Nota de Gabriela Origlia, LA NACION, 15-8-21
La entrevista completa realizada el 6-7-21, puede escucharse aquí:
¿Es posible una jornada laboral más reducida en la Argentina? El debate se reactualizó en algunas partes del mundo después de que trascendiera el “éxito” de un ensayo de cuatro años en Islandia, donde 2500 empleados del Ayuntamiento de Reikiavik (el 1% de la población económicamente activa) pasaron a trabajar 36 horas semanales sin disminución de sus salarios. El resultado fue igual productividad y menos estrés. En la Argentina, fue el laboralista y exdiputado nacional Héctor Recalde quien planteó, días atrás, que un recorte de una hora de las 48 horas actuales de la Argentina marcadas por la jornada legal, permitiría generar 900.000 nuevos puestos.
En ese contexto el diputado del Frente de Todos y referente de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Hugo Yasky elaboró un proyecto de ley que propone la semana laboral de cuatro días. El texto busca establecer, además, que la jornada no podrá exceder de 8 horas diarias o 40 horas semanales. “De acuerdo con la OIT, los horarios largos o que no permiten tener vida social son, entre otros, un factor de riesgo psicosocial”, dice en sus fundamentos la iniciativa.
La jornada laboral reducida es un tema que se debate y se prueba en distintas economías, pero ninguna de ellas tiene las características de la Argentina. La expansión del teletrabajo por la pandemia, incluso, aceleró la discusión y le puso más condimentos.
En diálogo con LA NACION, Recalde dice que la jornada legal vigente en la Argentina, con un techo de 48 horas semanales, data de 1929 y que es la “campeona del mundo” en extensión, junto con la de Colombia. Y pone como ejemplo que en México y Chile es de 45 horas; en Brasil, Canadá y Japón es de 40 horas y en Francia, de 35 horas semanales.
Según datos publicados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más allá de las disposiciones legales, en la práctica en la Argentina se trabaja, en promedio, 35,1 horas por semana, en tanto que la sobreocupación –quienes trabajan más de 48 horas semanales- alcanza al 20% de los ocupados. La estadística del organismo surge de los la información proporcionada oficialmente por cada país (en nuestro caso, por el Indec). Y en la cantidad de horas efectivamente trabajadas inciden las altas tasas de informalidad y subocupación.
Pese a que la propuesta de disponer que la jornada establecida por ley sea más reducida viene impulsada por referentes del oficialismo, lo cierto es que desde el propio Gobierno hubo expresiones que bajaron fuertemente el nivel de probabilidad de que haya una reforma en ese sentido.
“Son temas que se están discutiendo en todo el mundo. En los países donde hubo avances, países desarrollados, se ha incorporado algún esquema de reducción del salario. En esos países los salarios son buenos y hay un planteo de que puedan trabajar un poco menos con una vida más plácida”, señaló el martes último Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, en una entrevista radial. Y agregó: “No es la realidad que está viviendo nuestro país, venimos de crisis de ingreso, es impensable plantear que se podría reducir la jornada con una reducción proporcional del salario”. Según el funcionario, la agenda de la Argentina ahora debe pasar por los objetivos de recuperar fuentes de trabajo y lograr una mayor formalización.
Recalde admite que es la política económica la clave para generar más trabajo, pero insiste en que “con una jornada más extensa hay menos trabajadores” y en que, si el tiempo de trabajo es inferior, “se pueden incorporar más”. Repasa que cuando fue diputado propuso reducirla de 48 a 45 horas semanales, aunque nunca logró que su proyecto avanzara. “Si los 6,5 millones asalariados trabajaran una hora menos se podrían generar 900.000 puestos; es una posibilidad para combatir la desocupación que tiene graves consecuencias personales y familiares”, agrega.
Pero ese argumento es mirado con descreimiento por parte de economistas y especialistas en materia laboral. Javier Lindenboim, investigador y docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), entiende que la creación de empleo no es una variable que dependa de la extensión de la jornada. “Tenemos carencia de una dinámica productiva y es por eso que llevamos una década sin generar trabajo en el sector privado. Hay experiencias favorables [en el mundo], pero no son ejecutadas para resolver el problema del empleo; en la Argentina hay un retroceso inédito de la oferta laboral y también cayó la presión de la demanda”, dice.
El experto en mercado laboral Matías Ghidini sostiene que la Argentina tiene oportunidades de crear empleo privado de calidad y que la alternativa “no es repartir una torta que se viene debilitando y es más pobre”. Analiza que “el repensar la carga horaria está vinculado con el trabajo del futuro y con una productividad más asociada a la calidad”. E indica que, en ese sentido, hay deberes que ya se han hecho y otros que resta hacer, como la planificación estratégica de los recursos humanos, una tarea que se debe encarar entre el sector público y el privado. “Todo arranca desde la educación”, dice.
El senador por el Frente de Todos Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, se sumó al planteo de su padre, el laboralista. Coincide en que la reducción de la jornada “no es menos trabajo”, sino que es “repartir mejor el empleo y aumentar la productividad”. En sus redes sociales agregó que “también es bajar los accidentes de trabajo. Y es el futuro”.
Héctor Recalde considera que la actual coyuntura, con una baja en la actividad, es buena para avanzar en la idea. “Es cierto que carga un poco el costo laboral –reconoce-, pero salario es consumo e inversión; habrá más demanda y los empleadores ganan ahí; es el comienzo del círculo virtuoso. Aprovechemos que se esté trabajado menos y acompañemos a los países más adelantados de la región y del mundo”.
