Reportaje de Gerardo De Santis UNLP, Espacio económico, a raíz del artículo periodístico "El maquillaje no baja la pobreza"
PARTE 1
PARTE 2
martes, 26 de mayo de 2009
domingo, 17 de mayo de 2009
Los asalariados aún lejos de recuperar su parte en el PBI G Bustelo Diario Los Andes
Pese al discurso, los asalariados siguen lejos de recuperar su cuota en el PBI
Tras años de crecimiento, los trabajadores acaparan el 35%; cifra más baja que los gloriosos 50 y aún los ?90.
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sábado, 16 de mayo de 2009
Estadísticas públicas, política y otras cuestiones en el libro editado por Eudeba
Reportaje de Damián Toschi, Radio Universidad de La Plata
sábado, 18 de abril de 2009
¿El modelo K fue otra versión fallida de la teoría del derrame? Diario CRITICA
En esta columna, Maximiliano Montenegro utiliza los trabajos del CEPED para fundamentar su análisis sobre el tema distributivo.
El país
PANORAMA ECONÓMICO
El reparto de la torta
La desigualdad y la pobreza son tan altas como en la década menemista. ¿El modelo K fue otra versión fallida de la teoría del derrame? Maximiliano Montenegro.
Por M. Montenegro
18.04.2009
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La inseguridad parece instalarse como un tema central en la campaña electoral, junto con las leyes penales y las medidas represivas para afrontarla. Pero son contados los dirigentes políticos que discuten sobre las causas sociales del fenómeno. La presidenta, Cristina Fernández, se atrevió un par de semanas atrás a enunciar una explicación de raíz social: “Está comprobado que la brecha social, la extrema riqueza conviviendo con la extrema pobreza acrecienta increíblemente los niveles de inseguridad. La diferencia entre el que tiene todo y el que no tiene nada va creando en la sociedad niveles de resentimiento y de deseo de tener lo del otro a cualquier costo”, afirmó durante la presentación de un plan de equipamiento policial y más fuerzas de seguridad en la calle. Con ese acertado diagnóstico, ¿reconocerá también Cristina que la inequidad es hoy tan alta como durante la era menemista? ¿O la Presidenta sólo hablaba en términos teóricos, porque cree que ésta es una sociedad cada vez más equitativa, gracias a que Moreno metió mano dura en los índices del INDEC? ¿Cuál fue el modelo K de redistribución del ingreso durante estos años de crecimiento a tasas chinas? ¿No fue acaso una nueva versión de la teoría del derrame? Veamos.
TORTAZO. Empecemos por el principio. La riqueza que producen cada año los argentinos se denomina Producto Bruto Interno. El crecimiento del PBI indica que la torta de ingresos a repartir se agranda.
Cómo se reparte esa torta del PBI (compuesta por salarios, remuneraciones, ganancias) es lo que mide la distribución del ingreso: qué porciones de la torta se llevan trabajadores, empresarios; sectores altos, medios o bajos, son distintas maneras de medir el reparto.
Durante los últimos seis años, el PBI engordó a tasas récord: casi 50%, en términos reales. Pero ¿qué sucedió con el reparto de las porciones?
Una forma de medirlo es la llamada “distribución funcional”, que determina cuánto de la torta se llevan los trabajadores (como salarios) y cuánto el resto: empresarios (como ganancias) y rentistas.
Perón hablaba del famoso 50 y 50. En su concepción de la justicia social, los trabajadores debían recibir la mitad del ingreso y la otra mitad los capitalistas. Según diversas fuentes (BCRA, CEPED), ésa era aproximadamente la distribución a principios de la década del 50 y en 1973/74.
Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPED), reconstruyó una serie de participación asalariada en el ingreso entre 1935-2006 (“¿Qué hay detrás de la distribución funcional del ingreso?”, junto a Juan Graña y Damián Kennedy, CEPEDUBA, marzo 2009). Los datos llegan hasta 2006, porque desde 2007 –cuando se empezaron a falsear los índices de inflación del INDEC– Guillermo Moreno ocultó la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), insumo esencial para los estudios de pobreza, indigencia y distribución del ingreso, entre otros indicadores sociales. Según los cálculos de Lindenboim, en 2006, los asalariados mordían un 34% del pastel, mientras que el resto iba a los bolsillos de los empresarios. Desde entonces, el investigador cree que, en el mejor de los casos, la situación se mantuvo; aunque es probable que haya empeorado levemente a partir del segundo semestre de 2008, como consecuencia de la inflación y el freno en la tasa de creación de empleos.
