jueves, 9 de marzo de 2017
¿Cuál es hoy la situación del empleo?
Entrevista de Javier Blanco, en el programa En el blanco, FM Concepto 95,5
martes, 7 de marzo de 2017
Cómo superar el estancamiento del empleo, Clarin, 7-3-17
Columna aparecida en CLARIN, el 7-3-17
Cómo superar el estancamiento del empleo
La mayor tensión actual en el campo social y laboral ¿expresa fielmente la situación ocupacional, el proceso reciente y su evolución previsible?
Las perspectivas ocupacionales derivan de varias circunstancias. Las políticas públicas puestas en movimiento, las condiciones locales e internacionales del ciclo económico, el desempeño del mercado de trabajo en el período precedente, etc.
A grandes trazos, sabemos que las condiciones internacionales se han tornado fuertemente desfavorables para América Latina por la contención de la demanda dirigida a sus productos exportables y por el reverdecimiento de aislamiento y protección en diversos puntos de planeta. También hemos visto que las nuevas autoridades políticas en Argentina no han encontrado la manera de dinamizar el ciclo económico.
Resta mirar si el desempeño reciente del mercado de trabajo permite abrigar algún optimismo. Desafortunadamente no es este el caso. Dejamos al margen la verborragia de voces interesadas que parecen pintar una escena en la cual la Argentina se encontraba a fines de 2015 en condiciones óptimas y, por lo tanto, todos los avatares en materia de empleo, distribución del ingreso, inflación, tipo de cambio, etc. son exclusiva consecuencia de la mala voluntad y/o la impericia de la administración actual.
La (acotada) información producida por el Ministerio de Trabajo indica doce millones de trabajadores registrados de los cuales casi diez millones son asalariados (públicos, privados o de servicio doméstico) y el resto autónomos y monotributistas. La serie proporcionada se inicia en enero de 2012 por lo cual sólo contamos con datos relativos al segundo período presidencial de la Dra Kirchner y al primer año del actual Presidente.
La situación inicial guardaba cierta correlación con los estudios sociolaborales, habida cuenta de que aquí no se incluye el trabajo precario o desprotegido. Esta serie, en 2012, mostraba al empleo asalariado privado con poco más de la mitad del total, al empleo público con casi un cuarto, el empleo en los hogares apenas un 4%, restando menos del 20% para los autónomos y monotributistas incluyendo estos últimos una pequeña porción de monotributistas sociales.
La composición del crecimiento del empleo en el quinquenio, sin embargo, guarda escasa relación con esa estructura original –se toman los 11 meses iniciales de cada año-. Los asalariados privados (que absorbían un 56% al inicio) aportaron en el quinquenio apenas un 8%. En sentido inverso, los dependientes del Estado que eran menos de un cuarto del total inicial aportaron algo más de la mitad de los nuevos empleos y los no asalariados que eran un 18% aportaron más de un tercio (los monotributistas sociales que eran sólo un 2% al inicio, contribuyeron con el 16% del total).
Hubo años singularmente notables. En 2013, los trabajadores registrados se incrementaron en cerca de medio millón. De ellos, casi la mitad fueron monotributistas (sean comunes o los de carácter social, en partes iguales). Y un tercio del aumento anual provino del empleo estatal. Todo esto contribuyó de manera indudable a nutrir de ingresos a hogares con insuficiencias varias pero era obvio que eso no podía autosustentarse: en 2014 cayó el empleo asalariado privado y el empleo estatal creció con un volumen equivalente a la mitad del año previo.
Los autónomos perdieron en 2014 unos15000 puestos (casi todos los creados el año anterior), los nuevos monotributistas fueron un octavo y los monotributistas sociales menos de la mitad. Ciertamente los diversos estímulos del año electoral (2013) desaparecieron y sumado a la fuerte devaluación en el verano 2013-2014 el resultado si bien fue positivo tuvo una dimensión que apenas alcanzó a un cuarto de la creación del año previo.
