que también crecieron en ese momento: la tasa de actividad y la de empleo. De ese modo, el mayor desempleo era posible entenderlo como un “blanqueo” respecto de la información previa pues aparentemente a ciertos desocupados se los catalogaba como inactivos.

Hay otras informaciones que –afortunadamente- no tuvieron estas variaciones en el tiempo. Por ejemplo las estadísticas del Ministerio de Trabajo sobre empleo registrado. Desde enero de 2012 existe una serie que cubre a todos los asalariados registrados (privados, públicos, domésticos) y al resto en una clasificación que no siempre es clara pero que en conjunto incluye a los pequeños empresarios y cuentapropistas.

Dado que la incorporación del empleo público a esta serie se consolida en ese momento, el procesamiento oficial suele distinguir el empleo privado, el público y el de los monotributistas sociales.

Así, el sector privado reúne a los asalariados privados, al servicio doméstico, los autónomos y los monotributistas comunes.

El gráfico muestra la evolución desde enero de 2012 hasta mayo de 2020. Allí se percibe la sensible caída en el sector privado (y en el agregado total) en los primeros meses de este año. Este derrotero seguramente se explica en parte por la situación crítica de arrastre como, especialmente, por los efectos de las medidas sanitarias adoptadas que tuvieron enorme impacto en una virtual paralización de gran parte de la actividad económica.

Asi y todo, el nivel absoluto del empleo privado y del total registrado en mayo de 2020 no es menor que la magnitud asentada al inicio de la serie. La situación es demasiado seria para banalizar el problema. También lo es para ponerla en términos irreales.

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe mensual de empleo registrado del MTEySS

En poco tiempo más,cuando dispongamos de los datos de la EPH del segundo trimestre de 2020, tendremos oportunidad de aproximar una mirada de conjunto incluyendo los sectores no incluidos en estos datos, es decir los cerca de diez millones de puestos de trabajo ocupados por asalariados, cuentapropista y pequeños empresarios que no están registrados. Es probable que el impacto ocupacional haya sido proporcionalmente mayor fuera de los asalariados registrados. Esto es así debido a la prohibición de despidos en el ámbito privado y a la estabilidad del empleo estatal

Volviendo entonces a la información graficada se aprecia también el fuerte aumento de los monotributistas sociales en 2013 con su correlato en el descenso a partir de la crisis de abril-mayo de 2018.

Por su parte  el empleo estatal sólo disminuyó su ritmo de crecimiento que no abandonó en ningún momento.

En cuanto al sector privado, para poner en perspectiva digamos que el servicio doméstico y los autónomos, en conjunto, reunían en 2012 800.000 puestos y en 2020 subieron a 860.000 (más los domésticos pues los autónomos cayeron un poco). A su turno, los monotributistas simples subieron de 1.3 a 1.5 millones en el segundo mandato de Cristina Kirchner, aumentaron otros cien mil a mayo de 2018 y allí se mantuvieron para perder ese aumento sólo en los primeros meses de 2020.

De modo que la evolución del empleo privado y el total registrado son los que reflejan mejor el conjunto en el que se aprecia que el nivel record de empleo registrado se ubica a comienzos de 2018. Eso muestra que, al igual que otras, la gestión de Cambiemos debe ser analizada en materia ocupacional (y económica) en dos partes. La primera fue la que incluyó el único registro positivo de aumento del PBI y también del empleo. En la segunda mitad, se desplomó la economía pero el conjunto del empleo no cayó.

En efecto según la “Cuenta de generación del ingreso e insumos de mano de obra” del INDEC entre el primer trimestre de 2016 y el de 2020 aún el empleo registrado privado tuvo un leve aumento (lo que corrobora que la pérdida es la del último año y medio), el estatal aumento en cien mil puestos y el grueso del incremento recayó en los asalariados no registrados (“en negro”) con casi medio millón y cerca de 400.000 de aumento entre los no asalariados.

Esto lleva a que, hasta el comienzo de la pandemia al menos, el problema del empleo era más bien el de la falta de creación de puestos (en particular puestos de calidad) que el de la pérdida, que la hubo en la industria continuando lo que venía pasando desde hace bastante tiempo.

