Los últimos datos sobre el mercado de trabajo del INDEC - Radio Eco, 29-10-16

Entrevista de Oscar Martinez, por Eco Radio, 29-10-16

Después de los datos, hay que actuar

• Clarín
• 24 Oct 2016
• Javier Lindenboim Director del CEPED e Investigador del CONICET

HORACIO CARDO

El esperado segundo semestre no ha sido precisamente generoso en materia económica, tal como se esperaba por parte de las autoridades oficiales. En cambio, lo viene siendo en un aspecto relevante: la recuperación de las estadísticas públicas. Con ellas descubrimos lo ya sabido: mucha pobreza, alta inflación, desempleo.

Al término del primer semestre apareció el primer informe sobre variación de precios (IPC) correspondiente al mes de mayo. En julio se informó sobre las nuevas estimaciones de cuentas nacionales y se anticiparon nuevos datos. Falta disponer de aspectos relativos a la distribución del ingreso (Cuenta de Generación del Ingreso) como también imprescindibles detalles metodológicos.

En agosto se difundió el Informe de Prensa correspondiente a los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo trimestre de 2016, cerrando un ciclo de casi un año sin información al respecto. Apenas iniciada la primavera se conoció el primer informe sobre pobreza e indigencia derivado de los datos mencionados de la EPH, luego de un trienio sin información oficial y a punto de cumplirse una década de intromisión en el INDEC. Con independencia de los datos específicos contenidos en cada uno de esos informes, el mero hecho de su producción y difusión en condiciones de credibilidad social es motivo de indudable celebración.

Es necesario remarcar el daño infligido a la sociedad toda a lo largo de la última década. A esta altura del año 2006, se multiplicaban las presiones de las autoridades políticas al personal a cargo del índice de precios al consumidor. Las mismas tenían inicialmente como objetivo la identi- ficación de las unidades económicas que con la información que proporcionaban regularmente (en condiciones de preservación de las normas de secreto estadístico) permitían la elaboración del IPC. La firme negativa de las funcionarias ante el atropello derivó en la intervención de hecho del INDEC en enero de 2007.

Aquel primer falseamiento estuvo basado en eliminar la variación del precio de la lechuga, al igual que el efecto de otros incrementos como el de la medicina prepaga y los gastos de turismo. De allí en más paulatinamente no sólo se degradó casi toda la producción del Instituto de estadísticas sino que se implantó un estilo netamente antidemo

crático. Se suprimió o al menos se disimuló la provisión de datos en materia de vivienda, previsionales o de seguridad, etc. En general se burlaron las normas existentes en materia de información pública. Se llegó al extremo de eliminar el cálculo oficial de pobreza –luego de proporcionar durante varios años datos falsos en la materia- esgrimiendo penosas argumentaciones. Más aún, en los años más recientes la ejecución de esta estrate

gia (des) informativa fue encarada por un equipo de economistas que hasta poco antes criticaban ardorosamente tales prácticas. Entre otras es por estas razones que la tarea de reconstrucción de la institución estadística y de su producción es significativamente valorable.

Dicho esto es menester alguna reflexión sobre lo que nos informan estos números. En primer término debe ponerse de manifiesto que había variados elementos que apuntaban a estimaciones cercanas a las que resultaron informadas ahora de manera oficial aunque con menor certeza en buena parte de los indicadores. Teníamos buenos indicios de que el aumento de precios anual era mucho mayor del 10% admitido en los años recientes. Teníamos fundadas presunciones de que había niveles de desaliento que mantenían contenida la tasa de desempleo

y que al mismo tiempo era muy posible que una parte de los probables desocupados figurasen como inactivos. Existían estimaciones alternativas acerca de valores más realistas en materia de evolución económica que incluía años de fuerte descenso que la estadística oficial se resistía a registrar. Hubo varias pruebas que ponían en cuestión la verosimilitud de unos cuantos datos en materia de comercio exterior. Y así de seguido.

