VOLVIÓ LA BAJA DE LAS CARGAS SOCIALES AL DEBATE: ¿OTRA VEZ SOPA?
por Javier Lindenboim (*)
Desde antes de la asunción del gobierno de Mauricio Macri hubo algunos que pensaban que lo que tenía Argentina por delante era un programa retrógado que venía a desarmar lo que se había logrado en la década reciente. Por lo general esas visiones no incluían mención alguna a la gravedad de la situación económica y social a que habíamos llegado a fines de 2015. Por tal razón, cada uno de los acontecimientos fue valorado como exclusivo resultado del propósito avieso de las nuevas autoridades.
No importaba que se hubieran destruido las estadistas públicas. No importaba que había reaparecido lo que se conoce como la restricción externa (expresados tanto en el cepo al dólar como la restricción de importaciones). No importaba que hacía años que el empleo había perdido el dinamismo que tuvo entre 2002 y 2007. No importaba que en 2014 se hubieran destruido centenares de miles de puestos de trabajo. No importaba que la fuerza laboral registrada se acrecentaba en base a asalariados estatales y monotributistas diversos. Pero la otra cara de esa mirada parcializada de la realidad sociopolítica la constituye una serie de decisiones oficiales enfiladas en una dirección que no resulta comprensible ni justificable.
La más reciente de estas últimas es la constituida por los anuncios del flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Una síntesis podría ser: “Me preocupa mucho el impacto que tienen los impuestos al trabajo”. Si bien el argumento puede estar enmarcado en una perspectiva más amplia (“Vamos a proponer una reforma tributaria integral”) el planteo que aparece centrado en bajar los mal llamados “impuestos al trabajo” nos remonta a experiencias pasadas en Argentina y en otras partes del mundo. Como se sabe, el resultado, entonces, no fue ni el del aumento del empleo, ni el mejoramiento de la calidad del trabajo existente ni la mejoría de la competitividad internacional.
No es la primera vez que aludimos a estas cuestiones. Hace dos décadas decíamos que es un argumento intencionalmente confuso el que sostiene que el salario es alto porque existen regulaciones que obligan al empresario a pagar porcentajes sobre la nómina salarial que serían elevados. Y que eso afecta la competitividad. Centrar en la reducción del salario directo o indirecto es desconocer la composición de los costos empresarios. Sosteníamos también que los argumentos oficiales y empresariales no parecen ser otra cosa que meros justificativos para garantizar la consolidación de la estructura de poder dominante. Esto es así porque lo que se facilita no es la entrada sino la salida de trabajadores. Es notable como mantienen vigencia estas reflexiones.
Estos eran argumentos referidos a la segunda mitad de los años noventa, ya reemplazado el Ministro Cavallo por Roque Fernández y cuando habían empezado a multiplicarse los programas de empleo de diverso tipo que, por lo general, partían del supuesto de que la responsabilidad por la falta de demanda laboral era de los mismos trabajadores. Vale acotar que en el Siglo XXI más allá de haberse aumentado significativamente la fuerza laboral y que en su mayor parte haya sido integrada por empleo asalariado protegido, las ideas detrás de los programas laborales y sociales no se modificaron sustancialmente.
El punto hoy es de múltiples características. Por un lado es imprescindible retomar la senda del crecimiento económico sin lo cual no hay forma de generar empleo genuino. Al propio tiempo ese crecimiento debe incluir entre sus cometidos el de la creación de empleo en calidad y volumen acorde con las necesidades de la sociedad. Para todo esto es importante revalorizar el rol del Estado deteriorado en los años recientes por prácticas que si bien parecieron haber recuperado un papel progresivo no lo fue en la práctica. Un simple ejemplo es el educativo. El presupuesto y el personal en esa actividad crucial fueron incrementados significativamente. Sin embargo en este lapso la matrícula primaria y secundaria en establecimientos de gestión estatal cayó. Algo no se hizo bien, sin lugar a dudas.
Pero en el capitalismo la disputa básica no deja de estar entre los empresarios y los trabajadores. La experiencia argentina parece indicar que más allá de los gobiernos u orientaciones de política económica el sector empresarial ha sido principalmente prebendario es decir influyente en las decisiones estatales para su propio beneficio sin arriesgar capital ni promover innovaciones tecnológicas y de gestión que mejoren la productividad de las unidades económicas y contribuyan a la elevación la competitividad de la economía en su conjunto.
Por eso, en momentos en que parece haberse revertido la curva descendente tanto del producto como de la ocupación, hace falta ubicar bien el foco de la orientación de la gestión estatal. El argumento trillado de que el capital necesita incentivos para invertir y demandar trabajadores ha sido utilizado tanto para un barrido como para un fregado. Y, más allá de la argumentación más o menos altisonante, los empresarios “la juntaron en pala” como dijo gráficamente la ex presidenta Kirchner, aludiendo a su propio período de gobierno.
En otras palabras, es importante no recaer en las políticas de los años noventa pero también hay que evitar repetir los equívocos de los años recientes. Luego de la crisis de principios del Siglo XXI el rebote fue importante pero no modificamos los rasgos estructurales de funcionamiento de la economía. Es por ello que en cuanto se agotó el impulso inicial y se fueron apagando los vientos internacionales favorables volvimos a las mismas encrucijadas. De ellas no saldremos bajando los “costos salariales indirectos”. Pero como tampoco nos quedan recursos sociales dilapidados recientemente habrá que agudizar el ingenio y la imaginación desde los distintos sectores de la sociedad.
La responsabilidad primera en este desafío corre por cuenta de los poseedores de capital y de riqueza. Y la política pública debe pugnar en ese sentido. Demás está decirlo, esta no es una frase de circunstancia.
(*) Director del CEPED e investigador del CONICET
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