martes, 21 de febrero de 2017

EL EMPLEO: UN JUEGO DE NÚMEROS QUE NO ES DIVERSIÓN

Columna aparecida en el economista, 21-2-17


EL EMPLEO: UN JUEGO DE NÚMEROS QUE NO ES DIVERSIÓN


por Javier Lindenboim (*)

Con enorme buena voluntad, el conjunto de los argentinos espera conocer cifras completas y confiables sobre el tamaño y composición de su fuerza laboral. Sabemos de la dificultad de recomponer el sistema estadístico por lo que aún confiamos en contar con tal información en breve, por ejemplo, antes de que se inicie la próxima disputa electoral.

Entre tanto podemos hacer algunos intentos con las limitadas fuentes disponibles. Una de ellas es la relativa a la cantidad de aportantes al sistema previsional (sean asalariados o no). Esos datos originales de la AFIP son procesados por el Ministerio de Trabajo desde hace ya varios años, en particular cuando ese Ministerio declinó el uso de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) debido al cúmulo de incongruencias que esa fuente acaparaba. De allí que los informes de la cartera laboral, crecientemente en el último quinquenio, se asentaron en los datos de aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En 2016, tales datos empezaron a ser difundidos mensualmente. Al momento de escribir estas líneas la última información disponible corresponde a noviembre de 2016 (ver tabla).

En cifras redondas, casi diez millones de asalariados y más de dos millones de no asalariados. Pero esta fuente, por definición, sólo nos proporciona información sobre el empleo registrado (habitualmente llamado “en blanco”). Históricamente, la EPH permitía establecer la relación entre asalariados cubiertos por las normas legales y los que no lo estaban. Estos últimos –según los datos proporcionados por Indec, tanto en 2015 como en 2016– eran uno de cada tres asalariados.

Considerando que hoy en Argentina viven alrededor de 43 millones de habitantes, las proporciones de activos y de ocupados se traducen en unos 20 millones de activos de los cuales algo más de 18 millones estarían ocupados.

En las últimas dos décadas, la proporción de asalariados dentro del total de ocupados estuvo en torno al 75%. De ese modo, a los 9,7 millones de asalariados registrados (privados, públicos y de casas particulares) habría que agregar unos cuatro millones de dependientes que no estarían registrados.

Por su parte, a los autónomos y monotributistas registrados (2,3 millones) habría que agregar una cuantía similar para alcanzar los aproximadamente 4,5 millones de no asalariados que integrarían la fuerza de trabajo.

Estas estimaciones son muy preliminares pues hace falta realizar varios ajustes. Por ejemplo, los trabajadores registrados pueden estarlo en más de una categoría pero se los incluye sólo en una (sólo, como ejemplo, un médico que trabaja en un hospital público se computa como asalariado aunque a su vez se puede desempeñar de manera autónoma en su consultorio). Lo mismo puede ocurrir con otras categorías de manera que las cifras tienen una validez limitada por los criterios de compilación que se han utilizado.

Pero si partimos de estas pocas informaciones podemos sacar algunas conclusiones de manera provisoria.

El análisis

Ante todo se aprecia que habría dos aportantes al sistema previsional por cada persona que se mantiene al margen, con independencia de su categoría ocupacional. Esto surge de la existencia de 12 millones de aportantes sobre 18 millones de ocupados. Es cierto que no todos los aportantes lo hacen sistemáticamente pues puede haber “entradas” y “salidas” significativas. Pero de los 11 millones con que comienza la serie del MTEySS (en enero de 2012) se llegó muy lentamente a 12 millones hacia fines de 2015. El año último, luego de una caída pronunciada, se volvió a esa cifra de 12 millones nuevamente.

Cuatro millones de asalariados están en relaciones laborales ilegales en lo normativo y perjudiciales en lo social, ya que el trabajo en negro es nocivo no sólo para la persona que lo experimenta sino para la sociedad que lo tolera/permite. Es de esperar que con la recomposición de las estadísticas públicas, en plazos que han de ser lo más breves posibles, deberíamos poder precisar cuántos trabajadores están protegidos por las leyes vigentes y cuántos deben ser objeto de políticas y prácticas de institucionalización en cada sector de actividad económica.

