Domingo 26 de julio de 2009 | Publicado en edición impresa
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Efectos secundarios de la intervención
La investigación, sin datos oficiales
La manipulación del Indec empobreció el análisis de los investigadores y académicos para evaluar o proponer políticas sociales
Limiitación al mercado de créditos, destrucción de la confianza de inversores, indignación en la opinión pública, cuestionamientos de todo el arco político? Entre las consecuencias que acarrea la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se inscribe otra igual o más preocupante: la restricción a la investigación para la evaluación y el desarrollo de nuevas políticas sociales.
Fundaciones, institutos e investigadores con distintas posturas ideológicas consultados por LA NACION advirtieron que la manipulación expansiva de índices ha empobrecido la base de buena parte de su trabajo, y ha reducido la materia prima para el análisis y la propuesta de soluciones.
Afrontar el desafío de trabajar con sospechados datos oficiales o emprender la engorrosa tarea de suplantarlos con una alternativa -elaborada con una estructura siempre inferior a la del Estado y, por lo tanto, de menores recursos- suele tener un resultado que no conforma a la comunidad académica.
El director del área de Economía de la Universidad del Salvador, Juan Massot, lo graficó: "Es como purificar un vaso de agua del Riachuelo. Después del proceso, quizá se pueda regar una planta, pero jamás beberla".
El año pasado, se creó allí un índice de actividad que reflejó la entrada del país en recesión en octubre, a contramano del crecimiento que indicaba el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Actualmente, conversan con una universidad y corporaciones empresariales para elaborar nuevos índices.
Desde enero de 2007, cuando el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, comenzó a retocar el Indice de Precios al Consumidor (IPC), la manipulación avanzó sobre otras áreas y afectó las mediciones de desempleo, pobreza e indigencia, e incluso se discontinuó la publicación de la distribución del ingreso, uno de los emblemas del Gobierno. También perdieron legitimidad los datos de la industria, construcción y ventas.
Tiempo, esfuerzo y recursos. Con matices, la respuesta sobre cómo intentan sortear los escollos de la intervención fue unánime entre los profesionales. Para Marcelo Capello, director de Investigaciones del Ieral de la Fundación Mediterránea, el hecho de tener que destinar recursos a la elaboración de estadísticas básicas es "un despilfarro". El economista lamentó la reducción del área de análisis de políticas sociales: "Hay gente que ya no está, porque ya no hay qué publicar; el insumo básico desapareció". En Ieral, reemplazaron la raíz de su trabajo con fuentes privadas y de entidades empresariales. "Lo más grave es que se reflexiona menos sobre los problemas más importantes y eso tiene consecuencias en las políticas sociales, que se implementan como si las estimaciones del Indec fueran ciertas", concluyó Capello.
En la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), unas diez personas se dedican a relevar datos, especificó Abel Viglione. Algunos datos provienen de entidades del sector privado, que aliviaron la inexistencia de estadísticas creíbles; el resto, de las propias consultas. "Creamos un índice de precios, que sirve de deflactor a otros cálculos, como el de salarios", añadió.
En el ámbito académico, un faltante preocupa de manera especial: la última base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) data del primer trimestre de 2007. "Al no estar disponibles las bases, se ha estancado la producción en áreas centrales de la investigación social", explicó Fernando Groisman, investigador de la UBA y del Conicet. Jorge Colina señaló que esto impidió la continuidad de algunos trabajos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). "Al principio, hacíamos proyecciones a partir de esos datos, pero ahora ya habría demasiadas imprecisiones", dijo Colina.
La ex directora del IPC del Indec Graciela Bevacqua y un grupo de investigadores de la UBA difunden desde febrero el IPC City, un índice de precios minoristas. En la presentación, se argumentó el espíritu: "Cuando las metodologías oficiales para estimar la inflación sufren severas alteraciones [?], son las organizaciones de la sociedad civil las que suelen desarrollar metodologías propias, destacándose en ese sentido el rol que cumplen universidades e institutos de investigación". Y destacaron que el Indec no ha exhibido aún la metodología empleada en la confección del nuevo IPC de un modo lo suficientemente transparente.
UNIR CABOS SUELTOS
Sirva un caso como testigo de la precariedad con la que deben trabajar los especialistas. Ante la imposibilidad de calcular la participación de los asalariados en la economía, lo que queda es "unir cabos sueltos" para sacar conclusiones que, de todas formas, no logran el rigor científico necesario como para su difusión, explicó Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (Ceped) de la UBA.
"Entre 2003 y 2006, la mejora en esa participación se origina más en el aumento del número de trabajadores que en el avance de la capacidad de compra del salario.
Hoy, el Indec muestra un crecimiento del empleo casi nulo y, computando el más moderado de los indicadores privados de inflación, podemos tener la impresión de que los salarios se movieron acompasadamente con los precios si es que no estuvieron detrás. Por lo tanto, la masa salarial no puede haber mejorado su participación", ejemplificó.
En un trabajo que publicará pronto y que requería la utilización de cifras de la EPH, Rosa Geldstein, investigadora del Centro de Estudios de Población (Cenep) y del Conicet, decidió focalizar su investigación en la década que va de 1996 a 2006. "No utilizo datos de la Encuesta desde 2007", explicó.
El año próximo, podría presentarse una alternativa. Según pudo saber LA NACION, parte del programa de crédito por US$ 450 millones que el Banco Mundial anunció recientemente, destinado a un seguro de capacitación y empleo y asignaciones familiares, se orientará también a la confección de una encuesta que relevará, entre otras cosas, condiciones del mercado de trabajo, como pobreza y distribución del ingreso. Sin embargo, desde la cartera laboral, aún lo niegan. Ese relevamiento de carácter nacional, tendrá una dimensión mayor a la de la actual EPH y el trabajo de campo no será realizado por el Indec, sino por distintas universidades nacionales.
El costo de la distorsión de las estadísticas no será menor para los investigadores. Los años de ficción son irrecuperables.
Geldstein lanzó una advertencia: "Más allá de la desconfianza que podemos tener, y suponiendo que todo esto vuelva para atrás y se normalice, de acá en más, las series históricas ya están afectadas y la posibilidad de comparar está dañada". .
Lujan Scarpinelli y Javier Tavani Para LA NACION
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