En segundo lugar, también sabíamos que los “datos verdaderos” aludían a una situación económica y social cada vez más preocupante con creciente acumulación de tensiones que debían ser resueltas y cuyo abordaje era difícil de imaginar sin efectos negativos sobre el conjunto de la población.

Las relaciones sociales implicadas en el funcionamiento económico de una sociedad siempre contienen conflictos y contradicciones. Haber querido presentar una sociedad sin conflictos en materia económica condujo a finales de 2015 a un contexto en el cual buena parte de la sociedad creyó de buena fe que no teníamos serios problemas y que la falta de información o las mentiras cotidianas eran cuestiones de importancia secundaria.

Disponer ahora de información oficial que de manera descarnada nos informa de

una realidad para nada satisfactoria es un primer paso de extrema importancia. A partir de aquí aparece la posibilidad de encarar los requerimientos (no sólo los de naturaleza económica) sobre bases ciertas. Esa es una opción que se abre para la sociedad en su conjunto. Y una especial demanda para quienes fueron elegidos en esta ocasión para hacerse cargo de las responsabilidades de gobernar.

Los datos no pueden sorprendernos porque no son estrictamente nuevos. Pero reclaman la debida atención por la profundidad y variedad de las demandas que encarnan. Entre las demandas están, también, las relativas a la revisión de los datos producidos en estos años y la supresión del aislamiento técnico del INDEC al que condujo la anterior gestión. La tarea está lejos de ser pequeña.

Después de los datos hay que actuar - Columna en Clarin 24-10-2016

Columna aparecida en CLARIN, 24-10-2016

El esperado segundo semestre no ha sido precisamente generoso en materia económica, tal como se esperaba por parte de las autoridades oficiales. En cambio, lo viene siendo en un aspecto relevante: la recuperación de las estadísticas públicas. Con ellas descubrimos lo ya sabido: mucha pobreza, alta inflación, desempleo.

Al término del primer semestre apareció el primer informe sobre variación de precios (IPC) correspondiente al mes de mayo.

En julio se informó sobre las nuevas estimaciones de cuentas nacionales y se anticiparon nuevos datos. Falta disponer de aspectos relativos a la distribución del ingreso (Cuenta de Generación del Ingreso) como también imprescindibles detalles metodológicos.

En agosto se difundió el Informe de Prensa correspondiente a los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo trimestre de 2016, cerrando un ciclo de casi un año sin información al respecto.

Apenas iniciada la primavera se conoció el primer informe sobre pobreza e indigencia derivado de los datos mencionados de la EPH, luego de un trienio sin información oficial y a punto de cumplirse una década de intromisión en el INDEC.

Con independencia de los datos específicos contenidos en cada uno de esos informes, el mero hecho de su producción y difusión en condiciones de credibilidad social es motivo de indudable celebración.

Es necesario remarcar el daño infligido a la sociedad toda a lo largo de la última década. A esta altura del año 2006, se multiplicaban las presiones de las autoridades políticas al personal a cargo del índice de precios al consumidor. Las mismas tenían inicialmente como objetivo la identificación de las unidades económicas que con la información que proporcionaban regularmente (en condiciones de preservación de las normas de secreto estadístico) permitían la elaboración del IPC. La firme negativa de las funcionarias ante el atropello derivó en la intervención de hecho del INDEC en enero de 2007.

Aquel primer falseamiento estuvo basado en eliminar la variación del precio de la lechuga, al igual que el efecto de otros incrementos como el de la medicina prepaga y los gastos de turismo. De allí en más paulatinamente no sólo se degradó casi toda la producción del Instituto de estadísticas sino que se implantó un estilo netamente antidemocrático. Se suprimió o al menos se disimuló la provisión de datos en materia de vivienda, previsionales o de seguridad, etc. En general se burlaron las normas existentes en materia de información pública. Se llegó al extremo de eliminar el cálculo oficial de pobreza –luego de proporcionar durante varios años datos falsos en la materia- esgrimiendo penosas argumentaciones. Más aún, en los años más recientes la ejecución de esta estrategia (des)informativa fue encarada por un equipo de economistas que hasta poco antes criticaban ardorosamente tales prácticas.

