Entrevista de Damian Toschi, Derecho de autor, Radio UNLP, 27-3-2021

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Entrevista de Damian Toschi, Derecho de autor, Radio UNLP, 27-3-2021
El primer bimestre del año no podía terminar de peor manera. La información sobre distribución del ingreso continuó siendo dramática; el nivel de actividad económica sigue estando por debajo de los niveles prepandemia, con una caída promedio del 10% del PBI; el índice de precios de enero continuó en altos niveles (y se prevé lo mismo para febrero); las vacunas van llegando en cuenta gotas.
Para culminar, episodios como el de la vacunación VIP terminan de configurar un cuadro que presagia un horizonte muy oscuro para las expectativas que la sociedad se venía haciendo para este 2021. Hay algo, sí, que mantiene el espíritu elevado: por fin los chicos vuelven a sus escuelas y a reencontrarse con sus maestros y compañeros.
Es lícito preguntarse si este complejo cuadro que se presenta puede desligarse de la ausencia de un plan económico o de la carencia de avances en el cierre de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. A despecho de lo que se creía en los ‘90, la disociación entre economía y política no es posible.
Esa época -recordemos- se la identifica como la del “menemismo”, como si el ex presidente recientemente fallecido hubiera salido de un repollo y no del partido que ha predominado en el afecto popular.
Todos los dirigentes actuales con edad suficiente (presidente y vice, ambos incluidos) fueron activos partícipes de aquella gestión que se mimetizó con el espíritu de la época en la que implosionó el llamado “socialismo real” y parecía que el capitalismo encontraba un vigor inusitado (“El fin de la historia”, Fukuyama dixit).
Hoy tampoco es posible imaginar una sociedad que soporte impasible y ad eternum las consecuencias de décadas en las que los problemas estructurales han sido obviados y sólo se buscaba salir airoso en lo inmediato, sin importar que así seguían agravándose los problemas de fondo.
Al individualismo promovido por el justicialismo encolumnado detrás de Carlos Menem (privatización de casi todas las empresas estatales incluido el sistema de seguridad social) luego de la crisis de 2001 apareció lo que aparenta ser su contracara, enunciado como un modelo industrialista e inclusivo.
Sin embargo, dos décadas después, el peso de la industria -disminuido en los ‘90- sigue siendo el mismo que entonces, las arcas fiscales han crecido significativamente, pero a la vuelta del tiempo retornamos a momentos previos y producimos algunas singularidades como la recientemente divulgada por el INDEC en su informe sobre la Cuenta de Generación de Ingresos e insumos de mano de obra.
Al mismo tiempo que permanecen a la vera del camino millones de trabajadores precarios o autónomos que perdieron sus empleos, el último dato conocido da cuenta de que tanto el capital como el trabajo han ampliado su participación en la riqueza generada.
¿Cómo es posible? Porque de una parte, los asalariados subsistentes son los protegidos (mejor pagos) y de otra parte, debido a la crítica situación asociada con la pandemia se han multiplicado medidas que en las cuentas nacionales se expresan en el rubro impuestos indirectos netos de subsidios. Esto es, que parte de lo que se reparten trabajadores y empleadores no ha sido producido sino es aportado por el Estado. Un Estado que, es sabido, no tiene recursos para ello fuera de la impresión de billetes sin descanso.
Argentina ha soportado que en las últimas ocho décadas, uno de cada tres años el resultado económico fue negativo. Esa relación empeoró en el siglo XXI: cuatro de cada diez años fueron de caída del producto. En la última década estamos cerca del 50% es decir uno de cada dos años disminuye el volumen de lo producido. Como la población aumenta, aunque lentamente, el producto per cápita de 2020 es similar al de 2005.
El empleo en 2020 se derrumbó, no sólo por la pandemia sino porque hace rato que la economía argentina perdió su capacidad de crear empleo genuino y de calidad. Durante el gobierno de Néstor Kirchner se crearon 600 mil puestos asalariados registrados por año. En el primer gobierno de Cristina Fernández menos de la mitad y en su segundo mandato alrededor de 100 mil, ya con fuerte peso del empleo estatal. En el gobierno de Mauricio Macri apenas 20 mil por año.
¿Puede el mundo de la política seguir girando en las nubes sin hacerse cargo del punto al cual nos han llevado las diversas gestiones? ¿No asumirán los dirigentes, sean políticos, empresariales, sindicales o sociales las responsabilidades que a cada uno les han correspondido?
Luego de más de un año de anunciado, el presidente Fernández ha puesto en marcha el Consejo Económico y Social, que deberá ocuparse, no de la coyuntura, sino de la elaboración de un horizonte y de una estrategia para alcanzarlo.