Y vaya una advertencia: cualquier esfuerzo de la sociedad en dirección de legalizar las relaciones laborales debe actuar en primer lugar controlando a los empleadores que contratan en negro, pero también debe hacerlo vigilando y combatiendo la inclinación social (“por abajo”) a aceptar y/o justificar esas prácticas. Esto se dice poco, y debemos asumirlo como un principio de comportamiento social y como muralla contra las malas prácticas empresarias. Sólo así podrá materializarse aquella publicidad oficial que decía “tudo bem, tudo legal”.

La tarea no es sencilla. Después del fuerte decrecimiento del empleo precario -del orden de unos diez puntos porcentuales-, hace casi una década que los valores oscilan en las cercanías del 35%. La caída se produjo con la recuperación económica que siguió a la gran devaluación de enero de 2002 y se extendió hasta por lo menos 2007. De allí en más primero un período de estancamiento y luego de declinación de las condiciones de demanda de fuerza laboral fueron factores que dificultaron la continuidad de tal mejoramiento de la calidad del empleo asalariado.

En los años recientes no hay certeza de cual fue el proceso específicamente, pero el estancamiento de la demanda de trabajo asalariado (en 2012, 2014 y 2016 hubo merma del empleo asalariado registrado) no puede haber sido favorable para tal fin.

De tal manera, sin una importante recuperación económica es difícil imaginar un comportamiento beneficioso para el sector laboral. Tanto el trabajo en relación de dependencia (protegido o precario) como las restantes ocupaciones dependen de la dinámica productiva. Su carencia resiente aún más la demanda interna, que es una palanca importante del crecimiento.