Entre otras es por estas razones que la tarea de reconstrucción de la institución estadística y de su producción es significativamente valorable.

Dicho esto es menester alguna reflexión sobre lo que nos informan estos números.

En primer término debe ponerse de manifiesto que había variados elementos que apuntaban a estimaciones cercanas a las que resultaron informadas ahora de manera oficial aunque con menor certeza en buena parte de los indicadores. Teníamos buenos indicios de que el aumento de precios anual era mucho mayor del 10% admitido en los años recientes. Teníamos fundadas presunciones de que había niveles de desaliento que mantenía contenida la tasa de desempleo y que al mismo tiempo era muy posible que una parte de los probables desocupados figurasen como inactivos. Existían estimaciones alternativas acerca de valores más realistas en materia de evolución económica que incluía años de fuerte descenso que la estadística oficial se resistía a registrar. Hubo varias pruebas que ponían en cuestión la verosimilitud de unos cuantos datos en materia de comercio exterior. Y así de seguido.

En segundo lugar, también sabíamos que los “datos verdaderos” aludían a una situación económica y social cada vez más preocupante con creciente acumulación de tensiones que debían ser resueltas y cuyo abordaje era difícil de imaginar sin efectos negativos sobre el conjunto de la población.

Las relaciones sociales implicadas en el funcionamiento económico de una sociedad siempre contienen conflictos y contradicciones. En el capitalismo no puede ser de otro modo. La clave es si la sociedad encuentra o no mecanismos tales que permitan enfrentarlos de modo no traumático.

Haber querido presentar una sociedad sin conflictos en materia económica, más allá de las infatigables expresiones verbales que parecían recorrer senderos paralelos, condujo a finales de 2015 a un contexto en el cual buena parte de la sociedad creyó de buena fe que no teníamos serios problemas y que la falta de información o las mentiras cotidianas eran cuestiones de importancia secundaria.

Disponer ahora de información oficial que de manera descarnada nos informa de una realidad para nada satisfactoria es un primer paso de extrema importancia.

A partir de aquí aparece la posibilidad de encarar los requerimientos (no sólo los de naturaleza económica) sobre bases ciertas. Esa es una opción que se abre para la sociedad en su conjunto. Y una especial demanda para quienes fueron elegidos en esta ocasión para hacerse cargo de las responsabilidades de gobernar.

Los datos no pueden sorprendernos porque no son estrictamente nuevos. Pero reclaman la debida atención por la profundidad y variedad de las demandas que encarnan. 

Entre las demandas están, también, las relativas a la revisión de los datos producidos en estos años y la supresión del aislamiento técnico del INDEC al que condujo la anterior gestión. La tarea está lejos de ser pequeña