Es de esperar que el accionar de este organismo no se vea afectado por los vaivenes que caracterizaron varias de las acciones oficiales y, más aún, que las medidas de coyuntura sean confluyentes con los lineamientos que el Consejo elabore. No es muy promisorio que en su discurso ante la Asamblea, Alberto Fernández lo haya mencionado sólo una vez en la anteúltima página de su extensa alocución.
Columna aparecida en INFOBAE el 1-3-2021
Los más optimistas se aferraron al Estimador Mensual de la Actividad Económica-EMAE, que mostró leves mejoras durante el último semestre. Está muy bien no dejarse arrastrar por el pesimismo que nos rodea. También es bueno poner los datos en contexto.
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La notable disminución del nivel de actividad económica en el año de la pandemia (el promedio es de sólo once meses), no da cuenta completamente del impacto sufrido en Argentina pues la pérdida verificada en el segundo trimestre está lejos de haber sido recuperada.
El gráfico también sirve para ver que la “calamidad dejada por el gobierno de Cambiemos”, según afirma de manera reiterada el Presidente de la Nación, refiere esencialmente al año 2019 (aun ese año arroja un valor superior a cualquier año previo a 2011).
No sólo eso. El segundo valor más bajo de la segunda década del siglo XXI es 2014. Además, los años de leve crecimiento (los impares hasta 2017, inclusive) muestran valores muy cercanos y levemente crecientes. Por otra parte, si se consideran los años pares (2012 a 2018 inclusive) también sus valores son muy cercanos entre sí.
No es un dato menor destacar que el índice de 2017 marca el valor récord de la serie y el de 2018 es también el máximo si se consideran los años pares.
El año 2019 representó la eclosión de una economía inhibida de crecer, de crear empleo genuino, de sostener la mejora en la distribución del ingreso, de mejorar su productividad y su competitividad
¿Esto significa que la gestión de Cambiemos fue exitosa? No necesariamente, los datos sólo muestran el dramático estancamiento de la economía argentina en una secuencia que, recientemente, adopta la forma de serrucho con la particularidad de que los años pares han sido sistemáticamente de disminución en términos absolutos del nivel de actividad.
El año 2019 representó la eclosión de una economía inhibida de crecer, de crear empleo genuino, de sostener la mejora en la distribución del ingreso, de mejorar su productividad y su competitividad. La convicción de Cambiemos de que podía doblegar la inflación sin una emisión descontrolada lo condujo a utilizar el flujo de capital financiero que a comienzos de 2018 empezó a fugar de todas las economías débiles como la nuestra. Allí apareció la solicitud al FMI lo que resultó en transformar a parte de los múltiples acreedores en sólo uno, el Fondo.
El fuerte impacto derivado de la pandemia (y del modo que adoptamos para enfrentarla) es más pernicioso aún por el contexto en el que se nos ha presentado. Ese contexto no es sólo el pésimo resultado del año 2019. Ni siquiera lo es el período de gobierno de Macri.
Qué nos frena más allá de la coyuntura económica...
Sin olvidar el azote inflacionario, deberíamos aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre las trabas estructurales que nos aquejan, que incluyen la declinación de la tasa de inversión y la gran volatilidad de nuestro crecimiento. Sobre esto último recordemos brevemente: en los últimos setenta años, uno de cada tres fue de caída del PBI. En este siglo el porcentaje estuvo en torno del 40% y en la última década, uno de cada dos.
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En cuanto a la inversión, el gráfico muestra la fuerte declinación de la tasa respectiva (aun luego de la recuperación que siguió a 2002). Se ve también la permanente recuperación de los ingresos laborales en las primeras dos décadas del siglo actual que incluye valores cercanos al 50% entre 2012 y 2017, ambos inclusive, es decir el segundo gobierno de Cristina Fernández y el primer bienio de Mauricio Macri. De todos modos, el registro mayor sigue siendo el del año 1993 con el que comienza esta serie.
También se aprecia una mayor incidencia de los ingresos no laborales en la adquisición de los bienes y servicios de consumo. Esto deriva de la diferencia entre el porcentaje del consumo y el de los ingresos laborales, lo que explica alrededor de 30 puntos del consumo al inicio mientras que al final de la serie exceden los 35 puntos porcentuales.
