lunes, 28 de mayo de 2018

Nota de Juan M BArca para iProfesional sobre la reforma laboral en ciernes

Economía

Blanqueo laboral: Macri apuesta a registrar 300.000 empleados, pero gremios y empresas descreen del plan

28-05-2018 Tras la crisis cambiaria, el Gobierno busca avanzar con la reforma laboral -que ya se encontraba entre las recomendaciones del Fondo Monetario. A pesar del optimismo oficial, empresas y sindicatos señalan puntos débiles del proyecto de registración laboral
Por Juan Manuel Barca
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Superada la crisis cambiaria, el Gobierno busca retomar el impulso de la reforma laboral. Una de las iniciativas más ambiciosas es la que apunta a la regularización del empleo no registrado, con la cual las autoridades buscan registrar hasta 300.000 trabajadores de un total de 6,5 millones en situación irregular. 
De esa cifra, 4,5 millones están en negro y 2 millones son independientes, según cifras oficiales.
La meta fue confirmada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al ser consultado por iProfesional en el marco de una charla organizada por la Universidad Di Tella, donde ratificó su intención de que el Congreso avance en el debate del proyecto.

"La expectativa es que haya entre 200.000 y 300.000 beneficiarios de esta medida. Esperamos que sea en el primer año, así estaríamos incorporando a casi el 5% de los asalariados no registrados", anticipó Triaca.

La cifra está lejos del millón de personas que se había propuesto la cartera laboral el año pasado, pero igualmente representa un desafío para el ministro, que busca avanzar con su plan para combatir la informalidad y luchar contra la evasión laboral, junto con la modificación del marco normativo de las relaciones laborales.
El proyecto incluye una reducción de la indemnización por despido, el fondo de cese laboral y otros cambios importantes.
Por estas horas, sin embargo, la reforma enfrenta obstáculos en varios frentes. Uno de los principales es la falta de entusiasmo del empresariado.
En el sector privado, reconocen que hay un amplio "perdón" por deudas e infracciones y que, de ese modo, se reducirá la litigiosidad, pero advierten que aun así muchas empresas verán un incremento en sus costos si se suman al régimen legal, en medio del aumento de tarifas, la inflación y un deterioro de la actividad.

Las compañías calculan que si por un empleado una firma paga un salario de $20.000 en negro, esa cifra se duplica al pasar a registrar al trabajador, ya que la misma debe realizar contribuciones por un valor similar al de la remuneración.

"Se incluye perdón sobre todo lo que uno pueda imaginar, pero faltanincentivos: si una Pyme tiene que pasar a alguien en blanco no le dan los costos", advirtió a iProfesional el abogado de empresa Julián de Diego.

Pero algunos de los cambios también generan cortocircuitos con la CGT. Los triunviros Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña acordaron con el jefe del bloque justicialista del Senado, Miguel Pichetto, respaldar el "blanqueo", pero se opusieron a la rebaja de las indemnizaciones.
Por ello, el Gobierno avanzará en primer lugar con el proyecto de prácticas formativas para estudiantes (o nuevas pasantías) y la agencia técnica de salud.
La principal resistencia se aloja en los gremios duros encabezados por Pablo Moyano. En medio de 800 cesantías en Cresta Roja, el camionero advirtió que "la baja de las indemnizaciones va a traer una ola de despidos" y que su espacio "va a salir a la calle", como lo hizo en diciembre pasado contra la reforma jubilatoria.

Las tensiones resurgen en plena puja por la renovación de la conducción de Azopardo, en la que buscan hacer pie con una fórmula conjunta Pablo Moyano y el bancario Sergio Palazzo.

Por otra parte, el acercamiento de Mauricio Macri al Fondo Monetario también sumó ruido. El organismo había recomendado en diciembre pasado hacer modificaciones a la legislación laboral, indemnizaciones, convenios colectivos, contribuciones patronales y jubilaciones, similares a los que el Gobierno propone.

Pero Triaca niega que el organismo haya planteado exigencias en materia laboral. En los últimos días, el funcionario mantuvo un fuerte cruce al reclamarle a los sindicalistas que "lean el proyecto de ley del que ellos mismos participaron". 
Lo hizo en alusión al hermano menor de la familia, "Huguito" Moyano, quien fue parte de la redacción del texto presentado en diciembre, pero que finalmente fue boicoteado por la familia sindicalista.

