Reportaje de Gimena Fuertes, Ida y vuelta, Radio Cooperativa, 27-2-17
lunes, 27 de febrero de 2017
domingo, 26 de febrero de 2017
martes, 21 de febrero de 2017
EL EMPLEO: UN JUEGO DE NÚMEROS QUE NO ES DIVERSIÓN
Columna aparecida en el economista, 21-2-17
EL EMPLEO: UN JUEGO DE NÚMEROS QUE NO ES DIVERSIÓN
por Javier Lindenboim (*)
Con enorme buena voluntad, el conjunto de los argentinos espera conocer cifras completas y confiables sobre el tamaño y composición de su fuerza laboral. Sabemos de la dificultad de recomponer el sistema estadístico por lo que aún confiamos en contar con tal información en breve, por ejemplo, antes de que se inicie la próxima disputa electoral.
Entre tanto podemos hacer algunos intentos con las limitadas fuentes disponibles. Una de ellas es la relativa a la cantidad de aportantes al sistema previsional (sean asalariados o no). Esos datos originales de la AFIP son procesados por el Ministerio de Trabajo desde hace ya varios años, en particular cuando ese Ministerio declinó el uso de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) debido al cúmulo de incongruencias que esa fuente acaparaba. De allí que los informes de la cartera laboral, crecientemente en el último quinquenio, se asentaron en los datos de aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En 2016, tales datos empezaron a ser difundidos mensualmente. Al momento de escribir estas líneas la última información disponible corresponde a noviembre de 2016 (ver tabla).
En cifras redondas, casi diez millones de asalariados y más de dos millones de no asalariados. Pero esta fuente, por definición, sólo nos proporciona información sobre el empleo registrado (habitualmente llamado “en blanco”). Históricamente, la EPH permitía establecer la relación entre asalariados cubiertos por las normas legales y los que no lo estaban. Estos últimos –según los datos proporcionados por Indec, tanto en 2015 como en 2016– eran uno de cada tres asalariados.
Considerando que hoy en Argentina viven alrededor de 43 millones de habitantes, las proporciones de activos y de ocupados se traducen en unos 20 millones de activos de los cuales algo más de 18 millones estarían ocupados.
En las últimas dos décadas, la proporción de asalariados dentro del total de ocupados estuvo en torno al 75%. De ese modo, a los 9,7 millones de asalariados registrados (privados, públicos y de casas particulares) habría que agregar unos cuatro millones de dependientes que no estarían registrados.
Por su parte, a los autónomos y monotributistas registrados (2,3 millones) habría que agregar una cuantía similar para alcanzar los aproximadamente 4,5 millones de no asalariados que integrarían la fuerza de trabajo.
Estas estimaciones son muy preliminares pues hace falta realizar varios ajustes. Por ejemplo, los trabajadores registrados pueden estarlo en más de una categoría pero se los incluye sólo en una (sólo, como ejemplo, un médico que trabaja en un hospital público se computa como asalariado aunque a su vez se puede desempeñar de manera autónoma en su consultorio). Lo mismo puede ocurrir con otras categorías de manera que las cifras tienen una validez limitada por los criterios de compilación que se han utilizado.
Pero si partimos de estas pocas informaciones podemos sacar algunas conclusiones de manera provisoria.
El análisis
Ante todo se aprecia que habría dos aportantes al sistema previsional por cada persona que se mantiene al margen, con independencia de su categoría ocupacional. Esto surge de la existencia de 12 millones de aportantes sobre 18 millones de ocupados. Es cierto que no todos los aportantes lo hacen sistemáticamente pues puede haber “entradas” y “salidas” significativas. Pero de los 11 millones con que comienza la serie del MTEySS (en enero de 2012) se llegó muy lentamente a 12 millones hacia fines de 2015. El año último, luego de una caída pronunciada, se volvió a esa cifra de 12 millones nuevamente.
Cuatro millones de asalariados están en relaciones laborales ilegales en lo normativo y perjudiciales en lo social, ya que el trabajo en negro es nocivo no sólo para la persona que lo experimenta sino para la sociedad que lo tolera/permite. Es de esperar que con la recomposición de las estadísticas públicas, en plazos que han de ser lo más breves posibles, deberíamos poder precisar cuántos trabajadores están protegidos por las leyes vigentes y cuántos deben ser objeto de políticas y prácticas de institucionalización en cada sector de actividad económica.
Y vaya una advertencia: cualquier esfuerzo de la sociedad en dirección de legalizar las relaciones laborales debe actuar en primer lugar controlando a los empleadores que contratan en negro, pero también debe hacerlo vigilando y combatiendo la inclinación social (“por abajo”) a aceptar y/o justificar esas prácticas. Esto se dice poco, y debemos asumirlo como un principio de comportamiento social y como muralla contra las malas prácticas empresarias. Sólo así podrá materializarse aquella publicidad oficial que decía “tudo bem, tudo legal”.
La tarea no es sencilla. Después del fuerte decrecimiento del empleo precario -del orden de unos diez puntos porcentuales-, hace casi una década que los valores oscilan en las cercanías del 35%. La caída se produjo con la recuperación económica que siguió a la gran devaluación de enero de 2002 y se extendió hasta por lo menos 2007. De allí en más primero un período de estancamiento y luego de declinación de las condiciones de demanda de fuerza laboral fueron factores que dificultaron la continuidad de tal mejoramiento de la calidad del empleo asalariado.