En los últimos setenta años, uno de cada tres fue de caída del PBI
Un interrogante que aún no tiene respuesta es el del significativo incremento de los impuestos indirectos netos de subsidios (Ti-S). Este componente es una de las formas de ver la porción que queda en manos del estado dentro de la masa total de riqueza creada. El aumento de un tercio (pasa de 12 a 16%) ¿se expresa en una mejora en términos reales de la infraestructura, o de las prestaciones básicas como la educación, la salud y la seguridad?
…y laboral
Todo esto también se expresa en el mercado de trabajo. Los puestos creados entre 2004 y 2008 fueron algo más de 600 mil por año, casi todos asalariados registrados. De allí hasta 2013 solo se incorporaron 300 mil por año. Entre 2013 y 2016 el aumento no llegó a los 200 mil anuales, incluyendo un tercio de asalariados no registrados. Durante el período de cambiemos fueron algo más de 200 por año, pero sólo un 10% de asalariados registrados (dos tercios del total fueron no asalariados).
Todos estos valores que mostraban una preocupante declinación, saltaron por el aire en 2020. En solo nueve meses, se destruyeron 2,4 millones de puestos de trabajo la mitad de los cuales fueron asalariados no registrados. Otro tercio de las pérdidas corrió por cuenta de los no asalariados.
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¿Por qué esta sucesión de cifras? Para llamar la atención acerca de que nuestro drama está lejos de ceñirse al impacto de la pandemia ni siquiera a la frustrada gestión macrista. El declive, también en lo laboral, es de mayor alcance temporal y se vincula con las mismas cuestiones estructurales pendientes.
¿Tomarán el desafío el gobierno y las dirigencias sociales, económicas y políticas?
Columna aparecida en elDiarioAR.com el 18-2-21
La década de los años noventa del siglo pasado fue caracterizada, no sólo en Argentina, como la expresión máxima del neoliberalismo, pues tanto en el terreno práctico como en el de las ideas expresó una fuerte embestida contra los fundamentos del estado del bienestar, al margen de las virtudes y defectos de este último en cada uno de los países.
En el caso argentino se dio la paradoja de que fue motorizado por la misma fuerza política que se precia de encarnar la vocación de defensa de los intereses de los sectores más débiles de la sociedad. Es por eso, o por razones menos claras, que en el siglo XXI el propio justicialismo trató de desembarazarse de su actuación en aquel entonces.
Vale pues un repaso de los indicadores socioeconómicos disponibles, destacando el período de gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y teniendo en cuenta que los procesos sociales no están necesariamente circunscriptos al lapso gubernamental. Los datos de largo plazo enmarcan el decenio indicado.
La desregulación económica, la apertura comercial, la reestructuración del Estado -en particular de sus empresas- fueron los rasgos dominantes del gobierno del justicialismo que desplazó al radicalismo en el invierno de 1989. Todo ello se articuló con una serie de medidas que pueden resumirse en una expresión: flexibilización laboral. Complementariamente, se sancionó la reforma previsional que constituyó un duro golpe a la experiencia de protección social solidaria, al poner en las personas individualmente la responsabilidad de su futuro.
El dato más elocuente del impacto ocupacional del gobierno de Carlos Menem fue el incremento de la desocupación acompañado del de la subocupación. Ambos expresan el claro empeoramiento de las condiciones en las que se desempeñó el sector del trabajo en un continuo de décadas. Así, el desempleo se duplicó, pasando de un 7% en 1989 a un 14% diez años más tarde, con un pico en 1995 y 1996. Posteriormente la situación se agudizó con valores cercanos al 20% en 2001 y 2002, durante los mandatos de De la Rúa y de Duhalde. Estos altos valores del indicador se asocian con la mayor duración de la desocupación: quien perdía el empleo demoraba mucho más en conseguir un nuevo puesto de reemplazo.
A su turno, la precariedad laboral que en 1990 era del 29% según la EPH, llegó a fines de los noventa al 38%. También este indicador se elevó luego de la crisis de 2001 alcanzando al 43% en 2002-2003.
Uno de los efectos de la menor protección de los trabajadores -consecuencia tanto del impacto de las medidas macroeconómicas como de las normas laborales- se aprecia en la dinámica del empleo en relación de dependencia.
Como se ve, en los noventa el empleo asalariado aumentó, pero fue el resultado de una combinación de la mayor presencia de trabajadores precarios y de una pérdida neta del empleo protegido. Este último se retrajo de manera intensa en la industria manufacturera (que perdió un tercio de su dotación) y en la construcción.