En vistas a una mayor conflictividad por la devaluación y la "aceleración" del ajuste impulsada por el Gobierno, el ministro de Trabajo inició un acercamiento con el ala dialoguista de la central obrera y, en paralelo, con el gastronómico Luis Barrionuevo.
La intención es obtener respaldo para las gestiones con el FMI desactivar una eventual huelga de la CGT. Esto, en un contexto en el que Moyano y Palazzo vienen de protagonizar un acto contra el Fondo.
Nuevo régimen
Con el fin declarado de incentivar la formalización, el proyecto oficial condona deudas por aportes contribuciones patronales, multas por infracciones y la extinción de acciones penales para los empleadores que regularicen la situación de los trabajadores dentro del primer año (360 días) desde la vigencia de la reglamentación de la ley.
La exención pasará a ser del 100% si el traspaso se realiza en los primeros seis meses (180 días).

Asimismo se fija un límite de hasta cinco años de aportes hacia atrás que el Estado le reconocerá al trabajador sobre la base del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que hoy es de $9.500 y en julio será de $10.000.
Los años no declarados no computarán para el cálculo de la jubilación ni de la indemnización, y para ser "blanqueado" el trabajador deberá renunciar efectuar reclamos judiciales por los años sin aporte. A su vez, las indemnizaciones por falta de registración o registración irregular ya no beneficiarán al trabajador sino a la ANSES.

La regularización del empleo informal además contribuirá a incrementar la recaudación del Estado con nuevos aportes y contribuciones.
Una vez registrado, el trabajador pasará a percibir el salario de convenio, con obra social, ART y aportes jubilatorios, que le garantizarán la cobertura del PAMI cuando se jubile. Del mismo modo, la seguridad social de los gremios también se vería favorecida.

Las actividades en la mira de Triaca son aquellas con mayores tasas de informalidad, como construcción (67%), comercio (42%), gastronomía (44%) y la industria (30%). Según datos del Ministerio de Trabajo, el 80% de los trabajadores informales se encuentra en Pymes de hasta cinco empleados.

En cambio, el sector doméstico, que tiene un 75% de empleo no registrado -cerca de 1,2 millones de empleadas- está excluido del nuevo régimen. En los últimos días, la AFIP intimó por mail a 650.000 contribuyentes de altos ingresos a que regularicen a su personal doméstico.
Desafíos para la reforma
Uno de los desafíos del macrismo es hacer avanzar su proyecto laboral, que fue presentado a fines de abril pasado en el Senado, junto al de prácticas formativas para estudiantes y la agencia técnica de salud.
Desde entonces, el debate quedó en suspenso por al avance de la oposición en el Congreso para moderar las tarifas y por el impacto de la crisis cambiaria, que derivó en una "reorganización" del Gabinete.

Ahora el oficialismo busca reactivar los cambios. Consultado por iProfesional, Triaca dijo que éstos van a dar un "marco de previsibilidad" y negó que fuera a "quitar beneficios" a los trabajadores, como advierte el sindicalismo.
Por el contrario, señaló que "al reconocerse el vínculo laboral, el trabajador puede beneficiarse por tener un salario de convenio y cobertura social, y el empleador evitar una potencial demanda del trabajador". "Se equilibra a los dos", concluyó.

Además de los "incentivos", a los que se sumaría la baja progresiva de las contribuciones patronales sancionada con la reforma tributaria, el proyecto plantea reforzar la fiscalización con la posibilidad de "involucrar a todos los actores sociales" en esa tarea -lo que incluiría a sindicatos- pero sin especificar qué entidades ni las acciones a implementar.
"El mismo Gobierno reconoce que los organismos de control están desmantelados", advirtió De Diego.
Por lo pronto, el plan oficial deberá sortear varias dificultades. En primer lugar, se espera un menor crecimiento económico este año tras la crisis cambiaria que deterioró las reservas y derivó en un pedido de ayuda al FMI.
Las consultoras pronostican que el PBI será inferior al 2%, mientras que la inflación será igual o mayor a la del año pasado, que fue 24,8%, pero con paritarias al 15%. Esto repercutirá sobre salarios y consumo, lo que disminuirá aun más la actividad y la demanda de empleo en las empresas.

