viernes, 13 de enero de 2017

Sobre la reforma laboral en ciernes - Carmen López Imizcoz en EL CRONISTA 13-1-17

Reportaje compartido de Carmen López Imizcoz para EL CRONISTA, 13-1-17

Reforma laboral de Macri: Buenas intenciones pero insuficientes

El repunte del empleo y del poder de compra de los asalariados serán cruciales en este año electoral. Los economistas destacan las medidas que impulsa el Gobierno para fomentar la creación de nuevos puestos, pero advierten que no alcanzan si no van acompañadas de una expectativa cierta de estabilidad y crecimiento a mediano y largo plazo.

Reforma laboral de Macri: Buenas intenciones pero insuficientes
El ministro Nicolás Dujovne celebró que entre agosto y octubre pasado la economía creó 36.000 puestos de trabajo en blanco. En tanto, el titular de la cartera de Trabajo, Jorge Triaca, destacó que en noviembre se crearon 24.000 puestos de trabajo (según datos de la AFIP) y que en el segundo semestre cambió la tendencia y empezó un sendero de crecimiento del empleo. Pero, para la CGT, el empleo no está creciendo.
Los economistas consultados por 3Días tienen matices respecto de la recuperación del empleo y sus perpectivas, y anticipan las claves laborales de 2017.

¿Crece o no crece?

Desde julio, cuando tocó un piso, el empleo formal crece gradualmente mes contra mes, pero interanualmente todavía se ubicó un poco por debajo de 2015. Por eso, explica Jorge Colina, presidente de IDESA, hay "sensaciones encontradas". El empleo ya comenzó a recuperarse, pero aún no superó el nivel del año previo; se espera que lo haga en la primera mitad de 2017.
Con respecto a los 36.000 puestos de trabajo nuevos creados en el sector privado formal entre agosto y octubre que informó Dujovne, para Invecq, la mayor parte de este crecimiento respondió a factores estacionales. "Si se desestacionaliza la serie, la creación es casi inexistente, aunque sí es cierto que la caída comenzada en agosto de 2015 se detuvo por completo en agosto de 2016", precisa Matías Surt, economista jefe de esa consultora, quien, de todos modos, anticipa que habrá creación neta de empleo este año.
"Aunque todavía el empleo privado cayó en promedio 0,7% en el acumulado a octubre y bajó 1,5% en ese mes versus el mismo período de 2015, dejó de retroceder en agosto y muestra un aumento mensual promedio de 0,1% desde entonces", describe el director de NOAnomics, Félix Piacentini. Además, cuando desde marzo la tasa de salida venía siendo mayor a la de entrada, a partir de septiembre se revirtió. Sin embargo, observa el director de NOAnomics, la tasa promedio de suspensiones se mantiene en 1% desde julio, cuando en todo 2015 estuvo en 0,5%.

Un objetivo ambicioso

El Gobierno se ha impuesto el objetivo de crear 300.000 puestos de trabajo en 2017. Significa aumentar en 5% la cantidad total de empleos privados actuales. Para Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED), aunque el empleo ya está creciendo, no será fácil. "Si lo lograran, sería un éxito político clamoroso", considera.
Con el envión de la construcción y el crecimiento en general, Martín Polo, economista jefe de Analytica, prevé que este año continúe la creación neta de empleo aunque sin llegar a 150 mil puestos, la mitad de la meta oficial.
El objetivo oficial es "algo optimista", dice Surt, dada la débil recuperación de Brasil, la inestabilidad global, los ajustes de tasas de la Fed y las complicaciones climáticas en el agro. "Con un rebote económico menor al 3,5% estimado en septiembre pasado por el Gobierno, será difícil que la creación de empleo tenga esa magnitud", afirma.
En cambio, Jorge Colina considera que la meta es concretable si se toman medidas estructurales para reducir las cargas sociales y simplificar la contratación laboral. "Si se hacen reformas impositivas timoratas o en el margen, confiando sólo en el crecimiento económico, el aumento del empleo será positivo pero difícilmente de 300.000 puestos", evalúa.
Para Piacentini, el objetivo es alcanzable, aunque, con una economía creciendo entre 2,5% y 3% en 2017, requerirá de algún estímulo adicional o mayores facilidades en las contrataciones.