El paulatino incremento del desempleo (que, en parte, se originó en una mayor oferta laboral), la continua pérdida de la calidad de las ocupaciones que perduraban y el deterioro de la capacidad de compra del salario (fuera del lapso inicial de mejora derivada de la estabilidad monetaria) configuraron en conjunto un panorama social negativo que se expresaba en los índices de pobreza
Entre los diversos autores que cuantificaron su evolución en las últimas décadas del siglo XX, Luis Beccaria muestra -en el trabajo del que proviene el gráfico transcripto-, que la pobreza subió 35 puntos porcentuales entre 1974 y 2003. Ese total se compone de apenas dos puntos hasta 1980, de10 puntos entre 1980 y 1991 (ya descontado el descenso luego de la hiperinflación), un estancamiento entre 1991 y 1998 y un alza de más de 9 puntos en el trienio que va de allí hasta 2001. El salto más grande (13 puntos porcentuales) ocurre entre 2001 y 2003.
De ese modo, en el decenio menemista hubo una fuerte caída inicial de la pobreza y luego un alza (26%) que, igualmente, no llevó a los valores iniciales (casi 40% en 1989; 30% en 1990). En cambio, si comparamos el lapso 1991-94 con el final de la década, la pobreza aumentó. Como se ve, los momentos más dramáticos están asociados con extremos inflacionarios en torno a 1989 y a 2002.
Más notable es la comparación entre períodos gubernamentales de dos variables relevantes. En lo que hace al crecimiento del producto (PBI) el liderazgo lo tiene el gobierno de Néstor Kirchner, seguido por el de Carlos Menem. En cuanto a la participación salarial, en los noventa se ubica en una situación intermedia, entre los “mejores” y los “peores” promedios.
En síntesis, durante la década del noventa disminuyó el peso de la industria tanto en el Producto como en el empleo; el trabajo en relación de dependencia creció en el total de la ocupación pero en base a empleo precario, de baja calidad; si bien la pobreza bajó entre puntas, luego del descenso inicial mostró un camino ascendente; partiendo en 1993, la participación salarial fue declinante (aunque ese valor inicial fue mucho mayor que los valores de la década previa); el desempleo y el subempleo mantuvieron en el período su fuerte tendencia creciente; el salario real en el decenio fue inferior en promedio al de la década anterior. Es cierto también que hubo crecimiento económico y durante ese lapso llegaron al país parte de los adelantos tecnológicos del momento y se sentaron las bases de un cambio profundo en el ámbito agrario.
Estos indicadores, sin embargo, no parecen alcanzar para ilustrar los cambios habidos en materia social y cultural. Avanzó la creencia, en particular entre los afectados, de que la falta de empleo era resultante exclusiva de su propio accionar o de que la protección previsional no derivaba de la adecuada configuración de un sistema articulado estatalmente sino de la capacidad individual por alcanzarla. En definitiva, que era “normal” el desmoronamiento de una sociedad de la que no puede decirse que hubiera sido homogénea pero sí que era la menos desigual en la región (junto con Uruguay).
Lo que no puede decirse es que todo ello derivó de la acción aislada de un presidente. En primer lugar, todo el justicialismo se abroqueló tras Carlos Menem luego de ganar la interna partidaria, con tal de terminar con la “anomalía” que representó el gobierno radical de Alfonsín y así se mantuvo, con honrosas excepciones, hasta el final de su mandato. En segundo lugar, si en 1989 pudo decir una cosa y luego hacer otra (“Si no, no habría ganado” dijo el propio Menem) en 1995 volvió a vencer por amplio margen cuando ya se había privatizado casi todo y realizado la apertura externa más intensa, el desempleo empezaba a trepar y la flexibilidad en materia laboral ya estaba instalada.
El estallido de la convertibilidad, ocurrió dos años después, como una “vendetta” sobre el gobierno de la Alianza que había triunfado asegurando que se mantendría “un peso igual a un dólar”.
Entrevista de Sebastián Aulicino, publicada en Diario Rio Negro, 14-2-2021
El Ejecutivo recibió por separado los jefes sindicales y a los principales empresarios del país. Intentará reunir antes de fin de mes a los dos sectores en una mesa.
El gobierno dio un primer paso formal. Las reuniones oficiales con sindicalistas y empresarios en busca de algún tipo de pacto de precios y salarios dejaron un par de promesas y varias incógnitas. No habrá “techo a las paritarias”, aseguró el Ejecutivo, y el “objetivo” es que los salarios le ganen algunos pocos puntos a la inflación. Sin embargo, Nación mantiene las previsiones planteadas en el Presupuesto que estiman un aumento del costo de vida promedio en torno al 30% para 2021, cuando los privados ya calculan un 50%. ¿Qué políticas efectivas saldrán de este “acuerdo político”? ¿Se puede hablar de acuerdo político cuando no participa el sector más importante de la oposición en el diálogo? ¿Qué sucederá con la creación del tan mentado Consejo Social y Económico para desarrollar políticas a mediano y corto plazo? Las búsqueda de pactos sociales no es nueva en Argentina y las experiencias previas dejaron pocos éxitos y sólo a corto plazo. El gobierno busca, por ahora, la foto.