Ese es uno de los principales motivos por el cual empresas y abogados laboralistas ven con desconfianza el proyecto oficial.
"Para el blanqueo deben darse tres condiciones: la primera es la regularización de las relaciones laborales, la segunda es que los costoslaborales no salariales a partir del blanqueo sean razonables y la tercera es el crecimiento de la economía", dijo a este medio Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de UIA.

Por otra parte, el mercado laboral ofrece señales contradictorias: si bien el empleo viene recuperándose desde mitad del año pasado, la tasa de informalidad laboral fue del 34,2% en el último trimestre de 2017, un 0,6% más que en el mismo período del año previo según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.
A su vez, un 75% de los puestos creados en ese período fueron motorizados por el trabajo informal y los cuentapropistas, según el organismo estatal.

Los especialistas, sin embargo, creen el principal problema de la informalidad no se relaciona directamente con el mercado de trabajo, sino con la actividad económica. Para Javier Lindenboim, la cuestión depende de la "blancura o negrura" de la actividad económica en su conjunto.

"Es difícil pensar que el empleador va a registrar empleados si no es en un contexto en que la demanda (de productos o servicios) existe o está en crecimiento", sostuvo el director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED).
Resistencias
Los antecedentes en materia de amnistías laborales tampoco son auspiciosos. En rigor, el artículo 12 de la Ley Nacional de Empleo (24.013) de 1991 contenía también un perdón de deudas por aportes, contribuciones, multas y recargos para los empleadores que regularizaran a los trabajadores, tal como establece el proyecto actual.
Pero el proyecto afirma que esa norma como la del 2014 (26.940) "no han podido revertir el problema de la informalidad".

La iniciativa tampoco contempla la maniobra de falsear la fecha real de ingreso del trabajador, consignando en su lugar el día de registración.
Esta irregularidad permite eludir el pago de cargas sociales adeudadas y ocultar la antigüedad real del empleado, disminuyendo la indemnización y el salario. Así, sin mayores controles, las empresas en falta pueden obtener por esa vía un mayor beneficio económico que con el "blanqueo".
Esa es una de las críticas del documento de 32 páginas elaborado por la Asociación de Abogados Laboralistas, en el que tachan los proyectos de reforma como un nuevo intento por lograr la "modificación integral del sistema de relaciones laborales, a través de la afectación de normas" y advierten que el objetivo "no es combatir el trabajo no registrado, sino reducir costos indemnizatorios para los empleadores que no cumplen con sus obligaciones".

Un estudio de la OIT de 2013 titulado "Informalidad, calidad del empleo y segmentación laboral en Argentina" señala que en los años 90, "la participación del empleo asalariado registrado (típico y atípico) exhibió una tendencia decreciente aun cuando se implementaron políticas de flexibilización laboral y de reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social que, en principio, se suponía que tendrían un impacto positivo sobre el empleo formal".

Los laboralistas cuestionan el espíritu del texto según el cual "los actuales niveles de protección laboral son las causantes de desempleo y falta de crecimiento económico, eludiendo las verdaderas causas macroeconómicas".
"El problema no es tanto el costo laboral, sino el mayor costo financieropara comprar máquinas o invertir, las tarifas y la caída del consumo", advirtió a este medio el presidente de AAL, Matías Cremonte.

Otra limitación que enfrentan las autoridades es que las estadísticas hoy no permiten elaborar un cuadro preciso de la composición de la fuerza laboral en Argentina y, por ende, del trabajo en "negro".
El número de empleos medido por la EPH es mayor a la cantidad de asalariados porque las personas pueden tener más de una ocupación. Ese es el caso, por ejemplo, de un médico por cuenta propia que trabaja un día por semana en relación de dependencia en una clínica y es contabilizado como asalariado.

