domingo, 19 de agosto de 2018

Apuntes para evaluar la situación sociolaboral LA NACION 19-8-2018

Columna publicada en LA NACION el 19-8-2018

Apuntes para evaluar la situación sociolaboral

Javier Lindenboim
Javier LindenboimPARA LA NACION
Hay más puestos laborales que ocupados; cómo varían los ingresos
(1)
19 de agosto de 2018  
No pocas veces suelen mezclarse conceptos oscureciendo algunos análisis sociolaborales. Una de las confusiones surge cuando se habla de puestos de trabajo y de personas ocupadas. ¿Es lo mismo? De ninguna manera. Solo si cada persona desarrolla una actividad económica a lo largo de su jornada laboral podrían ser sinónimos. En la Argentina es incierto el registro del pluriempleo pese a que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) incluye en su formulario la pregunta respectiva. Uno de los casos más conocidos es el del servicio doméstico: allí predomina el trabajo para más de un empleador. Otros ocupados tienen una actividad en relación de dependencia y otra de forma autónoma, caso típico en ciertas profesiones, como las vinculadas con la medicina.
Las estadísticas que provienen de la EPH indagan sobre la ocupación de las personas y la Cuenta de Generación del Ingreso de Cuentas Nacionales se preocupa del número de puestos. La expansión al total del país de los datos de la encuesta en 2017 proyecta unas 18 millones de personas ocupadas, que trabajarían en los 20 millones de puestos que computa la cuenta de generación del ingreso.
Otra cuestión para analizar a partir de los datos que se conocen es el comportamiento de los ingresos. En la evolución de esta variable se ve que pueden tener un comportamiento diferente los ingresos individuales respecto de los familiares.
Los ingresos individuales y, dentro de ellos, los provenientes de la ocupación principal se fueron recuperando paulatinamente luego de 2002. Pero cuando se observa el ingreso per cápita de los hogares se aprecia que en el período esos ingresos familiares se incrementaron mucho más velozmente, debido a que aumentaba sin pausa el número miembros del hogar que accedían a una ocupación. Además, los miembros del hogar con o sin empleo pueden percibir otros ingresos como los originados en el sistema previsional. Así, respecto del primer trimestre de 2004, a comienzos de 2018 los ingresos de la ocupación principal crecieron 40% y el per cápita familiar, 80%.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el salario real y la participación de la masa salarial en el producto no indican lo mismo. No solo eso, sino que ambos indicadores pueden variar en dirección contraria. La participación salarial depende del nivel de ingresos salariales multiplicado por el número de ocupados. Por tanto puede haber mayor masa salarial por una o por ambas de estas variables.
Pero, además, ese resultado debe relativizarse por el volumen de riqueza generada (el producto o el valor agregado). Un aumento de la masa salarial de menor intensidad que el que pueda registrar el producto arrojaría un descenso de la participación salarial. Eso pasó, por ejemplo, en 2003 respecto de 2002.

jueves, 2 de agosto de 2018

Evitar el deterioro laboral requiere inversión El Cronista 2-8-18

Columna aparecida en EL CRONISTA el 2-8-2018



Evitar el deterioro laboral requiere inversión


Durante el último verano (enero-marzo de 2018) aumentó el empleo bastante más que el crecimiento de la población pero los salarios perdieron participación en la riqueza generada. Todo esto en comparación con igual trimestre del año previo.
Para analizar el comportamiento del mercado de trabajo se requiere la confluencia de buena y actualizada información en relación con diversos aspectos relevantes: uno es el nivel de empleo; otro su calidad; otro es el nivel de ingreso proporcionado por el trabajo realizado. Finalmente, elegir un adecuado punto de comparación.
Una forma de reseñar lo que muestran los nuevos datos es decir que si bien el mayor número de puestos de trabajo (no de personas ocupadas) es importante, dado que se elevó a un ritmo del doble del crecimiento poblacional, su composición por categorías es deficitario pues el grupo que menos mejoró es el de los asalariados protegidos. Esa ha sido la crítica principal al desempeño laboral del último bienio.

