lunes, 23 de noviembre de 2020

Qué pasa en el mundo laboral Nota de I Bermúdez - Clarín 23-11-2020

 Nota de Ismael Bermudez publicada en Clarín, 23-11-2020

Qué pasa en el mercado laboral

Ni la doble indemnización para los despidos sin causa, vigentes desde el 13 de diciembre de 2019, ni la prohibición de los despidos, a partir del 31 de marzo por la pandemia y cuarentena detuvieron la caída del empleo asalariado formal privado, que se desliza “por el tobogán” desde fines de 2017. A través de “retiros voluntarios” negociados, las empresas siguieron achicando sus dotaciones de personal.

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Fuente:Infografía: Clarín

El empleo asalariado registrado fue afectado, en la última década, por el estancamiento de la actividad económica, agravado por una recesión que se acerca a los tres años, en medio de la pandemia y la cuarentena. También por la mayor precariedad y tercerización laboral, como se evidencia en el avance de los asalariados informales o no registrados y en el incremento del número de monotributistas y cuentapropistas informales.

En medio de ese proceso, el empleo público creció por encima del crecimiento de la población.

El avance del empleo no registrado y de los trabajadores por cuenta propia informales – proceso que en los meses de la pandemia y cuarentena por la falta de trabajo arrastró a la desocupación y en mayor medida a la inactividad a ese sector- es un indicador clave del avance de la precariedad laboral y del achique de los ingresos que comprende a más de 7 millones de personas. Explica también una parte del fuerte aumento de la pobreza.

Trabajadores registrados según modalidad ocupacional principal

Con estacionalidad. Total país. En miles.

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Infografía: Clarín

En enero de 2012, se registraron 6.105.953 asalariados privados. En los siguientes 6 años creció punta a punta un 3,3% combinando meses de subas y de retrocesos. En enero de 2018 alcanzó el pico de 6.309.334 asalariados formales privados y dos años después bajó a 6.021.971. La fuerte devaluación del peso que se disparó en abril de 2018 fue el inicio del proceso de deterioro. Ya vigente la doble indemnización el achique prosiguió (en marzo 5.993.888) y a pesar de la prohibición de los despidos, en agosto se contabilizaron 5.770.158, según las cifras del Ministerio de Trabajo.

Así, en 2 años y medio, el empleo registrado privado se redujo en 539.176 asalariados. Esta pérdida de puestos de trabajo fue muy intensa a lo largo de 2018 y 2019 y pegó un nuevo salto con la irrupción de la pandemia y la cuarentena. Recién en agosto pasado dejó de seguir cayendo, pero por ahora no hay signos de recuperación.

En tanto, los Monotributistas aumentaron entre enero de 2012 a igual mes de 2018 un 21%: de 1.314.711 a 1.566.903 para volver a subir en medio de la pandemia y cuarentena a 1.619.107 a agosto de 2020. En parte eso pasó porque las empresas tomaron personal pero como monotributistas bajo la figura de la “locación de servicios”.

Organizaciones sociales reclaman frente al ministerio de Desarrollo Social. Foto: Guillermo Rodríguez Adami

Organizaciones sociales reclaman frente al ministerio de Desarrollo Social. Foto: Guillermo Rodríguez Adami

A su vez, en vísperas de la pandemia (primer trimestre de 2020) los asalariados no registrados sumaron 4.873.000 puestos de trabajo, cuando en primer trimestre de 2017 (inicio de la serie) sumaban 4.438.000. En apenas 3 años, los puestos de asalariados “en negro” aumentaron en 435.000 personas, según el INDEC.

En esos 3 años el trabajo por cuenta propia – formal e informal - pasó de 4.793.000 a 5.421.000 puestos de trabajo: 628.000 más.

También el Informe de Trabajo dice que en agosto “el 6,3% del empleo registrado del sector privado (unos 363.000 trabajadores) se encontraba suspendido. “Esta incidencia de las suspensiones, que muestra un leve descenso respecto de los meses anteriores, resulta elevada en relación a la serie histórica. A nivel de empresas, también se verifica un valor elevado, el 18% las empresas aplicaron suspensiones, más que duplicando los valores históricos”.

Durante septiembre, el informe oficial laboral dice que “el nivel de empleo privado registrado en empresas de más de 10 personas ocupadas, del total de los aglomerados relevados, cayó un 0,2% con respecto al mes anterior. Esta contracción es el resultado de dinámicas laborales divergentes verificadas en el Gran Buenos Aires (GBA) y en el conjunto de aglomerados relevados en el interior del país. En efecto, en el GBA, el nivel de empleo se contrajo un 0,3%, y en los aglomerados del interior, creció un 0,2% (en la comparación mensual)”, según la Encuesta de Indicadores Laboral (EIL) de la cartera laboral.

Los gremios pierden peso por la caída del empleo formal privado. Foto: Rafael Mario Quinteros

Los gremios pierden peso por la caída del empleo formal privado. Foto: Rafael Mario Quinteros

Mientras el empleo asalariado privado registrado se ubicó 5.5% por debajo del nivel de comienzos de 2012, con un crecimiento de la población del 8,7%: el empleo público nacional (con provincias) creció un 26,4%, de 2.548.401 en enero de 2012 a 3.214.039 a agosto de 2020. Son 665.638 más.