El debate sobre el costo laboral

Para crear empleo formal, el Gobierno impulsa una batería de políticas, que incluyen reinstalar un sistema de pasantías; facilitar las contrataciones y desvinculaciones; ofrecer un blanqueo laboral; reducir los aportes y contribuciones a la seguridad social; crear una agencia de talento para fomentar el primer empleo, e incentivar a quienes reciben planes sociales a sumarse al mercado laboral.
También busca impulsar convenios como el de los petroleros firmado entre el Gobierno nacional, sindicalistas y empresarios para reactivar las exploraciones en Vaca Muerta.
El propio Dujovne sostuvo que "la carga laboral es anormalmente alta frente al resto del mundo y eso explica en buena medida que la Argentina tenga 35% de empleo en negro".
Entre los analistas, no existe consenso al respecto.
Una eventual reducción de los aportes y contribuciones a la seguridad social, para Lindenboim, no promovería la incorporación de trabajadores sino su salida. Según el investigador, bajar los impuestos al trabajo remonta a experiencias pasadas que fracasaron, en las cuales no aumentó el empleo ni mejoró la calidad del trabajo ni la competitividad.
"La presión tributaria del factor trabajo en la Argentina es muy alta, pero distintos estudios indican que la informalidad en América Latina responde a otros factores más estructurales que la carga impositiva", sostiene Surt. "No habrá un efecto importante en términos de creación de empleo formal si la única medida es la reducción de las cargas patronales", anticipa. Y considera que se necesita "un horizonte creíble de estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido, ya que la decisión de incorporar empleados responde también a las expectativas de mediano y largo plazo de las empresas".
"Bajar las cargas es una medida importante pero no se pueden esperar milagros mientras no haya expectativas claras sobre el mediano y largo plazo. El mercado laboral argentino tiene problemas que arrastra desde hace años: no hay creación neta de empleo desde 2011 y la informalidad laboral lleva más de una década por encima de 30%", añade.
Sin embargo, el economista jefe de Invecq también advierte que "el problema del empleo en los '90 estuvo muy ligado al atraso cambiario, que puso en jaque a una gran cantidad de sectores productivos, por lo que no se puede considerar a esa experiencia como un testigo irrefutable de que no surtan efectos las rebajas impositivas".
En cambio, Colina coincide con Dujovne: "La carga laboral es anormalmente alta y eso explica no sólo que 35% de los asalariados esté en negro, sino además que mucha gente busca la supervivencia mediante el cuentapropismo por escasez de empleos asalariados y mucha otra está desempleada o inactiva por lo altos que son los impuestos al empleo", describe. No obstante, para que sean efectivas, las reformas laborales deben ser "innovadoras, profundas (bajar sustancialmente el costo no salarial de emplear) y permanentes", sostiene.
"No sirve lo que se hizo en los '90 de bajar una porción de las cargas sociales ni lo que se hizo en la gestión anterior de bajar una porción por los nuevos empleos sólo por los primeros meses de contratación. Hay que repensar estructuralmente el sistema tributario y laboral argentino", enfatiza. "Las medidas más efectivas son la reducción de cargas laborales y la flexibilización de la legislación laboral", opina Piacentini, quien enfatiza que las cargas al trabajo argentinas son las más altas de Latinoamérica (35%). "Eso, junto con la elevada carga fiscal general, desestimula la creación de empleo privado", sostiene. "Además la rigidez de la legislación, con altos costos de indemnizaciones y la industria del juicio laboral provocan que el empresario piense dos veces antes de ampliar las plantillas", agrega.
A su juicio, el avance de la ley que pretende limitar la posibilidad de doble vía de acción judicial a pesar de la intervención de una ART, junto con la Ley del Primer Empleo, que ya formaban parte del paquete del Gobierno pero todavía esperan aprobación, contribuirían en este sentido. También considera positiva la idea de que los beneficiarios de planes no lo pierdan si consiguen un empleo formal y volver a un régimen de pasantías, que sobre todo atacaría el desempleo juvenil (que es del doble del promedio). En cambio, considera que crear una agencia de talento tendría un impacto menor, ya que la asimetría de información entre los que buscan trabajo y las empresas no es uno de los problemas principales del mercado laboral.

