Empleo precario en el ámbito rural - publicación del nuevo ABC rural

http://www.nuevoabcrural.com.ar/2014/vertext.php?id=3588

Los peones “golondrina” sacan a la luz viejas y malas costumbres argentinas Altos índices de trabajo en negro, las malas condiciones de vida que persisten en algunos sectores del país y la vista gorda de autoridades y sindicalistas, sostienen la trama del trabajo "infrahumano" detectado en el desflore del maíz. por Haide Andriolo Javier Lindenboim. Director del Centro de Estudios de Población, Empleo y Desarrollo (Ceped) Juan Manuel Villulla. Investigador del Conicet. Integrante de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Tirar la basura debajo de la alfombra no es un método de limpieza sustentable. Tarde o temprano el polvo se expande. Y en este verano, cuando muchos se disponían a disfrutar el aire del mar o de las sierras, se levantó la polvareda. ¿Y qué había debajo de la alfombra? La persistencia, entre nosotros, de vínculos laborales que denigran la condición humana. La primera noticia llegó desde San Pedro, cuando estábamos despidiendo el 2010 y levantando las copas para recibir el Año Nuevo. En campos, a cargo de las firmas Nidera y Status Agro, 274 “changos” provenientes de Santiago del Estero, estaban lejos de todo brindis. Habían sido contratados para el desflore del maíz, pero la Justicia consideró que las tareas se hacían en condiciones de servidumbre. Vinieron las inspecciones de la mano del Ministerio de Trabajo, la AFIP y el sindicato de trabajadores rurales (en algunos casos) en Arrecifes, Salto, Ramallo, Mar del Plata y Azul. La escena era siempre la misma: hacinamiento, falta de luz, agua, baños y duchas, mala alimentación, paga escasa (ver las inspecciones). Con rapidez llegaron los descargos de las empresas. Nidera, que contó con el respaldo de la Asociación Semilleros Argentinos, declaró cumplir con todas las leyes de contrato de trabajo vigentes en la Argentina. Pero no todos los actores sociales cercanos a esta dramática situación decidieron involucrarse y redujeron la cuestión a una maniobra política del Gobierno nacional, a un pase de facturas a la Mesa de Enlace y a los semilleros en pugna con la AFIP por presunta evasión impositiva. No hay que desconocer el ingrediente político, como en todas las cuestiones de la vida. Siempre está la política en sus más diversos matices (social, económico, cultural…) Tapar o destapar, es una decisión política. Dónde y cuándo, también. Las denuncias tampoco tuvieron demasiado eco en la dirigencia política opositora. Pero, ya se sabe: poner todo bajo la alfombra, tiene sus riesgos. ¿Qué pasa si sacudimos el paño? ¿Quiénes integran cada uno de las partículas de polvo? ¿Cuál es la trama que sostiene estas relaciones laborales vergonzantes? Para Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios de Población, Empleo y Desarrollo (Ceped) esta situación “no viene del aire, ni viene de ayer, sino que viene de lejos”. “Me parece espantoso lo que se ha puesto en evidencia. Yo, que soy viejo, me acuerdo de la película de hace medio siglo atrás ‘Las aguas bajan turbias’ que mostraba las relaciones más que feudales que había en los obrajes del nordeste de la Argentina. Parece que eso no quedó en el pasado sino que perdura en el presente. El capital siempre va a tender a eso. Lo que uno se pregunta es qué han hecho los gobiernos en este medio siglo”, remarcó el especialista. Altos niveles de “negrura” Para Lindenboim, una clave para entender la situación está en la desprotección del trabajador asalariado en la Argentina que se refleja en la evolución de los índices de trabajo en negro. “A principios de los ‘70 el trabajo desprotegido probablemente haya estado en el orden del 10 por ciento. Ese índice, paulatinamente, fue subiendo. En los ‘80 llegó al 20 por ciento. Al fin del gobierno de Alfonsín e inicio del menemismo, ya estábamos en las cercanías del 30 por ciento. Cuando explota la convertibilidad llegamos al 40 por ciento y en los meses ulteriores, todavía subió algunos puntos más hasta llegar al pico del 45 por ciento”. ¿Qué pasa en la actualidad? “Las estadísticas oficiales de la República Argentina (que tienen muchos puntos oscuros) dicen que ha bajado hasta el 35 por ciento. Se ha mejorado bastante