Como sea, la mejora es sustancial en comparación con la situación en plena crisis de 2002, tras el derrumbe de la convertibilidad: entonces, los trabajadores recibieron apenas el 27% del PBI.
Sin embargo, la distribución actual sigue siendo más desfavorable para los trabajadores que la del año 2001, previo a la crisis: cuando la masa salarial representaba el 38% del producto. Y en la serie de Lindemboin es peor también a la de toda la década menemista: cuando osciló entre picos arriba del 40% –en 1993/1994– y un piso del 35 por ciento, en la recesión postequila.
TERMÓMETRO OFICIAL. Comparemos con la medición oficial. El año pasado, la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales publicó, como documento del INDEC, una serie de distribución del ingreso para el período 1993-2007. Luego fue actualizada para 2008. Dejando de lado los datos de los últimos dos años –que sólo el mago Moreno sabe cómo se construyeron– difiere respecto de la medición de Lindenboin básicamente a partir de 2002, no en la tendencia, sino en el nivel. Para la medición del INDEC, la caída de la participación salarial en el PBI en 2002 no fue tan pronunciada y, la recuperación, fue levemente más rápida. En 2002, retrocedió al 34,6%. Y se recuperó hasta el 41,5% en 2006. Es una participación similar a la de los trabajadores en 2000/2001, previa a la crisis. Mejora respecto del período 95-98 (cuando osciló entre 40 y 37%). Pero es una distribución peor de la que existía durante el primer gobierno de Menem, en el período 93/94: cuando María Julia Alsogaray posaba desnuda con tapado de pieles. Otra manera de medir la distribución es dividiendo a la sociedad en grupos sociales (ricos, pobres, clase media) y observar cuánto de la tarta de ingresos se lleva cada grupo. Según los cálculos de la FETyP (Fundación Estado, Trabajo y Producción), en base a EPH-INDEC, desde 1974 en adelante, el quinto más pobre de la población viene perdiendo peso en la distribución sin interrupciones. Antes del Rodrigazo, se quedaba con el 6,1% del ingreso; en 1994, con el 4,6%; en 2004, con el 4%, y en 2006 (“hoy”) con el 3,7%.
A partir de 2003, el quinto más rico de la población cedió una tajada del ingreso a favor de los sectores medios. Pero todavía sigue acaparando una porción tan suculenta como durante buena parte del menemismo: 51,6% de la torta. Además, cedió, en proporción, menos que el sector más pobre: así la brecha de ingresos entre el quinto más rico y el más pobre llegó al récord de 13,9 veces; contra 13,5 veces en 2004; 11,1 veces en 2004, y 7 veces en 1974.
Para una sociedad que se encuentra a las puertas de una nueva a recesión, el modelo kirchnerista de redistribución no muestra resultados demasiado auspiciosos.
DISCIPLINADOR. La crisis actuó en las últimas cuatro décadas como gran “disciplinador social” y “moderador de expectativas”. Década tras década, la sociedad argentina soportó niveles de pobreza e inequidad en ascenso. La tolerancia frente a ese proceso incesante de degradación social tal vez pueda explicarse por el impacto provocado por las sucesivas crisis en la memoria colectiva. Antes de la hiperinflación, era impensado que la Argentina pudiera llegar a soportar los niveles de pobreza y desigualdad de la década menemista. Sin embargo, durante buena parte de su mandato, en especial antes de la recesión de 95, Menem exaltó –y ganó elecciones– gracias a las mejoras de los indicadores sociales frente a los picos de miseria de 89/90. Los avances sociales que exalta el matrimonio K son notorios frente a la megacrisis de 2002. Pero ni siquiera en estos últimos años de acelerada expansión se logró bajar del nuevo piso de desigualdad y pobreza cimentado en la década de los 90. Hoy, según Artemio López la pobreza rondaría el 27%, mientras que otras estimaciones (Ernesto Kritz o Claudio Lozano) la sitúan arriba del 30%. En cualquier caso, por encima del promedio de la era menemista.
En un interesante estudio, Gervasio Arakaki y María del Pilar Piqué (“La disparidad salarial. Una aproximación al Estudio de la Distribución del Ingreso en Argentina en el período 2003-2007”, CEPED-UBA, 2009) afirman que, una vez más, la “teoría del derrame” fracasó. Y explican la persistencia de la desigualdad y la pobreza por la enorme segmentación en el mercado de trabajo. Desde 2003, ante un sostenido incremento de la ocupación, el empleo en negro se mantuvo en niveles elevadísimos y sólo perdió participación en la fuerza de trabajo total porque el aumento del empleo en blanco fue todavía mayor. En el período, la brecha salarial entre empleados registrados y no registrados pasó del 120% más de sueldo al 140 por ciento. Más de cuatro millones de trabajadores informales constituyen un núcleo duro de la pobreza y la desigualdad.