El rol de las universidades y el pensamiento crítico

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El rol de las universidades y el pensamiento crítico Ante el otorgamiento de doctorados honoris causa a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y ante la baja del presupuesto universitario y científico.  Buenos Aires, 11 de octubre de 2016 En noviembre de 2015, en plena campaña electoral, desde Plataforma 2012 llamábamos la atención acerca de las autoridades universitarias que hacían público su apoyo al candidato presidencial, entonces oficialista –hubo incluso órganos colegiados de gobierno (Consejos Superiores) que pidieron el voto. Señalamos entonces que nos parecía inadmisible “la utilización de los medios y recursos de las instituciones del Estado, el poder de influencia de los cargos de los funcionarios públicos, para denostar a adversarios políticos, desprestigiar interpretaciones diversas sobre la situación política y social y demandar de la sociedad acciones en favor de un determinado candidato partidario”. Nos preocupaba además el grado de coacción que significaba para el conjunto de la comunidad académica, ya que declaraciones como aquéllas, impulsadas desde máximas instancias del gobierno universitario, definían implícitamente a todo aquel que no estuviera de acuerdo con tal candidato “como partidario de intereses contrarios a la institución”. Finalmente, nos parecía que ese modo de imbricar lo partidario en la Universidad como institución, en nombre del compromiso social, problematizaba el tipo de politización esperable y exigible de las universidades, ya que la condición sine qua non de la vida universitaria es la independencia de las estructuras partidarias, única garantía del pluralismo y el debate en libertad. Pues bien, vemos ahora que, en un contexto muy diferente, se repiten situaciones similares: este 12 de octubre las Universidades Nacionales de Quilmes y Avellaneda le van a otorgar sendos doctorados honoris causa a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde un punto de vista, la situación no podría ser más diferente: el país está hoy gobernado por la coalición política opositora a la de noviembre pasado. Sin embargo, el problema subsiste, pues existen sectores de las universidades públicas que siguen funcionando de un modo completamente partidista.  Por supuesto, las consideraciones con que los Consejos Superiores otorgan el doctorado honoris causa a la ex presidenta apelan “objetivamente” a los logros de su gobierno. Pero no hay nada de objetivo en ello: ¿acaso el balance sobre esos “logros”, como sucede con la casi totalidad de los gobiernos, no dividen al país y a la comunidad académica? La actitud misma de la ex presidenta que, más allá del curso judicial de las causas de corrupción que enfrenta –sin duda devaluadas por el gravoso hecho de la escasa confianza que ofrece el sistema judicial en su imparcialidad–, no se ha sentido siquiera en la necesidad de ofrecer explicaciones públicas mínimamente aceptables sobre sus negocios privados y su fabuloso enriquecimiento, ¿no es el emblema máximo de una idea de la política que desprecia al que piensa diferente? ¿Pueden elaborarse argumentos universalistas –como los que una distinción universitaria debería promover– para una figura política que ha consagrado la visión del adversario como enemigo?  Estas decisiones no sólo violentan el espíritu universitario: una de las más graves consecuencias, en estos momentos, es que también distorsionan la necesaria lucha que debería dar el mundo académico e intelectual ante las amenazas de reducción del presupuesto universitario y científico que está promoviendo el actual gobierno nacional. Convertir a las universidades en bunkers militantes del ex-oficialismo devalúa cualquier reclamo que se pueda hacer al actual gobierno, ya que lo convierte en argumento de una lucha facciosa que, al resignar valores universales, pierde toda posibilidad de expresar contenidos de verdad o justicia.     Por eso, desde Plataforma 2012 queremos alertar contra estas prácticas y contra cualquier disminución en el presupuesto que convierta al campo universitario y científico en una de las variables de ajuste de la lucha entre fracciones políticas: no hay que olvidar que el presidente Macri se había comprometido en su campaña a elevar el presupuesto de ciencia y tecnología del 0,7 y 0,8% del presupuesto nacional que tuvo durante el gobierno anterior, al 1,5%; pero en el proyecto de presupuesto presentado para el año próximo lo baja al 0,59%. Asimismo, con la misma contundencia desde Plataforma 2012 buscamos alertar contra el uso de las universidades como herramientas de militancia partidista de un sector de la oposición. La Universidad Pública es demasiado importante en la vida cívica para que nos resignemos tanto a que se disminuya su capacidad operativa como a que se devalúe su misión crítica y su independencia de toda estructura partidaria.  Uno de los roles principales de la Universidad debería ser fomentar el debate y el pensamiento crítico. Algo difícil de lograr mientras persista tal indistinción entre la vida universitaria y los intereses de partido. Como señalábamos en noviembre pasado y continuamos sosteniendo bajo el gobierno actual, la construcción de un proyecto de país que supere la situación de dependencia, las desigualdades crecientes y la corrupción generalizada, exigen de la intelectualidad y del conjunto de la comunidad universitaria, científica y cultural, una completa emancipación respecto del poder político, esté en el gobierno o en la oposición.  Firman: Osvaldo Acerbo, Julio Aguirre, Jonatan Baldiviezo, Héctor Bidonde, Jorge Brega, José Emilio Burucúa, Diana Dowek, Lucila Edelman, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Adrian Gorelik, Alejandro Katz, Diana Kordon, Darío Lagos, Alicia Lissidini, Rubén Lo Vuolo, Gabriela Massuh, José Miguel Onaindia, Marcelo Plana, Patricia Pintos, Daniel Rodríguez, Ana Sarchione, Beatriz Sarlo, Maristella Svampa, Ruben Szuchmacher, Nicolás Tauber Sanz, Jaco Tieffenberg, Enrique Viale, Patricia Zangaro. Adhieren: Pablo Alabarces, Mireya Baglietto, Alejandro Perez Becerra, Aníbal Guillermo Bibiloni, Mario Raúl Bordón, Nélida Boulgourdjian, Carlos Alberto Carcaballo, Beatriz Curtino, Manuel Justo Gaggero, Elsa Beatriz Gil, Eliana Gonzalez, Roy Hora, Emilio Ipola, Hugo Ivancovsky, Mario Lucas Kiektik, Leandro Esteban Klink, Javier Lindenboim, Andrea Lopetegui, María Cristina López, Miguel Ángel Montoya Jamed, Daniel Muchnik, José Nun, Carlos Penelas, Sebastián Pereyra, Roberto Luis Pozzo, Rodolfo Rodil, Alicia N. Roviglione, Mabel Ruggiero, Aurora Saenz Santamaría, Norma Sánchez, Luis Ricardo Sandoval, Herminia Solari, Carlos Abel Suárez, Sergio Torrado, Claudia Touris, Hugo Vezzetti, Irene Weinstein, Horacio Miguel Hernán Zapata, siguen las firmas... Quien quiera adherir enviar correo a: plataforma2012@plataforma2012.org.ar Facebook