domingo, 5 de febrero de 2017

Sobre la inversión pública y su rol dinamizador Nota de E Burgo en CLARIN 5-2-17

La apuesta a la obra pública

El caballito de batalla de la economía de Macri incide poco en el PBI

El gasto en infraestructura representa cerca de 3% del producto. Pero el Gobierno insiste en su impacto.
Cuando se indaga alrededor del Presidente Mauricio Macri de dónde brotará el crecimiento, una de las respuestas que nace enseguida es “de la obra pública”. Se señala que unos $ 236.000 millones presupuestados para caminos, rutas y puentes, desencadenarán un sendero de expansión hasta las elecciones. Sin embargo, la magnitud de ese impacto está por verse. La mayoría de los cálculos de los economistas señala que el peso de la obra pública en el PBI es alrededor de 3%. ¿Qué quiere decir? Que si la inversión en infraestructura crece 10% el producto se expandirá 0,3 puntos porcentuales. No parece mucho.
Además se plantea otro interrogante. Y es si el Gobierno será capaz de ejecutar el monto presupuestado en tiempo y forma. El año pasado, tras cerrarse el acuerdo con los holdouts, en la Rosada se jactaban de contar con unos $ 200.000 millones para volcar a obras ya que, como decía Prat-Gay, se había evitado un ajuste con el acceso al financiamiento. Pero nada de eso se cristalizó finalmente. El Gobierno priorizó que no suba más el déficit fiscal como consecuencia que la recaudación no repuntaba y que el ahorro de los subsidios fue menor al imaginado por culpa del conflicto con las tarifas. Al final $ 182.000 millones fueron los desembolsados en gastos de capital.
El Gobierno dice que esta vez será diferente. Y que éste es el año de la obra pública porque dispone de unos $ 236.000 millones -entre Nación y Provincias- para inyectar, o sea, una cifra 30% mayor a la de 2016. El número es más grande (38%) si se suman los fondos propios de las provincias: en ese caso la inversión total sería de $ 250.000 millones.
Ahora, ¿cuál es el impacto macroeconómico de todo esto?
-El ex secretario de Industria Dante Sica ofrece un cálculo. Si el gasto en capital sube 40% en términos nominales (descontando la inflación daría un aumento real de 15% aproximadamente), “podría sumarle al crecimiento un impacto de 0,4 puntos porcentuales”.
-El economista José Luis Espert describe así el crecimiento de este año: “Supongamos un punto por la obra pública, uno por la inversión privada, 1,5% por el consumo y tal vez algo más por la mejora de la balanza comercial”.
-Martín Polo, economista de Analytica, dice que la obra pública aportará un punto porcentual al PBI total (prevé 5% de crecimiento para la economía en total).
-Melisa Sala, economista de LCG, estima que el impacto estará entre 0,3 y 0,4% del PBI.
-Y Marina Dal Poggetto, socia del Estudio Bein, calcula que, “con todo a favor”, la contribución de la inversión en obra pública podría llegar a 2 puntos porcentuales.
En todos los casos, las proyecciones son a precios corrientes y para el conjunto Nación-provincias.
Por qué el impacto de la obra pública luce acotado obedece a una cuestión insoslayable: el consumo es el rey del PBI en Argentina. Según una estimación de la consultora LCG, alrededor del 70% del valor agregado generado es producto de ese componente. Y la obra pública 3,4%. Según un funcionario, esa cifra rondó 2,5% del producto durante el año pasado.
Por esto mismo Sica piensa que la economía argentina necesita más que obra pública para crecer lo máximo posible en 2017. Un reciente trabajo suyo dice que en Argentina sólo el 23% de las obras son financiadas por el sector público.
Espert advierte que todos estos cálculos acerca del impacto de la obra en el PBI podrían adolecer de una sobrestimación por culpa de la inflación. Aunque, por otro lado, admite que estos ejercicios subestiman “una infinidad de interacciones que hay en la economía”.
¿Cuáles son esas interacciones?
Los economistas Jorge Puig y Guillermo Vuletin, en un artículo publicado hace unos años atrás en el blog Colectivo Económico, contaron que el multiplicador del gasto público en capital en la Argentina es mayor al del gasto público corriente. Javier Lindenboim, economista e investigador de la UBA, reconoce que la obra pública “no sacude el árbol de la inversión aunque sí dinamiza la demanda de empleo más rápido que otras variables”. Según estadísticas del Ministerio de Trabajo, hoy existen 33.117 puestos de trabajo registrados menos en la construcción que hace un año atrás. Si la obra pública repunta probablemente el empleo del sector recupere terreno.
Macri, entre 2007 y 2015, llevó la inversión pública de la Ciudad a 17% de los gastos totales cuando en el resto de las provincias era 13%. Ahora, como Presidente, apuesta a accionar la misma palanca. Aunque la ficha que más pague de acá a las elecciones siga siendo el consumo

