viernes, 21 de agosto de 2020

Empleo: el horizonte se oscurece si iluminamos mal - Clarín - 21-8-2020

 Columna aparecida hoy en Clarín, 21-8-2020


La angustia de millones de hogares argentinos por la situación deficitaria en materia de empleo y de ingresos suficientes se potencia si no acertamos a enfocar adecuadamente tanto la fotografía del momento como, de manera especial, la película en la que estamos inmersos.

Un botón de muestra es la descripción de lo que pasa con el empleo. En los años últimos, sea por desconocimiento o por mala intención, se ha repetido en variados ámbitos que se han perdido miles de puestos de trabajo.

Veamos. Según las recomendaciones de la OIT adoptadas por las estadísticas oficiales en Argentina, los ocupados son las personas que han trabajado un mínimo de horas durante un lapso de referencia. Todos ellos pueden desempeñarse en diversas “posiciones” dentro del proceso productivo, es decir Asalariados o No Asalariados, por ejemplo.

Ente los primeros puede tratarse de personal en relación de dependencia cuyo vínculo laboral se establece de acuerdo a las normativas legales correspondientes (a los que llamamos asalariados registrados) o bien de personal dependiente con vinculación “irregular” a los que llamamos no registrados o precarios (a veces, para enturbiar las cosas, también se les da el nombre de “informales” pero agrega ambigüedad y no precisión a la descripción). También los asalariados pueden depender de un empleador privado o de uno estatal (público).

Por su parte los No Asalariados pueden ser trabajadores por cuenta propia o empleadores los que también podrán o no estar registrados en el sistema de seguridad social.

De manera que si hablamos del conjunto de la fuerza laboral sobre la que formulamos una apreciación, lo lógico es que aludamos a la totalidad de sus partes componentes.

Desde ese punto de vista, una aproximación a lo ocurrido en los últimos cuatro años puede lograrse comparando los resultados de la Cuenta Generación del Ingreso e Insumo de Mano de Obra elaborada por la Dirección de Cuentas Nacionales de INDEC. Entre el primer trimestre de 2016 e igual lapso de 2020 los resultados indican que se crearon más de un millón de nuevos puestos de trabajo (incluso un poco más si no contamos el primer trimestre de este año).

También los datos indican que hasta comienzos de 2018 se llevaban creados más de setecientos mil puestos laborales, lo que se deterioró fuertemente a partir del segundo trimestre de ese año. Esto en cuanto a la cuantía total de la fuerza laboral. Si miramos su composición allí los números empiezan a mostrar rasgos más que preocupantes. Los asalariados disminuyen (entre comienzos de 2016 y de 2020) en unos 50000 puestos. Dentro de ellos el aumento de los dependientes del Estado no alcanza a compensar la pérdida de puestos asalariados registrados del sector privado (-168000).

Aquí también, si nos detenemos a comienzos de 2018, todas las variaciones eran positivas por lo que la debacle también corresponde al último bienio.

Las categorías que salen airosas son tanto la de asalariados no registrados como la de no asalariados. Entre ambas, explican la mayor parte del aumento total de los puestos de trabajo del país en el período mencionado De manera que son los asalariados registrados del sector privado los que efectivamente han perdido cierto número de integrantes.

Dado que en el conjunto los asalariados registrados son aproximadamente la mitad y dentro de ellos dos tercios son del sector privado puede decirse que el deterioro de ese componente es sin duda significativo.

La pregunta, sin embargo, es si esto refleja algo circunstancial o más sustantivo. Para eso podemos mirar los últimos cuatro períodos presidenciales: en los casi cinco años del gobierno de Néstor Kirchner –siempre según la CGI de INDEC se crearon 2,3 millones de esos puestos. En el primer período de gobierno de su esposa sólo se creó un tercio de esa cuantía y en el segundo gobierno de Cristina Kirchner apenas 400000 (algo así como un sexto de lo ocurrido durante el gobierno de su esposo).

Claro que era una declinación importante pero todavía algo de ese empleo se creaba. En cambio durante el gobierno de Macri cambió el signo y hubo una pérdida neta de unos 50000 puestos. Más allá de las cifras, no parece haber dudas que la absorción de puestos de trabajo asalariado registrado en Argentina era cualquier cosa menos sólida al momento de la transición gubernamental a fines de 2015.