Este avance del empleo público nacional fue constante: aumentó un 22,8% entre enero 2012 y diciembre de 2015- al finalizar el mandato de Cristina Kirchner, y volvió a subir otro 4% - 120.000 más- hasta diciembre de 2019, en la gestión de Mauricio Macri.

En 2012, el 55,9% del total de trabajadores registrados eran asalariados del sector privado, mientras que el sector privado empleaba a otro 27,2%. Hoy, el empleo registrado privado cayó al 48,8% y el empleo público subió al 27,2%

Salarios a la baja

 El achique laboral de los asalariados privados fue acompañado de una caída de los salarios reales y del costo laboral en pesos y en mayor medida, en dólares.

El sueldo promedio de los casi 5,8 millones de trabajadores del sector privado registrados en agosto se ubicó un 4,8% por debajo del nivel de 12 meses atrás. Y acumuló un retroceso consecutivo en 3 años del 15% frente a agosto de 2017.

Todas estas cifras son del Ministerio de Trabajo que señala que la mitad de esos trabajadores, que perciben sueldos más bajos, tuvieron una pérdida salarial real del 19,2%.

A agosto la remuneración nominal bruta promedio (antes de los descuentos del 17% jubilación y Salud) fue de $ 61.835 pero la mitad percibió menos de $ 48.393 brutos (menos de $ 40.166,19 netos). De acuerdo al INDEC, la línea de pobreza marcada por la canasta básica familiar (matrimonio y 2 hijos menores) se ubicó en septiembre en $ 47.215,97.

Así tener un empleo formal no evitó que la familia integre la vasta legión de pobreza que se despliega en todo el país, con mayor intensidad en el Conurbano bonaerense y en el NOA y NEA.

Además, por la pandemia y cuarentena hubo una reducción del 95% de las contribuciones patronales en las actividades consideradas esenciales y el Estado pagó entre uno y dos salarios mínimos los sueldos de los trabajadores registrados de las empresas que se inscribieron en el programa ATP.

Tres expertos opinan

Para Lorenzo Sigaut Gravina, Socio y Director de Ecolatina “la tendencia mundial en términos de creación de empleo se orienta al cuentapropismo, emprendedurismo y trabajar para múltiples organizaciones (free-lance). El modelo tradicional de un trabajador que permanece la mayor parte de su vida laboral en una firma está en crisis”.

El titular de Ecolatina reconoce que “desde comienzos de las turbulencias cambiarias en la segunda mitad del mandato de Mauricio Macri, el empleo privado asalariado formal viene cayendo sistemáticamente, pese a que fue especialmente protegido tras el cambio de gobierno y la aparición de la pandemia, como con la doble indemnización y prohibición de despidos, ATP...”. Y agrega: “Los contextos inestables, recesivos, afectan en mayor medida la calidad y profundidad del vínculo laboral, es por ello que el empleo asalariado privado formal se resiente en mayor medida. De hecho, hay evidencia que en contextos recesivos parte de estos puestos de trabajo se reemplazan por el gris del cuentapropismo y/o directamente por la informalidad. Es que en dichos contextos las empresas buscan reducir costos laborales en un contexto de caída de la demanda y los trabajadores pueden terminar aceptando una menor calidad del empleo en pos de no perderlo”.

Diego Schleser, Subsecretario de Programación, Estudios y Estadísticas del Ministerio de Trabajo, tiene otra visión. “Desde la irrupción de la pandemia del coronavirus, el empleo asalariado registrado en empresas privadas muestra una reducción que podría caracterizarse de moderada, considerando la paralización de las actividades económicas y productivas que tuvieron que implementarse para contener el coronavirus y la drástica contracción de la misma modalidad ocupacional en la mayoría de los países de la región”.

Schleser considera “que las políticas laborales contra-cíclicas implementadas en los últimos meses han jugado un rol determinante en la preservación del empleo, lo cual se observa al comparar la evolución de la actividad económica y del empleo registrado privado durante la pandemia con el comportamiento de ambas variables durante la fase recesiva verificada desde principios de 2018. La comparación es relevante porque a pesar de que las dos crisis tienen orígenes diferentes, se producen en el marco de un mismo sistema de relaciones laborales con una distinción sustancial: mientras que durante la pandemia se aplican un conjunto de medidas para mitigar el impacto en el empleo de la caída en el nivel de actividad, en el período 2018 – 2019, no se puso en marcha ninguna política laboral en ese sentido”.

Para Schleser, “desde el inicio de la pandemia hasta agosto, el empleo asalariado registrado privado se retrajo un 3,2% mientras que la actividad económica cayó un 10,3%. Este escenario difiere sensiblemente con la situación observada durante la fase recesiva iniciada en el segundo trimestre de 2018. Entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, la economía sufrió un retroceso del 6,7%, dando lugar a una caída del empleo formal privado del 4,5%. Es decir, hasta el momento, en la crisis por el coronavirus, el empleo formal cae menos que en el período 2018-2019, a pesar de que la economía se retrajo en menor medida en aquel período que durante la pandemia”..