En los años recientes no hay certeza de cual fue el proceso específicamente, pero el estancamiento de la demanda de trabajo asalariado (en 2012, 2014 y 2016 hubo merma del empleo asalariado registrado) no puede haber sido favorable para tal fin.
De tal manera, sin una importante recuperación económica es difícil imaginar un comportamiento beneficioso para el sector laboral. Tanto el trabajo en relación de dependencia (protegido o precario) como las restantes ocupaciones dependen de la dinámica productiva. Su carencia resiente aún más la demanda interna, que es una palanca importante del crecimiento.
domingo, 5 de febrero de 2017
Sobre la inversión pública y su rol dinamizador Nota de E Burgo en CLARIN 5-2-17
La apuesta a la obra pública
El caballito de batalla de la economía de Macri incide poco en el PBI
El gasto en infraestructura representa cerca de 3% del producto. Pero el Gobierno insiste en su impacto.
Cuando se indaga alrededor del Presidente Mauricio Macri de dónde brotará el crecimiento, una de las respuestas que nace enseguida es “de la obra pública”. Se señala que unos $ 236.000 millones presupuestados para caminos, rutas y puentes, desencadenarán un sendero de expansión hasta las elecciones. Sin embargo, la magnitud de ese impacto está por verse. La mayoría de los cálculos de los economistas señala que el peso de la obra pública en el PBI es alrededor de 3%. ¿Qué quiere decir? Que si la inversión en infraestructura crece 10% el producto se expandirá 0,3 puntos porcentuales. No parece mucho.
Además se plantea otro interrogante. Y es si el Gobierno será capaz de ejecutar el monto presupuestado en tiempo y forma. El año pasado, tras cerrarse el acuerdo con los holdouts, en la Rosada se jactaban de contar con unos $ 200.000 millones para volcar a obras ya que, como decía Prat-Gay, se había evitado un ajuste con el acceso al financiamiento. Pero nada de eso se cristalizó finalmente. El Gobierno priorizó que no suba más el déficit fiscal como consecuencia que la recaudación no repuntaba y que el ahorro de los subsidios fue menor al imaginado por culpa del conflicto con las tarifas. Al final $ 182.000 millones fueron los desembolsados en gastos de capital.
El Gobierno dice que esta vez será diferente. Y que éste es el año de la obra pública porque dispone de unos $ 236.000 millones -entre Nación y Provincias- para inyectar, o sea, una cifra 30% mayor a la de 2016. El número es más grande (38%) si se suman los fondos propios de las provincias: en ese caso la inversión total sería de $ 250.000 millones.
Ahora, ¿cuál es el impacto macroeconómico de todo esto?
-El ex secretario de Industria Dante Sica ofrece un cálculo. Si el gasto en capital sube 40% en términos nominales (descontando la inflación daría un aumento real de 15% aproximadamente), “podría sumarle al crecimiento un impacto de 0,4 puntos porcentuales”.
-El economista José Luis Espert describe así el crecimiento de este año: “Supongamos un punto por la obra pública, uno por la inversión privada, 1,5% por el consumo y tal vez algo más por la mejora de la balanza comercial”.
-Martín Polo, economista de Analytica, dice que la obra pública aportará un punto porcentual al PBI total (prevé 5% de crecimiento para la economía en total).
-Melisa Sala, economista de LCG, estima que el impacto estará entre 0,3 y 0,4% del PBI.
-Y Marina Dal Poggetto, socia del Estudio Bein, calcula que, “con todo a favor”, la contribución de la inversión en obra pública podría llegar a 2 puntos porcentuales.
En todos los casos, las proyecciones son a precios corrientes y para el conjunto Nación-provincias.
Por qué el impacto de la obra pública luce acotado obedece a una cuestión insoslayable: el consumo es el rey del PBI en Argentina. Según una estimación de la consultora LCG, alrededor del 70% del valor agregado generado es producto de ese componente. Y la obra pública 3,4%. Según un funcionario, esa cifra rondó 2,5% del producto durante el año pasado.
Por esto mismo Sica piensa que la economía argentina necesita más que obra pública para crecer lo máximo posible en 2017. Un reciente trabajo suyo dice que en Argentina sólo el 23% de las obras son financiadas por el sector público.
Espert advierte que todos estos cálculos acerca del impacto de la obra en el PBI podrían adolecer de una sobrestimación por culpa de la inflación. Aunque, por otro lado, admite que estos ejercicios subestiman “una infinidad de interacciones que hay en la economía”.
¿Cuáles son esas interacciones?
Los economistas Jorge Puig y Guillermo Vuletin, en un artículo publicado hace unos años atrás en el blog Colectivo Económico, contaron que el multiplicador del gasto público en capital en la Argentina es mayor al del gasto público corriente. Javier Lindenboim, economista e investigador de la UBA, reconoce que la obra pública “no sacude el árbol de la inversión aunque sí dinamiza la demanda de empleo más rápido que otras variables”. Según estadísticas del Ministerio de Trabajo, hoy existen 33.117 puestos de trabajo registrados menos en la construcción que hace un año atrás. Si la obra pública repunta probablemente el empleo del sector recupere terreno.
Macri, entre 2007 y 2015, llevó la inversión pública de la Ciudad a 17% de los gastos totales cuando en el resto de las provincias era 13%. Ahora, como Presidente, apuesta a accionar la misma palanca. Aunque la ficha que más pague de acá a las elecciones siga siendo el consumo
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