jueves, 19 de octubre de 2017

Pistas para un buen debate social - Columna en Clarin 19-10-17

Debate

Pistas para un buen debate social


Hay un buen síntoma en los intercambios actuales (lamentablemente no hay debates ni en política ni en economía). Se van acumulando indicios y evidencias que van dejando atrás los diagnósticos más calamitosos. La novedad, en buena hora, es que empiezan a aparecer los esfuerzos por identificar lo que está pendiente, lo que hace falta, lo que debería ser el horizonte.
En los meses recientes se acumularon elementos que corroboran que la creación de empleo se mantiene, aunque es muy lenta en el empleo privado y deficitaria en la industria. Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reúnen información de diversas posiciones ocupacionales desde enero de 2012. En ese momento inicial, poco más del 80% estaba integrado por asalariados.
Desde entonces hasta el fin del segundo mandato de la Dra. Kirchner los no asalariados (que eran menos del 20%) contribuyeron con algo más del 30%. En ese mismo período la dinámica de los asalariados se modificó fuertemente: los privados que eran más de la mitad al inicio de la serie aportaron sólo 14%. En simultáneo, los estatales que no llegaban a un cuarto del total al comienzo contribuyeron entre 2012 y 2015 con la mitad de los nuevos empleos.
Es opinable si eso es bueno o malo en sí mismo. Lo que no permite dudas es que, por ese camino, la presión sobre las cuentas públicas se hace insostenible con el agregado de que la calidad de las prestaciones estatales en ese lapso no mostró mejoramientos acordes. Es lo que ha hecho decir a muchos –con propósitos dispares- que se trataba de disimulados subsidios al desempleo.
A partir de la asunción del Ing. Macri, se agudizó el menor aporte de asalariados privados (del 14 al 6%) y el aporte de empleo estatal se derrumbó hasta recuperar un valor equivalente al de su participación en el total del empleo. Entre diciembre de 2015 y julio de 2017, el empleo público aportó un 24%, con lo que todos los asalariados registrados allegaron el 40% del total.
La enorme caída en el aporte de empleo estatal se compensó con el alza de los monotributistas, de modo que los no asalariados aportaron poco más del 60% del conjunto.
La crítica de los últimos años acerca de que el modo de comportamiento del mercado de trabajo del último lustro no era sostenible mantiene entonces validez. Primero debe ser quitada la hojarasca de la insolvencia de los críticos que ahora descubren lo que antes era visible pero se negaba. Una vez hecho esto, debe entenderse que es necesario identificar y operar medidas que produzcan un efectivo cambio en la dinámica del mercado laboral.
Es normal que los empresarios argumenten, casi por las dudas, que hacen falta cambios en las normas laborales que deberían propender al mejoramiento de las ganancias, pues de allí saldría la virtuosidad del “derrame”. Esa es una segunda hojarasca que debe desmontarse. Argentina necesita mejorar su productividad cuyo primer factor a recuperar es el de la inversión productiva y de riesgo. Esa tarea es propia de las empresas.
Luego de eso es preciso discutir de manera sectorial en las paritarias y genéricamente en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario la manera en que se pueden alcanzar mejores rendimientos productivos y determinar criterios y mecanismos que aseguren que los nuevos excedentes alcancen también a los trabajadores. Allí las partes tienen sin duda mucho que aportar además de sus legítimos reclamos. El vínculo laboral no debe ser uno de sometimiento de los trabajadores a arbitrariedades o abusos empresariales. Tampoco debe estar teñido de una maraña que en lugar de preservar la protección de los trabajadores se torne en construcción arbitraria de ventajas o prebendas para la dirigencia interviniente. El mundo del trabajo encuentra tanto a empresas pobres y empresarios ricos como a trabajadores pobres y gremios (o dirigentes) ricos.
Probablemente para estos propósitos sea útil que el INDEC complete algunas de sus múltiples tareas en esta etapa de reconstrucción de manera que la sociedad toda, los funcionarios, los empresarios y los trabajadores estemos en conocimiento completo y certero de elementos de juicio relevantes para estos debates.
Una de las cuestiones se relaciona con la serie de distribución funcional del ingreso, de la que conocemos su inicio (2004) y un punto actual (2016) sin el recorrido intermedio y, en el segundo caso, sin el detalle sectorial que permitiría una mejor comprensión del gran salto que muestran los números. El detalle de dicha serie debería ser un insumo privilegiado para las discusiones sectoriales que se anuncian.
Otra de no menor importancia refiere a la necesidad de completar la revisión oficial que permita saber con certeza cuál es el volumen y la composición de la fuerza laboral en la actualidad. Los registros del SIPA hablan de doce millones de ocupados en diversas posiciones. Faltan los no registrados. La EPH indica que hay once millones de ocupados en la treintena de aglomerados que releva. Pero la diferencia no es esa.
Al SIPA le falta toda la ocupación asalariada o no asalariada que actúa en el entramado productivo de alcance nacional por fuera de las normas legales e impositivas. A la EPH le falta asegurarse, primero, que su medición ocupacional es sólida habida cuenta de las intrigas que persisten luego de las modificaciones introducidas en 2013 presuntamente como consecuencia del censo de población de 2010. Parte de los cambios se deshicieron en 2016 y otros se profundizaron.
De tal manera no hay claridad sobre el factor a aplicar a los datos de la EPH para estimar el total a nivel nacional. Las cifras de los registros no se pueden compatibilizar con las de la Encuesta. Para mayor dificultad tampoco tenemos seguridad sobre cuál es el volumen actual de la población total o urbana residente en el país. De manera que los cometidos y tareas pendientes son inmensos y no hay quien pueda sentirse libre o ajeno a estas demandas.
Javier Lindenboim es Director del CEPED e investigador del CONICET.