Industria manufacturera –Puestos de trabajo asalariado registrado

 

Puestos (miles)

Índice Mayo 2010=100

Mayo 2010

1185

100

Mayo 2012

1253

106

Mayo 2014

1236

104

Mayo 2016

1230

104

Mayo 2018

1178

99

Mayo 2020

1076

91

Fuente: Informes mensuales del MTEySS (último a mayo de 2020)

 

Mientras tanto, los ingresos de la remuneración del sector asalariado privado pese a tener una tendencia favorable desde 2009, con picos en 2013 y en 2017 y 2018, mostraron caídas pronunciadas en 2014, en 2016 y, la más intensa desde abril de 2018 incluyendo breves recuperaciones a comienzos de 2019 y de 2020. Estas oscilaciones no pueden menos que acompañar –en general- a la evolución del ciclo económico

Es este el punto en el que la pregunta de hacia dónde va el empleo (y sus ingresos) debería focalizarse. Sin duda, apenas se elimine la prohibición de los despidos (que sólo influye en dos tercios de los asalariados porque el tercio restante está desprotegido) tendremos previsiblemente aumento del desempleo abierto. Pero, además, habrá que estar atentos al efecto desaliento. Ya los datos de la ciudad de Buenos Aires muestran una notable caída de la tasa de actividad como consecuencia de la retracción de la oferta laboral (lo cual mueve poco el índice de desempleo).

Fuente: Elaboración del CEPED sobre la base del informe del MTEySS a mayo de 2020

En cambio los ingresos, tanto de los asalariados (cualquiera de sus componentes) como de los no asalariados. Estos últimos genéricamente pueden apreciarse como los sectores medios o medios bajos que forman parte nuclear de la vida social  y económica y son los que han estado y seguirán estando afectados.

La política económica tendrá que tener en cuenta que luego del avance que significa el acuerdo con los acreedores externos, la estabilización económica es prioritaria. Dentro de ello el control de la emisión y de la inflación, serán cruciales a fin de no deteriorar aún más la capacidad de compra de los (escasos) ingresos disponibles. La pregunta sigue en pié ¿quo vadis?


viernes, 21 de agosto de 2020

Empleo: el horizonte se oscurece si iluminamos mal - Clarín - 21-8-2020

 Columna aparecida hoy en Clarín, 21-8-2020


La angustia de millones de hogares argentinos por la situación deficitaria en materia de empleo y de ingresos suficientes se potencia si no acertamos a enfocar adecuadamente tanto la fotografía del momento como, de manera especial, la película en la que estamos inmersos.

Un botón de muestra es la descripción de lo que pasa con el empleo. En los años últimos, sea por desconocimiento o por mala intención, se ha repetido en variados ámbitos que se han perdido miles de puestos de trabajo.

Veamos. Según las recomendaciones de la OIT adoptadas por las estadísticas oficiales en Argentina, los ocupados son las personas que han trabajado un mínimo de horas durante un lapso de referencia. Todos ellos pueden desempeñarse en diversas “posiciones” dentro del proceso productivo, es decir Asalariados o No Asalariados, por ejemplo.

Ente los primeros puede tratarse de personal en relación de dependencia cuyo vínculo laboral se establece de acuerdo a las normativas legales correspondientes (a los que llamamos asalariados registrados) o bien de personal dependiente con vinculación “irregular” a los que llamamos no registrados o precarios (a veces, para enturbiar las cosas, también se les da el nombre de “informales” pero agrega ambigüedad y no precisión a la descripción). También los asalariados pueden depender de un empleador privado o de uno estatal (público).

Por su parte los No Asalariados pueden ser trabajadores por cuenta propia o empleadores los que también podrán o no estar registrados en el sistema de seguridad social.

De manera que si hablamos del conjunto de la fuerza laboral sobre la que formulamos una apreciación, lo lógico es que aludamos a la totalidad de sus partes componentes.

Desde ese punto de vista, una aproximación a lo ocurrido en los últimos cuatro años puede lograrse comparando los resultados de la Cuenta Generación del Ingreso e Insumo de Mano de Obra elaborada por la Dirección de Cuentas Nacionales de INDEC. Entre el primer trimestre de 2016 e igual lapso de 2020 los resultados indican que se crearon más de un millón de nuevos puestos de trabajo (incluso un poco más si no contamos el primer trimestre de este año).