Salario y pobreza según las últimas cifras - Entrevista para Tiempo Argentino 30-9-16

Entrevista de Randy Stagnaro, de TIEMPO ARGENTINO, realizada el 30-9-2016 en preparación de su nota aparecida el domingo 2-10-2016.

La preocupación era acerca de la conexión entre el nivel (media o mediana) de los ingresos laborales informados por el Ministerio de Trabajo y la la magnitud de la Línea de pobreza informada por INDEC a fines de setiembre. Y sobre la diferencia entre la medición de la pobreza en hogares y personas.
En el diálogo se habló de que esa relación supone que sigue un solo ingreso solventando los gastos de los hogares (o, lo que es lo mismo, la perduración del rol proveedor masculino).
Y que lo importante es disponer ahora de datos oficiales que, además, sean creíbles.

Leer la nota en el diario

DATOS DEL INDEC SOBRE POBREZA Rep. de Cintia Vespasiani - INFOREGION

Nota de Cintia Vespasiani para INFOREGION.COM.AR publicada el 1°-10-2016

DATOS DEL INDEC SOBRE POBREZA

Celebran datos oficiales, pero disienten en el futuro económico

El economista Claudio Lozano aseguró que el Gobierno es responsable de 1.600.000 pobres más. “La perspectiva es un escenario de conflictividad social e inestabilidad política”, apuntó a Info Región. El director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo, Javier Lindenboim, asegura que “hay indicios alentadores” de que mejore la economía.

Después de tres años, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió el Índice de Pobreza, que reveló que uno de cada tres argentinos padece esa condición. En diálogo con Info Región, el economista y ex diputado Claudio Lozano y el titular del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo, Javier Lindenboim,celebraron la difusión de datos oficiales. No obstante, disintieron respecto del pronóstico para los próximos meses: mientras que el primero indicó que se espera un escenario de “mayor conflictividad social e inestabilidad política”; el segundo consideró que “hay indicios alentadores” de que “lo peor empezará a quedar atrás”.

El coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) y dirigente nacional de Unidad Popular celebró que los nuevos datos “desmontan la falacia construida por el gobierno anterior del 4,7 por ciento de pobreza”. “También de que teníamos menos pobreza que Alemania. Esto ciertamente demuestra que la política denominada de inclusión no logró resolver la problemática social de la argentina “, indicó Lozano.