martes, 17 de octubre de 2017

Buenas noticias sobre empleo, pero insuficientes

Columna aparecida en EL CRONISTA EL 17-10-2017



La preocupación por la situación ocupacional y por la capacidad de compra de los ingresos laborales se manifiesta a través de distintas manifestaciones públicas. Pero también se puede apreciar su raigambre a través de informaciones diversas entre ellas las derivadas de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en especial pasada la noche negra de las estadísticas públicas.
Esa fuente informativa ha sufrido los avatares que afectaron el sistema estadístico argentino por lo que los valores absolutos deben ser tomados con cautela. Dejando un momento de lado esta advertencia la descripción más abarcadora puede sintetizarse así: durante la gestión de Néstor Kirchner se crearon 400.000 empleos anuales en los treinta aglomerados en los que se realiza la EPH. En la primera gestión de Cristina Kirchner, el ritmo bajó a menos de la mitad (170.000 por año) y en su segundo mandato volvió a dividirse por dos (78.000 anuales). En el comienzo de la gestión macrista el balance es tan pobre como en el período 2011/15 (90.000).
La primera conclusión es doble. Se está creando empleo, poco, pero se agrega. Ingresa fuerza laboral al mercado. Al mismo tiempo veníamos de una continua declinación en el incremento de la ocupación por lo cual el interrogante es si ya dejamos de caer o no.

martes, 3 de octubre de 2017

Acerca del nivel de precariedad - nota en Chequeado.com

Entrevista de Chequeado.com

#Spots FIT: “Los supuestos opositores gobernaron con un 40% de precarización”

