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Economia y Negocios/Nota
Empleo-Opinión
LAS CONSECUENCIAS DE DOCE AÑOS DE GOBIERNO
KIRCHNERISTA EN EL
MERCADO DE EMPLEO Y LOS
DESAFÍOS PARA EL PRÓXIMO PRESIDENTE
Buenos Aires, 23 octubre (especial para NA por Javier Lindenboim*) –
Un análisis de los doce años del
kirchnerismo en materia de empleo como de ingresos de asalariados no es tarea sencilla,
ya que choca con la decisión oficial de haber introducido en el principal
organismo a cargo de las estadísticas públicas, el INDEC, distorsiones que
producen más brumas que nitidez.
Con los recaudos necesarios, puede mencionarse que el ritmo de creación
de empleo entre mediados de 2002 y mediados de 2007 tuvo un dinamismo que no
sólo contrasta con el magro desempeño de los años noventa, sino que tiene pocos
antecedentes.
Durante el último cuarto de siglo, el empleo asalariado urbano elevó su
número de ocho a nueve millones entre 1991 y 2000 pero la crisis de 2001
retrajo su volumen al punto de partida. Ya en 2007 se había alcanzado un total
de 11,2 millones que se elevó a doce millones en 2013. Si comparamos este
último dato con el del 2000 el aumento
fue del orden de un tercio, pero contra 2002 el alza es del 50%.
A fin de evitar el enredo coyuntural, vale hacer esta comparación
histórica: el empleo asalariado de la industria en argentina se incrementó en
un 50% entre 1935 y 1941, llegando a su duplicación antes de que termine la
guerra. Al asumir Juan D Perón su gobierno en 1946, el empleo industrial era el
120% más voluminoso que a mediados de los años treinta con un millón de asalariados
en el sector fabril. Luego de esa fecha el empleo industrial no creció
demasiado al punto de que en la actualidad se ubica en torno del millón y
medio.
Entre 2002 y 2007 los asalariados se incrementaron a un ritmo del 6%
anual aproximadamente. Desde entonces el aumento no alcanza al cinco por ciento
acumulado, no anual sino por trienio (eso vale tanto para 2007-2010 como para
2010-2013). El contraste no puede ser más evidente para mostrar el
estancamiento registrado recientemente en el empleo. Dicho cambio deriva, sin
dudas, de la interrupción del crecimiento económico que habíamos logrado a la salida
de la crisis conjugando la devaluación de nuestra moneda,uso de la capacidad
instalada, recuperación de la mediana y pequeña empresa y un fuerte estímulo
proveniente del sector externo de la economía.
En el último cuatrienio, por contraste con el primer gobierno del
kirchnerismo, la nota característica es el estancamiento económico y, por
tanto, la disminución (sino la ausencia) de demanda ocupacional. Además, en
aquellos primeros años de bonanza, lo dominante era la creación de empleo
protegido mientras que desde hace un quinquenio no se logra disminuir la
proporción de asalariados precarios.
Los datos de ingresos del sector del trabajo después de la crisis
indicaron una recuperación significativa pero rezagada respecto del aumento del
empleo. Esto significa que recién a partir de 2004 se hace visible la
recuperación del salario real.
Sin embargo desde 2007 la reaparición del proceso inflacionario (el que
quiso ser disimulado con el falseamiento de las estadísticas de precios) generó
tensiones y mayores heterogeneidades entre distintos núcleos de asalariados.
Además también aquí hay incertidumbre sobre la verosimilitud de los datos correspondientes
originados en la EPH.
En tiempos recientes se divulgaron datos según los cuales, en medio de
las dificultades visibles en el mercado de trabajo, el INDEC informaba que en
un año el empleo precario había mejorado sus ingresos significativamente más
que los empleados "en blanco". Difícil de admitir pero son los datos
disponibles.
Debe anotarse, también, que a lo largo de este decenio extendido hubo
desde el punto de vista normativo esfuerzos importantes por mejorar el
escenario en que se desempeñan los asalariados, junto con la recomposición de
la propia institucionalidad de la cartera. Las normas tendientes a la regularización
del empleo precario, con ser valiosas, no lograron perforar el porcentaje de un tercio de
asalariados sin protección. Una hipótesis plausible sería que ese fenómeno no
se circunscribe al accionar del mercado laboral y a su normativa sino que se
conecta con la dinámica económica general y con la política fiscal global.
En este marco, la tarea por delante seguramente dependerá menos de la
acción que pueda emprenderse desde el Ministerio de Trabajo cuanto de la
orientación de la política económica para la cual el panorama que se presenta
es harto complicado.
El dinamismo perdido deriva tanto de notables errores de política (o
directamente de la ausencia de una estrategia orientadora de las medidas de
corto plazo) como de un empeoramiento de las condiciones que nos vinieron
asistiendo en gran parte del lapso reciente. La fuerte demanda de productos primarios
que impulsó fuertemente a toda América Latina está flaqueando y los precios se
han debilitado de manera notable.
Esto se puede ver en el petróleo que había alcanzado los 150 dólares el
barril y desde hace un año está en 50. Aunque con menos intensidad también
afecta a nuestras exportaciones de soja. En nuestro país se agrega la crítica
situación de un importante socio y comprador como es Brasil.
De modo que –sin llorar sobre la leche derramada- no podemos evitar
lamentar que en los años más propicios no hayamos podido reconstruir las bases
productivas y la forma en que se distribuye el ingreso generado por la
economía. Sobre esto último tampoco se cuenta con información fehaciente más
allá de los imprecisos anuncios acerca de la eventual superación del famoso "fifty-fifty".
Las manipulaciones estadísticas llegaron también a lo que se denomina las
Cuentas Nacionales. Hay fuertes cuestionamientos sobre la verdadera dimensión
la producción anual y sobre el ritmo de su evolución al menos en el último quinquenio.
De esto deriva la necesidad de sugerir al nuevo gobierno que la preocupación
por la recuperación macroeconómica no deje de lado los esfuerzos por proteger y
mejorar el empleo asalariado.
Esa protección debe abarcar a la totalidad del sector laboral no sólo a
los cubiertos por las normas legales vigentes para lo cual entre otras medidas
de alcance general está la de conocer verdaderamente el volumen,
características y dinámica del empleo en Argentina lo que requiere recuperar
las estadísticas públicas.