Un poco de historia reciente
Para observar más en detalle la información publicada por el área de Cuentas Nacionales del INDEC, puede hacerse un rápido repaso del desempeño de las categorías de puestos laborales en los años precedentes.
Entre 2004 y 2016 el número de puestos asalariados privados registrados se elevó en más de un 50% lo cual va en línea con otras informaciones disponibles del mercado laboral. Si partimos los doce años en tercios, encontramos que la mejoría notable se debe casi en exclusividad el primero de esos cuatrienios. En efecto entre 2004 y 2008 el aumento de este tipo de puestos fue de más del 40% mientras que en los lapsos posteriores casi desapareció (7 y 3%, respectivamente). Eso significa que entre 2012 y 2016 ni siquiera aumentaba a tono con el aumento de la población.
Puestos de trabajo asalariado en el sector privado
Tamaño según número asalariados
Crecimiento del número de puestos (%)
2004-2008
2008-2012
2012-2016
2004-2016





Hasta 10
30
5
0
36
Entre 11 y 50
38
6
-1
46
Entre 51 y 200
39
6
4
52
Entre 201 y 1000
44
8
8
68
Más de 1000
68
13
3
95
TOTAL
42
7
3
56
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Cuentas Nacionales, sh_erl_3_2016.xls

Si a la distinción temporal le sumamos la desagregación según estratos definidos por el tamaño ocupacional de la empresa en la que se desempeña el conjunto de estos asalariados, se observa un comportamiento dispar.
Las empresas menores (que fueron las que lideraron la recuperación económica desde mediados de 2002 y generaron fuerte impacto en el empleo) fueron las que menos aumentaron su dotación -en torno del 40% las que no llegan a 50 puestos- en los doce años. Las de 51 a 200 tuvieron un ritmo similar a la media mientras que las mayores lo hicieron en un 70% y más del 90% las de mayor tamaño.
Este repaso debería ser de utilidad al momento de analizar las dificultades de las empresas de menor porte expresadas actualmente. Por lo que se ve, estos problemas llevarían ya una década y se expresaron en la contención de la demanda de empleo.
Otro contraste relevante surge de cuantificar la totalidad de los puestos de trabajo. Mientras los no registrados crecieron poco (menos del 10%) y los no asalariados lo hicieron en un 20%, el empleo estatal sumó un 60% a su dotación inicial.

Los sectores que hoy demandan empleo

En los dos años que van desde el primer trimestre de 2016 al primero de este año, se crearon casi 700.000 puestos de los cuales 600.000 en el sector privado.
Un cuarto del total corresponde a las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Sumando a esto la rama de la construcción (12%) se explica algo más de un tercio del total de nuevos puestos de trabajo.
Otro tercio (35%) corresponde a los servicios de enseñanza, sociales, de salud, comunitarios y personales. El comercio y los restaurantes y hoteles aportaron un 15%, el agro el 7% y la administración pública el 5%.
El sector ausente es el de la industria manufacturera que en esos dos años mantuvo su dotación. El balance es, por cierto, cuantitativamente importante si se lo contrasta con las reiteradas afirmaciones de pérdida de puestos de trabajo. Además de la ausencia de dinamismo industrial se aprecia que salvo la construcción y el sector primario el incremento se apoya casi por completo en el sector terciario. Aunque la terciarización del empleo es un fenómeno de alcance internacional esto no elude la necesidad de debatir en profundidad tanto la cuantía como la calidad del empleo que el país genera.