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Si bien este indicador no tiene una única manera de medirse, las fuentes oficiales y alternativas calculan que la precariedad laboral es similar a la marcada por el FIT.
Los supuestos opositores gobernaron con un 40% de precarización”, señala en un spot electoral Néstor Pitrola, candidato a senador nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) por la Provincia de Buenos Aires. Así, criticó la política laboral del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ahora candidata a senadora por Unidad Ciudadana. ¿Qué muestran los datos?
Según afirmó a Chequeado Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios y Población, Empleo y Desarrollo (CEPED), “la precariedad alude a un vínculo salarial”, por lo que se debe analizar la cantidad de trabajadores que reciben un sueldo y no están registrados, es decir, que no tienen aportes jubilatorios. Actualmente, en todo el país son el 33,7% de los asalariados según el último dato del INDEC del segundo trimestre de 2017.
La serie oficial muestra que “el gobierno de Néstor Kirchner comenzó con 43,5% de precariedad laboral”, recordó Lindenboim. Además, señaló que “ese nivel se achicó con cierta velocidad desde 2005 hasta 2007, y que luego de la intervención del INDEC hubo una fuerte caída durante el primer mandato de Fernández de Kirchner, aunque sostuvo que “es difícil saber si fue real o producto de la manipulación”.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo no registrado “es una de las principales manifestaciones de precariedad”, pero también agrega otras como “la temporalidad de los empleos y contratos, la forma de determinación de salarios, las condiciones laborales, la protección legal referida a despidos injustos, las prácticas laborales no aceptables, la falta de protección de la seguridad social y los bajos ingresos”.
María Formichella, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS) de la Universidad del Sur, coincidió en que “existen otras condiciones que hacen que el concepto de precariedad laboral sea más amplio”. Si se analiza a los trabajadores asalariados y cuentapropistas (como, por ejemplo, los monotributistas), y de ese universo se considera a los que no están registrados, Formichella calculó que “el porcentaje durante el último gobierno de Fernández Kirchner (2011-2015) fue cercano al 40%”.
Igualmente, en diciembre de 2015 el gobierno de Mauricio Macri declaró la “emergencia estadística” del INDEC, y aconsejó no tomar las estadísticas producidas por este instituto en el período 2007-2015.
Martín Trombetta, investigador en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y profesor en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), dijo a Chequeado en esta nota que “no hay una definición técnica de lo que es precarización laboral”, aunque se suele incluir, además de a los trabajadores no registrados, “a todos aquellos que no reciben aguinaldo, vacaciones pagas, días pagos por enfermedad o que su sueldo es menor al salario mínimo, vital y móvil (SMVM)”.
Si se toman los puntos enumerados por Trombetta, al analizar la EPH del segundo trimestre de 2016 (la primera de la nueva gestión del INDEC) se observa un 49,7% de precariedad laboral. El último dato disponible es del primer trimestre de 2017 (42,7%), pero no es comparable con los anteriores ya que no se puede ver la variación interanual.
De acuerdo con un análisis del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, entre 2010 y 2016 “los indicadores laborales muestran la persistencia de precariedades y desigualdades estructurales”. En este sentido, el documento afirma que en 2015 la mitad de los trabajadores (asalariados y no asalariados) no contaban con aportes jubilatorios. “Entre 2010 y 2016, la tendencia es significativa en cuanto a un aumento en el porcentaje y cantidad de trabajadores excluidos de la seguridad social (de 47,7% a 51,3%)”, destaca el informe de la UCA, fuente citada últimamente por Unidad Ciudadana en, por ejemplo, temas de pobreza.
Según informaron a Chequeado desde el sector de Prensa del FIT, “el 40% es un redondeo” de la suma de los indicadores de desocupación, subocupación y la precariedad laboral en hogares con jefes y jefas asalariados, que calculó la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires para 2016. Si bien, según los especialistas, no es correcto considerar a los desocupados o subocupados en el cálculo de precarización, los datos disponibles marcan que este indicador osciló en los últimos años del gobierno de Fernández de Kirchner cerca del 40%marcado por el FIT.

lunes, 25 de septiembre de 2017

Evolución del salario real desde 2001 Interesante ejercicio del Estudio Bein

Una forma de cuantificar el atraso tarifario que recibió el gobierno actual es calcular, todo lo demás estable, cuál hubiera sido el salario real y el tipo de cambio si las tarifas se hubieran movido con el resto de los precios de la economía.
Este ejercicio estático muestra que la capacidad de compra de los salarios a octubre de 2015 hubiera sido 23% menor, por lo que la mejora del salario real respecto a los niveles de fines de 2001 hubiera sido de sólo 14% en lugar del 48% que muestra la estadística.


sábado, 23 de septiembre de 2017

Macri faces struggle to tackle informal labour market - Nota de Fermín Koop en BATimes 23-9-17

Nota de Fermin Koop tomando partes de la entrevista realizada el 7-9-17

One-third of workers in Argentina are not registered with the authorities, a staggeringly high figure that has remained consistent for decades. With the government seeking to advance key tax and labour reform packages after October’s midterms, journalist Fermín Koop asks the experts what can be done to tackle a problem that disproportionately affects low-skilled, low-income workers.