El miércoles, los ministros de Economía, Martín Guzmán; de la Producción, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, recibieron a los jefes de las principales organizaciones sindicales. El jueves fue el turno de los principales empresarios del país. Aunque hubo algunas advertencias de jefes sindicales sobre las previsiones optimistas sobre la inflación 2021, la predisposición de ambas partes para el “diálogo” fue, como suele serlo, buena. Con la preocupación por el aumento de la inflación en el primer puesto, y en busca de señales de “certidumbre a la economía”, el gobierno intentará reunir antes de fin de mes a los dos sectores en una mesa.
Además de prometer que no habrá formalmente techos para las paritarias -a pesar de que en el Ejecutivo esperan que el techo se genere de hecho para evitar una espiralización de la inflación-, el ministro Moroni dejó una advertencia: “No hay un contrato jurídico, no es que vamos a fijar un convenio o vamos a poner un número, sino que vamos a establecer una metodología para monitorear la evolución de los precios y los salarios”, dijo. Se trata, entonces, en principio, más de una señal política que de una política con medidas efectivas.
Sin embargo, desde el gobierno afirman que avanza la creación del Consejo Económico y Social, que sería dirigido por el Secretario de Asuntos Estratégicos Gustvo Beliz y no por Roberto Lavagna como se sugirió en un principio. El Consejo, que fue preanunciado al inicio del gobierno de Fernández, reuniría a los principales sectores de la economía para definir políticas económicas a mediano y largo plazo.
No faltan experiencias en la historia argentina de intentos de pacto similares. El antecedente más recordado es el “pacto social” impulsado por el ministro de Economía del gobierno peronista, José Ber Gelbard, en 1974. El Acta de Compromiso Nacional, firmada por trabajadores, empresarios y el Gobierno, proponía un programa de precios y salarios, anclado en el aumento de los salarios y luego en la intervención sobre la cadena de formación de precios. En el corto plazo dio sus frutos, pero dos años más tarde las tensiones entre las partes se hicieron insostenibles y la inflación se aceleró. La falta consistencia en la política fiscal y, claro, el escenario político convulsionado propiciaron la caída: murió Perón, cayó la política, cayó el pacto, llegó la dictadura.
Ahora bien, existen hoy pugnas políticas distintas. Este 2021 vuelve a haber elecciones y el oficialismo lejos de tener asegurada la victoria mira con preocupación las últimas encuestas. El Ejecutivo no convocó a la oposición a formar parte de la mesa de diálogo para el nuevo pacto. El gobierno parece entender que el sustento político lo da, en este caso, el propio gobierno y su buena sintonía con el sindicalismo.

Javier Lindenboim es Director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (Ceped), de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
P: ¿Cuál fue el dato más preocupante que vio en el último informe del Indec sobre salarios?
R: Hay algo que me llamó la atención. La presunta mejoría tan importante de los salarios de los no registrados. Hubo un descreme de los sectores precarios más bajos en materia de ingresos, que fueron los que sufrieron más en el segundo trimestre del 2020, una caída de como el 40% del empleo de los precarios. Es probable que si uno hiciera registro de los ingresos de los que quedaron, la nueva media de los ingresos haya sido más grande que la media de los ingresos promedio anterior.
P: No significa que hayan subido.
R: Exacto. Esa es la posibilidad: ahora tomamos de los precarios que había antes sólo a los precarios mejor pagos, entonces pareciera que les mejoró el ingreso. Pero el problema es que no son los mismos. El resto es esperable: los salarios una vez más perdieron. Desafortunadamente no es noticia. Tomando este análisis de los precarios, aplicado al conjunto se refleja mentirosamente que el promedio de los asalariados sólo perdió dos puntos. Es posible que la pérdida fuera mayor.
P: ¿Hasta qué punto es posible controlar la inflación y propiciar una recuperación del ingreso con un acuerdo político?
R: Hay razones económicas sin duda por las cuales estamos envueltos hace décadas en este problema inflacionario. La posibilidad de encararlo en un sentido más eficiente tiene como precondición -no como único elemento- algún formato de acuerdo político. Que tiene que tener solidez, porque el pacto de cinco décadas atrás con Perón saltó por los aires con la muerte de Perón.