Los economistas advierten, además, que en este segmento “las únicas posibilidades de aumentos salariales parecería presentarse cuando la necesidad de absorción de mano de obra es excesiva”. Y se preguntan cuáles son las chances de conservar poder de compra de estos trabajadores en un escenario recesivo.
La eliminación de la Tablita de Machinea, para los empleados con sueldos de bolsillo de más de 7.000 pesos, o los planes de compra de autos 0 km son medidas que apuntan a otro lado: al sector sindicalizado y mejor pago del universo laboral. No parecerían las mejores políticas redistributivas en una economía que se vuelve a deslizar sobre el tobogán.
TORTAZO. Empecemos por el principio. La riqueza que producen cada año los argentinos se denomina Producto Bruto Interno. El crecimiento del PBI indica que la torta de ingresos a repartir se agranda.
Cómo se reparte esa torta del PBI (compuesta por salarios, remuneraciones, ganancias) es lo que mide la distribución del ingreso: qué porciones de la torta se llevan trabajadores, empresarios; sectores altos, medios o bajos, son distintas maneras de medir el reparto.
Durante los últimos seis años, el PBI engordó a tasas récord: casi 50%, en términos reales. Pero ¿qué sucedió con el reparto de las porciones?
Una forma de medirlo es la llamada “distribución funcional”, que determina cuánto de la torta se llevan los trabajadores (como salarios) y cuánto el resto: empresarios (como ganancias) y rentistas.
Perón hablaba del famoso 50 y 50. En su concepción de la justicia social, los trabajadores debían recibir la mitad del ingreso y la otra mitad los capitalistas. Según diversas fuentes (BCRA, CEPED), ésa era aproximadamente la distribución a principios de la década del 50 y en 1973/74.
Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPED), reconstruyó una serie de participación asalariada en el ingreso entre 1935-2006 (“¿Qué hay detrás de la distribución funcional del ingreso?”, junto a Juan Graña y Damián Kennedy, CEPEDUBA, marzo 2009). Los datos llegan hasta 2006, porque desde 2007 –cuando se empezaron a falsear los índices de inflación del INDEC– Guillermo Moreno ocultó la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), insumo esencial para los estudios de pobreza, indigencia y distribución del ingreso, entre otros indicadores sociales. Según los cálculos de Lindenboim, en 2006, los asalariados mordían un 34% del pastel, mientras que el resto iba a los bolsillos de los empresarios. Desde entonces, el investigador cree que, en el mejor de los casos, la situación se mantuvo; aunque es probable que haya empeorado levemente a partir del segundo semestre de 2008, como consecuencia de la inflación y el freno en la tasa de creación de empleos.
Como sea, la mejora es sustancial en comparación con la situación en plena crisis de 2002, tras el derrumbe de la convertibilidad: entonces, los trabajadores recibieron apenas el 27% del PBI.
Sin embargo, la distribución actual sigue siendo más desfavorable para los trabajadores que la del año 2001, previo a la crisis: cuando la masa salarial representaba el 38% del producto. Y en la serie de Lindemboin es peor también a la de toda la década menemista: cuando osciló entre picos arriba del 40% –en 1993/1994– y un piso del 35 por ciento, en la recesión postequila.
TERMÓMETRO OFICIAL. Comparemos con la medición oficial. El año pasado, la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales publicó, como documento del INDEC, una serie de distribución del ingreso para el período 1993-2007. Luego fue actualizada para 2008. Dejando de lado los datos de los últimos dos años –que sólo el mago Moreno sabe cómo se construyeron– difiere respecto de la medición de Lindenboin básicamente a partir de 2002, no en la tendencia, sino en el nivel. Para la medición del INDEC, la caída de la participación salarial en el PBI en 2002 no fue tan pronunciada y, la recuperación, fue levemente más rápida. En 2002, retrocedió al 34,6%. Y se recuperó hasta el 41,5% en 2006. Es una participación similar a la de los trabajadores en 2000/2001, previa a la crisis. Mejora respecto del período 95-98 (cuando osciló entre 40 y 37%). Pero es una distribución peor de la que existía durante el primer gobierno de Menem, en el período 93/94: cuando María Julia Alsogaray posaba desnuda con tapado de pieles. Otra manera de medir la distribución es dividiendo a la sociedad en grupos sociales (ricos, pobres, clase media) y observar cuánto de la tarta de ingresos se lleva cada grupo. Según los cálculos de la FETyP (Fundación Estado, Trabajo y Producción), en base a EPH-INDEC, desde 1974 en adelante, el quinto más pobre de la población viene perdiendo peso en la distribución sin interrupciones. Antes del Rodrigazo, se quedaba con el 6,1% del ingreso; en 1994, con el 4,6%; en 2004, con el 4%, y en 2006 (“hoy”) con el 3,7%.