Today 10:09 AM
Koop ,Fermin

Fermin Koop


As many as one-third of people nationwide are informal workers, official statistics show.

As many as one-third of people nationwide are informal workers, official statistics show. Foto:Cedoc.
When looking for a job in Argentina, there are always issues to resolve. It’s not only about getting a decent paycheque at the end of the month. Or about how much of your health plan is covered. For many workers, the most important question is whether your employer will officially register you as their employee and at least a third of people nationwide find out that will not be the case. It’s a figure that remained stable; no government has really been been to lower it over the past decades. The labour situation becomes an even larger problem if selfemployed workers, co-op members, family workers and owners of informal sector companies are considered as unregistered workers too – a change which should be made immediately according to the International Labour Organisation (ILO). If it were so, the label would apply to 46.8 percent of workers in Argentina. “We’ve reached a point where the only way to solve the problem is through major changes. It’s an issue which keeps coming up, no matter what kind of government or economic scenario we have,” said Javier Lindenboim, an economist specialised in labour and the head of the UBA Buenos Aires University’s Employment, Population and Development Centre (CEPED). It seems the Mauricio Macri administration is preparing to do just that. With the problem ongoing and the need to find sol u t i o n s paramount, the government is seeking to discuss both labour and tax reform packages in Congress after the midterm elections. Experts and economists believe some of the necessary changes may be ahead, but will the government truly be able to tackle a problem which is both longterm and has affected all of Argentina’s governments? Five million. Being an ‘informal’ or ‘unregistered’ worker means working under precarious conditions, with no health coverage and no pension or retirement plan. There are about 15 million active workers nationwide, nine million of whom are registered in the public and private sectors. An estimated five million workers are unregistered, according to figures from the INDEC statistics bureau. Another four million in Argentina are self-employed. Unregistered work often means significantly lower wages. On average, informal workers earn 6,900 pesos monthly, some 55 percent less than the 15,500 received on average by registered workers. Almost 50 percent of informal workers are paid about 6,000 pesos and 27 percent receive as low as 3,600 pesos. This is mainly because they are less skilled, work fewer hours and because collective-bargaining wage increases aren’t respected by employers. Santiago del Estero is the province with the highest rate of unregistered workers, reaching 51.6 percent of the population there, according to INDEC data. On a regional scale, the northwest (NOA) ranks highest with a rate of 40.7 percent. In Buenos Aires City, 24.2 percent of the active workers are not registered, which equates to around 300,000 people, while in more populous Greater Buenos Aires the number jumps to 36 percent. Drilling down into the numbers, some clear trends begin to emerge. Women are more likely to be informal workers than men, as are young workers of up to 24 years old, 60 percent of whom aren’t registered officially. As a person’s level of education rises, the rate of unregistered workers drops. Construction, agriculture and domestic help are the sectors in which unregistered workers are most common, with up to 50 percent of informal work, followed by community and social services and retail. Generally, as the size of a company increases, the number of unregistered workers drop, recent data shows. Companies with more than 40 employees have an average of eight percent of staff as informal workers, while those with less than five employees normally over 60 percent of those members of staff unregistered. But as we’ve seen, this problem is not a new occurrence. So how can the issue will tackled definitively? Dante Sica, the head of the Abeceb consultancy firm, said a “wider perspective” is needed, considering Argentina’s decades-long history of a high informal working rate. “The cost of having a registered worker has to be the same as having an unregistered one. This has to be the objective, even [if it means] sanctioning those who hire informal workers,” he added. “We have a closed economy with a low rate of investment and a slow dynamic of formal job creation. The tax burden is high and that encourages informal employment, as companies choose it to be more competitive. It’s not just a problem of the labour market, it has to be addressed through many areas,” Sica said. Long-term. Informal work shouldn’t be considered a temporary or specific problem, it’s much more general and has been going on for a long time, with that figure of one out of every three workers being unregistered remaining consistent over recent decades. Digging into recent history, the first years after the return to democracy saw the lowest rate of unregistered workers. In 1985 – the first year with available data from the INDEC statistics bureau – the percentage stood at 25 percent in the Greater Buenos Aires area. When former president Raúl Alfonsín left office in 1989, the rate had climbed to 32 percent. The rate started to grow again during the 1990s and rose sharply as the 2001 