P:El pacto de Gelbard en el 73…
R:Ya venía flojo de papeles pero terminó con el único que podía garantizar algo de su continuidad. Si no existe esta condición, si hay una convicción como la de Cambiemos que creía que podía encarar por su cuenta el problema inflacionario, o existe la soberbia del gobierno de Fernández que creía que le iba a poner un 20% a los jubilados en el bolsillo apenas asumiera, no se puede imaginar una política en la dirección correcta. Hace falta una concertación, la idea del Consejo Económico Social, que el gobierno formuló, ni siquiera la puso en marcha. Si se sientan en una mesa, se palmean las espaldas, el Estado no cuida la baja del déficit, los empresarios intentan recuperar rápidamente las pérdidas, y los sindicatos lo mismo con los salarios, es decir, si se queda en la foto, no lleva a ningún lado.
P: ¿Tendría que haber mecanismos, acuerdos de productividad, reforma laboral, tributaria…?
R: Por ejemplo. Esto es algo políticamente incorrecto: en un país donde el producto ha caído como ha caído y el empleo, salvo en los últimos meses del 2020, ha crecido, eso significa que la productividad media de todos los que trabajamos en Argentina ha caído ostensiblemente. Hay un rechazo a discutir la productividad. Pero efectivamente Argentina está muy atrasada en materia de productividad y por lo tanto en competitividad internacional. No digo empezar ya a discutir las grandes ventajas que tienen algunos trabajadores, como el sector estatal, pero son cosas que no pueden quedar afuera. Porque constituye una porción relevante de la fuerza laboral, y es parte del costo social, y por lo tanto va en contra del rendimiento global de la producción. Pero hacen falta otras cosas: no se puede pensar que todo tiene que resolverse con medidas uniformes y generalizadas.
P: Hacer cosas políticamente incorrectas. ¿Este acuerdo político que se gesta es una condición necesaria para hacer cosas políticamente incorrectas?
R: Sí, pero también dependerá de cómo se plantee. El sector de trabajo se ha visto perjudicado significativamente en los últimos años. Pero en la mesa debiera poder discutirse en qué horizonte temporal la sociedad argentina se plantea revertir eso: no recuperar ya el 20% de salario real que algunos dicen que se perdió en los últimos tres años. Y esa discusión no debería ser uniforme, porque hay sectores como bancarios y camioneros que están mejores condiciones. Esos logros no son transmitibles sin más al conjunto de los sectores. La mayoría de los empresarios no están en condiciones de cumplirlos. Hay que admitir que hay cuestiones que son heterogéneas en la economía argentina y hay que elaborar un programa de mediano plazo: en cuántos “años” vamos a trasladar al sector del trabajo las mejoras eventuales de productividad que en la rama A, B o C se consigan. Para eso se requiere predisposición al diálogo.
Columna publicada en elDiarioAR.com, 11-2-2021
Recientes documentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran las pérdidas de puestos de trabajo tanto a escala mundial como en la región latinoamericana. Argentina no es una excepción en la materia. En lo que posiblemente el país se distingue es en el derrotero, en el recorrido.
En relación con América Latina, a lo largo del siglo XX la Argentina mostró que su mercado de trabajo absorbía su propia oferta aún con el incremento de las corrientes inmigratorias (de Europa, en las primeras décadas; de los países limítrofes desde los años cincuenta). Eso explicaba, en parte, que los ingresos laborales eran medianamente satisfactorios tanto para los nativos como para los inmigrantes. Los emigrados de Europa que cruzaron el Atlántico fueron quienes, un siglo atrás, acuñaron la expresión “venir a hacerse la América”.
Esa particularidad argentina, menos desigual que sus vecinos, fue haciéndose menos perceptible hacia finales del siglo XX, en verdad no tanto por la mejora socio económica de las sociedades hermanas sino por un estancamiento, sino un retroceso, de nuestro propio desempeño.
Mucho se ha dicho sobre el quiebre producido en diversos aspectos en la década de los años setenta. En lo que hace al trabajo y al empleo, es sabido que hasta comienzos de esa década la tendencia fue favorable a la participación salarial en el producto. Desde entonces, luego de una caída muy brusca (1975-1976) hubo un irregular proceso de recuperación sin llegar a los topes de comienzos de los años cincuenta o de los setenta.
El gráfico muestra la participación respecto del producto. Actualmente el INDEC hace las estimaciones respecto del VAB a precios básicos lo cual arroja porcentajes algo mayores. Con esta forma de medición se han alcanzado niveles en torno del 50% durante un lustro (2013-2017), es decir atravesando cambios políticos relevantes.