El horizonte
La disputa acerca de si la reciente tormenta es consecuencia de la política económica en curso hasta ahora o de los resultados inevitables de la precedente o del cambio de las condiciones internacionales (proclives a privilegiar los nacionalismos y a aumentar la tasa de interés) o de una combinación perniciosa de todas ellas es relevante, por cierto.
Algunas cuestiones son claras cualquiera sea el resultado de tales debates. Argentina tiene una baja tasa de inversión que la aleja crecientemente de la media internacional y su reversión depende de la decisión del capital de modo esencial.
Durante la gestión anterior se verificó una traslación de ingresos del sector del capital al asalariado al aumentar la participación de este último de manera sensible: de poco más del 30% a alrededor del 50% del ingreso, nivel del que no se retrocedió. Alguien puede argumentar que allí estaría la explicación de la retracción de la inversión. Sin embargo la tasa de inversión en el país viene siendo escasa desde mucho antes lo que implica que el sector empresario ha tenido un comportamiento distante del emprendedor “schumpeteriano”.
Por eso, la necesaria regularización de la situación fiscal y monetaria planteada desde el gobierno con base en los acuerdos con el FMI, no es suficiente para prever perspectivas alentadoras en materia productiva y por tanto para esperar una demanda de empleo sólida. Se anticipa una discusión, ojalá que sea fructífera, alrededor del presupuesto de 2019. Aunque la misma se trasunte en una “ley de leyes” razonablemente útil puede en el mejor de los casos ser ventajoso para reencaminar los desajustes macroeconómicos. Pero, tal logro per se no construye una estrategia o un horizonte y es por allí donde habría que volcar las energías sociales y políticas. De lo contrario, no habrá inversión productiva y, por ende, tampoco reconstruiremos una adecuada demanda laboral. Todo esto antes de entrar al apasionante debate sobre la calidad de empleo que constituye un capítulo en sí mismo.

jueves, 26 de julio de 2018

Claroscuros en el mercado de trabajo - M Rosetti y S Naishtat, Radio Ciudad, 26-7-2018

Entrevista de Marina Rosetti y Silvia Naishtat sobre los nuevos datos de empleo y los problemas del mercado laboral actual. En Esta mañana, Radio Ciudad, AM 1110

Arranca la segunda mitad del año: qué va a pasar con el empleo y los ingresos Clarin 26-7-2018