A partir de 2003, el quinto más rico de la población cedió una tajada del ingreso a favor de los sectores medios. Pero todavía sigue acaparando una porción tan suculenta como durante buena parte del menemismo: 51,6% de la torta. Además, cedió, en proporción, menos que el sector más pobre: así la brecha de ingresos entre el quinto más rico y el más pobre llegó al récord de 13,9 veces; contra 13,5 veces en 2004; 11,1 veces en 2004, y 7 veces en 1974.
Para una sociedad que se encuentra a las puertas de una nueva a recesión, el modelo kirchnerista de redistribución no muestra resultados demasiado auspiciosos.
DISCIPLINADOR. La crisis actuó en las últimas cuatro décadas como gran “disciplinador social” y “moderador de expectativas”. Década tras década, la sociedad argentina soportó niveles de pobreza e inequidad en ascenso. La tolerancia frente a ese proceso incesante de degradación social tal vez pueda explicarse por el impacto provocado por las sucesivas crisis en la memoria colectiva. Antes de la hiperinflación, era impensado que la Argentina pudiera llegar a soportar los niveles de pobreza y desigualdad de la década menemista. Sin embargo, durante buena parte de su mandato, en especial antes de la recesión de 95, Menem exaltó –y ganó elecciones– gracias a las mejoras de los indicadores sociales frente a los picos de miseria de 89/90. Los avances sociales que exalta el matrimonio K son notorios frente a la megacrisis de 2002. Pero ni siquiera en estos últimos años de acelerada expansión se logró bajar del nuevo piso de desigualdad y pobreza cimentado en la década de los 90. Hoy, según Artemio López la pobreza rondaría el 27%, mientras que otras estimaciones (Ernesto Kritz o Claudio Lozano) la sitúan arriba del 30%. En cualquier caso, por encima del promedio de la era menemista.
En un interesante estudio, Gervasio Arakaki y María del Pilar Piqué (“La disparidad salarial. Una aproximación al Estudio de la Distribución del Ingreso en Argentina en el período 2003-2007”, CEPED-UBA, 2009) afirman que, una vez más, la “teoría del derrame” fracasó. Y explican la persistencia de la desigualdad y la pobreza por la enorme segmentación en el mercado de trabajo. Desde 2003, ante un sostenido incremento de la ocupación, el empleo en negro se mantuvo en niveles elevadísimos y sólo perdió participación en la fuerza de trabajo total porque el aumento del empleo en blanco fue todavía mayor. En el período, la brecha salarial entre empleados registrados y no registrados pasó del 120% más de sueldo al 140 por ciento. Más de cuatro millones de trabajadores informales constituyen un núcleo duro de la pobreza y la desigualdad.
Los economistas advierten, además, que en este segmento “las únicas posibilidades de aumentos salariales parecería presentarse cuando la necesidad de absorción de mano de obra es excesiva”. Y se preguntan cuáles son las chances de conservar poder de compra de estos trabajadores en un escenario recesivo.
La eliminación de la Tablita de Machinea, para los empleados con sueldos de bolsillo de más de 7.000 pesos, o los planes de compra de autos 0 km son medidas que apuntan a otro lado: al sector sindicalizado y mejor pago del universo laboral. No parecerían las mejores políticas redistributivas en una economía que se vuelve a deslizar sobre el tobogán.
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jueves, 9 de abril de 2009
Reportaje sobre el Grupo Fénix, el INDEC y el estado de la economía
Reportaje de Silvio Huberman, La Buena Nueva, Radio El Mundo
sábado, 14 de febrero de 2009
Distribución funcional del ingreso y los ingresos fiscales
Nota de Maximiliano Montenegro en Crítica 14-2-09, en la que utiliza y menciona los estudios del CEPED sobre el tema
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El país
PANORAMA ECONÓMICO
La frazada queda corta
El Gobierno no tiene margen para eliminar retenciones. Pero el diálogo abierto con la mesa de enlace marcan un cambio importante. Hacienda ordenó a los Ministerios un recorte de partidas del 20%. Las obras públicas y los planes sociales, por ahora, fuera del ajuste. La versión K de la distribución del ingreso. Maximiliano Montenegro.