“Por la tanto, los principales obstáculos para el crecimiento sistemático del empleo registrado en el sector privado, no son las normas o las instituciones laborales, sino la incapacidad de la economía argentina de alcanzar un sendero de crecimiento sostenido”, concluye Schleser.

Para Javier Lindenboin, director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo ( CEPED/UBA,) para “hablar del empleo requiere mirar el conjunto de la fuerza laboral que se compone en la Argentina, de cuatro integrantes. De ellos tres son asalariados en relación de dependencia. El restante es por lo general un cuentapropista aunque también hay algunos patrones que trabajan en sus propias empresas, por lo general medianas o pequeñas. De los tres asalariados, dos son registrados y uno no. En el segundo trimestre de 2020, la profunda caída de empleo precario produjo una disminución del peso relativo de los no registrados: cayó del 33 al 23% según la Cuenta de Generación del Ingreso de INDEC. En los últimos diez años esa totalidad (asalariados y no asalariados) no dejó de crecer hasta fines de 2019”.

En relación “al Impacto COVID sobre un mercado estancado desde hace una década ---sólo dinamismo estatal y/o ciertas categorías como algunos monotributistas en ciertos momentos-- en el segundo trimestre de 2020 los asalariados precarios perdieron un 40% de su dotación y los no asalariados alrededor de un tercio. Ambos explican la casi totalidad de la destrucción de empleo” “El pronóstico depende de la política económica. Sin crecimiento las pérdidas no se revertirán. Y con las medidas de ajuste anunciadas y en curso, tampoco habrá reversión del deterioro de los ingresos laborales”, plantea Lindemboin.

domingo, 22 de noviembre de 2020

Qué pasa en el mundo laboral -Nota de I. Bermudez Clarin 22-11-2020

 

Clarin

Entrevista de Ismael Bermudez


Ni la doble indemnización para los despidos sin causa, vigentes desde el 13 de diciembre de 2019, ni la prohibición de los despidos, a partir del 31 de marzo por la pandemia y cuarentena detuvieron la caída del empleo asalariado formal privado, que se desliza “por el tobogán” desde fines de 2017. A través de “retiros voluntarios” negociados, las empresas siguieron achicando sus dotaciones de personal.

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Fuente:Infografía: Clarín

El empleo asalariado registrado fue afectado, en la última década, por el estancamiento de la actividad económica, agravado por una recesión que se acerca a los tres años, en medio de la pandemia y la cuarentena. También por la mayor precariedad y tercerización laboral, como se evidencia en el avance de los asalariados informales o no registrados y en el incremento del número de monotributistas y cuentapropistas informales.

En medio de ese proceso, el empleo público creció por encima del crecimiento de la población.

El avance del empleo no registrado y de los trabajadores por cuenta propia informales – proceso que en los meses de la pandemia y cuarentena por la falta de trabajo arrastró a la desocupación y en mayor medida a la inactividad a ese sector- es un indicador clave del avance de la precariedad laboral y del achique de los ingresos que comprende a más de 7 millones de personas. Explica también una parte del fuerte aumento de la pobreza.

Trabajadores registrados según modalidad ocupacional principal

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Infografía: Clarín

En enero de 2012, se registraron 6.105.953 asalariados privados. En los siguientes 6 años creció punta a punta un 3,3% combinando meses de subas y de retrocesos. En enero de 2018 alcanzó el pico de 6.309.334 asalariados formales privados y dos años después bajó a 6.021.971. La fuerte devaluación del peso que se disparó en abril de 2018 fue el inicio del proceso de deterioro. Ya vigente la doble indemnización el achique prosiguió (en marzo 5.993.888) y a pesar de la prohibición de los despidos, en agosto se contabilizaron 5.770.158, según las cifras del Ministerio de Trabajo.

Así, en 2 años y medio, el empleo registrado privado se redujo en 539.176 asalariados. Esta pérdida de puestos de trabajo fue muy intensa a lo largo de 2018 y 2019 y pegó un nuevo salto con la irrupción de la pandemia y la cuarentena. Recién en agosto pasado dejó de seguir cayendo, pero por ahora no hay signos de recuperación.

En tanto, los Monotributistas aumentaron entre enero de 2012 a igual mes de 2018 un 21%: de 1.314.711 a 1.566.903 para volver a subir en medio de la pandemia y cuarentena a 1.619.107 a agosto de 2020. En parte eso pasó porque las empresas tomaron personal pero como monotributistas bajo la figura de la “locación de servicios”.


Organizaciones sociales reclaman frente al ministerio de Desarrollo Social. Foto: Guillermo Rodríguez Adami

A su vez, en vísperas de la pandemia (primer trimestre de 2020) los asalariados no registrados sumaron 4.873.000 puestos de trabajo, cuando en primer trimestre de 2017 (inicio de la serie) sumaban 4.438.000. En apenas 3 años, los puestos de asalariados “en negro” aumentaron en 435.000 personas, según el INDEC.

En esos 3 años el trabajo por cuenta propia – formal e informal - pasó de 4.793.000 a 5.421.000 puestos de trabajo: 628.000 más.