El año 2015 mostró una recuperación del empleo asalariado privado importante (en dos de los tres años previos había disminuido). Eso junto a la renovada demanda estatal (más de la mitad del aumento total en ese año) dio cuenta de un dinamismo que esta vez casi no incluyó al sector autónomo.
Finalmente en 2016 hubo una creación neta de 60000 empleos en 11 meses, muy lejos de la caída de 200 mil mencionada durante la visita presidencial a España. Dicho saldo resulta de una gran caída de asalariados privados (50000) compensada por una fuerte alza de monotributistas y algo de autónomos, empleados domésticos y del sector público.
En otras palabras, venimos de un quinquenio caracterizado por un declive del empleo productivo que ya había sido apreciado con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, la que había mostrado gran dinamismo entre 2002 y 2007, estancamiento hasta 2011 y declinación ulterior.
Ante la falta de decisiones empresarias –al menos hasta aquí- que contribuyan efectivamente a la recreación de la demanda ocupacional, el comportamiento reciente del mercado laboral no permite presagiar una recuperación del consumo y por tanto no es imaginable el círculo virtuoso del crecimiento económico y de los ingresos de los hogares. Allí parece estar uno de los núcleos centrales de la necesaria intervención gubernamental. ¿Se verificará?
lunes, 27 de febrero de 2017
Qué pasa con el empleo y el desempleo? Entrevista Radio Cooperativa 27-2-17
Reportaje de Gimena Fuertes, Ida y vuelta, Radio Cooperativa, 27-2-17
domingo, 26 de febrero de 2017
martes, 21 de febrero de 2017
EL EMPLEO: UN JUEGO DE NÚMEROS QUE NO ES DIVERSIÓN
Columna aparecida en el economista, 21-2-17
EL EMPLEO: UN JUEGO DE NÚMEROS QUE NO ES DIVERSIÓN
por Javier Lindenboim (*)
Con enorme buena voluntad, el conjunto de los argentinos espera conocer cifras completas y confiables sobre el tamaño y composición de su fuerza laboral. Sabemos de la dificultad de recomponer el sistema estadístico por lo que aún confiamos en contar con tal información en breve, por ejemplo, antes de que se inicie la próxima disputa electoral.
Entre tanto podemos hacer algunos intentos con las limitadas fuentes disponibles. Una de ellas es la relativa a la cantidad de aportantes al sistema previsional (sean asalariados o no). Esos datos originales de la AFIP son procesados por el Ministerio de Trabajo desde hace ya varios años, en particular cuando ese Ministerio declinó el uso de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) debido al cúmulo de incongruencias que esa fuente acaparaba. De allí que los informes de la cartera laboral, crecientemente en el último quinquenio, se asentaron en los datos de aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En 2016, tales datos empezaron a ser difundidos mensualmente. Al momento de escribir estas líneas la última información disponible corresponde a noviembre de 2016 (ver tabla).
En cifras redondas, casi diez millones de asalariados y más de dos millones de no asalariados. Pero esta fuente, por definición, sólo nos proporciona información sobre el empleo registrado (habitualmente llamado “en blanco”). Históricamente, la EPH permitía establecer la relación entre asalariados cubiertos por las normas legales y los que no lo estaban. Estos últimos –según los datos proporcionados por Indec, tanto en 2015 como en 2016– eran uno de cada tres asalariados.
Considerando que hoy en Argentina viven alrededor de 43 millones de habitantes, las proporciones de activos y de ocupados se traducen en unos 20 millones de activos de los cuales algo más de 18 millones estarían ocupados.
En las últimas dos décadas, la proporción de asalariados dentro del total de ocupados estuvo en torno al 75%. De ese modo, a los 9,7 millones de asalariados registrados (privados, públicos y de casas particulares) habría que agregar unos cuatro millones de dependientes que no estarían registrados.
Por su parte, a los autónomos y monotributistas registrados (2,3 millones) habría que agregar una cuantía similar para alcanzar los aproximadamente 4,5 millones de no asalariados que integrarían la fuerza de trabajo.