political, social and economic crisis took hold. When former president Fernando de la Rúa left office in December 2001, the rate of informal workers had soared to 38 percent. In the early years of the new century, unemployment levels started to drop, but numbers of unregistered workers continued to rise, reaching the highest figure in history in the third quarter of 2003, when 49.5 percent of workers were informally employed. The beginning of late president Néstor Kirchner’s administration led to a long-term drop in unregistered workers between 2003 and 2012. Several policies were taken to tackle the problem, with the government introducing lower taxes and economic incentives for small- and medium-sized companies to encourage them to formalise workers’ employment, stricter labour inspections and sanctions for offending companies being placed on public record, measures which all formed part of the Registered Work Law. “Following the 2002 devaluation, the dynamic of the labour market helped to lower the pressure from the informal labour sector, lasting until a decade ago. Since then, policies have been almost nonexistent and consequently there haven’t been many changes in the rate,” Lindenboim said. Since 2012 the drop in the unregistered work rate has slowed, remaining above the 30-percent mark. Former president Cristina Fernández de Kirchner was unable to sustain the decline. President Macri hasn’t had better luck so far in his time in office, only pushing for two programmes which haven’t yet been implemented. Macri unveiled the “Empalme” programme, which allows private-sector businessmen to receive an economic incentive when hiring unemployed workers who are on welfare. The initiative was sanctioned via a presidential decree in May but hasn’t been fully rolled out. The government’s stated aim is to reach around 400,000 people in total and formalise their employment. Macri has also sent to Congress a bill to encourage companies to hire young workers between 18 and 24 years old by lowering taxes. However, the initiative never reached the Lower House floor and remains stuck at the committee stage awaiting discussion. “It’s not enough, with just two simple programmes, we need an integral focus. Neither the ‘Empalme’ plan nor the youth employment bill were successful,” said Matías Carugati, chief economist at the Management and Fit consultancy firm. “It’s very expensive for companies to have a registered worker, especially with such high inflation.” The problem was recently acknowledged by Production Minister Francisco Cabrera. Speaking at an event, he said Argentina “can’t have such high current level of labour informality, with five million people working in the underground economy.” He admitted that the government “has to work” on the issue. Changes afoot. There are, however, changes in the pipeline. Recent sweeping labour reforms carried out by Brazil under the leadership of President Michel Temer has helped build momentum for the Macri administration to push the agenda toward broad labour and tax reforms in Argentina. Among the changes in the neighbouring country, Temer’s government established more flexible conditions for hiring and firing, widened the scope for job outsourcing and reduced the strength of unions. In Argentina, the government has started laying the ground for some of those changes too. Macri frequently speaks about a “mafia” behind labour lawsuits and the need to improve on current labour agreements to increase productivity, while the number of union interventions is on the rise as well as the number of social and work conflicts that have been seen off. The eviction of the Pepsico factory is one recent example. While not many details have been disclosed thus far, the government will push for a wide plan which would companies to pay their tax arrears as well as reducing social contributions on minimum wages, to encourage more workers to be hired and registered. At the same time, new internship and training schemes would be implemented and labour agreements would likely be updated. “Major changes to the current labour and tax systems are the key to lowering the informal work rate. Only reducing the tax burden would drastically lower the informal economy,” Fausto Spotorno, economist and director of the Economic Studies Centre at the Orlando Ferreres consultancy, said. “It’s very expensive for employers to have registered employees.” The recent agreement between the national government, unions and oil and gas companies to update the labour agreement to exploit the Vaca Muerta shale deposits is a good example of Macri’s path forward. Companies expect to lower costs by between 30 and 40 percent thanks to the agreement, which sets productivity goals, allows the relocation of workers and sanctions absenteeism. “We need to adapt our tax framework to the very high percentage of informal labour, in order to start reducing it. But just lowering taxes won’t do the trick. There’s no way of getting more registered workers if the economy doesn’t grow,” Carugati said. “We need to create quality jobs. Employers don’t want to have unregistered worObtaining good results in the October midterm elections would perhaps be the final push the government needs in order to move forward with the debate in Congress, reducing the possibility of opposition lawmakers and union leaders blocking such changes. In contrast, a tight victory or even a defeat would give the opposition the boost it needs to resist the Macri administration’s plans.