Paquete integral

Sin embargo, Piacentini advierte que con reducir cargas laborales no alcanzaría: se necesita un paquete integral de políticas como las propuestas por el nuevo equipo económico, dice. "Para reducir el empleo en negro a la mitad y parecernos a Uruguay hay que blanquear a 2,6 millones de personas. Debemos volver a crecer y estimular la creación de nuevas empresas para acabar con esta problemática. Si blanqueáramos a la mitad de los empleados en negro a través de nuevas empresas necesitaríamos unas 250 mil firmas. Esto demuestra que el camino es largo y el desafío muy grande, pero hay que empezar ya mismo", describe.
Para el Ieral, el tema de las cargas laborales debe verse dentro de una reforma tributaria. "La presión tributaria aumentó excesivamente en los últimos 15 años y debe ser reducida aunque gradualmente, para no agravar la situación fiscal. Tras la reforma en Ganancias, deberían privilegiarse tres objetivos en la reforma tributaria: competitividad (bajar impuestos a las actividades transables, es decir, a las que compiten con el exterior), inversión (reducir impuestos que incentiven inversiones) y empleo", sostiene Marcelo Capello, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea.
Por el objetivo empleo, el Gobierno debería apuntar a reducir las contribuciones a la seguridad social de manera que no se afecte el salario de bolsillo de los trabajadores, pero que signifique mayores incentivos para la contratación de mano de obra.
"Se critica ese tipo de medidas porque en los '90 se bajaron aportes patronales y el empleo no mejoró, pero el empleo no sólo es afectado por los impuestos al trabajo, sino también por el nivel de actividad económica, el tipo de cambio real, la litigiosidad laboral, etc. En los '90 se bajaron aportes en contextos en que caía la actividad o se apreciaba el tipo de cambio de la Argentina (que aumenta el salario local medido en dólares, descolocando a la producción nacional en materia de competitividad) y, por ende, desalentando la contratación de mano de obra", aclara.
"La baja de las contribuciones a la seguridad social disminuye el costo del trabajo frente al del capital y, por ende, tiene un efecto positivo sobre el empleo, siempre que la actividad económica no esté cayendo por otro motivo, o el tipo de cambio apreciándose excesivamente", recalca.
Un tema no menor es cómo se sustituirían los recursos que perdería la seguridad social si se bajan las cargas laborales. Capello subraya que hace años que la Anses financia cerca de 40% de su gasto con impuestos, además de los aportes y contribuciones y advierte: "Con una presión tributaria ya muy alta, la reducción de impuestos al trabajo debería ser compensada con menor gasto público y no con la suba de otros tributos".

