Enviado para publicar el 4-4-12
En un país en el que ha
desaparecido la credibilidad, empezando por la de las estadísticas públicas, se
hace difícil encarar una reflexión sobre un amplio número de componentes de la
realidad económica o social.
Se sigue escuchando que
vivimos en un esquema de fuerte creación de empleo pero las propias
estadísticas oficiales muestran que hace cuatro años que ello ocurre a un ritmo
extremadamente lento. Veamos un poco más en detalle el punto.
A fines de 2006, en las
ciudades en las que se realiza la
Encuesta de Hogares, se habían alcanzado los diez millones de
ocupados (sin planes), cifra notablemente alta comparada con los ocho millones
de 2003.Desde entonces se agregaron apenas algo más de cien mil por año. Para
tener una referencia de ello vale decir que es un cuarto o un tercio de la
media inicial. Otro modo de verlo es que la proporción de ocupados en la
población (tasa de empleo) subió 5 puntos porcentuales en los primeros tres
años. En los cuatro años siguientes, en total, avanzó tan sólo un punto
porcentual.
Es conocido el
deterioro de la calidad de las estadísticas oficiales, aunque no siempre se le
otorga el significado que merece. Además de lo atinente al índice de precios, se
cuestiona la validez de las cifras de crecimiento económico y hay intriga sobre
los propios datos de la
Encuesta de Hogares, y muchas otras. Algunos pocos ejemplos
pueden ilustrar la cuestión.
En enero se dijo que en
el país se habían creado un millón trescientos mil puestos industriales, cuando los datos de la Encuesta de Hogares nunca
mostrarían un valor superior al medio millón de nuevos empleos en el sector.
En los primeros meses
de 2010 oímos que uno de los efectos de la vigencia de la AUH había sido el incremento
de la matrícula educativa. Hubo datos en la página del Ministerio del ramo,
hubo mensajes presidenciales que mencionaban insistentemente el 25% de
incremento. Pasado el entusiasmo inaugural, sin embargo, los datos oficiales
son contundentes. Sumando los niveles inicial, primario y secundario en 2010 se
registraron alrededor de diez millones y
medio de alumnos. Pero los datos del año anterior eran de 10,4 millones o sea
que el aumento no fue del 25% sino apenas del ….1%. En sí mismo, esto no
implica una crítica a la política social en cuestión sino a lo que parece un
intento desesperado por imaginar una realidad y convencer a la sociedad de que
lo que acontece es lo que está dicho. Esto configura un cuadro cercano a la
manipulación estadística y de la información, con sensible efecto negativo
sobre la credibilidad.
En los últimos meses,
por ejemplo, se nos informó que estamos encuadrados en un esquema de sintonía
fina; de ser así, estaríamos en similar situación que en el pasado inmediato
sólo que ahora sería posible ensamblar algunos tornillos que aún permanecen
desajustados. La realidad muestra, sin embargo, que el año 2011 terminó con
serias evidencias de situaciones críticas que ya no podían ser disimuladas
apelando al hallazgo de nuevos fondos que pudieran posponer un abordaje más sustantivo.
Ese mecanismo se usó
con éxito –a costa del salario real- a la salida de la crisis y luego a través
de otros instrumentos de tinte progresista como la ampliación de los
porcentajes aplicados a las retenciones, la incorporación de los fondos
acumulados en las AFJP o, posteriormente, la utilización (disimulada o no) de
los fondos manejados por el Banco Central. Por fin, ya ganadas las elecciones,
se optó por hacer los ajustes que antes eran denostados “porque enfriaban la
economía”. Pero en lugar de reconocer la seriedad de la situación se pretendió
aprovechar el impacto del éxito electoral, rotundo sin lugar a dudas, para dar
un golpe de timón hacia la aplicación de medidas amargas sólo que
denominándolas como de “sintonía fina”. Algunos severos acontecimientos, sin
embargo, parecen haber puesto un enorme signo de interrogación sobre tales
medidas, aunque el motivo de ellas no ha desaparecido, más bien todo lo
contrario. Pero no se quiere afrontar el impacto político negativo de su puesta
en ejecución de manera completa. Para el caso, sólo sigue firme la supresión de
erogaciones cuya carga económica y política se supone será soportada por otros.
Las dificultades no se
agotan en las cuestiones informativas o de naturaleza estadística. El carácter
(más que) contradictorio puede observarse en la sanción de la ley
antiterrorista en el marco de un gobierno que se define como defensor de los
derechos humanos o en la “contribución” al oscurecimiento estadístico por parte
de sectores presuntamente de avanzada dentro del gobierno nacional; también se
habla contra los monopolios mientras la concentración se profundiza (en este
contexto, cuesta imaginar la puja con REPSOL como una acción antimonopólica, máxime
con el asesoramiento de Roberto Dromi, el privatizador del menemismo).
La conclusión no es
precisamente creadora de optimismo. Cada vez que hubo un atisbo de que la
mentira institucionalizada a través del INDEC podría superarse positivamente,
se han consolidado tanto las personas como las orientaciones. Cada vez que fue
necesario corregir una información oficial por errónea, se optó por suprimirla
en lugar de reconocer el error.
Es difícil imaginar la
construcción de una sociedad progresista, democrática, pluralista y abierta en
estas condiciones.