Estas estimaciones son muy preliminares pues hace falta realizar varios ajustes. Por ejemplo, los trabajadores registrados pueden estarlo en más de una categoría pero se los incluye sólo en una (sólo, como ejemplo, un médico que trabaja en un hospital público se computa como asalariado aunque a su vez se puede desempeñar de manera autónoma en su consultorio). Lo mismo puede ocurrir con otras categorías de manera que las cifras tienen una validez limitada por los criterios de compilación que se han utilizado.
Pero si partimos de estas pocas informaciones podemos sacar algunas conclusiones de manera provisoria.
El análisis
Ante todo se aprecia que habría dos aportantes al sistema previsional por cada persona que se mantiene al margen, con independencia de su categoría ocupacional. Esto surge de la existencia de 12 millones de aportantes sobre 18 millones de ocupados. Es cierto que no todos los aportantes lo hacen sistemáticamente pues puede haber “entradas” y “salidas” significativas. Pero de los 11 millones con que comienza la serie del MTEySS (en enero de 2012) se llegó muy lentamente a 12 millones hacia fines de 2015. El año último, luego de una caída pronunciada, se volvió a esa cifra de 12 millones nuevamente.
Cuatro millones de asalariados están en relaciones laborales ilegales en lo normativo y perjudiciales en lo social, ya que el trabajo en negro es nocivo no sólo para la persona que lo experimenta sino para la sociedad que lo tolera/permite. Es de esperar que con la recomposición de las estadísticas públicas, en plazos que han de ser lo más breves posibles, deberíamos poder precisar cuántos trabajadores están protegidos por las leyes vigentes y cuántos deben ser objeto de políticas y prácticas de institucionalización en cada sector de actividad económica.
Y vaya una advertencia: cualquier esfuerzo de la sociedad en dirección de legalizar las relaciones laborales debe actuar en primer lugar controlando a los empleadores que contratan en negro, pero también debe hacerlo vigilando y combatiendo la inclinación social (“por abajo”) a aceptar y/o justificar esas prácticas. Esto se dice poco, y debemos asumirlo como un principio de comportamiento social y como muralla contra las malas prácticas empresarias. Sólo así podrá materializarse aquella publicidad oficial que decía “tudo bem, tudo legal”.
La tarea no es sencilla. Después del fuerte decrecimiento del empleo precario -del orden de unos diez puntos porcentuales-, hace casi una década que los valores oscilan en las cercanías del 35%. La caída se produjo con la recuperación económica que siguió a la gran devaluación de enero de 2002 y se extendió hasta por lo menos 2007. De allí en más primero un período de estancamiento y luego de declinación de las condiciones de demanda de fuerza laboral fueron factores que dificultaron la continuidad de tal mejoramiento de la calidad del empleo asalariado.
En los años recientes no hay certeza de cual fue el proceso específicamente, pero el estancamiento de la demanda de trabajo asalariado (en 2012, 2014 y 2016 hubo merma del empleo asalariado registrado) no puede haber sido favorable para tal fin.
De tal manera, sin una importante recuperación económica es difícil imaginar un comportamiento beneficioso para el sector laboral. Tanto el trabajo en relación de dependencia (protegido o precario) como las restantes ocupaciones dependen de la dinámica productiva. Su carencia resiente aún más la demanda interna, que es una palanca importante del crecimiento.
domingo, 5 de febrero de 2017
Sobre la inversión pública y su rol dinamizador Nota de E Burgo en CLARIN 5-2-17
La apuesta a la obra pública
El caballito de batalla de la economía de Macri incide poco en el PBI
El gasto en infraestructura representa cerca de 3% del producto. Pero el Gobierno insiste en su impacto.
Cuando se indaga alrededor del Presidente Mauricio Macri de dónde brotará el crecimiento, una de las respuestas que nace enseguida es “de la obra pública”. Se señala que unos $ 236.000 millones presupuestados para caminos, rutas y puentes, desencadenarán un sendero de expansión hasta las elecciones. Sin embargo, la magnitud de ese impacto está por verse. La mayoría de los cálculos de los economistas señala que el peso de la obra pública en el PBI es alrededor de 3%. ¿Qué quiere decir? Que si la inversión en infraestructura crece 10% el producto se expandirá 0,3 puntos porcentuales. No parece mucho.