Si prestamos atención a los asalariados no registrados, también durante el gobierno de Néstor Kirchner hay un récord: casi 900000 nuevos puestos precarios en ese lapso, casi un 80% más que a lo largo de los años ‘90.

Estas referencias no modifican la mirada fuertemente crítica en materia laboral del gobierno de Cambiemos. Pero lo contextualizan de manera diferente.

Ponen en evidencia que los males estructurales de Argentina no fueron removidos en los largos y propicios años de la primera década del siglo actual. De hecho en estos veinte años, el 40% de ellos fueron de disminución absoluta del producto y la tasa de inversión no dejó de disminuir.

Con niveles de inversión por debajo del 15% , como venimos arrastrando desde hace al menos una década, es inimaginable la recreación de un contexto de dinámica productiva estable y competitiva. Mucho menos, claro está, con la pandemia que no hace más que agregar dramaticidad a la muy delicada situación económica y social de Argentina.

Es por eso que al alivio que se supone traerá aparejado el arreglo con los acreedores externos (con contratos con sede en Nueva York) deberá agregarse la regularización de la deuda con sede local y, especialmente, la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Para todo esto, hace falta un horizonte, un plan. Y, para ello, es imprescindible no equivocarse en la evaluación de cuál es nuestro verdadero punto de partida y cuáles los orígenes efectivos, no los declamados, de nuestra crisis estructural.

domingo, 16 de agosto de 2020

Qué hacer con los subsidios a hogares en la pospandemia LA NACION 16-8-2020

 Nota de Silvia Stang, publicada en LA NACION, 16-8-2020


El derrumbe de la actividad llevó a medidas de emergencia, como el IFE; los ejes del debate sobre una futura estategia frente a la pobreza y el desempleo.

roblemas de vieja data que se agravan. Los efectos que dejarán la pandemia y la cuarentena en la realidad social de la Argentina tendrán sus síntomas en mayores índices de pobreza e indigencia y, muy probablemente, también en la profundización de déficits como el del acceso al mundo laboral formal o el de la terminalidad educativa. A la par de esas consecuencias, se va ampliando el desequilibrio fiscal (el déficit primario treparía a 8% del PBI este año) en gran medida por las acciones tomadas para contener el derrumbe de la actividad y de los ingresos en muchos hogares.

¿Qué hacer con la política de derivación directa de recursos estatales a familias, en el escenario que marque la pospandemia? En la actual situación, la asignación de fondos por fuera de los programas que ya existían se está dando a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de $10.000, que en la práctica se les paga cada dos meses a unas 8,9 millones de personas anotadas en los primeros tiempos del aislamiento obligatorio (la inscripción luego se cerró).

Más allá de que se haya puesto en debate la posible transformación de ese plan en una nueva modalidad de subsidio que quede instalada tras la pandemia, lo cierto que el universo del IFE no permite saber, al menos a simple vista, cuáles serán los problemas sociales y laborales por fuera del marco de la emergencia actual. Entre quienes lo cobran hay distintas situaciones de base, en cuanto a la situación laboral y, más allá de eso, hay también diferencias respecto de la posibilidad y del momento en que podría recuperarse algún nivel de actividad, en el caso de quienes estaban trabajando en los meses previos.

De los beneficiarios de ese ingreso, seis de cada diez son trabajadores de la economía informal, desocupados o inactivos (no trabajan ni buscan hacerlo). La incidencia de los inactivos es mayor en provincias donde hay bajas tasas de población económicamente activa y de empleo, como ocurre en Formosa o en Santiago del Estero, donde el IFE alcanza al 44,2% y al 48,9%, respectivamente, de la población de entre 18 y 65 años, y al 80,1% y 71% de la población activa, según un informe elaborado por la Anses.

"Todavía no hay definido", señala el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, respecto de qué pasará con el programa de ingresos en el futuro. Su idea de la política social para el futuro es que esté regida por tres ejes: el actual plan Potenciar Trabajo, que tiene 540.000 beneficiarios que perciben $8500 mensuales; un programa de ingreso de base (que se diferenciaría por tener contraprestaciones que podrían ser de terminalidad educativa en lugar de ser específicamente laborales) y las tareas de urbanización de 4000 barrios populares en el país.