miércoles, 18 de enero de 2017

Distribución del ingreso Clarin 18-1-2017



Foco económico-social

Distribución del ingreso, un nudo difícil

La forma en que se distribuye la riqueza que se crea anualmente en la sociedad sigue siendo un tema de controversia. En nuestro caso se adiciona el hecho de haber tenido una década de retirada del Estado en la provisión de estadísticas confiables en esa y en otras materias.
Con una mirada clásica la división entre salarios y ganancias marca la manera principal en que la sociedad estructura ese reparto. Frases como el “fifty-fifty” quedaron como prototipo de una igualdad distributiva más allá de que casi nunca existió y no está muy fundada la presunta equidad que implica. Pero, siempre hay un pero, hace tiempo no sabemos siquiera cuál es la efectiva distribución funcional del ingreso. El último valor oficial confiable indicaba, en 2008, que los salarios se llevaban el 43%.
Luego de ese modo inicial o primario de reparto existen mecanismos redistributivos que un Estado pone en juego para atemperar las desigualdades. Típicamente los impuestos (directos y progresivos) y diversos subsidios. El resultado final se observa mirando a las personas, preferentemente a las familias, para lo cual contamos con varios instrumentos, en general asociados con las Encuestas a los hogares.
Los datos de la EPH dicen que seis de cada diez habitantes urbanos tienen algún tipo de ingreso monetario. Los demás dependen de los primeros, principalmente porque son menores.
De los seis que tienen ingresos cuatro cuentan con ingresos laborales (como asalariados, cuentapropistas o patrones). Los demás perceptores cuentan con otro tipo de ingresos. En la treintena de ciudades viven unos 27 millones. O sea 11 millones tienen ingresos laborales, otros cinco perciben otros ingresos y los 11 millones restantes no tienen ingresos monetarios.
De los que tienen ingresos laborales conocemos el ingreso de la ocupación principal (IOP). Cuando tomamos a todos los perceptores, observamos el ingreso individual (II). Cuando consideramos a toda la población nucleada en hogares (y dividimos todos sus ingresos entre sus integrantes) tenemos el ingreso per cápita familiar (IPCF). Son todos datos relacionados pero cada uno mide algo específico. Según los últimos datos el IPCF promedio era de casi siete mil pesos, el IOP de diez mil y el II de once mil.
Los datos recientes (segundo y tercer trimestre de 2016) indican que en ese lapso los ingresos laborales casi no variaron en términos reales aunque mejoraron los individuales y per cápita. Si le creemos a la “nueva” EPH el tránsito del peor momento del año (abril-mayo-juno) al trimestre siguiente sería menos dramático de lo que la mayor parte de los análisis aseveran. Hay varias razones posibles al respecto. Una es que al comenzar la segunda mitad del año se fue atemperando el ritmo de aumento de los precios. Al mismo tiempo empezó a generalizarse la vigencia de los nuevos convenios colectivos de trabajo. También que en el tercer trimestre estuvo frenado el incremento de las tarifas de los principales servicios. Finalmente que se fue concretando la extensión del número de beneficiarios y la actualización de sus montos de diversos subsidios oficiales.
La comparación hacia atrás es más difícil porque la anterior EPH y la actualmente vigente difieren en varios aspectos y esa evaluación aún está en un estado muy incipiente. Si de todos modos tomamos los datos que muestran ambas series (para el segundo trimestre en cada año considerado) y utilizando deflactores alternativos (por ejemplo el IPC de la provincia de San Luis) el resultado de 2016 muestra un moderado descenso en términos reales para los ingresos laborales e individuales no así en el per cápita familiar.
Un punto de interés es el que deriva de las variaciones en los datos mismos de 2016. Estos indicarían empeoramientos en la equidad distributiva al incrementarse la brecha entre los perceptores ubicados en los extremos de la distribución. Sin dejar de señalar que en efecto los datos muestran un empeoramiento entre el segundo y el tercer trimestre del año último, vale la pena detenerse en una mirada retrospectiva del comportamiento en la misma época del año luego de la crisis de fin del siglo pasado y comienzos del actual.
En siete de los diez años últimos en los que hay datos de ambos trimestres los ingresos laborales más altos han aumentado su participación relativa es decir se incrementó la brecha. Lo mismo ocurre con los ingresos individuales, pero en este caso con más frecuencia ya que eso pasó en todos los años menos uno y es donde el primer quintil pierde sistemáticamente peso entre el segundo y el tercer trimestre de cada año (no hay datos para 2003, 2007 y 2015).
¿Esto cambia en algo la mirada crítica que tenemos sobre la realidad económico-social? En modo alguno. Pero nos obliga a ser más cautelosos al interpretar como tendenciales movimientos que quizás tengan un carácter principalmente estacional.
El gobierno le debe a la sociedad una mayor explicitación de su programa económico efectivo para el mediano y largo plazo. Y asegurar que las modificaciones importantes por encararse no van a terminar siendo costeadas por los trabajadores. La mayor productividad y competitividad de nuestra economía debe preservar el ingreso real de la población. Además el INDEC debe continuar reconstruyendo las estadísticas públicas y dando cuenta de las críticas y requerimientos que reciben de los especialistas

viernes, 13 de enero de 2017

Sobre la reforma laboral en ciernes - Carmen López Imizcoz en EL CRONISTA 13-1-17

Reportaje compartido de Carmen López Imizcoz para EL CRONISTA, 13-1-17

Reforma laboral de Macri: Buenas intenciones pero insuficientes

El repunte del empleo y del poder de compra de los asalariados serán cruciales en este año electoral. Los economistas destacan las medidas que impulsa el Gobierno para fomentar la creación de nuevos puestos, pero advierten que no alcanzan si no van acompañadas de una expectativa cierta de estabilidad y crecimiento a mediano y largo plazo.