También el Informe de Trabajo dice que en agosto “el 6,3% del empleo registrado del sector privado (unos 363.000 trabajadores) se encontraba suspendido. “Esta incidencia de las suspensiones, que muestra un leve descenso respecto de los meses anteriores, resulta elevada en relación a la serie histórica. A nivel de empresas, también se verifica un valor elevado, el 18% las empresas aplicaron suspensiones, más que duplicando los valores históricos”.

Durante septiembre, el informe oficial laboral dice que “el nivel de empleo privado registrado en empresas de más de 10 personas ocupadas, del total de los aglomerados relevados, cayó un 0,2% con respecto al mes anterior. Esta contracción es el resultado de dinámicas laborales divergentes verificadas en el Gran Buenos Aires (GBA) y en el conjunto de aglomerados relevados en el interior del país. En efecto, en el GBA, el nivel de empleo se contrajo un 0,3%, y en los aglomerados del interior, creció un 0,2% (en la comparación mensual)”, según la Encuesta de Indicadores Laboral (EIL) de la cartera laboral.


Los gremios pierden peso por la caída del empleo formal privado. Foto: Rafael Mario Quinteros

Mientras el empleo asalariado privado registrado se ubicó 5.5% por debajo del nivel de comienzos de 2012, con un crecimiento de la población del 8,7%: el empleo público nacional (con provincias) creció un 26,4%, de 2.548.401 en enero de 2012 a 3.214.039 a agosto de 2020. Son 665.638 más.

Este avance del empleo público nacional fue constante: aumentó un 22,8% entre enero 2012 y diciembre de 2015- al finalizar el mandato de Cristina Kirchner, y volvió a subir otro 4% - 120.000 más- hasta diciembre de 2019, en la gestión de Mauricio Macri.

En 2012, el 55,9% del total de trabajadores registrados eran asalariados del sector privado, mientras que el sector privado empleaba a otro 27,2%. Hoy, el empleo registrado privado cayó al 48,8% y el empleo público subió al 27,2%

Salarios a la baja

 El achique laboral de los asalariados privados fue acompañado de una caída de los salarios reales y del costo laboral en pesos y en mayor medida, en dólares.

El sueldo promedio de los casi 5,8 millones de trabajadores del sector privado registrados en agosto se ubicó un 4,8% por debajo del nivel de 12 meses atrás. Y acumuló un retroceso consecutivo en 3 años del 15% frente a agosto de 2017.

Todas estas cifras son del Ministerio de Trabajo que señala que la mitad de esos trabajadores, que perciben sueldos más bajos, tuvieron una pérdida salarial real del 19,2%.

A agosto la remuneración nominal bruta promedio (antes de los descuentos del 17% jubilación y Salud) fue de $ 61.835 pero la mitad percibió menos de $ 48.393 brutos (menos de $ 40.166,19 netos). De acuerdo al INDEC, la línea de pobreza marcada por la canasta básica familiar (matrimonio y 2 hijos menores) se ubicó en septiembre en $ 47.215,97.

Así tener un empleo formal no evitó que la familia integre la vasta legión de pobreza que se despliega en todo el país, con mayor intensidad en el Conurbano bonaerense y en el NOA y NEA.

Además, por la pandemia y cuarentena hubo una reducción del 95% de las contribuciones patronales en las actividades consideradas esenciales y el Estado pagó entre uno y dos salarios mínimos los sueldos de los trabajadores registrados de las empresas que se inscribieron en el programa ATP.

Tres expertos opinan

Para Lorenzo Sigaut Gravina, Socio y Director de Ecolatina “la tendencia mundial en términos de creación de empleo se orienta al cuentapropismo, emprendedurismo y trabajar para múltiples organizaciones (free-lance). El modelo tradicional de un trabajador que permanece la mayor parte de su vida laboral en una firma está en crisis”.

El titular de Ecolatina reconoce que “desde comienzos de las turbulencias cambiarias en la segunda mitad del mandato de Mauricio Macri, el empleo privado asalariado formal viene cayendo sistemáticamente, pese a que fue especialmente protegido tras el cambio de gobierno y la aparición de la pandemia, como con la doble indemnización y prohibición de despidos, ATP...”. Y agrega: “Los contextos inestables, recesivos, afectan en mayor medida la calidad y profundidad del vínculo laboral, es por ello que el empleo asalariado privado formal se resiente en mayor medida. De hecho, hay evidencia que en contextos recesivos parte de estos puestos de trabajo se reemplazan por el gris del cuentapropismo y/o directamente por la informalidad. Es que en dichos contextos las empresas buscan reducir costos laborales en un contexto de caída de la demanda y los trabajadores pueden terminar aceptando una menor calidad del empleo en pos de no perderlo”.

Diego Schleser, Subsecretario de Programación, Estudios y Estadísticas del Ministerio de Trabajo, tiene otra visión. “Desde la irrupción de la pandemia del coronavirus, el empleo asalariado registrado en empresas privadas muestra una reducción que podría caracterizarse de moderada, considerando la paralización de las actividades económicas y productivas que tuvieron que implementarse para contener el coronavirus y la drástica contracción de la misma modalidad ocupacional en la mayoría de los países de la región”.