Aun cuando tenga lugar un proceso de recuperación, o al menos un rebote, tras la fuerte caída de la actividad económica, es esperable que haya necesidad de subir el piso de protección social, según advierte el sociólogo Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). El plan que se disponga para eso, agrega, debería ser puesto en clave transitoria. "Los programas como la AUH, el Progresar o las pensiones no contributivas deben continuar, pero el IFE y el Alimentar deberán ajustarse según los niveles de desempleo y pobreza", señala.

La medida de la eficiencia de los planes debería ser, en todo caso, la tasa de salida por parte de quienes los cobran. Para Salvia, un giro esencial sería dejar de pensar en "cómo dotar de ingresos a consumidores pobres", para empezar a pensar en "cómo dotar de empleo y trabajo con una remuneración constitucional y con derechos a las poblaciones inactivas, desocupadas o informales pobres".

La alta inactividad laboral en algunos lugares tienen que ver con la carencia de oportunidades. No hay dónde buscar empleo y falta impulsar herramientas materiales y cognitivas para que haya emprendimientos.

En que el criterio para evaluar positivamente un plan social tiene que ser la caída progresiva de la cantidad de personas alcanzadas es algo en lo que coincide Juan Luis Bour, economista jefe FIEL. Al pensar en pagos para desocupados, "la primera pregunta que hay que hacerse es cuál es el incentivo al empleo", agrega. Y dice que no hay que confundir una medida temporaria tomada en una emergencia con la instalación de un ingreso universal para el después. "En condiciones normales habrá que bajar el déficit fiscal", advierte. En todo caso, insiste, en los pagos sociales habría que plantearse cómo generar incentivos al salto hacia el empleo formal. Cita, como experiencias de otros países, la obligatoriedad para quienes reciben subsidios de presentarse a entrevistas de empleo a las que se los convoca, y el derecho a rechazar solo una cierta cantidad de propuestas.

"Hay tres ejes fundamentales para la agenda poscovid: acordar el perfil productivo posible y deseable para la Argentina y su relación con el mercado mundial; abordar reformas fiscales, tributarias, laborales, educativas, administrativas, comerciales y financieras en clave de reducir desigualdades y de superar las heterogeneidades estructurarles productivas, regionales y sociales; y repensar los sistemas de protección, hábitat y seguridad social para los más vulnerables", dice Salvia.

En la opinión del economista Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios sobre Producción, Empleo y Desarrollo de la UBA, "hay dos instancias a tener en cuenta a la hora de plantear una acción: la de producción y distribución, que implica reorientar y recuperar la actividad económica, y la de redistribución, en la cual juega la definición de la política social.

La reforma fiscal es uno de los ejes de lo que necesita ser repensado, según el economista. Y aclara que se refiere a una reforma en dos sentidos: los ingresos del Estado (darle al sistema impositivo una mayor progresividad sin aumentar la presión fiscal) y sus erogaciones. Sobre este último punto, señala, hace falta revisar las prioridades. "Entre los desafíos ahí incluidos está la discusión sobre el ingreso universal [o básico, porque claramente no sería para toda la población], del que hoy se habla 'gratis'; pero no como un subsidio más, sino como un reemplazo de los mecanismos de protección social", apunta.

"El acuerdo con los acreedores del país, la previsión de la esterilización necesaria de la enorme emisión monetaria [que conlleva el riesgo de mayor inflación en los próximos meses, lo cual agravaría más la situación social] y la formulación de un claro plan de reactivación y crecimiento con perfil exportador" son condiciones para planes que se sostengan", dice Lindenboim.

Pero, aun si se dan las condiciones del entorno para una economía que repunte, ¿qué posibilidades hay de que las chances de empleo lleguen a la población más vulnerable? O, en todo caso, ¿qué tipo de modalidades impulsar? Salvia propone un esquema de "trabajo mínimo garantizado", con raíces en la economía popular y con "un ingreso digno, que tome como referencia el salario mínimo, vital y móvil". Se trataría de prestaciones de servicios comunitarios, tomando como punto de apoyo la movilización de la sociedad civil, que actuaría como promotora de proyectos.

"Esto implica un cambio en la seguridad social, incorporando un derecho -explica Salvia-, con un financiamiento que vendría de aportes y contribuciones, impuestos a las ganancias corporativas o recursos de créditos o donaciones que llegarían a un fondo administrado por un fideicomiso con respaldo de la banca público-privada, bajo control de una comisión bicameral del Congreso". Según el sociólogo, la ley 27.345, de 2016, significó un hito al crear el Registro Nacional de la Economía Popular, en el que hasta ahora hay, según el ministro de Desarrollo Social, 260.000 personas. Esa herramienta permite avanzar "hacia un plan de trabajo social garantizado", señala Salvia.

