martes, 27 de octubre de 2015

Uno de los legados de estos doce años

Hace casi dos años, a mediados de la gestión presidencial iniciada a fines de 2011, la situación económica y social ya era muy delicada.
Ofreci´a una Revista escribir un artículo con mi perspectiva sobre la situación aclarando que no iba a ser por cierto benévola con la mirada oficial. Entregué el texto hacia fin de año. Un mes después pregunté si había novedades y me dijeron que la evaluación estaba llevando más tiempo, Finalmente fui informado que la Revista "no lo iba a publicar por razones editoriales".

El texto era extenso. Pero había un párrafo que viene muy a cuento en este momento:

Más recientemente, el cada vez más complicado panorama en materia energética quiso afrontarse con una acción que (aunque argumentalmente débil) fue acompañada en el Parlamento por la mayor parte de las fuerzas políticas: la “nacionalización” de YPF. Los casi dos años transcurridos mostraron a la empresa YPF (que produce sólo un tercio de los hidrocarburos aunque atiende una alta proporción del mercado doméstico) necesitando auxilio tecnológico y financiero. Si primero se “nacionaliza” y luego se convoca a empresas internacionales (imputadas, además, de pésimo manejo ambiental) y adicionalmente se dispone la indemnización, aparentemente holgada, de los titulares anteriores, no resulta para nada entendible ni el motivo, ni la oportunidad ni la forma en que se actuó en abril de 2012. Por lo menos se trataría de incapacidad para gestionar aspectos esenciales de la responsabilidad estatal.
Los desatinos en esta materia tornaron un superávit energético en divisas de varios miles de millones de dólares en un déficit de cuantía superior, lo cual generó una brecha en pocos años del orden de los trece mil millones de dólares, entre aquel superávit y el actual déficit. Esto es parte de las erogaciones que componen la enorme cuantía de los subsidios económicos.

La derivación de todo esto podría ser muy perniciosa. El panorama que se presenta ante la sociedad incluye argumentos socializadores trastrocados en sus opuestos sin otro soporte que el cambio de la decisión misma, actuación estatal carente de la eficiencia y eficacia necesarias, así como alto grado de sospecha de que los motivos de la gestión se encuentran más cerca de los mezquinos intereses personales que de los loables intereses colectivos. No es insensato pensar que el resultado en la conciencia y en el humor de la ciudadanía sea el de rechazar cualquier acción futura de control estatal efectivo. Ese sería una de los legados más perversos que dejaría la actual gestión gubernamental.

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