Schleser considera “que las políticas laborales contra-cíclicas implementadas en los últimos meses han jugado un rol determinante en la preservación del empleo, lo cual se observa al comparar la evolución de la actividad económica y del empleo registrado privado durante la pandemia con el comportamiento de ambas variables durante la fase recesiva verificada desde principios de 2018. La comparación es relevante porque a pesar de que las dos crisis tienen orígenes diferentes, se producen en el marco de un mismo sistema de relaciones laborales con una distinción sustancial: mientras que durante la pandemia se aplican un conjunto de medidas para mitigar el impacto en el empleo de la caída en el nivel de actividad, en el período 2018 – 2019, no se puso en marcha ninguna política laboral en ese sentido”.

Para Schleser, “desde el inicio de la pandemia hasta agosto, el empleo asalariado registrado privado se retrajo un 3,2% mientras que la actividad económica cayó un 10,3%. Este escenario difiere sensiblemente con la situación observada durante la fase recesiva iniciada en el segundo trimestre de 2018. Entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, la economía sufrió un retroceso del 6,7%, dando lugar a una caída del empleo formal privado del 4,5%. Es decir, hasta el momento, en la crisis por el coronavirus, el empleo formal cae menos que en el período 2018-2019, a pesar de que la economía se retrajo en menor medida en aquel período que durante la pandemia”..

“Por la tanto, los principales obstáculos para el crecimiento sistemático del empleo registrado en el sector privado, no son las normas o las instituciones laborales, sino la incapacidad de la economía argentina de alcanzar un sendero de crecimiento sostenido”, concluye Schleser.

Para Javier Lindenboin, director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo ( CEPED/UBA,) para “hablar del empleo requiere mirar el conjunto de la fuerza laboral que se compone en la Argentina, de cuatro integrantes. De ellos tres son asalariados en relación de dependencia. El restante es por lo general un cuentapropista aunque también hay algunos patrones que trabajan en sus propias empresas, por lo general medianas o pequeñas. De los tres asalariados, dos son registrados y uno no. En el segundo trimestre de 2020, la profunda caída de empleo precario produjo una disminución del peso relativo de los no registrados: cayó del 33 al 23% según la Cuenta de Generación del Ingreso de INDEC. En los últimos diez años esa totalidad (asalariados y no asalariados) no dejó de crecer hasta fines de 2019”.

En relación “al Impacto COVID sobre un mercado estancado desde hace una década ---sólo dinamismo estatal y/o ciertas categorías como algunos monotributistas en ciertos momentos-- en el segundo trimestre de 2020 los asalariados precarios perdieron un 40% de su dotación y los no asalariados alrededor de un tercio. Ambos explican la casi totalidad de la destrucción de empleo” “El pronóstico depende de la política económica. Sin crecimiento las pérdidas no se revertirán. Y con las medidas de ajuste anunciadas y en curso, tampoco habrá reversión del deterioro de los ingresos laborales”, plantea Lindemboin.


domingo, 15 de noviembre de 2020

Salud y mercado de trabajo Nota de G Origlia LA NACION 15-11-20

 LA NACION

El sector privado de la salud, entre su propia crisis y la del mercado de trabajo                                                                                                                   15-11-2020

Entrevista de Gabriela Origlia

CÓRDOBA.- Con el fuerte impacto de la pandemia y la cuarentena en el mercado laboral y en el sistema de salud, las obras sociales y las prepagas empezaron a analizar el escenario que viene. En lo que se refiere al mundo del trabajo, se sabe que, según los datos oficiales del Indec, la desocupación llegó en el segundo trimestre del año al 13,1% de la población económicamente activa; es la tasa más alta desde 2005 y, en rigor, no subió más porque se redujo al 38,4% la tasa de actividad laboral (es decir, porque mucho menos gente salió a buscar trabajo).

En el caso de las obras sociales, si bien los sindicatos barajaron, en conversaciones con funcionarios del Gobierno, una suba de un punto en los aportes salariales de los trabajadores y de otro en las contribuciones patronales, finalmente decidieron pensar en un salvataje a través del presupuesto para el año 2021. A las prepagas, en tanto, el Gobierno las autorizó días atrás a incrementar las cuotas de sus planes de salud un 10% en diciembre.

Antes de esa habilitación, desde la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), la entidad que nuclea a prepagas y clínicas, habían estimado que el "descalce" entre la suba de costos y de ingresos era de entre 50% y 54%, con lo cual, pese al incremento y siempre según esos cálculos, los números no cerrarían. Las empresas admiten que están complicadas, aun cuando desde el sector aclaran que todavía las bajas de afiliados no son significativas (en las prepagas, la caída fue de entre 3% y 5% en los últimos cinco años).

Los directivos entienden que la obligación de pagar doble indemnización por despidos y la prohibición por decreto de las cesantías laborales, son medidas que están difiriendo un ajuste de la estructura laboral. Y estiman que en 2021, si la actividad continúa baja, la contención será más difícil. Siempre en las crisis macroeconómicas que conllevan pérdidas de ingresos laborales y de empleos, los sistemas de salud que cuentan con financiamiento contributivo (dependiente de los salarios) enfrenten problemas de solvencia.

"Es claro que esos problemas de solvencia coinciden con el agravamiento de la situación fiscal y con la caída de ingresos de los hogares", enfatiza Oscar Cetrángolo, economista y autor junto a Ariela Goldschmit, de un trabajo sobre el tema.