También los datos indican que hasta comienzos de 2018 se llevaban creados más de setecientos mil puestos laborales, lo que se deterioró fuertemente a partir del segundo trimestre de ese año. Esto en cuanto a la cuantía total de la fuerza laboral. Si miramos su composición allí los números empiezan a mostrar rasgos más que preocupantes. Los asalariados disminuyen (entre comienzos de 2016 y de 2020) en unos 50000 puestos. Dentro de ellos el aumento de los dependientes del Estado no alcanza a compensar la pérdida de puestos asalariados registrados del sector privado (-168000).

Aquí también, si nos detenemos a comienzos de 2018, todas las variaciones eran positivas por lo que la debacle también corresponde al último bienio.

Las categorías que salen airosas son tanto la de asalariados no registrados como la de no asalariados. Entre ambas, explican la mayor parte del aumento total de los puestos de trabajo del país en el período mencionado De manera que son los asalariados registrados del sector privado los que efectivamente han perdido cierto número de integrantes.

Dado que en el conjunto los asalariados registrados son aproximadamente la mitad y dentro de ellos dos tercios son del sector privado puede decirse que el deterioro de ese componente es sin duda significativo.

La pregunta, sin embargo, es si esto refleja algo circunstancial o más sustantivo. Para eso podemos mirar los últimos cuatro períodos presidenciales: en los casi cinco años del gobierno de Néstor Kirchner –siempre según la CGI de INDEC se crearon 2,3 millones de esos puestos. En el primer período de gobierno de su esposa sólo se creó un tercio de esa cuantía y en el segundo gobierno de Cristina Kirchner apenas 400000 (algo así como un sexto de lo ocurrido durante el gobierno de su esposo).

Claro que era una declinación importante pero todavía algo de ese empleo se creaba. En cambio durante el gobierno de Macri cambió el signo y hubo una pérdida neta de unos 50000 puestos. Más allá de las cifras, no parece haber dudas que la absorción de puestos de trabajo asalariado registrado en Argentina era cualquier cosa menos sólida al momento de la transición gubernamental a fines de 2015.

Si prestamos atención a los asalariados no registrados, también durante el gobierno de Néstor Kirchner hay un récord: casi 900000 nuevos puestos precarios en ese lapso, casi un 80% más que a lo largo de los años ‘90.

Estas referencias no modifican la mirada fuertemente crítica en materia laboral del gobierno de Cambiemos. Pero lo contextualizan de manera diferente.

Ponen en evidencia que los males estructurales de Argentina no fueron removidos en los largos y propicios años de la primera década del siglo actual. De hecho en estos veinte años, el 40% de ellos fueron de disminución absoluta del producto y la tasa de inversión no dejó de disminuir.

Con niveles de inversión por debajo del 15% , como venimos arrastrando desde hace al menos una década, es inimaginable la recreación de un contexto de dinámica productiva estable y competitiva. Mucho menos, claro está, con la pandemia que no hace más que agregar dramaticidad a la muy delicada situación económica y social de Argentina.

Es por eso que al alivio que se supone traerá aparejado el arreglo con los acreedores externos (con contratos con sede en Nueva York) deberá agregarse la regularización de la deuda con sede local y, especialmente, la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Para todo esto, hace falta un horizonte, un plan. Y, para ello, es imprescindible no equivocarse en la evaluación de cuál es nuestro verdadero punto de partida y cuáles los orígenes efectivos, no los declamados, de nuestra crisis estructural.

domingo, 16 de agosto de 2020

Qué hacer con los subsidios a hogares en la pospandemia LA NACION 16-8-2020

 Nota de Silvia Stang, publicada en LA NACION, 16-8-2020


El derrumbe de la actividad llevó a medidas de emergencia, como el IFE; los ejes del debate sobre una futura estategia frente a la pobreza y el desempleo.

roblemas de vieja data que se agravan. Los efectos que dejarán la pandemia y la cuarentena en la realidad social de la Argentina tendrán sus síntomas en mayores índices de pobreza e indigencia y, muy probablemente, también en la profundización de déficits como el del acceso al mundo laboral formal o el de la terminalidad educativa. A la par de esas consecuencias, se va ampliando el desequilibrio fiscal (el déficit primario treparía a 8% del PBI este año) en gran medida por las acciones tomadas para contener el derrumbe de la actividad y de los ingresos en muchos hogares.

