Columna de hoy 25-1-2018 en Clarín
El año pasado nos dejó variados datos socio-económicos útiles para la reflexión. La tasa de actividad mostró una importante recuperación incluyendo cierto incremento de la tasa de empleo y una modesta declinación de la de desempleo (todo en relación a un año anterior).
Los ingresos de la ocupación principal en el tercer trimestre de 2017 fueron claramente mejores que los de 2016, pero aún no recuperaron el nivel de 2011 a 2013, cuando los ingresos laborales eran entre dos y cinco puntos porcentuales más altos que los actuales (sin mencionar 2014 año en que no sólo se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo sino que se desplomó la capacidad de compra de los ingresos respectivos).
En cambio, los ingresos individuales (que incluyen –cuando los hay- ingresos laborales y los de otro origen como las jubilaciones) muestran ahora un nivel real similar al año 2013 que fue record para esta variable. A su vez, los ingresos familiares per cápita tuvieron un despliegue notable. Ya en 2016 habían registrado un nivel casi igual al record histórico de 2013. Y el año último crecieron de modo significativo: diez puntos porcentuales. Es decir, hay mejoría no sólo respecto al difícil año 2016.
En cuanto al empleo registrado, el año 2016 fue desfavorable en especial para los trabajadores de la industria. Sin embargo, en los últimos doce meses (hasta octubre último) se crearon casi un cuarto de millón de puestos. El promedio mensual es muy próximo al promedio del segundo mandato de la Doctora Cristina Kirchner (22.000 nuevos empleos registrados por mes). La diferencia importante reside en la composición de esos números, parecidos a nivel agregado. Entre 2012 y 2015 inclusive, poco más de la mitad fue creación de empleo público mientras que en el año último ese grupo sólo aportó un sexto. Es cierto que creció el peso de los monotributistas (pasaron de proporcionar un octavo a adicionar un tercio de los nuevos empleos), pero también aumentó el aporte de los asalariados privados, duplicándolo: del 14% del cuatrienio anterior al 28% del último año: Por último, en el segundo trimestre de 2017 la participación asalariada mejoró casi dos puntos porcentuales respecto de igual lapso de 2016 rondando el tan mentado “fifty-fifty”. Debido a la falta de datos oficiales entre 2004 y 2016, con estimaciones alternativas (CEPED, CETyD o CIFRA) puede afirmarse que esa variable habría disminuido respecto del valor de 2015 pero se habría ubicado, aproximadamente, en torno del nivel de 2014.
Es claro que persiste el agobio social y político representado por el tercio de la población que no puede superar los ingresos necesarios para evadir la condición de pobreza. Para el INDEC, en el segundo semestre de 2016, había un 30.3% de personas pobres. Y, en el primer semestre de 2017, disminuyó al 28.6% Para hablar de esta cuestión siguen padeciéndose los efectos de la ruptura del sistema estadístico a partir de 2007 y su paulatina reconstrucción incluye heterogeneidades a veces insalvables. Según los datos de la UCA, en el segundo mandato de la Doctora Kirchner subió el índice de pobreza (pasó del 24.7 % en 2011 al 29.0% en 2015), acompañando el deterioro de otras variables. En 2016 se agregaron un par de puntos porcentuales. Es decir, a los más de 12 millones de personas en condición de pobreza en 2015 se adicionó –al menos- otro millón. Los números son ilustrativos por su cuantía como, infortunadamente, por estar lejos de ser algo novedoso o reciente.
Las distintas miradas en torno de las normas legales aprobadas por el parlamento en las últimas semanas de 2017 carecieron de una adecuada ligazón con estos elementos de la realidad y no han llegado a configurar un debate. Ni el gobierno se preocupó de explicar con claridad su contenido ni su eventual necesidad en virtud de las condiciones vigentes, ni las distintas vertientes opositoras se caracterizaron por arrojar claridad y, en general, menos aún alternativas efectivas.
No obstante, aún está pendiente en el país más de una discusión relevante: ¿cuál debe ser la estrategia de crecimiento que requiere la Argentina? ¿Cuáles son los mecanismos que aseguran mayor efectividad de su aparato productivo, incluyendo las inversiones empresarias? ¿Cuáles son los mecanismos para confrontar a los sectores monopólicos o más concentrados que -en épocas mejores y peores- siempre han sacado las mejores tajadas? ¿Cuáles son las maneras idóneas para que el aparato estatal en todos sus niveles contribuya eficazmente al mejoramiento de la competitividad a nivel internacional? ¿Cuáles son las formas a través de las cuales podremos ir armando una estructura impositiva realmente progresiva en cuyo marco pague más el que más tiene y los ingresos tiendan a asentarse en los impuestos directos y no en los indirectos?
En esos debates aún pendientes hay responsabilidades compartidas. En primer lugar la gestión gubernamental es responsable no dando por sentado o conocido el diagnóstico y menos aún el tratamiento necesario. En segundo lugar, a los partidos que integran la oposición política en sus más variadas expresiones, les compete no sólo rechazar el maniqueísmo y más aún la irrealidad, aportando alternativas en especial ante las opciones no satisfactorias propuestas por el oficialismo. Pero, además, los sectores sociales más variados también deben hacer oir su voz constructiva, rechazando –todos- el canto de sirena de la violencia y a los violentos cuyo verbo y accionar es rechazado mayoritariamente.
De esa manera, podrán preservarse algunas de las incipientes buenas noticias presentes y encaminarnos al logro de las (cuantiosas) aún faltantes. No es seguro pero es posible.
