Reflexiones a partir de mi participación en un programa de televisión (Plan M, Canal 26, 23-11-11)
Cuando llegué al estudio estaba en el aire el bloque en el que el conductor entrevistaba a Claudio Casparrino (un joven economista de Carta Abierta) y al Dr. Ricardo López Murphy.
Las ideas que aparecían y, más aún, las que subyacían eran muchas y muy ricas.
Por eso cuando nos tocó el turno al economista de GESTAR y a mí que íbamos en el último bloque y ante la pregunta hacia el futuro de la nueva gestión presidencial, no pude evitar retomar de algún modo los temas precedentes.
En efecto, necesité exponer el asombro que tengo ante los innumerables comentarios, sólo a veces fundados, en torno de lo equitativo o no equitativo del esquema vigente hasta ahora y sobre el cual los anuncios oficiales parecen indicar un cambio de rumbo.
Lo cierto es, de todos modos, que aún con el segundo anuncio según el cual luego de algunos barrios de la Capital y zonas del conurbano, a la totalidad de los usuarios se nos aplicará la respectiva tarifa sin subsidio. Sólo aquellos que "acrediten" la condición de merecedores del apoyo se les mantendría sin saberse tampoco la manera en base a la cual se realizará tal certificación.
Pero aún con todo eso, según los anuncios ministeriales, se alcanzaría un ahorro del orden de los cuatro mil millones de pesos es decir poco más del 5% del monto global de subsidios estatales.
Pero lo que más me asombra es que no se ponga sobre el tapete un aspecto conceptual que me parece crucial: si hubo una característica de la política social de los noventa fue lo que en la jerga de los especialistas se conoce como focalización. La primera tarea es identificar a los "necesitados" y a ellos otorgarles ayudas o ventajas que se definan. En cambio, en los años dos mil, la orientación predominante y de la que se ha hecho gala en todos estos años fue la opuesta: cada vez más el predominio de un criterio universalista.
Desde tal punto de vista el problema no es que "todo el mundo" pague un precio más bajo por cierto bien o determinado servicio. Lo equitativo debería aparecer en la instancia de la gestión impositiva.
Pero allí es donde es muy clara la demora. Tanto en 1999 como en 2003 los candidatos triunfantes habían prometido profundas reformas fiscales de carácter progresista. Obviando al gobierno de la Alianza en cuya corta duración no hubo nada en tal sentido podemos concentrarnos del 2003 para aquí. No hubo siquiera algún proyecto de ley ni el intento de atajo de un DNU aun en los primeros años en que el oficialismo contaba con las mayorías para imponer sus proyectos. Al menos para encarar su debate.
De modo que el facilismo del subsidio, obviamente generador de injusticias, no pudo ser complementado con una política fiscal efectivamente progresiva.
Entonces la sociedad espera las explicaciones de por qué lo que se nos explicaba como virtuoso y sostenedor del consumo y del crecimiento ahora debe ser reemplazado por su opuesto. Pero sin explicación racional que lo sustente.
Sin tal desarrollo argumental, muchas de las noticias de estos días parecen poco más que fuegos de artificio, incluyendo las apresuradas listas de solidarios ciudadanos que se jactan de aparecer por internet.
Después deberíamos entrar en otras cuestiones claves como los verdaderos costos de los servicios prestados, la acreditación de los destinos por parte de las empresas que los reciben, la existencia o no de mecanismos de control por parte del Estado, etc. O, si se quiere, este tema debería preceder al de la forma que los subsidios deben adquirir. De no reunirse ambas partes quedaremos sin duda a mitad de camino.