jueves, 21 de septiembre de 2017

Demanda de empleo, ¿quo vadis? en Clarin 21-9-2017

Columna en CLARIN, aparecida el 21-9-2017

Ya hay datos suficientes para afirmar que Argentina está en proceso de alejarse de la declinación y el estancamiento recientes. Pero el empleo, en particular el de asalariados privados, no cobra impulso.
Se puede argumentar que la escasa dinámica de creación de empleo (asalariado, registrado, privado) nos viene acompañando desde hace bastante tiempo. Y es verdad. Pero ello no es suficiente para entender las razones, y menos aún para imaginar el desempeño en el futuro inmediato.
Si ponemos atención a los datos disponibles se aprecia que el nivel de ocupación en las distintas ramas “productivas” se incrementó en este siglo con mucha intensidad a partir de su más bajo nivel a mediados de 2002. Los ingresos de esos trabajos empezaron a mejorar también –unos meses más tarde, cuando ya era indudable la recuperación económica- y mantuvieron su ritmo durante el primer período presidencial del matrimonio Kirchner.
La ambigüedad en la interpretación suele aparecer de allí en más. El conflicto con los productores agrarios, la singular sequía y la crisis internacional –todo en 2008- han sido factores que contribuyeron de diversa manera y variada intensidad. Pero también el haber agotado el impulso de la recuperación económica posterior a la devaluación del peso y al beneficioso cambio de las condiciones de nuestra inserción internacional fueron elementos intervinientes.
El propio conflicto agrario se desató, según la versión del ministro de Economía de entonces, porque no se aceptó su propuesta de actuar en busca de una disminución de la carga fiscal que ya representaban los subsidios diversos que se habían instituido. En su lugar, dijo Lousteau, primó la idea de profundizar la carga tributaria al sector agrícola. Ya se conoce el desenlace de esa estrategia.
Lo que seguro es observable es la recurrente imposibilidad de la economía argentina de mantener un ritmo de crecimiento de manera continua durante un lapso prolongado. La falta de modificaciones de los elementos estructurales que generan ese sube y baja suele ser oscurecida por elementos que confluyen en nuestro perjuicio pero que no alcanzan a explicar nuestra intermitencia y el retroceso resultante.
En la última década la tendencia es clara y preocupante. Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, muestran que entre 2009 y 2011 inclusive, gracias a la recuperación observada en la segunda mitad de 2010 y comienzos de 2011, se sumaron –cada año- unos 150000 asalariados privados registrados. En los cuatro años que siguieron y que coinciden con el último mandato de Cristina Kirchner, a un cuarto de esa cifra: menos de 37000 trabajadores nuevos por año. De esta manera, la pérdida de puestos en 2016 del orden de los 36000 continúa un sendero agravado por dos razones: ya ni siquiera se crearon nuevos puestos aunque fueran escasos y, además, ya no se podía compensar socialmente con el aumento de empleo estatal que fue uno de los más importantes en el último lustro.
La Encuesta de Hogares, EPH, no es menos contundente. En los aglomerados en los que se releva se crearon entre 2007 y 2011 1,1 millones de empleos protegidos privados cifra que cayó a 500000 entre 2007 y 2011 y se perdieron 10000 desde allí hasta 2015. Si en el primer cuatrienio los privados explicaban dos tercios del aumento del empleo, entre 2011 y 2015 ese porcentaje le correspondía al empleo estatal y nada al privado.
En paralelo, aunque con menor grado de nitidez, se observa cómo el salario real (o la participación salarial en el producto) mejoró también velozmente en aquellos años iniciales posteriores a la crisis. Lo acontecido después aún no es muy claro habida cuenta de las enormes dificultades que atravesamos en materia estadística en el último decenio.
Hay opiniones que argumentan que la menguada demanda laboral podría cambiar favorablemente si se sustituyeran las reglas del juego en el ámbito laboral en el sentido de favorecer a los empresarios. De ese modo, se sostiene, se propiciaría la creación de nuevos puestos de trabajo en el ámbito productivo.
Se puede recordar, al respecto, que las veces que se puso en marcha un mecanismo de ese tipo, con el nombre que fuese, no terminó redundando en mayor dinamismo laboral y, menos aún, en creación de empleo de calidad como propicia la OIT. Eso no significa que tanto en el ámbito estatal como privado no haga falta revisar mecanismos que pueden resultar extemporáneos e inclusive complicar la mejora de productividad y competitividad que son necesarias en la economía nacional. Pero no es cierto que por esa vía se resuelven los problemas de empleo.
Para ese logro, hace falta que los empresarios actúen como tales; es decir ,inviertan, arriesguen, innoven y las autoridades garanticen un funcionamiento macroeconómico razonable. Los conflictos entre capital y trabajo así como los de naturaleza política demandan la búsqueda de consensos que no suelen estar al alcance de la mano. Pero es difícil imaginar que se puede llegar al éxito que no sea a través de ese camino.