martes, 10 de enero de 2017

El empleo se recupera, pero no lo suficiente - Clarin 10-1-17

Columna publicada en CLARIN, 10-1-2017
Foco económico social

El empleo se recupera, pero no lo suficiente

Javier Lindenboim
Director del CEPED e investigador del Conicet
En parte como consecuencia de la destrucción de las estadísticas públicas ocurrida en la última década en Argentina, en 2016 nos despertamos de la bruma que nos envolvió en materia informativa.
Así, además de los nuevos datos del INDEC, se divulgaron datos diversos que, se supone, expresaban diversas circunstancias de la situación económica y social por la que atravesamos. Se dijo sin rubor alguno, que la pobreza se había duplicado o que se habían sumado varios millones de pobres. O que se habían perdido centenares de miles de puestos de trabajo.
Cada punto adicionado de pobreza, por ejemplo, son algo más de 400000 pobres más de manera que si había a fines de 2015 30% y se elevó hasta 33%, (según la UCA y el INDEC respectivamente) el drama de la pobreza agregó algo más de un millón de personas. Es decir que se superaron los 13 millones de habitantes por debajo del nivel de pobreza, lo cual significa que a fines de 2015 había más de 12 millones. Las declaraciones de Mons. Casaretto divulgadas a fines de noviembre de 2016, dicen más o menos eso con lo que no se desdibuja el drama pero se ubica mejor la foto en el transcurso de la película.
El empleo registrado: buenas y malas noticias En materia laboral, fuera de los escasos datos provistos por la “nueva” EPH, correspondiente al peor momento del año –el segundo trimestre-, se cuenta con la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con datos agregados del conjunto del sector laboral pero al que le falta un par de elementos: por un lado no refleja el empleo estatal en su totalidad y lo que es cuantitativamente muy importante, no incluye el trabajo no registrado. Este último, según las estimaciones que resultan de la propia EPH expandidas a la totalidad del país abarcaría unas cuatro millones de personas asalariadas. Lo que suele llamarse el trabajo en negro.
En lo esencial, el empleo total –finalmente- dejó de caer. Luego del peor trimestre (abril-junio) mes a mes hubo una recuperación, pequeña pero continua, incluso del empleo privado.
De la información del SIPA se deduce que la pérdida de empleo asalariado privado en los primeros diez meses de 2016 fue cuantiosa, rondando las 80000 personas afectadas, tres cuartas partes de ellas pertenecientes a la industria y a la construcción.
En igual lapso en los años recientes se aprecia que tanto en 2012 como en 2014, la destrucción de empleo privado fue también significativa aunque naturalmente no llegaba a la intensidad actual. Claro que ni Brasil había entrado en la crisis que contribuyó, al término del mandato de Dilma Rousseff (afectando nuestra producción automotriz), ni se había interrumpido la obra pública como ocurrió desde la primavera de 2015 anticipando la ola de despidos en el verano último.
Si se toma hasta octubre de cada año, en los años pares (2012 y 2014), la participación del empleo estatal en el incremento total fue del 77% y 56%, mientras que en los impares alcanzó el 37% y el 50%. Debe señalarse que se trata de proporciones significativamente mayores que el peso del empleo estatal en el total (25% aproximadamente). En las categorías de monotributistas se aprecia similar desproporción.
Las voces que alertaron en 2014 sobre los verdaderos números del empleo (de su destrucción) fueron en su momento acalladas a través de una desacreditación oficial vocinglera. Se recuerda los esfuerzos de autoridades del INDEC o del Ministerio de Trabajo para negar lo ostensible. Y el contexto político no pareció sensibilizarse al respecto.
El empleo desprotegido ¿agrava el problema?
Aún con la cuestionada (con sólidos fundamentos) Encuesta Permanente de Hogares, el contraste entre el final de 2013 y el tercer trimestre de 2014, indicó una disminución de 130000 asalariados, la abrumadora mayoría, protegidos. Esto es que en aquel año se destruyeron 110.000 puestos “en blanco” y también casi 20.000 de empleos precarios o en negro.
Es notable que en veinte años (1992-2011) sólo en tres la pérdida de empleo precario excedió a la del protegido. En 2000 fue del doble; en 2001 fueron casi idénticos los valores y en 2002, llamativamente, fue “sólo” un 15% mayor. ¿Qué implicancia tiene esto? Tira por tierra la desafortunada afirmación de quienes han sostenido con liviandad que por cada puesto en blanco que se perdía en los meses iniciales de 2016 había que sumar otros dos de los precarios. Es decir, generalizando lo ocurrido en uno de ¡veinte años!
Claro que no en todo momento las cosas funcionan igual. En 2013 se destruían puestos en blanco pero se agregaban puestos precarios. Lo mismo se observó en varias ocasiones a mediados de los noventa y en 2003, al inicio de la recuperación económica.
Nada de esto atempera ni, menos aún, resuelve los problemas sociales y económicos actuales que incluyen a la calidad del empleo y a la remuneración del trabajo como expresiones singularmente relevantes. El año 2016 dejó un saldo negativo en la capacidad de compra del salario. Su perjuicio fue al menos de 3% según el Ministerio de Trabajo hasta 5 u 8 puntos según estimaciones sindicales alternativas. Su medición se complica por la cantidad de mecanismos que procuraron compensar aquella pérdida más allá de los valores obtenidos en las convenciones colectivas. Aparentemente el deterioro en 2016 fue similar al de 2014.
En definitiva, no parece haber dudas sobre la prioridad que tiene en 2017 la creación de puestos de trabajo y la recuperación de su capacidad de compra. Ojalá que así sea.

