Después de los datos, hay que actuar

• Clarín
• 24 Oct 2016
• Javier Lindenboim Director del CEPED e Investigador del CONICET

HORACIO CARDO

El esperado segundo semestre no ha sido precisamente generoso en materia económica, tal como se esperaba por parte de las autoridades oficiales. En cambio, lo viene siendo en un aspecto relevante: la recuperación de las estadísticas públicas. Con ellas descubrimos lo ya sabido: mucha pobreza, alta inflación, desempleo.

Al término del primer semestre apareció el primer informe sobre variación de precios (IPC) correspondiente al mes de mayo. En julio se informó sobre las nuevas estimaciones de cuentas nacionales y se anticiparon nuevos datos. Falta disponer de aspectos relativos a la distribución del ingreso (Cuenta de Generación del Ingreso) como también imprescindibles detalles metodológicos.

En agosto se difundió el Informe de Prensa correspondiente a los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo trimestre de 2016, cerrando un ciclo de casi un año sin información al respecto. Apenas iniciada la primavera se conoció el primer informe sobre pobreza e indigencia derivado de los datos mencionados de la EPH, luego de un trienio sin información oficial y a punto de cumplirse una década de intromisión en el INDEC. Con independencia de los datos específicos contenidos en cada uno de esos informes, el mero hecho de su producción y difusión en condiciones de credibilidad social es motivo de indudable celebración.

Es necesario remarcar el daño infligido a la sociedad toda a lo largo de la última década. A esta altura del año 2006, se multiplicaban las presiones de las autoridades políticas al personal a cargo del índice de precios al consumidor. Las mismas tenían inicialmente como objetivo la identi- ficación de las unidades económicas que con la información que proporcionaban regularmente (en condiciones de preservación de las normas de secreto estadístico) permitían la elaboración del IPC. La firme negativa de las funcionarias ante el atropello derivó en la intervención de hecho del INDEC en enero de 2007.

Aquel primer falseamiento estuvo basado en eliminar la variación del precio de la lechuga, al igual que el efecto de otros incrementos como el de la medicina prepaga y los gastos de turismo. De allí en más paulatinamente no sólo se degradó casi toda la producción del Instituto de estadísticas sino que se implantó un estilo netamente antidemo

crático. Se suprimió o al menos se disimuló la provisión de datos en materia de vivienda, previsionales o de seguridad, etc. En general se burlaron las normas existentes en materia de información pública. Se llegó al extremo de eliminar el cálculo oficial de pobreza –luego de proporcionar durante varios años datos falsos en la materia- esgrimiendo penosas argumentaciones. Más aún, en los años más recientes la ejecución de esta estrate

gia (des) informativa fue encarada por un equipo de economistas que hasta poco antes criticaban ardorosamente tales prácticas. Entre otras es por estas razones que la tarea de reconstrucción de la institución estadística y de su producción es significativamente valorable.

Dicho esto es menester alguna reflexión sobre lo que nos informan estos números. En primer término debe ponerse de manifiesto que había variados elementos que apuntaban a estimaciones cercanas a las que resultaron informadas ahora de manera oficial aunque con menor certeza en buena parte de los indicadores. Teníamos buenos indicios de que el aumento de precios anual era mucho mayor del 10% admitido en los años recientes. Teníamos fundadas presunciones de que había niveles de desaliento que mantenían contenida la tasa de desempleo

y que al mismo tiempo era muy posible que una parte de los probables desocupados figurasen como inactivos. Existían estimaciones alternativas acerca de valores más realistas en materia de evolución económica que incluía años de fuerte descenso que la estadística oficial se resistía a registrar. Hubo varias pruebas que ponían en cuestión la verosimilitud de unos cuantos datos en materia de comercio exterior. Y así de seguido.

En segundo lugar, también sabíamos que los “datos verdaderos” aludían a una situación económica y social cada vez más preocupante con creciente acumulación de tensiones que debían ser resueltas y cuyo abordaje era difícil de imaginar sin efectos negativos sobre el conjunto de la población.

Las relaciones sociales implicadas en el funcionamiento económico de una sociedad siempre contienen conflictos y contradicciones. Haber querido presentar una sociedad sin conflictos en materia económica condujo a finales de 2015 a un contexto en el cual buena parte de la sociedad creyó de buena fe que no teníamos serios problemas y que la falta de información o las mentiras cotidianas eran cuestiones de importancia secundaria.

Disponer ahora de información oficial que de manera descarnada nos informa de

una realidad para nada satisfactoria es un primer paso de extrema importancia. A partir de aquí aparece la posibilidad de encarar los requerimientos (no sólo los de naturaleza económica) sobre bases ciertas. Esa es una opción que se abre para la sociedad en su conjunto. Y una especial demanda para quienes fueron elegidos en esta ocasión para hacerse cargo de las responsabilidades de gobernar.

Los datos no pueden sorprendernos porque no son estrictamente nuevos. Pero reclaman la debida atención por la profundidad y variedad de las demandas que encarnan. Entre las demandas están, también, las relativas a la revisión de los datos producidos en estos años y la supresión del aislamiento técnico del INDEC al que condujo la anterior gestión. La tarea está lejos de ser pequeña.