¿Qué hacer con la política de derivación directa de recursos estatales a familias, en el escenario que marque la pospandemia? En la actual situación, la asignación de fondos por fuera de los programas que ya existían se está dando a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de $10.000, que en la práctica se les paga cada dos meses a unas 8,9 millones de personas anotadas en los primeros tiempos del aislamiento obligatorio (la inscripción luego se cerró).

Más allá de que se haya puesto en debate la posible transformación de ese plan en una nueva modalidad de subsidio que quede instalada tras la pandemia, lo cierto que el universo del IFE no permite saber, al menos a simple vista, cuáles serán los problemas sociales y laborales por fuera del marco de la emergencia actual. Entre quienes lo cobran hay distintas situaciones de base, en cuanto a la situación laboral y, más allá de eso, hay también diferencias respecto de la posibilidad y del momento en que podría recuperarse algún nivel de actividad, en el caso de quienes estaban trabajando en los meses previos.

De los beneficiarios de ese ingreso, seis de cada diez son trabajadores de la economía informal, desocupados o inactivos (no trabajan ni buscan hacerlo). La incidencia de los inactivos es mayor en provincias donde hay bajas tasas de población económicamente activa y de empleo, como ocurre en Formosa o en Santiago del Estero, donde el IFE alcanza al 44,2% y al 48,9%, respectivamente, de la población de entre 18 y 65 años, y al 80,1% y 71% de la población activa, según un informe elaborado por la Anses.

"Todavía no hay definido", señala el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, respecto de qué pasará con el programa de ingresos en el futuro. Su idea de la política social para el futuro es que esté regida por tres ejes: el actual plan Potenciar Trabajo, que tiene 540.000 beneficiarios que perciben $8500 mensuales; un programa de ingreso de base (que se diferenciaría por tener contraprestaciones que podrían ser de terminalidad educativa en lugar de ser específicamente laborales) y las tareas de urbanización de 4000 barrios populares en el país.

Aun cuando tenga lugar un proceso de recuperación, o al menos un rebote, tras la fuerte caída de la actividad económica, es esperable que haya necesidad de subir el piso de protección social, según advierte el sociólogo Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). El plan que se disponga para eso, agrega, debería ser puesto en clave transitoria. "Los programas como la AUH, el Progresar o las pensiones no contributivas deben continuar, pero el IFE y el Alimentar deberán ajustarse según los niveles de desempleo y pobreza", señala.

La medida de la eficiencia de los planes debería ser, en todo caso, la tasa de salida por parte de quienes los cobran. Para Salvia, un giro esencial sería dejar de pensar en "cómo dotar de ingresos a consumidores pobres", para empezar a pensar en "cómo dotar de empleo y trabajo con una remuneración constitucional y con derechos a las poblaciones inactivas, desocupadas o informales pobres".

La alta inactividad laboral en algunos lugares tienen que ver con la carencia de oportunidades. No hay dónde buscar empleo y falta impulsar herramientas materiales y cognitivas para que haya emprendimientos.

En que el criterio para evaluar positivamente un plan social tiene que ser la caída progresiva de la cantidad de personas alcanzadas es algo en lo que coincide Juan Luis Bour, economista jefe FIEL. Al pensar en pagos para desocupados, "la primera pregunta que hay que hacerse es cuál es el incentivo al empleo", agrega. Y dice que no hay que confundir una medida temporaria tomada en una emergencia con la instalación de un ingreso universal para el después. "En condiciones normales habrá que bajar el déficit fiscal", advierte. En todo caso, insiste, en los pagos sociales habría que plantearse cómo generar incentivos al salto hacia el empleo formal. Cita, como experiencias de otros países, la obligatoriedad para quienes reciben subsidios de presentarse a entrevistas de empleo a las que se los convoca, y el derecho a rechazar solo una cierta cantidad de propuestas.