Reforma laboral de Macri: Buenas intenciones pero insuficientes
El ministro Nicolás Dujovne celebró que entre agosto y octubre pasado la economía creó 36.000 puestos de trabajo en blanco. En tanto, el titular de la cartera de Trabajo, Jorge Triaca, destacó que en noviembre se crearon 24.000 puestos de trabajo (según datos de la AFIP) y que en el segundo semestre cambió la tendencia y empezó un sendero de crecimiento del empleo. Pero, para la CGT, el empleo no está creciendo.
Los economistas consultados por 3Días tienen matices respecto de la recuperación del empleo y sus perpectivas, y anticipan las claves laborales de 2017.

¿Crece o no crece?

Desde julio, cuando tocó un piso, el empleo formal crece gradualmente mes contra mes, pero interanualmente todavía se ubicó un poco por debajo de 2015. Por eso, explica Jorge Colina, presidente de IDESA, hay "sensaciones encontradas". El empleo ya comenzó a recuperarse, pero aún no superó el nivel del año previo; se espera que lo haga en la primera mitad de 2017.
Con respecto a los 36.000 puestos de trabajo nuevos creados en el sector privado formal entre agosto y octubre que informó Dujovne, para Invecq, la mayor parte de este crecimiento respondió a factores estacionales. "Si se desestacionaliza la serie, la creación es casi inexistente, aunque sí es cierto que la caída comenzada en agosto de 2015 se detuvo por completo en agosto de 2016", precisa Matías Surt, economista jefe de esa consultora, quien, de todos modos, anticipa que habrá creación neta de empleo este año.
"Aunque todavía el empleo privado cayó en promedio 0,7% en el acumulado a octubre y bajó 1,5% en ese mes versus el mismo período de 2015, dejó de retroceder en agosto y muestra un aumento mensual promedio de 0,1% desde entonces", describe el director de NOAnomics, Félix Piacentini. Además, cuando desde marzo la tasa de salida venía siendo mayor a la de entrada, a partir de septiembre se revirtió. Sin embargo, observa el director de NOAnomics, la tasa promedio de suspensiones se mantiene en 1% desde julio, cuando en todo 2015 estuvo en 0,5%.

Un objetivo ambicioso

El Gobierno se ha impuesto el objetivo de crear 300.000 puestos de trabajo en 2017. Significa aumentar en 5% la cantidad total de empleos privados actuales. Para Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED), aunque el empleo ya está creciendo, no será fácil. "Si lo lograran, sería un éxito político clamoroso", considera.
Con el envión de la construcción y el crecimiento en general, Martín Polo, economista jefe de Analytica, prevé que este año continúe la creación neta de empleo aunque sin llegar a 150 mil puestos, la mitad de la meta oficial.
El objetivo oficial es "algo optimista", dice Surt, dada la débil recuperación de Brasil, la inestabilidad global, los ajustes de tasas de la Fed y las complicaciones climáticas en el agro. "Con un rebote económico menor al 3,5% estimado en septiembre pasado por el Gobierno, será difícil que la creación de empleo tenga esa magnitud", afirma.
En cambio, Jorge Colina considera que la meta es concretable si se toman medidas estructurales para reducir las cargas sociales y simplificar la contratación laboral. "Si se hacen reformas impositivas timoratas o en el margen, confiando sólo en el crecimiento económico, el aumento del empleo será positivo pero difícilmente de 300.000 puestos", evalúa.
Para Piacentini, el objetivo es alcanzable, aunque, con una economía creciendo entre 2,5% y 3% en 2017, requerirá de algún estímulo adicional o mayores facilidades en las contrataciones.