En diálogo con la nacion, agrega que la novedad actual es que la pandemia abrió un debate más general y ubicó en la agenda política temas de salud que no tenían presencia significativa. Las instituciones de la seguridad social son responsables del 41,5% del gasto corriente que se realiza en el país, equivalente a 3,9% del producto bruto interno, de lo que deriva que el total de gasto corriente en salud alcanza 9,4% del PBI.

De ese número global, las obras sociales nacionales registran un gasto equivalente al 2% del producto; el resto está a cargo de las obras sociales provinciales, de las no reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que cubren al Poder Judicial, Fuerzas Armadas y de Seguridad, docentes y personal del Congreso, entre otros, y del PAMI, que atiende a los jubilados.

En términos de volumen de cobertura, involucran al 35% de la población. A los trabajadores formales se les descuenta el 3% de su salario bruto y la empresa contribuye con un 6%. Los autónomos no tienen obligación de aportar y los monotributistas pagan una suma fija ($1041,22 para todas las categorías, por afiliado), igual que el personal registrado en el régimen de servicio doméstico. Este año, para compensar la caída de aportes, la Superintendencia giró $44.900 millones al sector.

Cetrángolo insiste en que el sistema argentino es "muy ineficiente", porque se puede aportar a una obra social, pero también "llevarse" esa contribución y derivarla a una prepaga, con lo que el "sistema se va descremando". En una coyuntura como la actual, ratifica, hay que analizar la evolución del salario en dólares, porque el sector salud tiene buena parte de sus costos atados a la divisa. "Cae el salario real, cae la cantidad de gente que aporta y menos costos se cubren. Se enfrenta una situación de extrema gravedad", sintetiza.

La situación del empleo

Javier Lindenboim, economista de la Universidad de Buenos Aires y especializado en temas de empleo, afirma que hasta ahora la caída del empleo registrado -la que se relaciona con los aportes al sistema- es "mínima"; la caída más fuerte se dio entre los asalariados precarios y entre cuentapropistas y patrones, dos rubros "casi no tienen incidencia" en el sector salud.

"La perspectiva de recuperación económica está todavía solo en la voluntad, más que en la realidad. No hay medidas que apunten a frenar la caída de la actividad y a reiniciar las que estuvieron paradas durante estos meses, por lo que tras el impacto negativo que ya hubo, va a ser difícil una pronta recuperación, y más difícil aún será que se retome una dinámica de mejoramiento. Todos somos más pobres que meses atrás; el panorama es extremadamente inquietante desde lo económico y desde lo laboral", apunta. Y destaca que un número significativo de trabajadores en blanco despedidos sería el "origen de un cataclismo social".

El vicepresidente de la UAS, Jorge Piva, que es también director general de Medifé, afirma que por el momento no registran una caída "importante" de afiliados, pero sostiene que "hacia adelante ese es un problema grave", que se sumará al del desfinanciamiento que la pandemia generó y que se va manejando con la ayuda de los ATP destinados a las clínicas (subsidios estatales para el pago de salarios). Las ayudas fueron transitorias y no hay partidas en el presupuesto 2021 para que continúen. De hecho, ya se restringió fuerte el aporte del Estado, a través de los requisitos que se fueron estableciendo y ajustando para poder acceder a las ayudas.

El mes próximo, cuando puedan aplicar el aumento de las cuotas, las compañías habrán completado once meses sin actualización de sus precios. Piva aclara que en abril y en mayo se registró un "diferencial financiero" por la caída de la demanda (se frenaron las consultas por la pandemia), pero dice que esos recursos debieron usarse después. "Los costos empezaron a escalar y ya son los normales; incluso, hay un extra que quedará por lo relacionado a las prevenciones que se deberán mantener pospandemia".

Cetrángolo añade que es crucial una rediscusión de todo el sistema: "Las reformas son difíciles, pero hay que encararlas. Además, hay que priorizar; el Programa Médico Obligatorio (PMO) se ?inunda' de prestaciones y, en una sociedad con recursos escasos, hay que elegir", evalúa el economista.

Piva reitera que desde antes de la pandemia venían pidiendo que se asimilara a los servicios de salud con, por ejemplo, los de educación, que cuentan con más exenciones impositivas. Respecto del PMO, señala que la UAS viene presentando propuestas hace tiempo para poder afrontar un nuevo mercado de oferta tecnológica. No se trata, afirma, de retirar beneficios que el programa incluyó, sino de financiarlos de una mejor manera.

El directivo menciona el caso de Uruguay, donde existe un fondo de enfermedades catastróficas denominadas así por su impacto en la salud de la persona y en la economía y, además, hay una guía de prácticas que determina en qué momento y cómo asignar los recursos. "Debería hacerlo la Agencia Nacional de Tecnología, con participación pública y privada, pero eso es algo que siempre se está creando y que nunca se termina", ironiza.



viernes, 13 de noviembre de 2020

La crisis reclama un consenso genuino Clarin 13-11-2020

 Columna aparecida en CLARIN, 13-11-2020



Iniciado ya el último tramo de este dramático año, podemos balancear el desempeño socioeconómico resultante de una década en permanente retroceso que culmina con la pandemia. Desafortunadamente, ni los pormenores de 200 días de “cuarentena” ni los datos laborales y macroeconómicos son para nada halagüeños.