"Hay tres ejes fundamentales para la agenda poscovid: acordar el perfil productivo posible y deseable para la Argentina y su relación con el mercado mundial; abordar reformas fiscales, tributarias, laborales, educativas, administrativas, comerciales y financieras en clave de reducir desigualdades y de superar las heterogeneidades estructurarles productivas, regionales y sociales; y repensar los sistemas de protección, hábitat y seguridad social para los más vulnerables", dice Salvia.

En la opinión del economista Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios sobre Producción, Empleo y Desarrollo de la UBA, "hay dos instancias a tener en cuenta a la hora de plantear una acción: la de producción y distribución, que implica reorientar y recuperar la actividad económica, y la de redistribución, en la cual juega la definición de la política social.

La reforma fiscal es uno de los ejes de lo que necesita ser repensado, según el economista. Y aclara que se refiere a una reforma en dos sentidos: los ingresos del Estado (darle al sistema impositivo una mayor progresividad sin aumentar la presión fiscal) y sus erogaciones. Sobre este último punto, señala, hace falta revisar las prioridades. "Entre los desafíos ahí incluidos está la discusión sobre el ingreso universal [o básico, porque claramente no sería para toda la población], del que hoy se habla 'gratis'; pero no como un subsidio más, sino como un reemplazo de los mecanismos de protección social", apunta.

"El acuerdo con los acreedores del país, la previsión de la esterilización necesaria de la enorme emisión monetaria [que conlleva el riesgo de mayor inflación en los próximos meses, lo cual agravaría más la situación social] y la formulación de un claro plan de reactivación y crecimiento con perfil exportador" son condiciones para planes que se sostengan", dice Lindenboim.

Pero, aun si se dan las condiciones del entorno para una economía que repunte, ¿qué posibilidades hay de que las chances de empleo lleguen a la población más vulnerable? O, en todo caso, ¿qué tipo de modalidades impulsar? Salvia propone un esquema de "trabajo mínimo garantizado", con raíces en la economía popular y con "un ingreso digno, que tome como referencia el salario mínimo, vital y móvil". Se trataría de prestaciones de servicios comunitarios, tomando como punto de apoyo la movilización de la sociedad civil, que actuaría como promotora de proyectos.

"Esto implica un cambio en la seguridad social, incorporando un derecho -explica Salvia-, con un financiamiento que vendría de aportes y contribuciones, impuestos a las ganancias corporativas o recursos de créditos o donaciones que llegarían a un fondo administrado por un fideicomiso con respaldo de la banca público-privada, bajo control de una comisión bicameral del Congreso". Según el sociólogo, la ley 27.345, de 2016, significó un hito al crear el Registro Nacional de la Economía Popular, en el que hasta ahora hay, según el ministro de Desarrollo Social, 260.000 personas. Esa herramienta permite avanzar "hacia un plan de trabajo social garantizado", señala Salvia.

Bour apunta que para que sea viable tener como objetivo que haya un salto al empleo formal hace falta tener un servicio de empleo público y privado muy comprometido. Y evalúa que el Plan Empalme, con el cual en la gestión anterior se buscó incentivar la contratación por parte de empresas de beneficiarios de planes no sirvió. ¿Y por qué fue así? "Habría que ver si es que no se ofrece suficiente información, si falta un incentivo para quien recibe el plan, si el Estado no hace nada cuando las personas rechazan ofertas de trabajo...", dice.

Más allá de la pandemia y de la realidad de la Argentina, en el mundo "hay un transfondo amplio en el que se destacan desafíos como la cuestión ambiental, la robotización y la pugna entre globalización y aislamiento", dice Lindenboim, respecto de temas que inciden en el campo laboral. Son tiempos de cambios acelerados que interpelan a las sociedades, especialmente por sus efectos sobre los segmentos más vulnerables y más perjudicados por las desigualdades, que corren riesgo de profundizarse.

sábado, 8 de agosto de 2020

No hay futuro del trabajo sin un mejor presente Ponencia en el evento Pensar el futuro: El futuro del trabajo 8-8-2020

Ver el evento completo Aqui 


Participación en la actividad Pensar el futuro: El futuro del trabajo, 8-8-2020


A continuación el video de la presentación personal



Como las filminas no se ven completas en el video,  aquí puede verse el conjunto de ellas en versión pdf