Por M. Montenegro
14.02.2009
Cuando la economía se enfría, la frazada empieza a quedar corta. En los últimos días, la Secretaría de Hacienda giró una nota a todos los Ministerios exigiéndoles una subejecución de partida del 20 por ciento. Es un porcentaje equivalente al aumento nominal de gastos previsto en el Presupuesto 2009, respecto del ejecutado en 2008. Dicho de otra manera, de cumplirse la directiva, habrá reparticiones que deberán ajustar, en términos reales (descontada la inflación), sus erogaciones. La orden, impartida desde la secretaría de Juan Carlos Pezoa, un funcionario con línea directa con Néstor Kirchner, es una señal de alarma como no había sonado en los últimos años en Olivos.
Sólo dos áreas no serían alcanzadas por el ajuste: las obras públicas y los programas de gasto social focalizados en los sectores más vulnerables. ¿Qué pasará con los planes de Ministerios como Salud, Educación, y Ciencia y Tecnología? La instrucción es pareja para todos, responden en Presidencia. A manera de consuelo, deslizan un vitriólico reproche. Argumentan que las dificultades de gestión en esos Ministerios disimularán el recorte exigido. Igual, en esas reparticiones siempre quedaban recursos sin ejecutar.
Las cuentas del fisco son las siguientes. Para este año, la meta presupuestaria establecía un superávit fiscal de U$S 10.000 millones, necesarios para cubrir la mitad de los vencimientos de deuda del año. Con las exportaciones en picada y el mercado interno frágil, ahora muchos creen que el superávit operativo se achicaría a 5000 o U$S 6000 millones.
“¿Donde estaríamos ahora si no hubiéramos avanzado con el proyecto de estatización de las AFJP de este señor?”, comentó días pasado Cristina, señalando frente a un grupo de colaboradores a Amado Boudou, titular de la Anses y funcionario mimado en Olivos.
El matrimonio presidencial apuesta a que con los recursos o el financiamiento de la Anses se cumplan los planes de infraestructura pautados para el año electoral. Sin embargo, el ajuste podría llegar también hasta los fondos que reclaman los gobernadores para motorizar la obra pública si la recaudación se desmorona.
¿CHARLAMO' UN RATITO? El Gobierno no tiene hoy ningún margen para eliminar las retenciones a las exportaciones de soja, ni siquiera para rebajarlas sustancialmente. Pero los canales de comunicación abiertos con la dirigencia rural en las últimas horas marcan un cambio importante. Hace rato que el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y también su predecesor en el cargo, Alberto Fernández, durante sus visitas recientes a la Quinta Presidencial, venían insistiendo con el tema. Ambos creen que ese diálogo es necesario para avanzar en un Pacto Social más amplio con empresarios y sindicalistas, que ordene el escenario económico en los próximos meses. La propuesta de tender puentes con la mesa de enlace agropecuaria, sin embargo, había hasta ahora chocado con la negativa de Néstor Kirchner.
A diferencia del año pasado, cuando con las retenciones móviles se discutía cómo repartir la prosperidad, hoy lo que está en juego es cómo se distribuyen los costos del ajuste. Más allá de los desvaríos románticos de los intelectuales K, con todas las cartas en la mano, el Gobierno mostró el año pasado una gran impericia política para apropiarse de una tajada adicional del excedente agropecuario en tiempos de abundancia. El desafío actual es todavía más peliagudo. Los espacios de acción políticos y económicos del oficialismo son mucho más reducidos. A su vez, con la sequía y la deflación de precios internacionales la incertidumbre que afrontan pequeños y medianos productores agropecuarios es admitida hasta por los propios funcionarios. A favor de un espacio de coincidencias juega el rechazo social, en medio de la crisis, a un posible regreso a las rutas de los productores.
¿Entenderá Néstor que sentarse a dialogar con una corporación no significa discutir quién fija las políticas públicas, función indelegable del Estado? “Eso es algo que Néstor entendió siempre durante su mandato”, recuerda Alberto Fernández.
AY, CRISTINA. Cristina Fernández estuvo esta semana donde había que estar. En Tartagal, con los zapatos embarrados, el pelo y la camisa empapados, dialogando con los argentinos que, como bien definió la presidenta, sufren la tragedia de la pobreza. Los que critican ese contacto con la realidad como puro marketing están cegados en su rechazo al Gobierno; al igual que Elisa Carrió cuando descalifica cualquier medida oficial con el latiguillo de que “son todos ladrones”.