miércoles, 25 de abril de 2018

Debatir con los datos, no negarlos - Clarin 25-4-18

Columna en Clarin 25-4-2018

Quienes nos interesamos por los temas económicos o sociales solemos acceder a un conjunto de informaciones que luego procesamos en virtud de nuestra propia perspectiva de donde derivamos interpretaciones más o menos optimistas o preocupantes según el caso.
Así podemos hacer referencia al índice de desempleo, a la tasa de actividad, a la incidencia de la pobreza o a la variación del costo de vida o al salario real. Tras esas denominaciones, por lo general, hay consensos mínimos sobre el contenido de cada una o, más aún, sobre las diversas maneras en que puede ser aceptada su construcción como de carácter satisfactorio o bien, cuáles son los alcances o límites del indicador obtenido.
Sobre todo esto por lo común los organismos estatales correspondientes suelen construir metodologías que tienden a enmarcarse en recomendaciones internacionales producto de experiencias diversas.
Este mundo ideal no carece de inconvenientes. Por ejemplo, durante décadas hemos debatido acerca del significado y de las definiciones operacionales de la noción de informalidad. Para bien o para mal, a comienzos del siglo XXI, una conferencia de estadígrafos de la Organización Internacional del Trabajo aunó criterios y propuso una serie de normas para que de allí en más con la categoría de informalidad tendiéramos en todos lados a aludir al mismo tipo de fenómeno social.
El problema más difícil aparece cuando –cualquiera sea la motivación- se violentan las definiciones, se alteran arbitrariamente las metodologías o se malversan los datos que alimentan la construcción de indicadores.
Esto aconteció en Argentina en un doble sentido. Por una parte, y con el único propósito inicial de modificar el valor de un indicador (el Indice de Precios al Consumidor), se empezó un ciclo extendido a lo largo de casi una década de alteraciones ex profeso. Eso no sólo se instaló en la sociedad sino que dejó de utilizarse en el propio ámbito estatal uno o varios indicadores producidos por el INDEC. Este fue el caso durante la gestión Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo, en donde dejó de utilizarse a la Encuesta Permanente de Hogares luego de los manoseos a los que fue objeto a partir de fines de 2013 concentrando sus estudios y publicaciones en los datos de empleo registrado.
Pero, por otra parte, el segundo efecto no menos pernicioso es el que generó en el seno de la sociedad, la convicción de que ninguna información –especialmente de origen oficial- era utilizable y, por lo tanto, valía tanto un dato como otro alternativo. Durante un tiempo, los datos provenientes del sector privado fueron perseguidos judicialmente dando origen a iniciativas como el “Indice de precios Congreso”.
Cuando el INDEC, en el marco del cambio de gobierno a fines de 2015, recupera su mejor pasado histórico en materia de veracidad, oportunidad, autonomía, etc. de su labor, parte del daño inferido socialmente parece no poder revertirse. Por un lado, porque más allá de las intenciones proliferan dudas o reservas a algunos de los resultados de su labor (recientemente el caso del índice de pobreza, antes sobre distribución funcional del ingreso). Y, al mismo tiempo, también más allá de las intenciones, acciones relevantes del pasado como la creación de un índice de precios emitido por parlamentarios -que procuraba ser mejor que aquellos falsos datos producidos oficialmente- hoy perdura sin poder explicarse su sentido actual.
Respecto del índice de pobreza se ha producido, en el contexto descripto, un impacto tal que hizo reaccionar a quienes ven con malos ojos al gobierno macrista del peor modo. Una de las formas: “el gobierno de Macri miente” resulta una derivación directa de lo recordado más arriba al haberse destruido la certeza de la población en los datos producidos por la institución oficial. Hubo otras, casi risueñas, como aquellas que tratan de mostrar que en verdad la pobreza a fines de 2015 no estaba en las proximidades del 30% (como lo afirma la UCA) sino del 20% y que, por lo tanto, el índice no habría disminuido sino aumentado. Digo risueñas porque, de ser así, la situación en 2016 no habría tenido la gravedad que se ha argumentado hasta el cansancio. Evidentemente, para no admitir una situación harto beneficiosa para la población más castigada del país, se violentan los datos y se falsean los análisis.
Si todo esto ya es de por sí complejo y preocupante se ha agregado la difusión de la existencia de uno o más proyectos en esferas oficiales tendientes a reestructurar el organismo estatal a cuyo cargo están las estadísticas públicas nacionales. Una de las cuestiones no aclaradas es si esos proyectos se están elaborando al margen de la estructura actual del INDEC cuyo mérito es el de haber recuperado sus capacidades y saberes y haberlo hecho en un plazo relativamente escaso y así pudo recuperar credibilidad sobre los resultados de su labor.
¿Podremos en Argentina, oficialistas y opositores, discutir acerca de las opciones disponibles para actuar sobre el funcionamiento económico en aras de objetivos compartidos debatiendo cabalmente a partir de datos aceptables y aceptados e incluso construir en común los senderos que conducen a mejorar nuestras estadísticas? Una meta simple pero que desde la experiencia cotidiana actual luce como muy distante.