viernes, 6 de enero de 2017

Baja de las cargas sociales - El Economista 6-1-17

VOLVIÓ LA BAJA DE LAS CARGAS SOCIALES AL DEBATE: ¿OTRA VEZ SOPA?


por Javier Lindenboim (*)

Desde antes de la asunción del gobierno de Mauricio Macri hubo algunos que pensaban que lo que tenía Argentina por delante era un programa retrógado que venía a desarmar lo que se había logrado en la década reciente. Por lo general esas visiones no incluían mención alguna a la gravedad de la situación económica y social a que habíamos llegado a fines de 2015. Por tal razón, cada uno de los acontecimientos fue valorado como exclusivo resultado del propósito avieso de las nuevas autoridades.

No importaba que se hubieran destruido las estadistas públicas. No importaba que había reaparecido lo que se conoce como la restricción externa (expresados tanto en el cepo al dólar como la restricción de importaciones). No importaba que hacía años que el empleo había perdido el dinamismo que tuvo entre 2002 y 2007. No importaba que en 2014 se hubieran destruido centenares de miles de puestos de trabajo. No importaba que la fuerza laboral registrada se acrecentaba en base a asalariados estatales y monotributistas diversos. Pero la otra cara de esa mirada parcializada de la realidad sociopolítica la constituye una serie de decisiones oficiales enfiladas en una dirección que no resulta comprensible ni justificable.

La más reciente de estas últimas es la constituida por los anuncios del flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Una síntesis podría ser: “Me preocupa mucho el impacto que tienen los impuestos al trabajo”. Si bien el argumento puede estar enmarcado en una perspectiva más amplia (“Vamos a proponer una reforma tributaria integral”) el planteo que aparece centrado en bajar los mal llamados “impuestos al trabajo” nos remonta a experiencias pasadas en Argentina y en otras partes del mundo. Como se sabe, el resultado, entonces, no fue ni el del aumento del empleo, ni el mejoramiento de la calidad del trabajo existente ni la mejoría de la competitividad internacional.

No es la primera vez que aludimos a estas cuestiones. Hace dos décadas decíamos que es un argumento intencionalmente confuso el que sostiene que el salario es alto porque existen regulaciones que obligan al empresario a pagar porcentajes sobre la nómina salarial que serían elevados. Y que eso afecta la competitividad. Centrar en la reducción del salario directo o indirecto es desconocer la composición de los costos empresarios. Sosteníamos también que los argumentos oficiales y empresariales no parecen ser otra cosa que meros justificativos para garantizar la consolidación de la estructura de poder dominante. Esto es así porque lo que se facilita no es la entrada sino la salida de trabajadores. Es notable como mantienen vigencia estas reflexiones.

Estos eran argumentos referidos a la segunda mitad de los años noventa, ya reemplazado el Ministro Cavallo por Roque Fernández y cuando habían empezado a multiplicarse los programas de empleo de diverso tipo que, por lo general, partían del supuesto de que la responsabilidad por la falta de demanda laboral era de los mismos trabajadores. Vale acotar que en el Siglo XXI más allá de haberse aumentado significativamente la fuerza laboral y que en su mayor parte haya sido integrada por empleo asalariado protegido, las ideas detrás de los programas laborales y sociales no se modificaron sustancialmente.

El punto hoy es de múltiples características. Por un lado es imprescindible retomar la senda del crecimiento económico sin lo cual no hay forma de generar empleo genuino. Al propio tiempo ese crecimiento debe incluir entre sus cometidos el de la creación de empleo en calidad y volumen acorde con las necesidades de la sociedad. Para todo esto es importante revalorizar el rol del Estado deteriorado en los años recientes por prácticas que si bien parecieron haber recuperado un papel progresivo no lo fue en la práctica. Un simple ejemplo es el educativo. El presupuesto y el personal en esa actividad crucial fueron incrementados significativamente. Sin embargo en este lapso la matrícula primaria y secundaria en establecimientos de gestión estatal cayó. Algo no se hizo bien, sin lugar a dudas.