Más allá de los variados informes que circulan, en materia sociolaboral, los datos disponibles se circunscriben al primer semestre. Así, los provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares -que proporcionan información sobre empleo, desocupación, distribución personal de los ingresos-, como los de la Cuenta de Generación de Ingresos e Insumos de Mano de Obra cubren la primera mitad del año. A su turno la información mensual del Ministerio de Trabajo brinda datos de empleo registrado hasta el mes de julio último.

Es precisamente el primer semestre de 2020 el lapso en el que se han concentrado los deterioros más pronunciados en la casi totalidad de los indicadores sociales y económicos.

En rápido resumen se debe recordar que la pérdida semestral de puestos de trabajo supera los cuatro millones de puestos. Casi en su totalidad esa cifra se compone de 1.9 millones de asalariados no registrados (precarios) y 1.8 de no asalariados (cuentapropistas y patrones). Apenas 300000 son los puestos perdidos de asalariados registrados.

De esta primera información se pueden extraer dos primeras conclusiones.

De un lado, que las normas existentes que protegen el trabajo asalariado registrado más la prohibición de los despidos -dictada en este lapso en virtud de la pandemia- actuaron en favor de la preservación de ese tipo de empleo en relación de dependencia. Recuérdese que el empleo público goza de estabilidad por lo que su preservación está garantizada. De tal manera, el problema laboral en Argentina en este año se concentra -en partes iguales- entre los trabajadores precarios y los no asalariados.

Ambos grupos son los que han sufrido tanto la pérdida de ingresos como -por lo que muestran los datos- lisa y llanamente sus fuentes de ingreso laboral. Es allí donde la protección debió centrarse y donde probablemente la acción oficial esté más en deuda.

Por otro lado, esta catástrofe socioocupacional contrasta con el balance de los últimos años, pese a todo. En efecto, entre el primer trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2019 se incrementaron los puestos de trabajo en 1.5 millones aproximadamente. Ello ocurrió en todas las categorías con excepción de los asalariados registrados que perdieron algo más de cien mil puestos en el cuatrienio indicado, la mayor parte de ellos en la industria manufacturera.

Ahora bien, en virtud de esta abundante pérdida de puestos de “menor calidad”, el promedio de los ingresos salariales computados para el cálculo de la participación salarial en el Producto muestra una mejora derivada de la exclusión de aquellos puestos peor pagados. Esa circunstancia junto con la abrupta caída del producto, en especial en el segundo trimestre, explican la mejora de varios puntos porcentuales de la participación del salario en el producto total.

Para mejor comprensión puede contrastarse con el año 2001 cuando la caída del producto fue más pronunciada que la de los ingresos laborales y, por tanto, ese año se registró una mejora de la participación salarial. A la inversa, en 2002 y 2003, la fuerte suba relativa del PBI determinó caídas en esa participación salarial.

La enorme disminución de activos ocupados que no se abocaron a la búsqueda de puestos de trabajo sustitutos explica que la tasa de desempleo “sólo” se elevó de 10 a 13% y su número absoluto casi no se modificó. La cuestión pasa por evaluar cuánto tiempo acaecerá sin que esos cuatro millones de puestos intenten ser recuperados por quienes los perdieron. Allí los efectos esperables pueden ser variados.

De un lado, es posible que los ingresos a obtener de los eventuales puestos de reemplazo sean bastante menores -incluso en términos nominales- que los que preexistían.

De otro lado, también es previsible que en tanto la actividad económica demore más en recuperar algo de dinamismo, una parte importante de esa oferta quede insatisfecha. En tal caso, la tasa de desocupación subirá sensiblemente.

En el interín, el ingreso nominal promedio por persona de los hogares (IpcF) cayó un 20% entre el primero y el segundo trimestre de 2010 (de 20000 a 16000 en cifras redondas) lo cual en términos reales expresa una pérdida aún más intensa, sin duda. Los datos recientes del índice de precios indican que por allí se asoman serios problemas económicos y sociales. Estas pocas referencias indican el dramatismo de la situación presente que, por supuesto, tiene uno de sus orígenes en la cuestión sanitaria y en el modo en que se decidió abordarla en Argentina.

Se verifica que el PBI per capita actual es similar al de una década atrás, que también lleva un decenio por lo menos la ausencia de dinamismo en la creación de empleo de calidad, que hace décadas la economía argentina invierte proporciones menores de su producto anual, que luego de la eliminación de la convertibilidad el país recuperó sus peores tradiciones inflacionarias y, además, que las autoridades no atinan -o no se proponen- identificar una estrategia de crecimiento económico a partir de las difíciles condiciones presentes y, no poco importante, que el clima político es tozudamente enturbiado desde el mismo seno del oficialismo.