Columna en CLARIN, 26-7-2018

Antes de la tempestad financiera y cambiaria del último bimestre, los datos del mercado de trabajo mostraban que las mejoras observadas a lo largo de 2017 se habían, al menos, debilitado de manera sensible.
Puede parecer de menor importancia repasar lo ocurrido el año último aunque es útil para comprender mejor la situación presente. Si se compara lo ocurrido en el cuarto trimestre de 2017 con igual lapso de 2016, según la Encuesta de Hogares (EPH) en el ámbito urbano se crearon más de cuatrocientos mil empleos.
El tipo de trabajo generado, sin embargo, distaba de ser óptimo.Poco más del 40% eran cuentapropistas, alrededor de un tercio fueron asalariados no registrados y algo más de un cuarto empleados estatales. Quizás la diferencia principal con respecto a los últimos años del kirchnerismo es que entonces lideraba el empleo público y ahora lo hace el trabajo autónomo.
Si se observan los puestos de trabajo (es decir no las personas) que contabilizan las cuentas nacionales en otra área del mismo INDEC, el aumento fue de medio millón con un perfil bastante similar: si bien más de la mitad fueron asalariados dentro de estos predominaban los que no estaban registrados.
En materia de ingresos, la misma EPH daba cuenta de que a fines de 2017 los ingresos de la ocupación principal -en términos reales- crecieron respecto de fines de 2016 y también superaron los valores de los años previos retomando un “pico” alcanzado en el cuarto trimestre de 2011, cuando la ex presidenta fue reelecta por un abrumador 54% de los votos.
Es decir que la capacidad de compra promedio de los ingresos laborales a fines de 2017 era similar a la del momento paradigmático de la gestión anterior, justo antes del inicio del declive. En paralelo, la participación de los salarios en el ingreso total se mantuvo en 2017 en algo más del famoso “fifty-fifty”, como en 2016. Si bien no hay datos oficiales, ese nivel sería similar al de los últimos años del gobierno anterior.
En el primer trimestre de este año si bien continuó la mejora de los ingresos laborales y, más aún, el de las familias (tomado en conjunto, ingreso per cápita familiar), se observó que los grupos de menores ingresos (los de los primeros deciles) se mantenían estancados en relación con los inicios de 2017 pero estaban por debajo de los valores registrados al comienzo de los años previos. Comparado el ingreso de la ocupación principal del primer trimestre de 2018 de los deciles más bajos con relación al de inicios de 2015 se registraba una pérdida del 10% en su capacidad de compra.
La tasa de desempleo del trimestre inicial de 2018 –aunque fue mayor que la de fines de 2017 por razones estacionales- fue levemente inferior a la de un año atrás.
El empleo registrado, cuyos datos proporciona mensualmente el Ministerio de Trabajo, mostró un primer trimestre estancado, tal como ha venido ocurriendo sistemáticamente, según los registros oficiales, al comienzo de cada año. De modo que hasta ese momento los indicadores eran delicados al menos para una parte de la fuerza laboral.
Veamos el futuro inmediato. El terremoto financiero y cambiario iniciado a fines de abril se produjo en el marco de una situación de escaso dinamismo productivo y, por tanto, con una demanda laboral que apenas venía cubriendo el incremento de la población.
Así, a comienzos de 2018 había no sólo un punto porcentual de más activos sino que también había aumentado un punto la tasa de empleo (proporción de ocupados en la población). No sólo esa tasa a principios de este año era mayor que la del último quinquenio -para los primeros trimestres- sino que iguala el registro de comienzos de 2011.
Desconocemos cuál será la evidencia informativa que proporcionen los diversos datos oficiales para el segundo trimestre que acaba de terminar. Es muy probable que los valores positivos en las distintas variables analizadas hayan sufrido un fuerte embate. Aunque quizás no sea prudente anticipar una situación catastrófica al terminar la primera mitad del año.
Es más factible que en la segunda mitad se vean impactados tanto el nivel de empleo como la capacidad de compra de los ingresos laborales. La intensidad de dicho impacto depende de varios factores. Por un lado, de la proporción en que la depreciación del peso sea trasladada a los precios. Por otro lado, del éxito del gobierno en estabilizar el tipo de cambio y, como consecuencia, abandonar la estrategia basada en altísimas tasas de interés.
Asimismo depende de una conjunción difícil de imaginar, pero imprescindible: que se logre ir dominando el insostenible déficit fiscal y que el empresariado (grande y chico) transforme su predilección por el facilismo y retome -o comience- un camino de inversión. De lo contrario seguiremos transitando un sendero que nos conduce al pasado y no al futuro.
No hay nada más fácil que echar culpas. Siempre estará a mano adjudicar el origen de la situación crítica actual al regreso al FMI.
Vale la pena, seguramente, recordar al desaparecido Aldo Ferrer, quien enfáticamente, en medio de la crisis de comienzos de este siglo, afirmaba que “cada país tiene el FMI que se merece o elige”. Ferrer afirmaba que primero debería definirse una estrategia y luego negociar las condiciones de un acuerdo con los organismos internacionales. No está a la vista que el gobierno actual la tenga. ¿Y los demás?
*Javier Lindenboim es economista. Director del CEPED-UB
A

lunes, 28 de mayo de 2018

Nota de Juan M BArca para iProfesional sobre la reforma laboral en ciernes

Economía

Blanqueo laboral: Macri apuesta a registrar 300.000 empleados, pero gremios y empresas descreen del plan