Pero en el capitalismo la disputa básica no deja de estar entre los empresarios y los trabajadores. La experiencia argentina parece indicar que más allá de los gobiernos u orientaciones de política económica el sector empresarial ha sido principalmente prebendario es decir influyente en las decisiones estatales para su propio beneficio sin arriesgar capital ni promover innovaciones tecnológicas y de gestión que mejoren la productividad de las unidades económicas y contribuyan a la elevación la competitividad de la economía en su conjunto.

Por eso, en momentos en que parece haberse revertido la curva descendente tanto del producto como de la ocupación, hace falta ubicar bien el foco de la orientación de la gestión estatal. El argumento trillado de que el capital necesita incentivos para invertir y demandar trabajadores ha sido utilizado tanto para un barrido como para un fregado. Y, más allá de la argumentación más o menos altisonante, los empresarios “la juntaron en pala” como dijo gráficamente la ex presidenta Kirchner, aludiendo a su propio período de gobierno.

En otras palabras, es importante no recaer en las políticas de los años noventa pero también hay que evitar repetir los equívocos de los años recientes. Luego de la crisis de principios del Siglo XXI el rebote fue importante pero no modificamos los rasgos estructurales de funcionamiento de la economía. Es por ello que en cuanto se agotó el impulso inicial y se fueron apagando los vientos internacionales favorables volvimos a las mismas encrucijadas. De ellas no saldremos bajando los “costos salariales indirectos”. Pero como tampoco nos quedan recursos sociales dilapidados recientemente habrá que agudizar el ingenio y la imaginación desde los distintos sectores de la sociedad.

La responsabilidad primera en este desafío corre por cuenta de los poseedores de capital y de riqueza. Y la política pública debe pugnar en ese sentido. Demás está decirlo, esta no es una frase de circunstancia.
 
(*) Director del CEPED e investigador del CONICET

lunes, 26 de diciembre de 2016

EL EMPLEO SIGUE EN PROBLEMAS

EL EMPLEO SIGUE EN PROBLEMAS


por Javier Lindenboim (*)

“Hace cinco años no se crean puestos privados protegidos”; “Sólo este año disminuye el número de asalariados registrados” y “Sólo viene creciendo el empleo público”. Estas afirmaciones, y otras similares, se vienen pronunciando y escuchando casi en simultáneo. Lo interesante es que –en general– todas son ciertas, aunque varias parecen contradecirse.

Veamos un poco. Hay varias evidencias que en sí mismas pueden ser corroboradas:

1
En 2014 hubo una crítica situación económica y, por tanto, del empleo. Pero la memoria colectiva no registra claramente ni lo uno ni lo otro. Tampoco la información oficial ha ayudado al respecto

2
Los avatares del Indec perjudicaron la credibilidad de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en los años recientes, incluyendo la vacancia informativa del último año. Hasta que no haya un lapso de un año de la “nueva” EPH estaremos muy limitados en el uso de esa fuente por la incomparabilidad con la serie existente.

3
La información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es aceptable y útil pero tiene limitaciones: a) no incluye el trabajo desprotegido (en negro); b) las diversas categorías pueden analizarse retrospectivamente sólo hasta enero de 2012; c) la categoría de asalariados protegidos llega –hacia atrás– hasta enero de 2009; d) la categoría de empleo público se ha reconstruido recientemente pero no hay una buena serie que cubra un lapso significativo y completo (además, el MTEySS informó 3,6 millones pero el SIPA muestra sólo 3,1); e) hay razonables dudas sobre algunas categorías como la de asalariados de casas particulares

4
No se sabe si se dará continuidad o no a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos que podría aportar a la conformación de un marco de referencia más abarcador que la propia EPH.