en la primera década de este siglo XXI, pero estamos lejos del mejor de los mundos. Esto no exime de responsabilidad a los empresarios. Tampoco a los representantes sindicales”. Por su parte, Juan Manuel Villulla, investigador del Conicet e integrante del Equipo Interdisciplinario de Economía Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, sostiene que “hay una cadena de responsabilidades que involucra a las semilleras en cuestión, a las empresas tercerizadas que contratan al personal, al sindicato de trabajadores rurales y al Gobierno”. Villulla está abocado especialmente a la investigación de los trabajadores agrícolas asalariados de la región pampeana. Reconoce lo logros de la campaña de blanqueo encarada desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) a partir de 1997 , pero no deja de advertir la posibilidad de cierta connivencia del sindicato con las empresas acusadas de mantener vínculos laborales infrahumanos . “Los avances son insuficientes pero importantes si tenemos en cuenta que en la década anterior sólo estaban registrados 100 mil trabajadores, a pesar de que en actividad había más de un millón y medio”. “El trabajo en negro en el agro es mayor que en el resto de la economía. Hoy, según los cálculos más optimistas del gremio, hay 800 mil registrados. Si bien tienen mayores beneficios, no significa que las condiciones para estos trabajadores sean favorables porque tienen los salarios más bajos de toda la economía”, remarcó el especialista. La vista gorda ¿Por qué habla Villulla de cierta connivencia entre el gremio y las empresas cuestionadas por la Justicia? A su juicio porque “se trata de trabajadores que están concentrados en empresas muy identificables y visibles, con la participación de tercerizadoras que ofrecen sus servicios vía internet. No son pequeñas explotaciones perdidas en el medio de la cordillera, están en plena zona núcleo”. Para Villulla en esta trama la responsabilidad del Estado no es menor, por los niveles de trabajo en negro de la economía en general y por los del campo en particular (que llegarían al 70 por ciento). “El Gobierno alza un dedo acusador cuando creo que cabría una dosis muy importante de autocrítica con lo que ha acontecido en estos últimos siete años”. En ese sentido Lindenboim aporta que la política de blanqueo iniciada desde el Gobierno nacional en 2002, hasta el momento no ha tenido el resultado deseado. “Tengo un afecto personal por el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Doy fe de la voluntad que ha manifestado porque este tipo de política vaya adelante. Sin embargo, es sabido que no tienen todos los recursos que necesitan. Y el personal del Ministerio de Trabajo es el peor pago de la administración pública nacional”. Como ejemplo pone a la campaña de blanqueo de las trabajadores domésticas: “Fue una de las más exitosas. Sin embargo no llegan a cubrir una de cada cinco. Lo mismo sucede en el campo”. “El ámbito estatal -agrega- existe para representarnos y defendernos, tiene que tener las herramientas disponibles y los ojos abiertos para estar alerta. Y debiera tener conocimiento anticipado de estas cosas (trabajo en condición de servidumbre), no sólo cuando sea necesario enojarse con algún sector del capital”, reflexiona .No obstante agrega: “Es bueno que se enojen, que estas cosas salgan a la luz. Pero también es bueno que se resuelvan. Me gustaría que esto sea parte de una lucha más permanente, más sistemática”. Ajuste de cuentas El Gobierno decidió cortar los beneficios económicos a todas las empresas sospechadas de contratar trabajadores en condiciones de explotación. Entre esos beneficios figuran regímenes de promoción industrial, impositivos, económicos y financieros, como subsidios de tasa para créditos blandos. El anunció salió de boca de la ministra de Producción, Débora Giorgi, que cruzará datos con el Ministerio de Trabajo y la AFIP para detectar situaciones irregulares. Para Villulla el protagonismo de Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, tiene que ver con un conflicto de presunta evasión impositiva. “Esto parece ser una forma de forcejear con estas empresas para que tributen lo que debieran”. Cabe recordar que en septiembre, la AFIP anunció que estaba investigando por evasión