El debate sobre el costo laboral

Para crear empleo formal, el Gobierno impulsa una batería de políticas, que incluyen reinstalar un sistema de pasantías; facilitar las contrataciones y desvinculaciones; ofrecer un blanqueo laboral; reducir los aportes y contribuciones a la seguridad social; crear una agencia de talento para fomentar el primer empleo, e incentivar a quienes reciben planes sociales a sumarse al mercado laboral.
También busca impulsar convenios como el de los petroleros firmado entre el Gobierno nacional, sindicalistas y empresarios para reactivar las exploraciones en Vaca Muerta.
El propio Dujovne sostuvo que "la carga laboral es anormalmente alta frente al resto del mundo y eso explica en buena medida que la Argentina tenga 35% de empleo en negro".
Entre los analistas, no existe consenso al respecto.
Una eventual reducción de los aportes y contribuciones a la seguridad social, para Lindenboim, no promovería la incorporación de trabajadores sino su salida. Según el investigador, bajar los impuestos al trabajo remonta a experiencias pasadas que fracasaron, en las cuales no aumentó el empleo ni mejoró la calidad del trabajo ni la competitividad.
"La presión tributaria del factor trabajo en la Argentina es muy alta, pero distintos estudios indican que la informalidad en América Latina responde a otros factores más estructurales que la carga impositiva", sostiene Surt. "No habrá un efecto importante en términos de creación de empleo formal si la única medida es la reducción de las cargas patronales", anticipa. Y considera que se necesita "un horizonte creíble de estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido, ya que la decisión de incorporar empleados responde también a las expectativas de mediano y largo plazo de las empresas".
"Bajar las cargas es una medida importante pero no se pueden esperar milagros mientras no haya expectativas claras sobre el mediano y largo plazo. El mercado laboral argentino tiene problemas que arrastra desde hace años: no hay creación neta de empleo desde 2011 y la informalidad laboral lleva más de una década por encima de 30%", añade.
Sin embargo, el economista jefe de Invecq también advierte que "el problema del empleo en los '90 estuvo muy ligado al atraso cambiario, que puso en jaque a una gran cantidad de sectores productivos, por lo que no se puede considerar a esa experiencia como un testigo irrefutable de que no surtan efectos las rebajas impositivas".
En cambio, Colina coincide con Dujovne: "La carga laboral es anormalmente alta y eso explica no sólo que 35% de los asalariados esté en negro, sino además que mucha gente busca la supervivencia mediante el cuentapropismo por escasez de empleos asalariados y mucha otra está desempleada o inactiva por lo altos que son los impuestos al empleo", describe. No obstante, para que sean efectivas, las reformas laborales deben ser "innovadoras, profundas (bajar sustancialmente el costo no salarial de emplear) y permanentes", sostiene.
"No sirve lo que se hizo en los '90 de bajar una porción de las cargas sociales ni lo que se hizo en la gestión anterior de bajar una porción por los nuevos empleos sólo por los primeros meses de contratación. Hay que repensar estructuralmente el sistema tributario y laboral argentino", enfatiza. "Las medidas más efectivas son la reducción de cargas laborales y la flexibilización de la legislación laboral", opina Piacentini, quien enfatiza que las cargas al trabajo argentinas son las más altas de Latinoamérica (35%). "Eso, junto con la elevada carga fiscal general, desestimula la creación de empleo privado", sostiene. "Además la rigidez de la legislación, con altos costos de indemnizaciones y la industria del juicio laboral provocan que el empresario piense dos veces antes de ampliar las plantillas", agrega.
A su juicio, el avance de la ley que pretende limitar la posibilidad de doble vía de acción judicial a pesar de la intervención de una ART, junto con la Ley del Primer Empleo, que ya formaban parte del paquete del Gobierno pero todavía esperan aprobación, contribuirían en este sentido. También considera positiva la idea de que los beneficiarios de planes no lo pierdan si consiguen un empleo formal y volver a un régimen de pasantías, que sobre todo atacaría el desempleo juvenil (que es del doble del promedio). En cambio, considera que crear una agencia de talento tendría un impacto menor, ya que la asimetría de información entre los que buscan trabajo y las empresas no es uno de los problemas principales del mercado laboral.