Además se plantea otro interrogante. Y es si el Gobierno será capaz de ejecutar el monto presupuestado en tiempo y forma. El año pasado, tras cerrarse el acuerdo con los holdouts, en la Rosada se jactaban de contar con unos $ 200.000 millones para volcar a obras ya que, como decía Prat-Gay, se había evitado un ajuste con el acceso al financiamiento. Pero nada de eso se cristalizó finalmente. El Gobierno priorizó que no suba más el déficit fiscal como consecuencia que la recaudación no repuntaba y que el ahorro de los subsidios fue menor al imaginado por culpa del conflicto con las tarifas. Al final $ 182.000 millones fueron los desembolsados en gastos de capital.
El Gobierno dice que esta vez será diferente. Y que éste es el año de la obra pública porque dispone de unos $ 236.000 millones -entre Nación y Provincias- para inyectar, o sea, una cifra 30% mayor a la de 2016. El número es más grande (38%) si se suman los fondos propios de las provincias: en ese caso la inversión total sería de $ 250.000 millones.
Ahora, ¿cuál es el impacto macroeconómico de todo esto?
-El ex secretario de Industria Dante Sica ofrece un cálculo. Si el gasto en capital sube 40% en términos nominales (descontando la inflación daría un aumento real de 15% aproximadamente), “podría sumarle al crecimiento un impacto de 0,4 puntos porcentuales”.
-El economista José Luis Espert describe así el crecimiento de este año: “Supongamos un punto por la obra pública, uno por la inversión privada, 1,5% por el consumo y tal vez algo más por la mejora de la balanza comercial”.
-Martín Polo, economista de Analytica, dice que la obra pública aportará un punto porcentual al PBI total (prevé 5% de crecimiento para la economía en total).
-Melisa Sala, economista de LCG, estima que el impacto estará entre 0,3 y 0,4% del PBI.
-Y Marina Dal Poggetto, socia del Estudio Bein, calcula que, “con todo a favor”, la contribución de la inversión en obra pública podría llegar a 2 puntos porcentuales.
En todos los casos, las proyecciones son a precios corrientes y para el conjunto Nación-provincias.
Por qué el impacto de la obra pública luce acotado obedece a una cuestión insoslayable: el consumo es el rey del PBI en Argentina. Según una estimación de la consultora LCG, alrededor del 70% del valor agregado generado es producto de ese componente. Y la obra pública 3,4%. Según un funcionario, esa cifra rondó 2,5% del producto durante el año pasado.
Por esto mismo Sica piensa que la economía argentina necesita más que obra pública para crecer lo máximo posible en 2017. Un reciente trabajo suyo dice que en Argentina sólo el 23% de las obras son financiadas por el sector público.
Espert advierte que todos estos cálculos acerca del impacto de la obra en el PBI podrían adolecer de una sobrestimación por culpa de la inflación. Aunque, por otro lado, admite que estos ejercicios subestiman “una infinidad de interacciones que hay en la economía”.
¿Cuáles son esas interacciones?
Los economistas Jorge Puig y Guillermo Vuletin, en un artículo publicado hace unos años atrás en el blog Colectivo Económico, contaron que el multiplicador del gasto público en capital en la Argentina es mayor al del gasto público corriente. Javier Lindenboim, economista e investigador de la UBA, reconoce que la obra pública “no sacude el árbol de la inversión aunque sí dinamiza la demanda de empleo más rápido que otras variables”. Según estadísticas del Ministerio de Trabajo, hoy existen 33.117 puestos de trabajo registrados menos en la construcción que hace un año atrás. Si la obra pública repunta probablemente el empleo del sector recupere terreno.
Macri, entre 2007 y 2015, llevó la inversión pública de la Ciudad a 17% de los gastos totales cuando en el resto de las provincias era 13%. Ahora, como Presidente, apuesta a accionar la misma palanca. Aunque la ficha que más pague de acá a las elecciones siga siendo el consumo
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