impositiva a cuatro de las mayores exportadoras de granos: Bunge, Cargill, Molinos Ríos de La Plata y Nidera. En este último caso estiman la evasión en 260 millones de pesos entre 2005 y 2009. Para el investigador, afectar la imagen de la Uatre y de su secretario general Gerónimo “Momo” Venegas, principal aliado político de Eduardo Duhalde y de la Mesa de Enlace durante el conflicto por las retenciones móviles, también están dentro de las intenciones del Gobierno. “Enhorabuena que esto salga a la luz porque es positivo para los trabajadores, pero no deja de estar inscripto dentro de una disputa de los sectores del poder”, advirtió. A Lindenboim le da la impresión, “por la argumentación que se ha conocido, que debemos corroborar que el malo de la película es el sector que produce los bienes primarios de la Argentina (los que provienen de la tierra). Uno de los sectores más dinamizadores de la economía es la construcción y desde hace décadas que no tiene menos de sus dos terceras partes en condiciones de ‘negrura’. Sin embargo ese sector no está siendo colocado como el enemigo a denostar”, ejemplificó. Lejos de designar a buenos y malos, Lindenboim propone complejizar lo ocurrido, teniendo en cuenta historia, estadísticas, políticas económicas, el rol del sindicato, sin olvidar que “vivimos en una sociedad capitalista y que el capital no es ni bueno ni malo. Básicamente es el mecanismo por el cual algunas personas que lo poseen tratan de apropiarse del resultado del trabajo de las personas que trabajan. Si uno se olvida de eso, termina creyendo que es un problema de buenos y malos o de los que están a favor o en contra del Gobierno. Hay que poner el eje en cuál es la naturaleza principal de nuestros vínculos laborales. Uno se exalta cuando aparecen condiciones que son consideradas como precapitalistas. Pero no vienen del aire, ni vienen de ayer, sino que vienen de lejos. Ahora hay que ver qué hacen los gobiernos. Uno se pregunta por qué los organismos pertinentes no tomaron cartas en el asunto con la antelación que hubiera correspondido”. Una cuestión de modelos Otro elemento para reprochar al gobierno, según Villulla, es que no reformó leyes laborales vigentes que fomentan los llamados contratos basuras por periodos muy cortos, y la posibilidad de tercerización. “Por eso algunas de las empresas cuestionadas dicen tener todo en regla y a los trabajadores en blanco .Pero eso no suficiente para que luego tengan condiciones de trabajo esperables o estén a salvo de abusos”. Sin embargo el especialista no tiene la expectativa de que el Gobierno vaya a fondo. Considera que las semilleras ocupan un lugar central en el modelo de agronegocios estimuladom del cual el Estado saca provecho. “Amenazar su actividad productiva bajo la forma de hostigamiento, de inspecciones laborales, podría poner en riesgo la posibilidad de inversiones en el país. Por eso creo que esto no deja de ser una amenaza, llevándose adelante para negociar en mejores condiciones la tributación impositiva de estas empresas”. Para Villilla, los vínculos de trabajo denunciados siguen siendo posibles “porque estos monopolios ocupan un lugar central en el modelo de agronegocios y por las condiciones de vida que persisten en algunas regiones de la Argentina que empujan a sectores de la población a trabajar en estos entornos. En ese sentido el Gobierno tiene una cuota de responsabilidad”. Por lo pronto sigue fuerte en su embestida y defiende su política: “El modelo de crecimiento con inclusión social ha generado condiciones favorables para todos los sectores productivos y el Estado no va a tolerar que una empresa vulnere las condiciones laborales. Por eso a los empleadores que fomenten la esclavitud en busca de maximizar ganancias se les quitará el acceso a los regímenes de promoción que otorga el gobierno nacional”, advirtió la ministra Débora Giorgi. Para sacar conclusiones definitivas habrá que esperar y ver cómo evoluciona el proceso en el seno del Gobierno. Mientras tanto, la Justicia avanza y –en base a un informe de la Oficina sobre Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación- dictaminó el procesamiento de 12 directivos de las empresas semilleras cuestionadas. Demasiado grande para que no se note debajo de la alfombra.

V CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POBLACIÓN

MONTEVIDEO, octubre de 2012
Sesión 10.4: "Mercados de trabajo, apropiacion de la riqueza y seguridad social.
Coincidencias y disparidades temporales y territoriales en America Latina"

Coordinador Javier Lindenboim
dirceped@econ.uba.ar

En la primera década del siglo XXI se produjeron diversos fenómenos socio-económicos y políticos (baja de la desocupación y la pobreza, crecimiento económico, desplazamiento del pensamiento neoliberal de su posición dominante, etc.), derivados de causas múltiples. Algunas interpretaciones privilegian las modificaciones a nivel político, en virtud de la aparición de diversas experiencias nacionales de signo claramente diferenciado del que había sido dominante en la década final del siglo XX. Otras, aunque no reniegan de tales circunstancias, ponen más el acento en la influencia del notable cambio en el mercado mundial de la demanda (y de los precios) de los bienes característicos de las exportaciones nacionales (petróleo, soja, cereales, cobre, etc.), junto con la casi desaparición de la tasa de interés. Más allá de la manera en que dicho debate culmine, surge al final de este decenio un conjunto de evidencias que, al menos, merecen ser objeto de análisis detallado. Entre los interrogantes pendientes pueden enunciarse los siguientes, ¿estamos en condiciones de perseverar en la tendencia de disminución de la pobreza y/o la desigualdad? Si los cambios estructurales aun son más metas que realidades, ¿podemos recuperar la dinámica de absorción ocupacional y disminución del desempleo? ¿cuántos de los logros se pudieron sostener en la perduración de relaciones de desigualdad, baja remuneración o condiciones precarias de trabajo? ¿cómo influye y es influído el modo de funcionamiento del mercado de trabajo y la cobertura de la seguridad social y ambos con el proceso de envejecimiento de la población?

Fecha límite para la recepción de resúmenes cortos: 15 de marzo 2012.

Para mayor información sobre V congreso de ALAP y para obtener el texto completo de la convocatoria, consultar la página web de ALAP www.alapop.org, o enviar un correo electrónico dirigido a Wanda Cabella, Secretaria General de ALAP, alap.congreso2012@alapop.org.

Dolores de la posconvertibilidad Nota de Manzanelli y Schorr

Dolores de la posconvertibilidad

Por Pablo Manzanelli y Martín Schorr *

El fenómeno de la concentración económica y extranjerización de la estructura productiva distan de ser temas nuevos en el país. Pero la aceleración de ambos procesos en la década del ’90 y su consolidación durante el régimen económico de la posconvertibilidad invitan a reflexionar en torno de una problemática sumamente compleja con hondas repercusiones sobre la dinámica macroeconómica a través de su influencia en variables como la inflación, la distribución del ingreso, la inversión, las cuentas externas y fiscales. Y sobre el margen de maniobra estatal: primero, por la superior capacidad de veto de las grandes corporaciones; segundo, por la ostensible pérdida de “decisión nacional” asociada a la notable expansión del capital extranjero.

Sobre estos temas, en un libro elaborado con nuestro querido maestro Daniel Azpiazu, Concentración y extranjerización. La argentina en la posconvertibilidad, publicado recientemente, se obtuvieron los siguientes resultados:

1. La concentración económica global, el peso de las 200 firmas líderes en el valor bruto de producción nacional, trepó del 20 por ciento en la convertibilidad al 28 por ciento en la posconvertibilidad, mientras que en la industria, las 100 firmas líderes, aumentó del 33 por ciento al 41 por ciento.

2. El grado de concentración del comercio exterior es aún más notable: las 200 empresas más grandes alcanzaron a explicar el 73 por ciento de las exportaciones totales del país en 2003-2009. En ese período, el saldo comercial de las grandes corporaciones fue muy superavitario, 160 mil millones de dólares, lo que contrastó con el “resto de la economía”, que registró déficit comerciales por 64 mil millones.

3. En cuanto al nivel de extranjerización, en 1993 un cuarto de las 200 empresas más grandes del país eran controladas por el capital extranjero y explicaban el 23 por ciento de las ventas totales. Tras el intenso proceso de desnacionalización del entramado empresario en la década de 1990 y su consolidación en la posconvertibilidad, en 2009, 117 compañías transnacionales pasaron a ocupar el ranking de las 200 líderes, alcanzando a representar más de la mitad de la facturación.

4. Si bien las inversiones foráneas se expanden a lo largo del tejido económico, es muy acentuada en los mercados con ventajas comparativas y/o institucionales de privilegio, que son los más beneficiados durante la posconvertibilidad. Tales son los casos de las ramas asentadas en el procesamiento de recursos básicos con escaso grado de transformación local como minería, hidrocarburos, agroindustria, commodities industriales y la armaduría automotriz.

5. Dentro de las 500 empresas más grandes, durante la posconvertibilidad la participación del salario en el ingreso fue mucho más baja en las compañías extranjeras (16 por ciento) que en las de capital nacional (37 por ciento). Y entre otros aspectos a destacar, la tasa de ganancia de las corporaciones foráneas fue del 34 por ciento, mientras que la tasa de inversión alcanzó el 17 por ciento, lo que manifiesta una baja reinversión de utilidades (“reticencia inversora”). Es decir, que los inversores extranjeros no estarían potenciando las capacidades tecno-productivas domésticas sino que, en buena medida, estarían girando las utilidades al exterior por diversas vías, lo que afecta la balanza de pagos.

