jueves, 19 de abril de 2012

El doble discurso, las estadísticas y la credibilidad

ESTA NOTA ESTABA LISTA PARA SER PUBLICADA EN UN MEDIO A COMIENZOS DE ESTE MES. PERO DIVERSOS ACONTECIMIENTOS RELEVANTES A NIVEL NACIONAL IMPIDIERON SU OPORTUNA APARICIÓN
Enviado para publicar el 4-4-12

En un país en el que ha desaparecido la credibilidad, empezando por la de las estadísticas públicas, se hace difícil encarar una reflexión sobre un amplio número de componentes de la realidad económica o social.
Se sigue escuchando que vivimos en un esquema de fuerte creación de empleo pero las propias estadísticas oficiales muestran que hace cuatro años que ello ocurre a un ritmo extremadamente lento. Veamos un poco más en detalle el punto.
A fines de 2006, en las ciudades en las que se realiza la Encuesta de Hogares, se habían alcanzado los diez millones de ocupados (sin planes), cifra notablemente alta comparada con los ocho millones de 2003.Desde entonces se agregaron apenas algo más de cien mil por año. Para tener una referencia de ello vale decir que es un cuarto o un tercio de la media inicial. Otro modo de verlo es que la proporción de ocupados en la población (tasa de empleo) subió 5 puntos porcentuales en los primeros tres años. En los cuatro años siguientes, en total, avanzó tan sólo un punto porcentual.
Es conocido el deterioro de la calidad de las estadísticas oficiales, aunque no siempre se le otorga el significado que merece. Además de lo atinente al índice de precios, se cuestiona la validez de las cifras de crecimiento económico y hay intriga sobre los propios datos de la Encuesta de Hogares, y muchas otras. Algunos pocos ejemplos pueden ilustrar la cuestión.
En enero se dijo que en el país se habían creado un millón trescientos mil puestos industriales,  cuando los datos de la Encuesta de Hogares nunca mostrarían un valor superior al medio millón de nuevos empleos en el sector.
En los primeros meses de 2010 oímos que uno de los efectos de la vigencia de la AUH había sido el incremento de la matrícula educativa. Hubo datos en la página del Ministerio del ramo, hubo mensajes presidenciales que mencionaban insistentemente el 25% de incremento. Pasado el entusiasmo inaugural, sin embargo, los datos oficiales son contundentes. Sumando los niveles inicial, primario y secundario en 2010 se registraron  alrededor de diez millones y medio de alumnos. Pero los datos del año anterior eran de 10,4 millones o sea que el aumento no fue del 25% sino apenas del ….1%. En sí mismo, esto no implica una crítica a la política social en cuestión sino a lo que parece un intento desesperado por imaginar una realidad y convencer a la sociedad de que lo que acontece es lo que está dicho. Esto configura un cuadro cercano a la manipulación estadística y de la información, con sensible efecto negativo sobre la credibilidad.
En los últimos meses, por ejemplo, se nos informó que estamos encuadrados en un esquema de sintonía fina; de ser así, estaríamos en similar situación que en el pasado inmediato sólo que ahora sería posible ensamblar algunos tornillos que aún permanecen desajustados. La realidad muestra, sin embargo, que el año 2011 terminó con serias evidencias de situaciones críticas que ya no podían ser disimuladas apelando al hallazgo de nuevos fondos que pudieran posponer un abordaje más sustantivo.
Ese mecanismo se usó con éxito –a costa del salario real- a la salida de la crisis y luego a través de otros instrumentos de tinte progresista como la ampliación de los porcentajes aplicados a las retenciones, la incorporación de los fondos acumulados en las AFJP o, posteriormente, la utilización (disimulada o no) de los fondos manejados por el Banco Central. Por fin, ya ganadas las elecciones, se optó por hacer los ajustes que antes eran denostados “porque enfriaban la economía”. Pero en lugar de reconocer la seriedad de la situación se pretendió aprovechar el impacto del éxito electoral, rotundo sin lugar a dudas, para dar un golpe de timón hacia la aplicación de medidas amargas sólo que denominándolas como de “sintonía fina”. Algunos severos acontecimientos, sin embargo, parecen haber puesto un enorme signo de interrogación sobre tales medidas, aunque el motivo de ellas no ha desaparecido, más bien todo lo contrario. Pero no se quiere afrontar el impacto político negativo de su puesta en ejecución de manera completa. Para el caso, sólo sigue firme la supresión de erogaciones cuya carga económica y política se supone será soportada por otros.
Las dificultades no se agotan en las cuestiones informativas o de naturaleza estadística. El carácter (más que) contradictorio puede observarse en la sanción de la ley antiterrorista en el marco de un gobierno que se define como defensor de los derechos humanos o en la “contribución” al oscurecimiento estadístico por parte de sectores presuntamente de avanzada dentro del gobierno nacional; también se habla contra los monopolios mientras la concentración se profundiza (en este contexto, cuesta imaginar la puja con REPSOL como una acción antimonopólica, máxime con el asesoramiento de Roberto Dromi, el privatizador del menemismo).
La conclusión no es precisamente creadora de optimismo. Cada vez que hubo un atisbo de que la mentira institucionalizada a través del INDEC podría superarse positivamente, se han consolidado tanto las personas como las orientaciones. Cada vez que fue necesario corregir una información oficial por errónea, se optó por suprimirla en lugar de reconocer el error.
Es difícil imaginar la construcción de una sociedad progresista, democrática, pluralista y abierta en estas condiciones.

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