Paquete integral

Sin embargo, Piacentini advierte que con reducir cargas laborales no alcanzaría: se necesita un paquete integral de políticas como las propuestas por el nuevo equipo económico, dice. "Para reducir el empleo en negro a la mitad y parecernos a Uruguay hay que blanquear a 2,6 millones de personas. Debemos volver a crecer y estimular la creación de nuevas empresas para acabar con esta problemática. Si blanqueáramos a la mitad de los empleados en negro a través de nuevas empresas necesitaríamos unas 250 mil firmas. Esto demuestra que el camino es largo y el desafío muy grande, pero hay que empezar ya mismo", describe.
Para el Ieral, el tema de las cargas laborales debe verse dentro de una reforma tributaria. "La presión tributaria aumentó excesivamente en los últimos 15 años y debe ser reducida aunque gradualmente, para no agravar la situación fiscal. Tras la reforma en Ganancias, deberían privilegiarse tres objetivos en la reforma tributaria: competitividad (bajar impuestos a las actividades transables, es decir, a las que compiten con el exterior), inversión (reducir impuestos que incentiven inversiones) y empleo", sostiene Marcelo Capello, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea.
Por el objetivo empleo, el Gobierno debería apuntar a reducir las contribuciones a la seguridad social de manera que no se afecte el salario de bolsillo de los trabajadores, pero que signifique mayores incentivos para la contratación de mano de obra.
"Se critica ese tipo de medidas porque en los '90 se bajaron aportes patronales y el empleo no mejoró, pero el empleo no sólo es afectado por los impuestos al trabajo, sino también por el nivel de actividad económica, el tipo de cambio real, la litigiosidad laboral, etc. En los '90 se bajaron aportes en contextos en que caía la actividad o se apreciaba el tipo de cambio de la Argentina (que aumenta el salario local medido en dólares, descolocando a la producción nacional en materia de competitividad) y, por ende, desalentando la contratación de mano de obra", aclara.
"La baja de las contribuciones a la seguridad social disminuye el costo del trabajo frente al del capital y, por ende, tiene un efecto positivo sobre el empleo, siempre que la actividad económica no esté cayendo por otro motivo, o el tipo de cambio apreciándose excesivamente", recalca.
Un tema no menor es cómo se sustituirían los recursos que perdería la seguridad social si se bajan las cargas laborales. Capello subraya que hace años que la Anses financia cerca de 40% de su gasto con impuestos, además de los aportes y contribuciones y advierte: "Con una presión tributaria ya muy alta, la reducción de impuestos al trabajo debería ser compensada con menor gasto público y no con la suba de otros tributos".

