El gobierno nacional tiene cerca de 750 mil empleados, frente a 2,2 millones en las provincias y a un millón en los municipios
El debate por los salarios del Estado resurgió en la esfera pública junto con los datos que ya reflejan una crisis aguda de la economía argentina, por factores locales y por el efecto de la pandemia del coronavirus. En este contexto, los números siempre ayudan a elaborar los diagnósticos y a buscar soluciones, más allá de las grietas y de las consignas efectistas.
Los salarios en la administración pública representan cerca del 15% del gasto corriente. Este porcentaje se eleva al 50% en las provincias, aunque muchas están bastante por encima del promedio.
Los sueldos netos de los cargos ejecutivos en el Gobierno nacional rondan, en promedio, los $250.000 en el caso de un ministro, $200.000 un secretario, $150.000 un subsecretario y $120.000 un director nacional.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que dirige Marcos Makón “mientras que entre 2010 y 2015 se identificó un crecimiento sostenido de la ocupación (con un incremento de más de 20% en el periodo); entre 2016 y 2018 la tendencia general ha sido hacia la baja, exhibiendo una disminución cercana al 8% en el Poder Ejecutivo Nacional”.
El salario promedio general bruto de este universo era de $60.748 en 2019, pero la mayor parte de la ocupación se concentraba por debajo de este nivel (64,2%); el promedio de la distribución es de $48.463, según la OPC, en base a datos del año pasado.

“Las remuneraciones medias son superiores en las empresas y en los organismos descentralizados y, a la inversa del nivel general, el Servicio Exterior de la Nación, Poder Judicial y Convenciones Colectivas de Trabajo, tienen un alto porcentaje de su dotación con salarios promedio superiores a $66.000”, aclaró.
 El Servicio Exterior de la Nación, Poder Judicial y Convenciones Colectivas de Trabajo, tienen un alto porcentaje de su dotación con salarios promedio superiores a 66.000 pesos
En las provincias, la información es mucho más difícil de verificar: pese a los continuos pedidos de los funcionarios nacionales, hubo muy poco feedback. Sí se sabe que el gasto total en salarios de las provincias es de unos 180 mil millones de pesos mensuales.
De todos modos, un trabajo del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES hace algunas aclaraciones importantes: “Usualmente se asocia al empleo público con tareas vinculadas con la gestión de gobierno. Sin embargo, el relevamiento de la ahora Secretaría de Empleo dio cuenta de que poco más de la mitad de los puestos de trabajo se reparten en sólo dos servicios: la educación y la policía, y que los dedicados efectivamente a la administración es menor a un cuarto del total”.
Por otro lado, precisa que “las provincias menos intensivas en empleo público, por debajo de la media nacional de 5,4% de sus habitantes, son las que tienen mayor concentración de residentes y más grandes, no sólo geográficamente sino también en su contribución a la generación de riqueza: Buenos Aires 3,5%; Córdoba 3,8%; Y Santa Fe 5,1 por ciento”.
En cambio, “las jurisdicciones con mayor intensidad de empleo en la administración público por habitante son Santa Cruz con el 14,1%; Catamarca 12,3%; La Rioja 12,1%; Jujuy 10,9%; con 10,1% Río Negro y Neuquén; Tierra del Fuego 9,8% y Chubut con el 8,2 por ciento”.

Algunos datos agregados se saben: hay unos 4 millones de empleados en todo el país que demandan un gasto equivalente a USD 4.000 millones mensuales, entre Nación, provincias y municipios, según datos oficiales confirmados a Infobae por especialistas que siguen las cuentas públicas.
Ajuste forzoso por pérdida de ingresos
¿Qué valor simbólico y qué valor real tiene reducir una parte de esos salarios más altos en la Nación, tal como se planteó en el debate de la esfera pública esta semana? Posiblemente el ahorro monetario no sea relevante, pero es importante el gesto de acompañar a una sociedad que, en casi todos sus niveles, perderá ingresos debido a la combinación de la crisis local y de la recesión mundial.
El presidente Alberto Fernández lo descartó en forma tajante ayer en declaraciones radiales, al expresar que: “tengo un gobierno que no tienen fortunas, que no tienen cuentas en el exterior, que no tienen empresas; viven de sus sueldos”. Además, afirmó que “los llamo a las 7 de la mañana y me atienden. Trabajan todo el día esos funcionarios, no están robando la plata”.
Sobre el reclamo, aseguró que le parecía “un acto muy demagógico”. “No tienen un Presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones. Además los sueldos del Estado no son importantes hoy. No quiero enredarme en esa discusión”, sentenció.
En el caso de las provincias, hay otras formas más significativas para que puedan ahorrar dinero en estos tiempos de caída de los ingresos. Por ejemplo, según los expertos, reducir el salario de aquellos agentes de sectores no esenciales (o sea, excluyendo a salud y seguridad) en un porcentaje del 20%, para no obligar al Estado nacional a asistirlos con más emisión o caer en el triste regreso a las cuasimonedas.
El consultor Guillermo Giussi consideró que “el problema del tamaño del Estado es una cuestión a nivel más provincial y municipal que nacional, ya que desde 2016 se frenó bastante en el gobierno nacional. Y la Ley de Responsabilidad Fiscal fijó como límite que las provincias no podían contratar gente por encima del crecimiento vegetativo de su población”.
 El problema del tamaño del Estado es una cuestión a nivel más provincial y municipal que nacional, ya que desde 2016 se frenó bastante en el gobierno nacional (Guillermo Giussi)
Entre 2003 y 2015 hubo un fuerte aumento de la dotación de personal público en los tres niveles del Estado, pero desde 2009 se frenó el crecimiento del empleo privado.
El incremento en el primer grupo no respondió solamente a la delegación de los servicios de salud, seguridad y educación de la Nación a las provincias, sino a la falta de una estrategia para diversificar las economías regionales.
En el contexto de la crisis actual, cabe esperar que se incremente el empleo público, más allá de la letra de la mencionada ley. “La ley sigue activa, al menos por ahora, aunque hay que entender el contexto. Por ahora las provincias no han pedido que se modifique, aunque puede pasar. De hecho, los gobernadores están impulsando las cuasi monedas, lo que sería una infracción a la ley”, dijo Giussi, ex Director Nacional de Relaciones Fiscales con Provincias del Ministerio del Interior.
“Sería positivo que la Nación trate de evitar ese cuadro todo lo posible, con herramientas como los adelantos transitorios o de las utilidades contables del Banco Central, porque posiblemente la caída de transferencias a las provincias en abril supere el 30%”, explicó.