En este contexto, resulta imprescindible la contribución a la mesura y al consenso, lo que implica rechazar todo tipo de extremos inconducentes.

jueves, 12 de noviembre de 2020

El INDEC comenzará a empadronar para el próximo Censo Económico - N. Donato Infobae 12-11-20

Nota de Natalia Donato, Infobae, 12-11-2020

El Indec comenzará el empadronamiento para hacer el Censo Económico el 30 de noviembre

A partir del 30 de noviembre, unos 5,5 millones de productores de bienes y servicios, entre personas físicas y jurídicas, comenzarán a recibir un correo electrónico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) en el que se los invitará a empadronarse de forma digital de cara al nuevo Censo Económico que el Gobierno prevé finalizar en 2021.

El organismo que dirige Marco Lavagna prevé lanzar este censo en dos etapas y se hará, por primera vez, completamente de forma digital. Durante los primeros seis meses, se hará un registro de las unidades económicas que existen hoy en la Argentina, por lo que cada persona física o empresa deberá ingresar a una página web del instituto y contestar catorce preguntas básicas. Este sencillo cuestionario apunta a tener una caracterización de las firmas y del rubro al que pertenecen.

“Lo que más nos importa es especificar bien la actividad. Muchas veces, en la AFIP sólo figura que hace consultoría. Nosotros vamos a buscar qué tipo de consultoría es. Además, tal vez es una empresa que se registró en la AFIP hace diez años y hoy hace otros productos. Entonces hacemos esa caracterización primero y eso nos lleva a la segunda etapa que va a ser con encuestas específicas", dijeron a Infobae fuentes del Indec.

Una vez conocida la página, todos pueden ingresar y completar la encuesta, pero para hacerlo de forma más ordenada, los mails comenzarán a llegarle primero a las empresas -son 680.000 de los 5,5 millones- y luego a las personas humanas. El proceso durará hasta mediados del año próximo, momento en el cual el Indec procesará la información y comenzará a preparar las preguntas específicas para realizar el Censo propiamente dicho.

Si bien lo usual es hacerlo cada diez años, en la Argentina el último Censo Económico data de 2005. Y el previo había sido en 1994. La novedad, en este caso, es que se hará de forma digital, lo cual permite hacerlo mucho más amplio y tener una optimización de recursos muy grande

Si bien el objetivo es que el nuevo año base sea 2021, dependerá de lo que suceda con la pandemia y con la normalización económica. El 2020 no hubiera sido un buen año para eso por la fuerte crisis desatada por el Covid-19 -implicaría, por ejemplo, tener un sector turístico con nulo peso en la economía y no estaría reflejando la realidad-. La situación debe estar más estabilizada, aclararon las fuentes.

Si bien lo usual es hacerlo cada diez años, en la Argentina el último Censo Económico data de 2005. Y el previo había sido en 1994. La novedad, en este caso, es que se hará de forma digital, lo cual permite hacerlo mucho más amplio y tener una optimización de recursos muy grande. En el último censo, se requirió de 15.000 personas.

Desde el organismo garantizaron que ello no invalidará el secreto estadístico, que cuentan con todos los sistemas de seguridad para cuidar eso y que hacerlo de manera digital permitirá realizar revisiones de forma más periódica. “Es más fácil para la empresa e implica incorporar la tecnología a la generación de estadística. Para nosotros, los censos son el nuevo marco muestral sobre el que se empiezan a trabajar los próximos diez años”, sostuvo la fuente consultada.

Con el nuevo censo, que probablemente tenga como nuevo año base el 2021, se conocerá cómo está compuesto el PBI argentino y cómo es la estructura productiva de la Argentina
Con el nuevo censo, que probablemente tenga como nuevo año base el 2021, se conocerá cómo está compuesto el PBI argentino y cómo es la estructura productiva de la Argentina

Consultado al respecto, el director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED), Javier Lindenboim, aseguró que “dentro de las estadísticas públicas, los relevamientos sobre la actividad económica constituyen un hito fundamental” y “la falta de continuidad ha sido extremadamente desfavorable para la gestión pública, dado que muchas veces la política económica carece del sustento informativo fehaciente para los sectores involucrados en las medidas”.

Según repasó, en la Argentina en el siglo XX se realizaron relevamientos en 1914 (con el III censo de población), en 1935, en 1947 (nuevamente junto con el censo de población), en 1954, 1964, 1974 y 1985. Luego se realizó otro en 1994 y -ya en este siglo- en 2005 (sin publicación impresa). “Conocer el número y características de las unidades económicas (no sólo las industriales), su tamaño económico y ocupacional, el carácter de la titularidad de las mismas, el equipamiento, etcétera, son insumos imprescindibles para la gestión gubernamental”, planteó el además investigador del Conicet.

Por su parte, el economista de FIEL, Juan Luis Bour, señaló que “todo país debe hacer censos cada diez años”, ya que “no se puede hacer un diseño de política económica (y social) en el aire”. “Si haces eso, seguro le detrás al diagnóstico y a los instrumentos. Hubo muchos cambios de precios relativos y de sectores en última década. Se requiere una buena foto. También lo necesitas por temas migratorios, población por aglomerado (para elecciones), por temas de educación, salud, sanitarios, etc. Hay que hacer los censos, aunque cuesten plata”, sostuvo. “Es el fundamento de todas las estadísticas económicas”, consignó Fausto Spotorno, de Ferreres & Asociados.