martes, 3 de abril de 2018

Empleo y pobreza, con luces y sombras - Clarin 3-4-18

Columna aparecida en Clarin el 3-4-2018

columnista invitado

Empleo y pobreza, con luces y sombras

Buenas noticias en datos sociales y económicos, pero preocupación por la inflación.

No hay dudas de que en las últimas semanas se han proporcionado, en simultáneo, buenas noticias en materia de datos sociales y económicos relevantes junto con preocupantes evidencias sobre una aceleración del ritmo de aumento de los precios. La cuestión pasa por no mirar con un solo ojo.
Dejemos de lado la reacción ingenua (o mal intencionada) que no ceja en buscar la pata coja: a) ante el aumento del empleo en 2017 se afirma –sin información fehaciente- que el incremento es debido al empeoramiento de la calidad de los puestos de trabajo; b) ante la baja de los índices de pobreza e indigencia en la segunda mitad de 2017 o bien se pone en duda la información proporcionada por el INDEC o bien se hace un salto temporal y se afirma “cómo va a bajar la pobreza con el alza del precio del dólar o los aumentos de las tarifas” (ambas cosas ocurridas, efectivamente, pero en 2018 y no en 2017).

domingo, 25 de marzo de 2018

Estadísticas socio económicas en Argentina Observatorio Metropolitano, marzo 2018

Este artículo fue pulbicado por el Observatorio Metropolitano del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Buenos Aires, marzo 2018


Estadísticas socio económicas en Argentina.
Toma de conciencia y reconstrucción institucional
Javier Lindenboim
Director del CEPED-UBA e Investigador del CONICET

Las estadísticas públicas y el derecho a la información

En cualquier país las estadísticas públicas conforman un agregado no arbitrario. Son, o tienden a ser, un verdadero sistema. En Argentina, el INDEC es nada menos que la cabeza del Sistema Estadístico Nacional (SEN). Pero más allá de lo institucional, lo importante es que se trata de datos e indicadores con un importante grado de interconexión.
Las estadísticas de carácter socio económico se sustentan en los datos que libre y colaborativamente proporciona la población, ya sea en sus casas (ante los censos de población o encuestas a hogares) o en las unidades económicas, al cumplimentar los diversos tipos de registros o al responder a relevamientos generales o sectoriales. En este sentido, indudablemente, la construcción de la “conciencia estadística” en la sociedad es una labor cultural de primera importancia que recae de manera preponderante en el organismo o conjunto de organismos que tienen tal cometido específico. De manera que además de la excelencia y solvencia de tales entidades, se hace necesario tejer un vínculo de confianza y respeto recíprocos entre los institutos estadísticos y la población en general. Como toda construcción social se trata de una tarea de largo aliento que requiere mucho esfuerzo, mucha perseverancia y una preocupación específica por evitar cualquier tipo de circunstancia que atente contra esa vinculación.
Por lo común, dichas estadísticas tienden a configurar un entramado de alta densidad en un doble sentido. Es decir, casi ningún indicador tiene significado por sí sólo ni puede generarse al margen del resto.
El derecho a la información incluye, en primerísimo lugar, el acceso al conocimiento circunstanciado de la realidad económica, social, institucional, etc. debido a (o vinculado con) la acción estatal. Y, por ello, más allá de otras consideraciones pertinentes, debe hacerse valer el cumplimiento de este derecho. Quizás no tiene tanta prensa, pero es igualmente un derecho humano esencial. Distinto del derecho a la alimentación y a la salud, pero igualmente básico.
A lo largo del siglo XX, la producción estatal de estadísticas en Argentina fue evolucionando al ritmo de fenómenos contradictorios, a tal punto que visualizar la línea tendencial de los cambios habidos resulta una tarea nada sencilla. [1]