El
esperado segundo semestre no ha sido precisamente generoso en materia
económica, tal como se esperaba por parte de las autoridades oficiales. En
cambio, lo viene siendo en un aspecto relevante: la recuperación de las
estadísticas públicas. Con ellas descubrimos lo ya sabido: mucha pobreza, alta
inflación, desempleo.
Al
término del primer semestre apareció el primer informe sobre variación de
precios (IPC) correspondiente al mes de mayo.
En
julio se informó sobre las nuevas estimaciones de cuentas nacionales y se
anticiparon nuevos datos. Falta disponer de aspectos relativos a la
distribución del ingreso (Cuenta de Generación del Ingreso) como también imprescindibles
detalles metodológicos.
En
agosto se difundió el Informe de Prensa correspondiente a los resultados de la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo trimestre de 2016, cerrando un
ciclo de casi un año sin información al respecto.
Apenas
iniciada la primavera se conoció el primer informe sobre pobreza e indigencia
derivado de los datos mencionados de la EPH, luego de un trienio sin
información oficial y a punto de cumplirse una década de intromisión en el
INDEC.
Con
independencia de los datos específicos contenidos en cada uno de esos informes,
el mero hecho de su producción y difusión en condiciones de credibilidad social
es motivo de indudable celebración.
Es
necesario remarcar el daño infligido a la sociedad toda a lo largo de la última
década. A esta altura del año 2006, se multiplicaban las presiones de las
autoridades políticas al personal a cargo del índice de precios al consumidor.
Las mismas tenían inicialmente como objetivo la identificación de las unidades
económicas que con la información que proporcionaban regularmente (en
condiciones de preservación de las normas de secreto estadístico) permitían la
elaboración del IPC. La firme negativa de las funcionarias ante el atropello
derivó en la intervención de hecho del INDEC en enero de 2007.
Aquel
primer falseamiento estuvo basado en eliminar la variación del precio de la
lechuga, al igual que el efecto de otros incrementos como el de la medicina
prepaga y los gastos de turismo. De allí en más paulatinamente no sólo se
degradó casi toda la producción del Instituto de estadísticas sino que se
implantó un estilo netamente antidemocrático. Se suprimió o al menos se
disimuló la provisión de datos en materia de vivienda, previsionales o de
seguridad, etc. En general se burlaron las normas existentes en materia de
información pública. Se llegó al extremo de eliminar el cálculo oficial de
pobreza –luego de proporcionar durante varios años datos falsos en la materia-
esgrimiendo penosas argumentaciones. Más aún, en los años más recientes la
ejecución de esta estrategia (des)informativa fue encarada por un equipo de
economistas que hasta poco antes criticaban ardorosamente tales prácticas.
Entre
otras es por estas razones que la tarea de reconstrucción de la institución
estadística y de su producción es significativamente valorable.
Dicho
esto es menester alguna reflexión sobre lo que nos informan estos números.
En
primer término debe ponerse de manifiesto que había variados elementos que
apuntaban a estimaciones cercanas a las que resultaron informadas ahora de
manera oficial aunque con menor certeza en buena parte de los indicadores.
Teníamos buenos indicios de que el aumento de precios anual era mucho mayor del
10% admitido en los años recientes. Teníamos fundadas presunciones de que había
niveles de desaliento que mantenía contenida la tasa de desempleo y que al
mismo tiempo era muy posible que una parte de los probables desocupados figurasen
como inactivos. Existían estimaciones alternativas acerca de valores más
realistas en materia de evolución económica que incluía años de fuerte descenso
que la estadística oficial se resistía a registrar. Hubo varias pruebas que
ponían en cuestión la verosimilitud de unos cuantos datos en materia de
comercio exterior. Y así de seguido.
En
segundo lugar, también sabíamos que los “datos verdaderos” aludían a una
situación económica y social cada vez más preocupante con creciente acumulación
de tensiones que debían ser resueltas y cuyo abordaje era difícil de imaginar
sin efectos negativos sobre el conjunto de la población.
Las
relaciones sociales implicadas en el funcionamiento económico de una sociedad
siempre contienen conflictos y contradicciones. En el capitalismo no puede ser
de otro modo. La clave es si la sociedad encuentra o no mecanismos tales que permitan
enfrentarlos de modo no traumático.
Haber
querido presentar una sociedad sin conflictos en materia económica, más allá de
las infatigables expresiones verbales que parecían recorrer senderos paralelos,
condujo a finales de 2015 a un contexto en el cual buena parte de la sociedad
creyó de buena fe que no teníamos serios problemas y que la falta de
información o las mentiras cotidianas eran cuestiones de importancia
secundaria.
Disponer
ahora de información oficial que de manera descarnada nos informa de una
realidad para nada satisfactoria es un primer paso de extrema importancia.
A
partir de aquí aparece la posibilidad de encarar los requerimientos (no sólo
los de naturaleza económica) sobre bases ciertas. Esa es una opción que se abre
para la sociedad en su conjunto. Y una especial demanda para quienes fueron
elegidos en esta ocasión para hacerse cargo de las responsabilidades de
gobernar.
Los
datos no pueden sorprendernos porque no son estrictamente nuevos. Pero reclaman
la debida atención por la profundidad y variedad de las demandas que
encarnan.
Entre
las demandas están, también, las relativas a la revisión de los datos
producidos en estos años y la supresión del aislamiento técnico del INDEC al
que condujo la anterior gestión. La tarea está lejos de ser pequeña
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