Sin embargo, Cristina, como Kirchner, padecen esa manía de rescribir todo el tiempo la propia historia. “Me hierve la sangre cuando veo tanta pobreza, tanta avaricia y tanto egoísmo al mismo tiempo”, dijo, al día siguiente, ante un auditorio de militantes sociales en Olivos. Y les reclamó solidaridad a los sectores medios y altos. “Aquellos que pueden prender una hornalla sin una garrafa o un tubo de gas, tal vez esto les parezca sin importancia”, aseguró, con su estilo aleccionador.
Es curioso. Es la misma administración K que benefició con más de $ 10.000 millones en subsidios estatales a las clases medias altas al mantener congeladas las tarifas del gas de red en los últimos años, mientras dejó que la garrafa (mercado en el que Repsol YPF detenta una posición dominante) aumentara más de 250% desde la devaluación. Desde esta columna contamos, hace un año, cómo proliferaron durante la era kirchnerista los climatizadores de piscinas en Nordelta y otros suntuosos barrios privados, o los reflectores de 1000 watts gracias a las tarifas subsidadas de luz y gas.
¿Alguien puede creer ahora el discurso de Julio De Vido, cuando justifica los actuales tarifazos por un criterio de equidad distributiva? La desesperación por recomponer la caja fiscal obligó al Gobierno a recortar subsidios y descongelar de golpe las tarifas, cuando debieron ajustarse gradualmente en los últimos años.
Otro ejemplo de redistribución del ingreso al estilo K. Alicia Kirchner y Cristina presentaron el jueves el relanzamiento de los planes sociales. El anuncio oficial de esta semana supone un incremento del gasto (en el plan familias, el plan alimentario y las pensiones no contributivas) respecto de 2008 de unos $ 2000 millones, de los cuales más de las mitad ya estaban contemplados en el Presupuesto 2009. Así el aumento real de fondos, por sobre lo presupuestado para este año, no llegaría a los $ 800 millones. Según los funcionarios, ese dinero extra se distribuiría entre 6 millones de cadenciados.
La cifra luce exigua a la luz del costo que significará la eliminación de la tablita de Machinea, que no estaba prevista en el Presupuesto 2009: como mínimo, 1500 millones de pesos que resignará el Estado a favor de 160.000 empleados con ingresos superiores a los $ 7000 mensuales de bolsillo.
Al margen de consideraciones obvias en términos de equidad distributiva, en la opinión de este periodista, la mejora ingresos de los sectores pobres e indigentes, es en el actual contexto la mejor política para sostener los niveles de consumo y de actividad económica. En cambio, el dinero adicional destinado a los bolsillos con mayor capacidad de ahorro, probablemente se traduzca en los próximos meses en más demanda de dólares.
Desde el segundo trimestre de 2007, el Indec de Guillermo Moreno oculta la base de datos de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares), insumo clave para la medición de la pobreza, la indigencia y la distribución del ingreso. Artemio López estima para 2008 en 30 veces la brecha de ingresos entre el decil más rico de la población y el más pobre. En tanto, calcula la pobreza, en alza, en el 24%. Otros economistas, como Ernesto Kritz, hablan de más del 30%.
Javier Lindenboim, investigador del Conicet que elaboró una medición de la “distribución funcional del ingreso” (cuánto de la torta se quedan los trabajadores y cuánto los empresarios), sostiene que “la mejora en la participación salarial en el producto entre 2003 y 2006 estuvo más del lado del aumento del empleo que de la mejora en el poder adquisitivo salarial”. En 2008, se frenó la creación neta de empleos y la inflación más que duplicó los índices oficiales. Por lo tanto, en el mejor de los casos supone que la distribución se estancó en el 34% de participación de los salarios en el producto nacional.
Como sea, los datos actuales de pobreza y distribución son similares a las cifras promedio de la década menemista. Solo muestran mejoras si se los compara con los picos del estallido de la crisis de 2001-2002. Pero a ese mismo engaño recurría Carlos Menem cuando pretendía destacar los logros de su gestión contra el espejo de la hiperinflación.
Para redistribuir ingresos, antes que reclamar solidaridad a los más ricos, lo lógico sería aplicar políticas coherentes desde el Estado. Y no barrer las estadísticas sociales bajo la alfombra del despacho de Moreno.
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Sólo dos áreas no serían alcanzadas por el ajuste: las obras públicas y los programas de gasto social focalizados en los sectores más vulnerables. ¿Qué pasará con los planes de Ministerios como Salud, Educación, y Ciencia y Tecnología? La instrucción es pareja para todos, responden en Presidencia. A manera de consuelo, deslizan un vitriólico reproche. Argumentan que las dificultades de gestión en esos Ministerios disimularán el recorte exigido. Igual, en esas reparticiones siempre quedaban recursos sin ejecutar.