Como sabemos esa situación no se sostuvo, entre otras cosas, porque sus bases eran endebles. Estudios de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad Católica Argentina, por ejemplo, mostraron que transitamos períodos de ajuste neoliberal y otros de naturaleza aparentemente heterodoxa. Si bien uno u otro fueron producidos por la misma fuerza política, los resultados fueron sensiblemente distintos: tanto el empleo total, como los asalariados registrados, como los precarios se comportaron de modo muy diferente. Sin embargo, las bases de la configuración productiva no fueron alteradas, de modo que no se atemperó la concentración económica ni la dependencia de las importaciones para la producción industrial, para citar sólo dos aspectos.
Sí cambiaron, para bien, ciertas instancias de redistribución de ingresos, favorecidas por excepcionales condiciones de las que se benefició toda América Latina. La enorme modificación en la demanda internacional de bienes primarios por la aparición de grandes demandantes (China e India, particularmente) hicieron posible que buena parte de los países latinoamericanos avanzaran fuertemente en dirección a bajar los niveles de pobreza y, en parte, de desigualdad. Los precios del petróleo, de la soja, del cobre, etcétera, crecieron de tal modo que los “términos de intercambio” (TI) cambiaron radicalmente. De haber sido un factor del retroceso regional durante la segunda mitad del siglo XX -como lo remarcaran Prebisch y la CEPAL- los TI se tornaron en la primera década del siglo XXI en una aparente panacea.
Algunos países, como Bolivia, parecen haber actuado inteligentemente no dilapidando la nueva situación favorable. Ni Ecuador, ni Venezuela ni Argentina, por mencionar a algunos, supieron copiar la estrategia.
Dos aspectos se destacan en el caso argentino. Por un lado, somos el país que está en el podio de los más inestables o irregulares en materia de crecimiento económico. Computando los últimos setenta años, un año de cada tres tenemos una variación negativa del producto. Si nos ceñimos al siglo actual empeoramos, acercándonos al récord de casi uno de cada dos años en tal condición.
Una segunda particularidad es la declinación de la tasa de inversión en particular desde los setenta para acá. En el gráfico se ve claramente que la inversión creció hasta mediados de los setenta y luego tendió a disminuir de forma continua.
En paralelo, también como proporción sobre el producto, el consumo fue declinante hasta los setenta y luego, llamativamente, tendió a recuperarse, aunque con fuerte descenso durante la crisis de 1998-2002.
La volatilidad en materia de crecimiento junto con la pérdida de relevancia de la inversión, han tenido fuerte incidencia en el permanente alejamiento de la media internacional de productividad y competitividad, lo que termina por impulsar mayores confrontaciones para disputar una “torta” limitada.
No hay acuerdo acerca de cuánto de todo esto es resultado y cuánto es motor de otro de los padecimientos de la economía local: Argentina es uno de los pocos países del mundo que persiste en convivir con un régimen inflacionario que erosiona todas las variables y propicia los peores comportamientos sociales. Es sabido que tal fenómeno inflacionario siempre perjudica principalmente al sector del trabajo. Sin embargo, llegamos al punto de carecer de moneda debido a la continuidad inflacionaria.
Lo dicho sugiere con claridad que la crisis actual no deriva sólo de los estragos causados por la pandemia. Ni tampoco sólo de la mala gestión de Cambiemos. Si hubiera, en los próximos meses, algún crecimiento económico este sería apenas una fracción de lo que hemos retrocedido al menos en el último lustro. Y eso quizás ni siquiera alcance para reponer en el mercado de trabajo los millones de puestos perdidos.
De donde se deduce que con lo importante que será dominar la pandemia, con ayuda de las vacunas y con el comportamiento de cuidado recíproco que nos debemos los ciudadanos, ese logro apenas nos pondría de frente a nuestra carencias y conflictos no resueltos. La envergadura de la tarea indica la necesidad de una concertación entre las fuerzas políticas, sociales y económicas que afirmando sus respectivas miradas e intereses reconozcan la virtud de consensos sustantivos.
JL
Columna publicada en Clarin, 4-2-21
El agobio de la temperatura de este tórrido verano no nos impide apreciar el horizonte que presenta 2021 en materia laboral. La dimensión de la dramática situación social parece emerger solamente cuando se difunden los datos sobre la incidencia de la pobreza.
Sin embargo, 2020 no sólo empujó la pobreza por encima del 40% según la UCA, sino que expulsó del mercado de trabajo varios millones de ocupados de distintas ramas de actividad y que se desempeñaban tanto en relación (precaria) de dependencia como de manera autónoma (patrones o cuentapropistas).