En cuanto a la reducción de salarios de los dirigentes políticos, consideró que “es positivo que hagan un esfuerzo, aunque el ahorro es poco significativo”.
Nuria Susmel, analista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) dijo: “el gasto político es de unos $50 millones, es muy poco dinero”.
La especialista consideró que más allá de los niveles nominales, sería bueno poder medir la productividad del sector público, aunque reconoció que es muy difícil. “El Gobierno anterior hizo algunas cosas en este sentido, pero no demasiado”, expresó.
En tanto, la economista Marina Dal Poggetto, observó que el dilema para las provincias es que “o bajan los salarios o aceptan una moneda diferente; si no, todo va a ser emisión del Banco Central”, con el consecuente riesgo sobre los precios.
Por su parte, el especialista de la UBA Javier Lindemboim afirmó: “la remuneración de la administración pública nacional está lejos de ser privilegiada, a diferencia de lo que ocurre en algunas provincias donde hay jubilaciones tempranas”.
“En la Argentina, después del 2002, se observa que subió tanto la dotación como la participación del gasto en estos ítems en proporciones que no son coherentes con el deterioro de la enseñanza pública a nivel nacional y provincial que se registró desde entonces. Es decir, que hay mucha ineficiencia en el gasto. Los ingresos del sector docente han dejado de ser buenos y, a la vez, ellos han rechazado discutir otras cuestiones”, explicó.
 La remuneración de la administración pública nacional está lejos de ser privilegiada, a diferencia de lo que ocurre en algunas provincias donde hay jubilaciones tempranas (Javier Lindemboim)
Más en general aclaró que “el empleo privado subió fuerte en 2003 y 2007 y luego casi no creció. En cambio, el empleo público no dejó de crecer”.
Sobre el reclamo de una parte de la sociedad para que los dirigentes más altos del Gobierno se bajen los salarios, sostuvo que “la reacción de que la gente que sale con las cacerolas no es contra los empleados públicos, si no por los cargos del poder político”.
Y, aunque bajar salarios en ese segmento represente un ahorro menor, “la ausencia de un gesto es una mala señal”.
Por su parte, el ex director nacional de Asuntos Provinciales Félix Piacentini dijo a Infobae: “hasta ahora las medidas de reducción salarial en las provincias han sido gestos que no van a cambiar el nivel de ahorro de sus finanzas”.
Sin embargo, consideró que “si hay gente que está haciendo teletrabajo, por ejemplo, en las áreas de Justicia, administración y el poder legislativo de las provincias, se les puede bajar un 20% a unas 500 mil personas, sin que afecte demasiado su situación mientras están en sus casas”.
“Con esta medida las provincias ahorrarían unos 9000 millones de pesos al mes, que se podrían destinar a más inversión en salud o a los sectores más castigados por la crisis. Ese ahorro sí hace una diferencia sin parar la economía y es coherente con la idea de redistribuir”, opinó.
Para el especialista en finanzas provinciales “es muy difícil que vuelvan las cuasimonedas, porque deberían derogar el artículo 21 de la ley de responsabilidad fiscal a nivel nacional y en cada legislatura. Y, si no lo hicieran y utilizaran estos instrumentos de facto, podrían lograr una ventaja de corto plazo, pero a la larga se complicarán con problemas legales”.
 Es muy difícil que vuelvan las cuasimonedas, porque deberían derogar el artículo 21 de la ley de responsabilidad fiscal a nivel nacional y en cada legislatura (Félix Piacentini)
En cambio, consideró que es más fácil repetir la experiencia de los bonos para el pago a los proveedores, que tienen vigencia durante un solo período fiscal.
La crisis económica amenaza con ser larga y, aunque a veces el debate de estas cuestiones quede desplazado por las urgencias del día a día, los especialistas consideran que es mejor tomar decisiones proactivas antes de que la realidad adopte su propio curso.