Columna de J F Rinaldi en La Nueva, en base a nuestra conversación telefonica
Derribando algunos mitos sobre el empleo en la era “M”
29/04/2017 08:09 Aunque muchos apostaban lo contrario, la actual administración expandió la cifra de agentes públicos. Cayó fuerte el trabajo asalariado privado.
Al primer mes de 2017, el sector privado creó 86.993 nuevas posiciones laborales, aunque solo una minoría son asalariados privados protegidos.
Francisco Rinaldi
frinaldi@lanueva.com
Sólo la inversión permitirá que los más de 25.000 asalariados privados registrados que perdieron sus empleos entre enero de este año e igual mes de 2016 puedan recuperarlos, de acuerdo con el economista especializado en temas laborales Javier Lindemboim.
Es que si bien tal como señala el gobierno, el total de empleos privados -asalariados y no asalariados- creció en 86.993 trabajadores, la inmensa mayoría de dicha expansión pertenece a monotributistas y monotributistas sociales (más del 81%), de acuerdo con las cifras del ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El Gobierno espera que haya una recuperación en el salario real del 3 por ciento este año.
Así lo indicaron a LA NACION fuentes oficiales, que afirmaron que luego del crecimiento económico del 0,5% del último trimestre de 2016 se prevé que en el primer trimestre de este año se haya registrado un alza del 0,5 al 1 por ciento del PBI.
Este tenue repunte, creen en el Ministerio de Hacienda, permite pensar que la economía crecerá el 3 por ciento este año, sobre la base de un promedio del 0,7% en el primer trimestre, del 1,5% en el segundo, del 1,5% en el tercero y del 1 por ciento en el cuarto. Estas cifras dejarían un arrastre de 1,5 puntos para 2018.
Los riesgos a la baja están asociados a un posible empeoramiento del escenario internacional y, en términos endógenos, al efecto de la política monetaria contractiva.
El empleo asalariado informado por los empleadores del sector privado fue, en enero de 2017, alrededor de 1% más bajo que un año atrás. En relación con la dinámica poblacional, la situación es doblemente deficitaria en la medida en que el aumento anual gira en torno del 1%
Esa es la fotografía del momento más reciente del que se disponen datos que no hay dudas que implica la preocupación fundada de los trabajadores, tanto de los miles que se quedaron sin sus puestos como de quienes en las cercanías se preguntan sobre su propio futuro.
Se habla mucho de la tensión entre apertura y proteccionismo: la primera no parece viable socialmente; el segundo no lo es económicamente. Y de una integración global inteligente, que libere insumos y bienes de capital para ganar productividad y proteja la producción de bienes finales para preservar el empleo. Sin embargo, ante la creciente robotización de industrias históricamente intensivas en trabajo, el debate global entre apertura y proteccionismo plantea una nueva opción a futuro: ¿por qué en vez de proteger a la empresa empleadora (y al empresario) no protegemos al trabajador?
Este nuevo "proteccionismo inteligente" fue central en la reciente campaña electoral de los EE.UU. Como señalaba Derek Thompson en su columna en The Atlantic, mientras el debate sobre el trabajo local se centró en la protección contra lo que viene de afuera (protección de las empresas contra la competencia internacional), lo que la clase media americana necesitaba era protección contra adversarios internos: la inequidad geográfica y de ingresos, la incidencia de los monopolios o el aumento de servicios esenciales, como educación y salud. En la misma línea, el economista de Berkeley Brad de Long defendía el tratado comercial con México al decir que "si nos preocupa los niveles de empleo y salarios en los EE.UU. deberíamos cambiar las políticas monetaria, fiscal, tributaria, bancaria, regulatoria y cambiaria para modificarlos". Traduciendo libremente: comerciemos con México reduciendo el costo de producción local y apliquemos transferencias compensatorias a los perdedores de la globalización. En suma, protección del trabajo, no de la empresa. Protección, no proteccionismo.
La definición de esta "protección" tiene varias aristas. Incluye transferencias como el crédito fiscal que reciben los trabajadores de bajos ingresos; la remuneración del trabajo voluntario; propuestas como las de un piso mínimo de ingreso o un ingreso básico universal, o subsidios a la educación superior de los hijos de familias de bajos recursos.
También abarca las políticas activas en el mercado laboral, como reducir el costo del trabajo, el costo de buscar trabajo o las distancias entre lo que el trabajador trae y lo que el mercado le pide. En el Reino Unido, el recorte de la diferencia entre el costo laboral bruto (lo que imputa la empresa) y el neto (lo que cobra el trabajador) estuvo asociado a un rápido crecimiento del empleo. Los servicios públicos de placement laboral de los países escandinavos contribuyen a un mercado con alta rotación y bajo desempleo.
Pero en este frente tal vez la principal lección de los países más productivos y equitativos del planeta pase por la inversión en educación. Alemania invierte el 0,8% del PBI en reentrenamiento laboral; Dinamarca, paradigma de la "flexeguridad" laboral, el 2,3%. Y Francia asigna 1,2% del PBI a guarderías y educación temprana (primera infancia).
Naturalmente, transcribir este debate del primer mundo a nuestra realidad exige algunas modificaciones. Nuestros beneficios (asignaciones, pensiones, jubilaciones) son modestos pero universales, y de todos modos no hay margen fiscal para extenderlos. Lo mismo vale para las cargas sociales, que no pueden eliminarse sin una reforma tributaria integral. Y el problema de nuestra educación no es de precio, sino de calidad.
Pero el proteccionismo clásico debe ser complementado (y eventualmente reemplazado) por iniciativas como la certificación laboral, la educación técnica, los consejos de habilidades y las prácticas profesionalizantes. Y por una reforma laboral "nórdica" que, aunque hoy es lejana, es nuestra mejor apuesta para resolver el dilema del trabajo argentino