Bour apunta que para que sea viable tener como objetivo que haya un salto al empleo formal hace falta tener un servicio de empleo público y privado muy comprometido. Y evalúa que el Plan Empalme, con el cual en la gestión anterior se buscó incentivar la contratación por parte de empresas de beneficiarios de planes no sirvió. ¿Y por qué fue así? "Habría que ver si es que no se ofrece suficiente información, si falta un incentivo para quien recibe el plan, si el Estado no hace nada cuando las personas rechazan ofertas de trabajo...", dice.

Más allá de la pandemia y de la realidad de la Argentina, en el mundo "hay un transfondo amplio en el que se destacan desafíos como la cuestión ambiental, la robotización y la pugna entre globalización y aislamiento", dice Lindenboim, respecto de temas que inciden en el campo laboral. Son tiempos de cambios acelerados que interpelan a las sociedades, especialmente por sus efectos sobre los segmentos más vulnerables y más perjudicados por las desigualdades, que corren riesgo de profundizarse.

sábado, 8 de agosto de 2020

No hay futuro del trabajo sin un mejor presente Ponencia en el evento Pensar el futuro: El futuro del trabajo 8-8-2020

Ver el evento completo Aqui 


Participación en la actividad Pensar el futuro: El futuro del trabajo, 8-8-2020


A continuación el video de la presentación personal



Como las filminas no se ven completas en el video,  aquí puede verse el conjunto de ellas en versión pdf


















miércoles, 29 de julio de 2020

Volatilidad y desinversión Columna aparecida en INFOBAE, 29-7-2020

Columna aparecida en INFOBAE, 29-7-2020


Observando los datos de crecimiento económico de Argentina en los últimos treinta años, resalta una desafortunada evidencia. En cuatro de cada diez años, hay disminución absoluta del producto y, por tanto, del producto por habitante.
Tasas de variación (%) del PBI y del PBIpc, precios constantes de 2010

Fuente: CEPALSTAT
Dicho de otra manera, en las décadas recientes se ha agudizado el fenómeno que colocaba al país en el segundo lugar (en casi un centenar de países) entre los que padecen de tal circunstancia a lo largo de los últimos setenta años. En esa serie  publicada no hace mucho por el Banco Mundial (El fin de la crisis, 2018), “gozábamos” del segundo lugar. Con un año de caída de cada tres años transcurridos nos ubicábamos apenas detrás de la República Democrática del Congo. Luego en la lista seguían: Iraq, Siria, Zambia, Zimbawe. Evidentemente compartíamos el privilegio con países que no constituyen el mejor espejo para estar reflejado.
Si prolongamos el horizonte temporal hasta los años setenta del siglo XX, la variación anual del producto muestra una suerte de electrocardiograma cuyas oscilaciones gráficas no son otra cosa que los arranques e interrupciones de la dinámica económica. En ocasiones generados por los vaivenes internacionales, en otras por los avatares cambiantes de la política económica doméstica, en no pocos casos por la conjunción de ambas situaciones. Promediando los resultados anuales de los períodos gubernamentales se observa las grandes variaciones dentro de un perfil más bien modesto de crecimiento económico de largo plazo.
¿Qué importancia tiene esta información?  Ilustra la irregularidad del comportamiento económico nacional (o volatilidad, como les gusta señalar a los economistas) en cuyo marco no hay dudas que es muy difícil generar –y disfrutar- bienestar económico significativo y duradero.
En la historia reciente la mejor perfomance ocurrió durante los gobiernos peronistas, pero no todos ellos. Siete de los diez años menemistas tuvieron un desempeño positivo. Y todo el mandato de Nestor Kirchner, también. Pero el primer mandato de Cristina Fernandez tuvo una caída en cuatro años y ya en el segundo se sucedieron (con niveles absolutos muy pequeños) años de caída y repunte por partes iguales. El resultado de sus ocho años es de apenas dos por ciento anual, en promedio.