viernes, 15 de septiembre de 2017

¿Se creará empleo en el futuro inmediato? Entrevista de El Economista 14-9-17

Entrevista de El Economista sobre las perspectivas de creación de empleo




La nota se publicó el 15-9-17



POCO OPTIMISMO A FUTURO EN MATERIA DE EMPLEO

Los economistas creen que no habrá una abundante generación de empleo en el país


La mirada respecto a qué ocurrirá en adelante con la dinámica del empleo parece estar llena de incertidumbres. Algunos analistas (aunque no todos) consideran que la recuperación de la actividad encontrará un sendero de continuidad, pero tienen serias dudas respecto a que el empleo crezca en la misma proporción.

domingo, 10 de septiembre de 2017

El reparto de la riqueza y el objetivo del fifty fifty

Columna publicada en LA NACION, 10-9-2017

Con la difusión de los datos de la Cuenta de Generación del Ingreso por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), hace algunas semanas, puede pensarse que se completa la información oficial sobre la distribución de la riqueza y los ingresos. El tema no parece tan sencillo.
-¿Se sabe qué parte del producto bruto anual se llevan hoy los trabajadores?
-En 2016, según el último informe del Indec, se superó fifty-fifty del que hablaba Juan Domingo Perón a mediados del siglo pasado (mitad del producto para el capital y mitad para los asalariados). Pero no son cifras que puedan compararse con las de otros períodos. Lo preocupante es que no se logra componer una serie de largo aliento que sirva para apreciar la manera en que empresarios y trabajadores se reparten la riqueza generada cada año. En los últimos tres años se cambiaron los datos sobre el tamaño de la "torta" a repartir y de las porciones de unos y otros. El último de estos cambios sólo nos dice que en 2004 los asalariados se llevaron el 32,5% y en 2016, el 52%. No hay información sobre lo ocurrido en los años intermedios y, por lo tanto, aún subsisten dudas sobre el derrotero que tuvo esa evolución cuantitativa. Entre los estudiosos hay acuerdo sobre la existencia de una mejora, pero no necesariamente sobre su dimensión.
-¿No se puede conocer cómo es la distribución a partir de los datos de salario real?
-En primer lugar, se miden cosas diferentes. El salario real mide la variación de la capacidad de compra de los ingresos del trabajador entre dos momentos. La distribución primaria o funcional no necesariamente evoluciona de modo similar al salario real. Si el ingreso laboral se mantiene constante, pero cae el número de trabajadores, entonces la participación salarial puede declinar. En otras palabras, el salario real da cuenta de la situación individual, mientras que la distribución funcional habla de lo que le pasa al conjunto del sector asalariado en relación con el total de bienes y servicios producidos por la economía.
-¿Qué efecto tiene la mejora en la productividad sobre la distribución primaria?
-El resultado es incierto. Amplía el tamaño de la riqueza producida, lo que posibilita una mejora de los salarios y de la rentabilidad empresaria, contemporáneamente. Pero al ser, por definición, un mecanismo de ahorro de mano de obra, puede ir en detrimento del volumen de demanda laboral. Para que se preserve y amplíe el tamaño de la fuerza laboral es preciso mantener un piso de crecimiento económico. Ésa es la razón por la que en torno a este tema se requieren importantes consensos. Y el nivel de participación salarial suele ser un buen termómetro.