El economista y exministro de Educación de la Nación Juan Llach, director del proyecto “La productividad inclusiva, clave para el desarrollo sostenido de la Argentina” en el IAE Business School y en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral –donde es profesor emérito– el recorte de la jornada laboral no debe confundirse con una política de creación de trabajo.
Considera que es un “error” desconocer las “carencias de la enorme mayoría de los desocupados que son de larga duración; hay que aumentar la calidad y la cantidad de capital humano y físico en un esfuerzo conjunto de los sectores público y privado”. Y señala que el “gran desafío” es ir sobre los desempleados y los que tienen puestos de muy baja calidad, a los que hay asistir con “educación para el trabajo”.
A principios de este año, el gobierno español anunció una iniciativa para reducir la jornada laboral y hasta analizó destinar fondos para incentivar a las empresas a adoptar este esquema. Pero después frizó la iniciativa. En Nueva Zelanda, Estados Unidos y Japón hay empresas que ya utilizan el esquema y, en Chile, representantes de la centro izquierda presentaron un proyecto con ese objetivo.
A fines de junio la Cámara de Diputados chilena declaró admisible el proyecto que apunta a acortar de cinco a cuatro los días laborales y a disponer una jornada de 40 horas semanales en un principio, para bajar a 38 horas al quinto año de la puesta en marcha del esquema. En Colombia se busca pasar de las 48 horas actuales por semana a 42 de manera gradual. Cada año se bajarán dos horas, desde 2023 y hasta 2026.
Lindenboim aporta que el tema se puede plantear en términos de redistribución del ingreso o del tiempo humano cuando se los mira socialmente y se considera la posibilidad de personas que dedicarían menos tiempo a ocupaciones generadoras de ingreso. “Es en ese último marco donde se buscan mecanismos que atemperen la extensión de la jornada y que aprovechen la mejora de la productividad que se logra por tecnología”, explica. También observa que la productividad en la economía en su conjunto tiene que ver con el sistema, con el rendimiento del esfuerzo colectivo.
Alexandra Manera, directora de Recursos Humanos de la consultora Adecco para la Argentina y Uruguay, sostiene que en la Argentina no están dadas las condiciones todavía para un cambio en ese sentido porque “falta la cultura del trabajo por objetivos y porque, por eso, la productividad todavía se evalúa por la cantidad de horas trabajadas”.
Sí se podría, agrega, empezar a caminar hacia esa meta en la que el empleado tiene el “compromiso y la responsabilidad de cumplir con sus tareas, pero organizando su tiempo en base a sus necesidades y comodidades personales”. Algunas compañías, de hecho, hacen sus experiencias. Las empresas, en esos esquemas, contabilizan la productividad en función de los logros. Manera sostiene que hay una ecuación clave al momento de pensar el mercado laboral actual: a mayor tecnología, mayor flexibilidad y mayor adaptación al cambio.
Los expertos consultados por LA NACION coinciden en que las experiencias de recorte de jornada se realizan en contextos de legislaciones laborales más modernas que la vigente en la Argentina. ¿Podrían entonces hacerse reformas en un sentido más amplio, que no sea solo reducir la jornada de trabajo? Héctor Recalde dice confiar en que hay dirigentes sindicales que estarían dispuestos a abrir un debate sobre el tema.
“El argentino es un modelo arcaico que no incentiva cambios en la jornada –aporta Ghidini–. La mayor cantidad de empleo lo generan las pequeñas y medianas empresas y el contexto legal es restrictivo, cuando en realidad las nuevas formas del trabajo requieren otro panorama legal, distinto al actual. Son formatos de trabajo por proyecto, free lance”.
Y enfatiza la idea de que hay que definir la matriz productiva del país, porque si cada gobierno hace una revisión general de todo con el consecuente cambio de prioridades según quienes sean los dirigentes que gestionen, “se hace difícil planificar”. Hay sectores que se mantendrán como pilares, por ejemplo, el agro y la producción de energía, dice Ghidini. Y a ellos se suman la exportación de conocimientos. “Son sectores que están sobre la mesa, hay que confirmarlos y trabajar sobre las rampas al futuro”, concluye.
Llach considera que los acuerdos son esenciales para lograr aumentar, conjuntamente, la productividad y la inclusión. “La primera es esencial para crecer, pero no es aceptable por sí sola, políticamente. Y la segunda sola, más frecuente en la Argentina, no es sostenible sin desarrollo económico; por eso deben ir juntas”, considera. Y cree que esa dupla será aún más necesaria después de la pandemia, por el aumento tanto de la pobreza como de la desigualdad, y por el entorno de un gran cambio tecnológico.
“Las políticas económicas suelen centrarse en la macro de corto plazo: reducir la inflación y el déficit fiscal, encarrilar el precio del dólar, dotar de recursos a la ayuda social y lograr una reactivación, casi siempre pasajera –concluye el economista–. Pareciera no advertirse que un rumbo claro es esencial y se necesitan mutuamente con la macro de corto plazo. Si hoy el rumbo del país estuviera en marcha, clara y correctamente, la Argentina podría crecer más y, por la mayor inversión y la creación de empleos, se morigerarían las privaciones para los más necesitados, asociadas a la imprescindible reducción del déficit fiscal”.
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