Las cuentas del fisco son las siguientes. Para este año, la meta presupuestaria establecía un superávit fiscal de U$S 10.000 millones, necesarios para cubrir la mitad de los vencimientos de deuda del año. Con las exportaciones en picada y el mercado interno frágil, ahora muchos creen que el superávit operativo se achicaría a 5000 o U$S 6000 millones.
“¿Donde estaríamos ahora si no hubiéramos avanzado con el proyecto de estatización de las AFJP de este señor?”, comentó días pasado Cristina, señalando frente a un grupo de colaboradores a Amado Boudou, titular de la Anses y funcionario mimado en Olivos.
El matrimonio presidencial apuesta a que con los recursos o el financiamiento de la Anses se cumplan los planes de infraestructura pautados para el año electoral. Sin embargo, el ajuste podría llegar también hasta los fondos que reclaman los gobernadores para motorizar la obra pública si la recaudación se desmorona.
¿CHARLAMO' UN RATITO? El Gobierno no tiene hoy ningún margen para eliminar las retenciones a las exportaciones de soja, ni siquiera para rebajarlas sustancialmente. Pero los canales de comunicación abiertos con la dirigencia rural en las últimas horas marcan un cambio importante. Hace rato que el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y también su predecesor en el cargo, Alberto Fernández, durante sus visitas recientes a la Quinta Presidencial, venían insistiendo con el tema. Ambos creen que ese diálogo es necesario para avanzar en un Pacto Social más amplio con empresarios y sindicalistas, que ordene el escenario económico en los próximos meses. La propuesta de tender puentes con la mesa de enlace agropecuaria, sin embargo, había hasta ahora chocado con la negativa de Néstor Kirchner.
A diferencia del año pasado, cuando con las retenciones móviles se discutía cómo repartir la prosperidad, hoy lo que está en juego es cómo se distribuyen los costos del ajuste. Más allá de los desvaríos románticos de los intelectuales K, con todas las cartas en la mano, el Gobierno mostró el año pasado una gran impericia política para apropiarse de una tajada adicional del excedente agropecuario en tiempos de abundancia. El desafío actual es todavía más peliagudo. Los espacios de acción políticos y económicos del oficialismo son mucho más reducidos. A su vez, con la sequía y la deflación de precios internacionales la incertidumbre que afrontan pequeños y medianos productores agropecuarios es admitida hasta por los propios funcionarios. A favor de un espacio de coincidencias juega el rechazo social, en medio de la crisis, a un posible regreso a las rutas de los productores.
¿Entenderá Néstor que sentarse a dialogar con una corporación no significa discutir quién fija las políticas públicas, función indelegable del Estado? “Eso es algo que Néstor entendió siempre durante su mandato”, recuerda Alberto Fernández.
AY, CRISTINA. Cristina Fernández estuvo esta semana donde había que estar. En Tartagal, con los zapatos embarrados, el pelo y la camisa empapados, dialogando con los argentinos que, como bien definió la presidenta, sufren la tragedia de la pobreza. Los que critican ese contacto con la realidad como puro marketing están cegados en su rechazo al Gobierno; al igual que Elisa Carrió cuando descalifica cualquier medida oficial con el latiguillo de que “son todos ladrones”.
Sin embargo, Cristina, como Kirchner, padecen esa manía de rescribir todo el tiempo la propia historia. “Me hierve la sangre cuando veo tanta pobreza, tanta avaricia y tanto egoísmo al mismo tiempo”, dijo, al día siguiente, ante un auditorio de militantes sociales en Olivos. Y les reclamó solidaridad a los sectores medios y altos. “Aquellos que pueden prender una hornalla sin una garrafa o un tubo de gas, tal vez esto les parezca sin importancia”, aseguró, con su estilo aleccionador.
Es curioso. Es la misma administración K que benefició con más de $ 10.000 millones en subsidios estatales a las clases medias altas al mantener congeladas las tarifas del gas de red en los últimos años, mientras dejó que la garrafa (mercado en el que Repsol YPF detenta una posición dominante) aumentara más de 250% desde la devaluación. Desde esta columna contamos, hace un año, cómo proliferaron durante la era kirchnerista los climatizadores de piscinas en Nordelta y otros suntuosos barrios privados, o los reflectores de 1000 watts gracias a las tarifas subsidadas de luz y gas.