Así, se trata de un intenso proceso de concentración y centralización del capital con eje en una fuerte desnacionalización de la economía local, con efectos sumamente perniciosos. Y, por ende, no debería resultar ajeno a los sectores académicos, “hacedores de política”, formadores de opinión, etcétera, genuinamente consustanciados con el desarrollo socioeconómico de la Argentina.

Más aún cuando es mucho lo que se puede hacer en la coyuntura actual para romper con diversas herencias del neoliberalismo en lo que hace al tratamiento de las problemáticas de la concentración y la extranjerización. Por ejemplo, reemplazar la ley de inversiones extranjeras sancionada durante la última dictadura militar y denunciar los Tratados Bilaterales de Inversión aprobados profusamente durante el menemismo; establecer limitaciones al giro de utilidades a través de la imposición de niveles de ganancias que deben reinvertirse en el país; implementar un régimen efectivo de “compre nacional” que condicione a las grandes empresas que reciben algún tipo de subvención estatal a demandarle sus insumos y bienes de capital a los proveedores locales; aplicar adecuada e integralmente la legislación vigente en materia de defensa de la competencia, y controlar rigurosamente las fusiones y adquisiciones, que son la principal modalidad de la extranjerización actual.

* Area de Economía y Tecnología de la Flacso.

¿En cuánto creció la cantidad de trabajadores? Nota en Chequeado.com 6-2-12

¿En cuánto creció la cantidad de trabajadores?

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Matías Di Santi 

06 FEBRERO, 2012

: 3 MINUTOS

Los ministros del Interior y de Trabajo, Florencio Randazzo y Carlos Tomada, suelen destacar que entre 2003 y 2010 “se crearon 5 millones de puestos de trabajo”. ¿Es cierto? ¿Qué significa esa cifra?

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, resaltó a fines de 2011 que durante las gestiones kirchneristas “se crearon 5 millones de puestos de trabajo”. El dato suele ser mencionado por la presidenta Cristina Fernández y los ministros, principalmente por el de Trabajo, Carlos Tomada, a la hora de recordar los logros alcanzados en materia laboral desde el 2003 hasta la actualidad. Sin embargo, no es lo mismo hablar de nuevos puestos de trabajo que de nuevos ocupados.

La cifra original surge del informe “Trabajo y empleo en el Bicentenario” (descargar PDF), que fue elaborado por el Ministerio de Trabajo y se basa en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada trimestralmente. Si el documento se actualiza con datos recientes, en el primer trimestre de 2003 el número de puestos de trabajo era de 11.967 millones; mientras que era de 16.966 millones en el cuarto trimestre de 2010. El resultado es la creación de 4,9 millones de puestos de trabajo en el total de las áreas urbanas del país. El número de los trabajadores ocupados, por su parte, aumentó de 11.121 millones a 15.271 millones, lo que arroja un aumento de 4,120 millones de personas que consiguieron empleo (sin incluir a los beneficiarios de planes públicos que realizan contraprestación laboral).

“El cálculo de los puestos de trabajo se hace considerando la ocupación principal y las secundarias. La EPH pregunta por las distintas ocupaciones que tienen las personas. De allí que se pueda diferenciar entre puestos y personas ocupadas”, observó Soledad Villafañe, investigadora de la Dirección de Estadísticas y Coordinación Macroeconómica del Ministerio de Trabajo. Es decir que, por ejemplo, si una trabajadora doméstica, un médico o un/a docente se desempeña en dos ocupaciones, se contabilizará como un nuevo trabajador que ocupa dos puestos nuevos.

El logro de gestión es cierto entonces, si se considera este tipo de medición. No obstante, otros organismos independientes, como el Centro de Estudios, Población y Desarrollo (CEPED), Centro CIFRA-CTA y el Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación (CIEPYC-Universidad de La Plata) optan por utilizar el número de nuevos ocupados como indicador del desarrollo socio productivo del país. Ello se ve sin embargo, dificultado por inconsistencias entre las cifras oficiales y las de los propios organismos.

La primera diferencia radica en que existen tres maneras de calcular la población ocupada. Una es sumar las estimaciones de ocupados para los 31 aglomerados urbanos. La segunda es incluir una extrapolación al total urbano. La EPH comprende alrededor del 70% de la población urbana: las cifras referidas a las ciudades no cubiertas se estiman suponiendo que poseen una estructura similar a la de los aglomerados del interior considerados en la misma. Y la tercera es la extrapolación al total país, cuyo cálculo exige que se utilicen las estimaciones de población proporcionada por el INDEC para obtener los datos en valores absolutos.