De estos últimos, entre julio y setiembre recuperaron sus ocupaciones más de la mitad de los que la habían perdido en el peor momento (abril-mayo-junio). En efecto, en el segundo trimestre perdieron su trabajo 1,8 millones de no asalariados. En el tercero, aún quedaban 800 mil “mirando detrás del vidrio”.
Lo curioso, por darle un nombre, es que los 4 millones que perdieron sus puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2020 estaban convencidos de que era inútil buscar un empleo sustituto, de allí que el número de desocupados registrados por la EPH casi no se movió desde comienzos de año. El paulatino proceso de reapertura de actividades fue dando sus frutos en el tercer trimestre, pero sin recuperar los puestos perdidos en ninguna de sus categorías y prácticamente en ninguna de las ramas de actividad.
El mayor volumen de pérdida acumulada durante los primeros nueve meses de 2020 son el Comercio y el Servicio doméstico, con poco más de 400 mil puestos en cada una de esas ramas. Luego siguen las Actividades inmobiliarias, de servicios a las empresas y de alquiler con 300 mil. Un escalón más bajo están el Agro y el Comercio (con pérdidas de 200 mil cada una) seguidas del Transporte (190 mil) y la industria (160 mil).
Este voluminoso impacto, más intenso desde el punto de vista ocupacional que el vivido en 2001, tuvo características e impactos que merecen ser observados Dada la enorme caída del nivel de actividad económica, el ingreso disponible para el conjunto de los perceptores se deterioró fuertemente. Eso lo mostraron las cifras de distribución personal del ingreso del INDEC.
a) La importante destrucción de puestos asalariados en condiciones de precariedad, redundó en una sensible disminución del porcentaje asalariados desprotegidos dentro del total de personas en relación de dependencia.
b) En medio de tanto drama, este indicador arroja una mejora aunque por las malas razones: no se trata del traspaso de asalariados precarios a una relación protegida sino simplemente la desaparición de empleos de baja calidad.
c) Si bien los asalariados protegidos “casi” no se vieron afectados (básicamente por la prohibición de los despidos) sufrieron sin embargo por dos vías: por la fuerte caída de las horas trabajadas (25%) y por la pérdida de capacidad de compra de sus remuneraciones habida cuenta de la menguada variación de las remuneraciones y la persistente inflación acelerada en el último tramo de 2020.
d) Las estadísticas también mostraron que en el segundo y tercer trimestre se elevaron los subsidios a la producción de modo que, en la distribución del ingreso entre trabajadores y empleadores, mejoraron ambos respecto de un año atrás, con una clara ventaja a favor de estos últimos.
e)La inversión, clave para la reactivación económica y laboral, continúa en picada siguiendo una tendencia descendente que ya lleva décadas.
Horizonte más que opaco. En estas condiciones, las claras desinteligencias al interior del oficialismo que terminaron por oscurecer el logro alcanzado con el arreglo con los acreedores externos (antes denominados “buitres”) dificultan avizorar un horizonte claro en materia económica y también en otros órdenes.
Desde la incertidumbre en materia de déficit fiscal y en cuanto al sendero a seguir con el FMI, pareciera que una vez más el cortísimo plazo dicta la acción (o la inacción): quizás las preocupaciones electorales son más importantes que la fijación de una estrategia y la determinación de los medios de alcanzar los objetivos planteados.
Parece de la prehistoria, pero hace sólo un año el Presidente explicó que entre sus prioridades estaba la puesta en marcha de un Consejo Económico y Social que no se iba a ocupar de las medidas de coyuntura sino precisamente de los lineamientos de una estrategia de largo aliento que Argentina necesita. La idea aún no fue desestimada oficialmente pero nunca dio siquiera sus primeros pasos.
Un país sin recursos y sin moneda no puede asentar su política económica en medidas redistributivas. Lo primordial es recomponer el aparato productivo y procurar un equilibro entre la demanda laboral y la mayor productividad sectorial y global que son necesarias.
Parece obvio, pero en medio de la pandemia y el deterioro histórico de la economía argentina la clave está en la política. Con un PBI similar al de 2010 y un PBI per cápita igual al de 2005 parece claro que se trata de no banalizar la naturaleza de los problemas que el país debe enfrentar y, por tanto, procurar consensos que, hasta aquí, parecen esquivos. Como siempre la responsabilidad es compartida pero la mayor parte de ella recae en quienes gobiernan.
Javier Lindenboim es economista. Director del CEPED/UBA