jueves, 7 de septiembre de 2017

El peso actual del empleo precario Entrevista de Fermin Koop para Bs As Times

Entrevista de Fermin Koop (7-9-17) para su nota en Buenos Aires Times


Qué efectos pudo haber tenido la ley de primer empleo? Por qué no avanzó?

lunes, 4 de septiembre de 2017

EL EMPLEO PRIVADO SIGUE EN DEUDA -El Economista -4-9-17


Columna en EL ECONOMISTA

Se sigue creando empleo registrado en general, pero los dependientes privados todavía son menos que hace dos años


Por Javier Lindenboim Director del CEPED e investigador del CONICET

No hay noticias perfectas. Se sigue creando empleo registrado en general. Pero los dependientes privados todavía son menos que hace dos años.

El sector asalariado privado creció pero no alcanzó a cubrir la pérdida del año anterior. De todas maneras, su cuantía es superior a la de los años precedentes excepto sólo el año concluido en junio de 2015.

Si se mira en conjunto, el total de empleo registrado en los últimos doce meses no tuvo un mal desempeño pues se agregaron 185.000 empleos, más de la mitad de ellos en relación de dependencia. Sobre el punto de partida (junio de 2016) representa 1,5%, es decir, algo más que el aumento de la población y triplica la variación registrada en los doce meses precedentes.

Se ha dicho que el aumento del empleo verificado es de baja calidad por estar integrado por monotributistas comunes y sociales. Estos últimos, sin embargo, aumentaron menos que en 20142015 y fueron sólo un tercio de lo que crecieron entre 2013 y 2014. De manera que el año reciente no ha sido original tampoco en este aspecto. Inclusive los monotributistas “a secas”, cuyo aporte cuantitativo fue mayor que el de los monotributistas sociales, se incrementaron menos ahora que en los primeros años de los que se tiene información provista por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).


El cambio, sin duda más notable, se observa en el aporte del empleo público. Entre junio de 2012 e igual mes de 2015 ese componente aportó en promedio unos 130.000 empleos por año, bajando a 90.000 en el año terminado en junio de 2016 y a la mitad de ese último número en el último intervalo anual. El dato es fuerte y la pregunta que puede hacerse es si los requerimientos de las prestaciones estatales –sea a nivel nacional como provincial y municipal– están garantizados aún sin que se mantenga el altísimo ritmo de creación de empleo de los años previos. Durante el año y medio de Gobierno macrista se crearon 200.000 empleos, aunque esa cifra incluye una pérdida de 4.000 privados y 6.000 autónomos. Las demás categorías se acrecentaron en 210.000. En términos porcentuales, al iniciarse el cómputo integral del empleo registrado (enero de 2012) los asalariados privados componían el 56% del total.

Durante el segundo mandato de Cristina Kirchner ese componente aportó apenas el 12% del total adicionado de empleo. A la inversa, el empleo público representaba el 23% al inicio pero aportó casi la mitad del empleo creado en ese cuatrienio. Por último, todos los monotributistas eran el 14% del empleo registrado al inicio, aportaron el 35% en el período enero 2012-diciembre 2015 y el 65% durante el macrismo.

Como se ve, la más que delicada situación laboral presente es una continuidad, agravada, del derrotero precedente. Si los datos recientes sobre una fuerte recuperación en la dinámica de la inversión se confirman es posible imaginar una modificación positiva del frágil equilibrio actual. Hacen falta más que señales, por cierto.