28-05-2018 Tras la crisis cambiaria, el Gobierno busca avanzar con la reforma laboral -que ya se encontraba entre las recomendaciones del Fondo Monetario. A pesar del optimismo oficial, empresas y sindicatos señalan puntos débiles del proyecto de registración laboral
Por Juan Manuel Barca
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Superada la crisis cambiaria, el Gobierno busca retomar el impulso de la reforma laboral. Una de las iniciativas más ambiciosas es la que apunta a la regularización del empleo no registrado, con la cual las autoridades buscan registrar hasta 300.000 trabajadores de un total de 6,5 millones en situación irregular. 
De esa cifra, 4,5 millones están en negro y 2 millones son independientes, según cifras oficiales.
La meta fue confirmada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al ser consultado por iProfesional en el marco de una charla organizada por la Universidad Di Tella, donde ratificó su intención de que el Congreso avance en el debate del proyecto.

"La expectativa es que haya entre 200.000 y 300.000 beneficiarios de esta medida. Esperamos que sea en el primer año, así estaríamos incorporando a casi el 5% de los asalariados no registrados", anticipó Triaca.

La cifra está lejos del millón de personas que se había propuesto la cartera laboral el año pasado, pero igualmente representa un desafío para el ministro, que busca avanzar con su plan para combatir la informalidad y luchar contra la evasión laboral, junto con la modificación del marco normativo de las relaciones laborales.
El proyecto incluye una reducción de la indemnización por despido, el fondo de cese laboral y otros cambios importantes.
Por estas horas, sin embargo, la reforma enfrenta obstáculos en varios frentes. Uno de los principales es la falta de entusiasmo del empresariado.
En el sector privado, reconocen que hay un amplio "perdón" por deudas e infracciones y que, de ese modo, se reducirá la litigiosidad, pero advierten que aun así muchas empresas verán un incremento en sus costos si se suman al régimen legal, en medio del aumento de tarifas, la inflación y un deterioro de la actividad.

Las compañías calculan que si por un empleado una firma paga un salario de $20.000 en negro, esa cifra se duplica al pasar a registrar al trabajador, ya que la misma debe realizar contribuciones por un valor similar al de la remuneración.

"Se incluye perdón sobre todo lo que uno pueda imaginar, pero faltanincentivos: si una Pyme tiene que pasar a alguien en blanco no le dan los costos", advirtió a iProfesional el abogado de empresa Julián de Diego.

Pero algunos de los cambios también generan cortocircuitos con la CGT. Los triunviros Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña acordaron con el jefe del bloque justicialista del Senado, Miguel Pichetto, respaldar el "blanqueo", pero se opusieron a la rebaja de las indemnizaciones.
Por ello, el Gobierno avanzará en primer lugar con el proyecto de prácticas formativas para estudiantes (o nuevas pasantías) y la agencia técnica de salud.
La principal resistencia se aloja en los gremios duros encabezados por Pablo Moyano. En medio de 800 cesantías en Cresta Roja, el camionero advirtió que "la baja de las indemnizaciones va a traer una ola de despidos" y que su espacio "va a salir a la calle", como lo hizo en diciembre pasado contra la reforma jubilatoria.

Las tensiones resurgen en plena puja por la renovación de la conducción de Azopardo, en la que buscan hacer pie con una fórmula conjunta Pablo Moyano y el bancario Sergio Palazzo.

Por otra parte, el acercamiento de Mauricio Macri al Fondo Monetario también sumó ruido. El organismo había recomendado en diciembre pasado hacer modificaciones a la legislación laboral, indemnizaciones, convenios colectivos, contribuciones patronales y jubilaciones, similares a los que el Gobierno propone.

Pero Triaca niega que el organismo haya planteado exigencias en materia laboral. En los últimos días, el funcionario mantuvo un fuerte cruce al reclamarle a los sindicalistas que "lean el proyecto de ley del que ellos mismos participaron". 
Lo hizo en alusión al hermano menor de la familia, "Huguito" Moyano, quien fue parte de la redacción del texto presentado en diciembre, pero que finalmente fue boicoteado por la familia sindicalista.

