lunes, 21 de diciembre de 2015

Columna solicitada por el Diario Los Andes, 20-12-2015

Columna solicitada por el DIARIO LOS ANDES Los temas planteados para el diálogo son por cierto muy amplios. Empezando por el escenario laboral puede decirse que el mismo depende ante todo de que el nuevo gobierno logre transformar la actual situación de estancamiento, que lleva varios años, en una en la que Argentina pueda recuperar el sendero de la inversión productiva y, por ende, del crecimiento económico. De lo contrario la nula creación de empleo (excepto el estatal y el cuentapropismo, según se deriva de los datos oficiales disponibles) se puede tornar más temprano que tarde en un círculo vicioso en materia económica y social. Claro que la necesaria recuperación del crecimiento económico no es suficiente, por ejemplo, para que los nuevos puestos de trabajo que se demanden sean de buena calidad en el sentido en que lo sugiere la OIT. Para eso deben preservarse las buenas normas vigentes de lucha contra el trabajo precario (“en negro”) y, en particular, en la necesaria restructuración de la política impositiva, debe incluirse el conjunto de mecanismos que desaliente de manera efectiva la ilicitud en la actividad económica y, por tanto, vaya acotando cada vez más el empleo asalariado irregular. Es verdad que parte de las afirmaciones que en los últimos años se han podido realizar acerca de la situación y las perspectivas (no sólo económicas) tienen carácter aproximado debido a la carencia de estadísticas públicas confiables desde hace ya casi una década. Es esta una situación que, a mi juicio, la sociedad no ha tomado adecuadamente en cuenta y, por tanto, no se ha calibrado la profundidad del deterioro. Esto ha ido de la mano del éxito que el gobierno recientemente concluido tuvo para describir una situación poco conectada con la realidad. En efecto, mientras nos entreteníamos en relación con las expresiones que, por caso, el Jefe de Gabinete formulaba en contra de aquellos núcleos académicos que intentaban cubrir el bache informativo oficial sobre variables relevantes (como la evolución del empleo o los niveles que alcanzaba la pobreza o la indigencia), no poníamos el foco en los millones de argentinos que se vienen “alejando” del mercado de trabajo o en el hecho de que -como en otros momentos del pasado- el autoempleo parece ser el modo en que se compensa la falta de demanda de trabajo asalariado. Distinto era, por ejemplo, en 2002 cuando el INDEC informaba que la pobreza había alcanzado a la mitad de la población y esa información se tornaba en un elemento constitutivo de la mirada y de la toma de decisiones de los actores sociales y políticos. En ese sentido, es de desear que las nuevas autoridades del organismo rector de las estadísticas públicas tengan éxito en la tarea de reconstrucción de los datos imprescindibles y de las buenas prácticas y técnicas adecuadas para su obtención. Desafortunadamente no creo que ello se logre en un plazo breve. Al final del camino es posible que debamos lidiar con un hueco estadístico de casi una década el que no habrá de ser llenado con la información correcta por razones legales, según lo expresaron las autoridades designadas en INDEC. Es probable que el desafío pueda ser tomado (o continuado) por organismos académicos, deseablemente la Universidad Pública, que construya, elabore y proporcione -por fuera del Sistema Estadístico oficial- información alternativa que sirva para medir de manera más certera este largo decenio posterior a la crisis de 2001. Son dos tareas: la reconstrucción del organismo rector (INDEC) y la producción de series alternativas del período reciente que sirvan de base para los estudiosos pero de manera especial para las fuerzas sociales y políticas, en particular para quienes deben tomar decisiones a nivel político en condiciones por demás desventajosas. En estas condiciones, hay dos cuestiones a abordar que se relacionan con los efectos inflacionarios en parte asociados con los subsidios a un sector de la población que utiliza servicios públicos con bajas tarifas. Es cierto que ello ocurre en gran medida en el área metropolitana no así en el conjunto del país. También lo es que el gobierno anterior abandonó la idea de la “sintonía fina”, que no era otra cosa que realizar un ajuste fiscal sólo que encubierto con ese nombre. Las autoridades actuales, llamativamente, utilizan similares argumentos a los utilizados en 2011 por el gobierno previo: está bien proporcionar ayuda fiscal a aquellos sectores que efectivamente lo necesitan; es injusto dar servicios baratos a familias con ingresos medio-altos, etc. Dichos argumentos nos llevan (tanto en 2011 como ahora) a otra discusión: esta mirada aplicada a la formulación de políticas públicas (sean de naturaleza estrictamente económica o de carácter social) nos evoca ciertos argumentos que eran definidos como propios del neoliberalismo: “es menester identificar a quienes merecen y deben ser alcanzados por tales intervenciones estatales”. Quizás la discusión al respecto deba en algún momento llevarse al terreno de la distribución del ingreso y no sólo al de su redistribución. Esto es, el reparto primario de la riqueza generada. Pero no hay dudas que eso puede ocurrir a partir de un profundo debate político, económico y social, en cuyo marco se pueda identificar un sendero necesario para alcanzar ciertas metas en las que deben coincidir tanto empresarios como trabajadores como, de modo indudable, el propio Estado. Para esto último el saneamiento fiscal es tan importante como poco imaginable de concretar de manera precipitada. Pero es el camino imprescindible. Debe notarse que Argentina es un país que tiene una productividad media comparativamente baja lo que dificulta su inserción internacional y, al mismo tiempo, esa realidad tiende a ser utilizada como factor explicativo de niveles salariales refrenados. Si en los noventa la discusión sobre la productividad quiso ser un instrumento para contener el ingreso asalariado en la actualidad debería ser el camino para apuntar a un doble propósito: el de dar un salto en la capacidad productiva del país y, también, el de mejorar la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo. Claro que en la actualidad es menos sencillo hacerlo que una década atrás cuando los hados estaban con nosotros. Pero no es menos vital e impostergable.

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