“Que sigamos teniendo niveles de pobreza como los que tenemos demuestra que no alcanza con crecer, sino que hay que modificar los contenidos de concentración, de extranjerización y el perfil productivo que tiene la Argentina para poder replantear la situación”, reflexionó.

A su vez, criticó que el macrismo “parece sentirse ajeno al número o porcentaje, a estos 13.800.000 pobres de la Argentina”. “Cuando la verdad es que una parte de esto le corresponde a las políticas que han puesto en marcha. Según nuestras estimaciones, 1.600.000 pobres más son los que tenemos como consecuencia de la aplicación de las medidas puestas en marcha por el gobierno actual”, reveló.

En ese sentido, dio un panorama negativo con vistas al último trimestre del año. “Si no se toma en cuenta, a partir de estos datos, que Argentina está socialmente atada con alambre, si el sistema político dominante no registra esta situación, la perspectiva y el futuro de Argentina es un escenario de conflictividad social creciente e inestabilidad política”, previó.

Desde el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo, su titular, Javier Lindenboim, advirtió que es “extraordinariamente alentador tener nuevamente información confiable”. “No debemos olvidarnos de esto porque sería equivocado omitir que hace tres años atrás tuvimos un ministro de economía que decía que medir la pobreza era estigmatizante”, señaló.

Respecto de lo que depara el último trimestre, Lindenboim fue más optimista y advirtió que “hay indicios absolutamente alentadores”. “Da la impresión de que la peor situación empezó a quedar atrás y me hace acordar a cómo vivíamos el 2002.Estábamos en el medio de una situación extremadamente aguda y, luego de eso, vino un quinquenio de muy fuerte crecimiento económico. No creo que eso se reproduzca en esa intensidad, pero hay altas probabilidades de que efectivamente haya posibilidades de dejar atrás la crisis más fuerte de este primer semestre”, consideró.

Metas de inflación 2017. Luego de que el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, diera un panorama optimista respecto de las previsiones sobre el índice de precios para el año próximo, Lozano consideró que esa hipótesis oficial “se funda en un criterio reaccionario, conservador e injusto”.

“Las metas de inflación planteadas por Sturzenegger se basan en una hipótesis que es no reabrir paritarias ahora y dar por sentado que en las negociaciones del año próximo los trabajadores van a aceptar que perdieron lo que perdieron y van a discutir sólo en función de la inflación futura”, criticó Lozano.

Según el economista, las metas auspiciosas para el próximo año son a costa del salario de los trabajadores. “Sturzenegger piensa que se puede organizar una recuperación de la actividad económica de la Argentina sobre la base de salarios más bajos y una distribución más desigual del ingreso”, consideró.

“Del mismo modo que la reducción de la inflación que se vio en el curso de estos últimos dos meses fue a costa de la caída de los niveles de actividad, lo que el titular del BCRA propone es sostener una hipótesis de inflación de esta naturaleza en salarios bajos y desigual distribución del ingreso. Obviamente esto no necesariamente va a ocurrir. Creo que los trabajadores y la sociedad argentina tienen suficientes herramientas y capacidades para cuestionar ese objetivo y, probablemente, si eso ocurre, las metas planteadas por Sturzenegger no den resultado”, cuestionó.

Y advirtió que las previsiones anunciadas buscan que la gente “crea en los peces de colores”. “Si un país o una economía tiene una caída de más de dos puntos del producto y, en ese contexto, una inflación del 40, pensar que por arte de magia vamos a crecer el 3,5% y que la inflación va a ser la mitad o menos, es francamente creer en los peces de colores”, resaltó y fustigó: “Es una hipótesis que se funda en un criterio bastante reaccionario, conservador e injusto, como es trasladarle el problema y la crisis a los trabajadores, al mismo tiempo que es absolutamente irreal”.

Cintia Vespasiani

* Nota correspondiente a la publicación del día 01 de Octubre de 2016