Producto bruto interno, variación media anual por subperíodos (%)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de las series oficiales disponibles, inédito.
El extremo negativo dentro de estas tres décadas fue el gobierno de la Alianza (pues continuó la crisis iniciada un año antes de su asunción) y continuó en el interinato de Eduardo Duhalde. Cuando asumió Kirchner en mayo de 2003, la tormenta ya había pasado, pese a lo cual el desaparecido presidente gustaba afirmar que su gobierno se había iniciado en el purgatorio. Por último, el gobierno de Cambiemos ostenta el triste record de sólo un año de crecimiento (2017) de su cuatrienio en el poder.
¿Es posible imaginar un sendero de crecimiento y de desarrollo en ese marco? Decidamente no. Hay quienes simplifican los análisis considerando que los orígenes de los inconvenientes se asientan en el gobierno precedente que, casualmente, es de signo contrario. Eso hizo Macri con Cristina Fernández y ahora Alberto Fernández con su antecesor.
Pero la observación del desempeño de largo plazo da cuenta de que hay fenómenos a los que la sociedad argentina no les ha prestado atención (o, al menos, no lo ha hecho de manera consecuente)
En el capitalismo –es sabido- se precisa un mecanismo de acumulación que transita desde la deducción de parte de la riqueza generada bajo la forma de ahorro y su transformación en incremento de la capacidad productiva. O sea, en inversión
Casualmente, la tasa de inversión (proporción del producto destinada al aumento de la capacidad productiva de una economía) ha sido sistemáticamente declinante, desde un 18.6% del gobierno de Raúl Alfonsín hasta el menos del 15% del último gobierno de Cambiemos.
Como se ve, se trata de un pecado compartido por gobiernos similares y diferentes. El nudo de la inversión y el crecimiento autosustentable no fue desatado ni en los tres kirchnerismos (descriptos hace ya tiempo por el actual ministro Matías Kulfas) ni por la versión peronista de los noventa; tampoco por la Alianza  (que asumió en uno de los peores momentos de la historia económica reciente) ni por el macrismo. Argentina no ha logrado encontrar la solución para el atraso productivo de su industria para lo cual se ha movido entre la captación de parte de la renta del sector agroexportador y la depreciación de la remuneración del trabajo. La disputa sobre el nivel del tipo de cambio expresa ese conflicto en el marco de una economía incapaz de generar las divisas necesarias para sus necesidades. Distintas etapas de protección no alcanzaron para consolidar un aparato industrial con niveles de productividad y competitividad que le de autonomía y contribuya al progreso del país.
Por eso, pudimos tener períodos de aparente buen desempeño en los cuales los empresarios tuvieron generosos resultados (“ustedes la ganaron con pala”, les dijo más de una vez la ex Presidenta) pero sistemáticamente volvíamos a las andadas. Así, la mayor participación salarial en el producto terminaba una y otra vez diluyéndose al tiempo que la mayor presencia estatal no agregaba sustancia pese al aumento de su tamaño. Una y otra vez el país dilapidó momentos excepcionalmente favorables
Visto de este modo, la crisis del bienio 2018-2019 cerró una década de declinación en materia de producción y empleo. Fue poco menos que el desenlace esperado de la acumulación de conflictos estructurales no encarados -ni mucho menos, resueltos- a los que se sumaron los defectos propios del gobierno de Cambiemos.
Ahora bien, creer que en la actualidad sólo se trata de salir lo mejor posible de la Cuarentena y capear el temporal de la Pandemia con el menor daño, es también un error de proporciones. En primer lugar porque el peligro sanitario de orden mundial se desenvuelve, en nuestro caso, sobre una crisis para nada coyuntural. Ni las finanzas públicas ni los actores económicos y sociales están en condiciones de aportar mecanismos de protección -suficientes y equitativos- ni sus energías alcanzan por sí solas para emprender la recuperación. Adicionalmente, porque las demandas son interminables y nuestra sociedad no está acostumbrada a concertar esfuerzos y sacrificios. La distancia entre las demandas sociales y las posibilidades ciertas son amplísimas y más allá de las responsabilidades diferenciadas en algún momento habrá que privilegiar qué aporta cada sector y no qué reclama. Y sobre los reclamos, quizás es hora de plantear horizontes no inmediatos para el logro de satisfactores adecuados.
La gravedad de nuestros problemas acumula demasiadas complicaciones como para creer que se puede volver atrás así como así y, más aún, que ese retorno nos traerá la felicidad deseada. Son muchos los cambios de fondo que se requieren para lo cual será necesario el concurso de quienes gobiernan y de quienes estamos en el llano.