¿Alguien puede creer ahora el discurso de Julio De Vido, cuando justifica los actuales tarifazos por un criterio de equidad distributiva? La desesperación por recomponer la caja fiscal obligó al Gobierno a recortar subsidios y descongelar de golpe las tarifas, cuando debieron ajustarse gradualmente en los últimos años.
Otro ejemplo de redistribución del ingreso al estilo K. Alicia Kirchner y Cristina presentaron el jueves el relanzamiento de los planes sociales. El anuncio oficial de esta semana supone un incremento del gasto (en el plan familias, el plan alimentario y las pensiones no contributivas) respecto de 2008 de unos $ 2000 millones, de los cuales más de las mitad ya estaban contemplados en el Presupuesto 2009. Así el aumento real de fondos, por sobre lo presupuestado para este año, no llegaría a los $ 800 millones. Según los funcionarios, ese dinero extra se distribuiría entre 6 millones de cadenciados.
La cifra luce exigua a la luz del costo que significará la eliminación de la tablita de Machinea, que no estaba prevista en el Presupuesto 2009: como mínimo, 1500 millones de pesos que resignará el Estado a favor de 160.000 empleados con ingresos superiores a los $ 7000 mensuales de bolsillo.
Al margen de consideraciones obvias en términos de equidad distributiva, en la opinión de este periodista, la mejora ingresos de los sectores pobres e indigentes, es en el actual contexto la mejor política para sostener los niveles de consumo y de actividad económica. En cambio, el dinero adicional destinado a los bolsillos con mayor capacidad de ahorro, probablemente se traduzca en los próximos meses en más demanda de dólares.
Desde el segundo trimestre de 2007, el Indec de Guillermo Moreno oculta la base de datos de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares), insumo clave para la medición de la pobreza, la indigencia y la distribución del ingreso. Artemio López estima para 2008 en 30 veces la brecha de ingresos entre el decil más rico de la población y el más pobre. En tanto, calcula la pobreza, en alza, en el 24%. Otros economistas, como Ernesto Kritz, hablan de más del 30%.
Javier Lindenboim, investigador del Conicet que elaboró una medición de la “distribución funcional del ingreso” (cuánto de la torta se quedan los trabajadores y cuánto los empresarios), sostiene que “la mejora en la participación salarial en el producto entre 2003 y 2006 estuvo más del lado del aumento del empleo que de la mejora en el poder adquisitivo salarial”. En 2008, se frenó la creación neta de empleos y la inflación más que duplicó los índices oficiales. Por lo tanto, en el mejor de los casos supone que la distribución se estancó en el 34% de participación de los salarios en el producto nacional.
Como sea, los datos actuales de pobreza y distribución son similares a las cifras promedio de la década menemista. Solo muestran mejoras si se los compara con los picos del estallido de la crisis de 2001-2002. Pero a ese mismo engaño recurría Carlos Menem cuando pretendía destacar los logros de su gestión contra el espejo de la hiperinflación.
Para redistribuir ingresos, antes que reclamar solidaridad a los más ricos, lo lógico sería aplicar políticas coherentes desde el Estado. Y no barrer las estadísticas sociales bajo la alfombra del despacho de Moreno.
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domingo, 25 de enero de 2009
A dos años de la intervención al INDEC Suplemento CASH Página 12
DOMINGO, 25 DE ENERO DE 2009
ENFOQUE
Cumpleaños, ¿feliz?
Por Javier Lindenboim *
El término de un año suele traer aparejado el rito de la celebración. Generalmente, también se formulan deseos de eventual concreción futura. Pero no todos los aniversarios son motivo de festejo. Algunos provocan tristeza, más aún cuando la justificación no alcanza a entenderse. Hace dos años, aproximadamente, el Gobierno nacional tomó una desafortunada iniciativa. Inicialmente se trataba “solamente” de modificar el registro de dos o tres precios incluidos en la canasta que conforma(ba) el Indice de Precios al Consumidor: el más ostensible fue el ligado con la medicina prepaga, que implicó una modificación de los contratos establecidos entre usuarios y prestadores al solo fin de tener una excusa para no computar el aumento que, efectivamente, se había operado.
De allí en más la distorsión fue en aumento y muchos investigadores, usuarios y ciudadanos comunes supusimos que en ocasión del acto electoral de octubre de 2007 se procuraría un remedio a tamaño desatino. El recambio presidencial se produjo, pero nada cambió.
Quienes apostaban por mantener una mirada positivamente expectante de la gestión oficial, pero no comprendían aquella decisión, optaron por atribuirle un carácter de error o, en todo caso, de impropiedad de escasa significación (estadística, económica, social, política). Así sucedió que tanto los
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