En segundo lugar, como señala Javier Lindenboim, director del CEPED, no se dispone de una serie oficial compatibilizada y empalmada. La “vieja EPH” (es decir, la EPH Puntual) se dejó de publicar en 2003, en coincidencia con la asunción del nuevo gobierno, y fue reemplazada por la EPH Continua (ver: “Los cambios en la EPH”).

Lindemboim calcula que un empalme daría como resultado que entre 2003 y 2011 difícilmente se llegue a los cuatro millones de personas ocupadas nuevas en el total urbano. “Esto considerando los ocupados sin planes. Si se considerara a todos los ocupados, incluyendo a los beneficiarios de planes, que pesaban mucho en 2003, el incremento de entonces a ahora sería sensiblemente menor (alrededor de un millón menos, que eran los beneficiarios que aparecían entonces como ocupados al inicio de 2003)”, sostiene.

La ausencia de una serie oficial ajustada es el principal causante de que los organismos obtengan diferentes resultados a la hora de medir a la población ocupada, según el criterio de medición que se utilice. E incluso cuando optan por la misma metodología, como se puede observar en el cuadro comparativo.

Evolución de la población ocupada (en millones de personas), según institución. Período 2003-2010/2011

Fuente: Elaboración propia en base a:
* CIFRA: base EPH-INDEC y proyecciones de población del INDEC (descargar PDF).
** CIEPYC: revista “Entrelíneas de la Política Económica”, No. 28, abril 2011, pág. 18, Universidad de La Plata.
*** MTEySS: base EPH-INDEC.
**** CEPED: datos semestrales del CEPED, en base a la EPH Continua. Los datos corresponden al documento de trabajo “15 años de EPH, una serie empalme entre sus versiones puntual y continua”, elaborada por los autores J.M. Graña y A. Lavopa (descargar PDF). Lindemboim destacó que “ese documento llegaba sólo hasta 2006 y se basaba en la información de la EPH continua, primera época. De allí en más se trata de los valores resultantes de la ‘nueva’ EPH continua publicados por el INDEC a partir de 2009”.

"Sintonía fina" o ajuste, ..."llamalo hache"

llámalo equis

Con esta expresión damos a entender a quien nos discute o aclara algo 

que realmente estamos hablando de lo mismo:

<<-Esta chica es realmente guapa.>>

<<-No es guapa; tiene un encanto especial.>>

<<-Llámalo equis.>>

Casi con total seguridad, la expresión era antiguamente llámalo hache, 

en alusión a la no existencia de sonido para dicha letra.                                                                                                 Diccionario de dichos y modismos

Este año 2012 ¿podremos generar en Argentina algo que se parezca a un diálogo o debate de ideas que eluda las chicanas? Sería muy bueno para la sociedad que así ocurra. Podríamos reflexionar -por ejemplo- sobre las razones sustantivas que han hecho desaparecer la impresionante  dinámica de creación de empleo que tuvimos hasta 2006. O sobre los motivos por los cuales la importante mejoría en los indicadores de distribución del ingreso también perdieron la fuerza inicial. O sobre cuál es la naturaleza predominante de la década posterior a la crisis (¿la continuidad o el cambio?).
En ese contexto de apuntar a las ideas sugiero reflexionar sobre un tema que en los noventa fue centro de discusiones académicas y no académicas: ¿deben las políticas sociales en nuestros países propiciar acciones universales o focalizadas? Desde el Plan Jefas y Jefes hasta la denominada Asignación Universal por Hijo se ha venido sosteniendo desde el gobierno la deseabilidad de las propuestas universales. Entonces aparece la pregunta ¿por qué ahora hay que cambiar? Hay un reemplazo de paradigma? A eso apunta el texto periodístico aparecido en estos días cuyo link aparece un poco más abajo.

OPINIÓN

DEBATE

“Sintonía fina” o ajuste, igual se va a sentir fuerte

POR JAVIER LINDENBOIM DIRECTOR DEL CEPED/UBA E INVESTIGADOR DEL CONICET

En una sociedad menos confrontada artificialmente hubiera sido posible construir consenso sobre la mejor manera de salir de la encrucijada que generaron los subsidios.

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