En vistas a una mayor conflictividad por la devaluación y la "aceleración" del ajuste impulsada por el Gobierno, el ministro de Trabajo inició un acercamiento con el ala dialoguista de la central obrera y, en paralelo, con el gastronómico Luis Barrionuevo.
La intención es obtener respaldo para las gestiones con el FMI desactivar una eventual huelga de la CGT. Esto, en un contexto en el que Moyano y Palazzo vienen de protagonizar un acto contra el Fondo.
Nuevo régimen
Con el fin declarado de incentivar la formalización, el proyecto oficial condona deudas por aportes contribuciones patronales, multas por infracciones y la extinción de acciones penales para los empleadores que regularicen la situación de los trabajadores dentro del primer año (360 días) desde la vigencia de la reglamentación de la ley.
La exención pasará a ser del 100% si el traspaso se realiza en los primeros seis meses (180 días).

Asimismo se fija un límite de hasta cinco años de aportes hacia atrás que el Estado le reconocerá al trabajador sobre la base del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que hoy es de $9.500 y en julio será de $10.000.
Los años no declarados no computarán para el cálculo de la jubilación ni de la indemnización, y para ser "blanqueado" el trabajador deberá renunciar efectuar reclamos judiciales por los años sin aporte. A su vez, las indemnizaciones por falta de registración o registración irregular ya no beneficiarán al trabajador sino a la ANSES.

La regularización del empleo informal además contribuirá a incrementar la recaudación del Estado con nuevos aportes y contribuciones.
Una vez registrado, el trabajador pasará a percibir el salario de convenio, con obra social, ART y aportes jubilatorios, que le garantizarán la cobertura del PAMI cuando se jubile. Del mismo modo, la seguridad social de los gremios también se vería favorecida.

Las actividades en la mira de Triaca son aquellas con mayores tasas de informalidad, como construcción (67%), comercio (42%), gastronomía (44%) y la industria (30%). Según datos del Ministerio de Trabajo, el 80% de los trabajadores informales se encuentra en Pymes de hasta cinco empleados.

En cambio, el sector doméstico, que tiene un 75% de empleo no registrado -cerca de 1,2 millones de empleadas- está excluido del nuevo régimen. En los últimos días, la AFIP intimó por mail a 650.000 contribuyentes de altos ingresos a que regularicen a su personal doméstico.
Desafíos para la reforma
Uno de los desafíos del macrismo es hacer avanzar su proyecto laboral, que fue presentado a fines de abril pasado en el Senado, junto al de prácticas formativas para estudiantes y la agencia técnica de salud.
Desde entonces, el debate quedó en suspenso por al avance de la oposición en el Congreso para moderar las tarifas y por el impacto de la crisis cambiaria, que derivó en una "reorganización" del Gabinete.

Ahora el oficialismo busca reactivar los cambios. Consultado por iProfesional, Triaca dijo que éstos van a dar un "marco de previsibilidad" y negó que fuera a "quitar beneficios" a los trabajadores, como advierte el sindicalismo.
Por el contrario, señaló que "al reconocerse el vínculo laboral, el trabajador puede beneficiarse por tener un salario de convenio y cobertura social, y el empleador evitar una potencial demanda del trabajador". "Se equilibra a los dos", concluyó.

Además de los "incentivos", a los que se sumaría la baja progresiva de las contribuciones patronales sancionada con la reforma tributaria, el proyecto plantea reforzar la fiscalización con la posibilidad de "involucrar a todos los actores sociales" en esa tarea -lo que incluiría a sindicatos- pero sin especificar qué entidades ni las acciones a implementar.
"El mismo Gobierno reconoce que los organismos de control están desmantelados", advirtió De Diego.
Por lo pronto, el plan oficial deberá sortear varias dificultades. En primer lugar, se espera un menor crecimiento económico este año tras la crisis cambiaria que deterioró las reservas y derivó en un pedido de ayuda al FMI.
Las consultoras pronostican que el PBI será inferior al 2%, mientras que la inflación será igual o mayor a la del año pasado, que fue 24,8%, pero con paritarias al 15%. Esto repercutirá sobre salarios y consumo, lo que disminuirá aun más la actividad y la demanda de empleo en las empresas.