martes, 10 de enero de 2017

El empleo se recupera, pero no lo suficiente - Clarin 10-1-17

Columna publicada en CLARIN, 10-1-2017
Foco económico social

El empleo se recupera, pero no lo suficiente

Javier Lindenboim
Director del CEPED e investigador del Conicet
En parte como consecuencia de la destrucción de las estadísticas públicas ocurrida en la última década en Argentina, en 2016 nos despertamos de la bruma que nos envolvió en materia informativa.
Así, además de los nuevos datos del INDEC, se divulgaron datos diversos que, se supone, expresaban diversas circunstancias de la situación económica y social por la que atravesamos. Se dijo sin rubor alguno, que la pobreza se había duplicado o que se habían sumado varios millones de pobres. O que se habían perdido centenares de miles de puestos de trabajo.
Cada punto adicionado de pobreza, por ejemplo, son algo más de 400000 pobres más de manera que si había a fines de 2015 30% y se elevó hasta 33%, (según la UCA y el INDEC respectivamente) el drama de la pobreza agregó algo más de un millón de personas. Es decir que se superaron los 13 millones de habitantes por debajo del nivel de pobreza, lo cual significa que a fines de 2015 había más de 12 millones. Las declaraciones de Mons. Casaretto divulgadas a fines de noviembre de 2016, dicen más o menos eso con lo que no se desdibuja el drama pero se ubica mejor la foto en el transcurso de la película.
El empleo registrado: buenas y malas noticias En materia laboral, fuera de los escasos datos provistos por la “nueva” EPH, correspondiente al peor momento del año –el segundo trimestre-, se cuenta con la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con datos agregados del conjunto del sector laboral pero al que le falta un par de elementos: por un lado no refleja el empleo estatal en su totalidad y lo que es cuantitativamente muy importante, no incluye el trabajo no registrado. Este último, según las estimaciones que resultan de la propia EPH expandidas a la totalidad del país abarcaría unas cuatro millones de personas asalariadas. Lo que suele llamarse el trabajo en negro.
En lo esencial, el empleo total –finalmente- dejó de caer. Luego del peor trimestre (abril-junio) mes a mes hubo una recuperación, pequeña pero continua, incluso del empleo privado.
De la información del SIPA se deduce que la pérdida de empleo asalariado privado en los primeros diez meses de 2016 fue cuantiosa, rondando las 80000 personas afectadas, tres cuartas partes de ellas pertenecientes a la industria y a la construcción.
En igual lapso en los años recientes se aprecia que tanto en 2012 como en 2014, la destrucción de empleo privado fue también significativa aunque naturalmente no llegaba a la intensidad actual. Claro que ni Brasil había entrado en la crisis que contribuyó, al término del mandato de Dilma Rousseff (afectando nuestra producción automotriz), ni se había interrumpido la obra pública como ocurrió desde la primavera de 2015 anticipando la ola de despidos en el verano último.
Si se toma hasta octubre de cada año, en los años pares (2012 y 2014), la participación del empleo estatal en el incremento total fue del 77% y 56%, mientras que en los impares alcanzó el 37% y el 50%. Debe señalarse que se trata de proporciones significativamente mayores que el peso del empleo estatal en el total (25% aproximadamente). En las categorías de monotributistas se aprecia similar desproporción.
Las voces que alertaron en 2014 sobre los verdaderos números del empleo (de su destrucción) fueron en su momento acalladas a través de una desacreditación oficial vocinglera. Se recuerda los esfuerzos de autoridades del INDEC o del Ministerio de Trabajo para negar lo ostensible. Y el contexto político no pareció sensibilizarse al respecto.
El empleo desprotegido ¿agrava el problema?
Aún con la cuestionada (con sólidos fundamentos) Encuesta Permanente de Hogares, el contraste entre el final de 2013 y el tercer trimestre de 2014, indicó una disminución de 130000 asalariados, la abrumadora mayoría, protegidos. Esto es que en aquel año se destruyeron 110.000 puestos “en blanco” y también casi 20.000 de empleos precarios o en negro.
Es notable que en veinte años (1992-2011) sólo en tres la pérdida de empleo precario excedió a la del protegido. En 2000 fue del doble; en 2001 fueron casi idénticos los valores y en 2002, llamativamente, fue “sólo” un 15% mayor. ¿Qué implicancia tiene esto? Tira por tierra la desafortunada afirmación de quienes han sostenido con liviandad que por cada puesto en blanco que se perdía en los meses iniciales de 2016 había que sumar otros dos de los precarios. Es decir, generalizando lo ocurrido en uno de ¡veinte años!
Claro que no en todo momento las cosas funcionan igual. En 2013 se destruían puestos en blanco pero se agregaban puestos precarios. Lo mismo se observó en varias ocasiones a mediados de los noventa y en 2003, al inicio de la recuperación económica.
Nada de esto atempera ni, menos aún, resuelve los problemas sociales y económicos actuales que incluyen a la calidad del empleo y a la remuneración del trabajo como expresiones singularmente relevantes. El año 2016 dejó un saldo negativo en la capacidad de compra del salario. Su perjuicio fue al menos de 3% según el Ministerio de Trabajo hasta 5 u 8 puntos según estimaciones sindicales alternativas. Su medición se complica por la cantidad de mecanismos que procuraron compensar aquella pérdida más allá de los valores obtenidos en las convenciones colectivas. Aparentemente el deterioro en 2016 fue similar al de 2014.
En definitiva, no parece haber dudas sobre la prioridad que tiene en 2017 la creación de puestos de trabajo y la recuperación de su capacidad de compra. Ojalá que así sea.