Un análisis

Variación del número de asalariados en los primeros nueve meses de cada año
Totales
Privados
Públicos
Casas particulares
Período
19.398
-83.153
89.978
12573
2012
150.270
-26.837
129.871
47236
2013
2.910
-50.888
39.962
13836
2014
164.918
68.533
95.878
507
2015
-93.852
-100.705
-4.822
11675
2016
destacado-javier
destacado-javier
Dentro de esta maraña, algunas reflexiones pueden ser realizadas, tomando los últimos datos disponibles del SIPA. Sólo en 2013 y 2015 hubo incrementos significativos en el número total de asalariados, pero nunca había disminuido su cuantía, lo que sí ocurrió este año. No obstante, los dependientes del ámbito privado cayeron a lo largo de todo el quinquenio con la única excepción de 2015.

Por el contrario, el empleo estatal tuvo un importante desempeño. En 2012 su crecimiento compensó la pérdida del empleo privado, pero en 2014 su mejoría no alcanzó por lo que fue necesario adicionar el alza de empleados de casas particulares. En los años impares el gran aumento del empleo estatal explicó en alta proporción el alza del empleo asalariado registrado total. Los empleados de casas particulares no se movieron en 2015. Pero en los demás años agregaron unos 12.000 puestos anuales. Muy llamativo, por cierto, el dato del 2013 pues en ese año el alza fue de más de 40.000 lo que puede asociarse con la campaña por la regularización del empleo del sector.

Por lo que se ve, el último quinquenio se caracterizó por fuertes irregularidades en el comportamiento del empleo asalariado registrado que todavía debe ser analizado con mayor detenimiento. Los años impares fueron transitados airosamente gracias a la dinámica del empleo público. La profunda caída de los asalariados en 2016 se explica casi totalmente por la pérdida de 100.000 puestos privados, declinación más intensa aún que la ya importante de 2012 y la de los años siguientes.

Las categorías de no asalariados, no ilustradas aquí, crecieron en casi todos los años considerados (no fue así en dos años para los autónomos y en uno para los monotributistas sociales). Estos últimos aportaron la mitad o más de los no asalariados en 2013, 2014 y 2015, pero perdieron 20.000 puestos en 2016. Si consideramos el empleo registrado total, en los nueve meses iniciales de este 2016 la pérdida mayor fue la de los asalariados privados (100.000), seguida de los monotributistas sociales (los mencionados 20.000) y una módica caída del empleo estatal (5.000). Las ganancias estuvieron a cargo de los monotributistas comunes (45.000) y –con 12.000 cada uno– los empleados de casas particulares y los trabajadores autónomos.

Sobre los asalariados de casas particulares se cierne un interrogante no menor. En base a los datos proporcionados por la EPH se estima que la dotación de empleados de servicio doméstico (en general mujeres) debe rondar alrededor de un millón de personas de las cuales menos del 10% lo hacían en condiciones regulares (registrados). Esa proporción se habría elevado hasta el 20% –poco más o menos– con el plan de regularización puesto en marcha en 2013. Sin embargo la categoría del SIPA “Asalariados de casas particulares” registraba ya en 2012 una cifra del orden de los 400.000 de modo que es posible que la misma incluía otro de tipo de trabajadores.

De manera resumida, entonces, es cierto que los asalariados aumentaron en cuatro de los últimos cinco años y, al mismo tiempo, que los asalariados privados disminuyeron en cuatro de los cinco últimos años. A su vez, pese a conformar apenas un cuarto del empleo, los no asalariados aportaron el 75%, el 60% y el 90% del crecimiento del total del empleo registrado en 2012, 2013 y 2014. No resulta sencillo evaluar si tal desproporción habla de la efectividad de medidas de regularización del empleo no asalariado o de otras cuestiones no tan nítidas.

Cuando dispongamos nuevamente de la información sobre empleo desprotegido podremos completar el análisis sobre el empleo actual en Argentina y sus perspectivas. Mientras tanto vale la pena considerar las particularidades de la información hoy disponible, que ubica al empleo en un rango de complejidad similar al del funcionamiento general de la Argentina.