Ese es uno de los principales motivos por el cual empresas y abogados laboralistas ven con desconfianza el proyecto oficial.
"Para el blanqueo deben darse tres condiciones: la primera es la regularización de las relaciones laborales, la segunda es que los costoslaborales no salariales a partir del blanqueo sean razonables y la tercera es el crecimiento de la economía", dijo a este medio Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de UIA.

Por otra parte, el mercado laboral ofrece señales contradictorias: si bien el empleo viene recuperándose desde mitad del año pasado, la tasa de informalidad laboral fue del 34,2% en el último trimestre de 2017, un 0,6% más que en el mismo período del año previo según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.
A su vez, un 75% de los puestos creados en ese período fueron motorizados por el trabajo informal y los cuentapropistas, según el organismo estatal.

Los especialistas, sin embargo, creen el principal problema de la informalidad no se relaciona directamente con el mercado de trabajo, sino con la actividad económica. Para Javier Lindenboim, la cuestión depende de la "blancura o negrura" de la actividad económica en su conjunto.

"Es difícil pensar que el empleador va a registrar empleados si no es en un contexto en que la demanda (de productos o servicios) existe o está en crecimiento", sostuvo el director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED).
Resistencias
Los antecedentes en materia de amnistías laborales tampoco son auspiciosos. En rigor, el artículo 12 de la Ley Nacional de Empleo (24.013) de 1991 contenía también un perdón de deudas por aportes, contribuciones, multas y recargos para los empleadores que regularizaran a los trabajadores, tal como establece el proyecto actual.
Pero el proyecto afirma que esa norma como la del 2014 (26.940) "no han podido revertir el problema de la informalidad".

La iniciativa tampoco contempla la maniobra de falsear la fecha real de ingreso del trabajador, consignando en su lugar el día de registración.
Esta irregularidad permite eludir el pago de cargas sociales adeudadas y ocultar la antigüedad real del empleado, disminuyendo la indemnización y el salario. Así, sin mayores controles, las empresas en falta pueden obtener por esa vía un mayor beneficio económico que con el "blanqueo".
Esa es una de las críticas del documento de 32 páginas elaborado por la Asociación de Abogados Laboralistas, en el que tachan los proyectos de reforma como un nuevo intento por lograr la "modificación integral del sistema de relaciones laborales, a través de la afectación de normas" y advierten que el objetivo "no es combatir el trabajo no registrado, sino reducir costos indemnizatorios para los empleadores que no cumplen con sus obligaciones".

Un estudio de la OIT de 2013 titulado "Informalidad, calidad del empleo y segmentación laboral en Argentina" señala que en los años 90, "la participación del empleo asalariado registrado (típico y atípico) exhibió una tendencia decreciente aun cuando se implementaron políticas de flexibilización laboral y de reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social que, en principio, se suponía que tendrían un impacto positivo sobre el empleo formal".

Los laboralistas cuestionan el espíritu del texto según el cual "los actuales niveles de protección laboral son las causantes de desempleo y falta de crecimiento económico, eludiendo las verdaderas causas macroeconómicas".
"El problema no es tanto el costo laboral, sino el mayor costo financieropara comprar máquinas o invertir, las tarifas y la caída del consumo", advirtió a este medio el presidente de AAL, Matías Cremonte.

Otra limitación que enfrentan las autoridades es que las estadísticas hoy no permiten elaborar un cuadro preciso de la composición de la fuerza laboral en Argentina y, por ende, del trabajo en "negro".
El número de empleos medido por la EPH es mayor a la cantidad de asalariados porque las personas pueden tener más de una ocupación. Ese es el caso, por ejemplo, de un médico por cuenta propia que trabaja un día por semana en relación de dependencia en una clínica y es contabilizado como asalariado.