Estatización sin el debate de los 80 y 90

Las empresas públicas fueron protagonistas principales de dos décadas de la vida argentina: los 80 y los 90. En ambos momentos, por motivos diferentes. En el primer caso, caracterizadas por el fuerte déficit que arrastraban y por el deficiente servicio que prestaban; en el segundo, por el debate sobre la privatización de la mayoría de ellas.

En 2000, el Estado creció en ese sector y el gasto público para solventarlas se disparó. Sin embargo, la sociedad siguió al margen del debate sobre la conveniencia o no de mantener las cosas en este estado. Ahora el Gobierno parece querer deshacerse de lastres y mira a algunos usuarios como posibles aportantes a financiar el déficit.

Javier Lindenboim es economista de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo de Investigaciones (Conicet). Dice que actualmente hay un proceso en marcha, la quita de subsidios a

algunos sectores, pero no puede dilucidar hacia dónde se va. "Es complicado imaginar qué vendrá. No me explican por qué lo que era apetecible hasta ayer ahora no lo es. No hay dudas de que eso me parece inequitativo, pero no se resuelve con esto. El porcentaje de las reducciones es muy bajo respecto del total de gastos que se destinan a esas áreas", dice.

"¿Cree que volverá el debate sobre la conveniencia o no de este tipo de empresas?", se le preguntó. "La sociedad argentina es enredada. Tengo una mirada proclive a lo estatal, pero cuando se planteó la eliminación de las AFJP tuve una mirada crítica porque veía que no se estaba haciendo para mejorar el sistema de jubilaciones sino porque no se podía conseguir dinero por otro lado. Entonces, mi mirada era exótica. Ahora creo que la sociedad funciona con una mirada simplista, tiene una cosa de facilismo que no nos ayuda a construir una vida política y económica más estable. Creo que no están dadas las condiciones para ese debate", reflexiona.

Otro punto es el debate sobre algunas creaciones kirchneristas. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas o AySA. Formalmente son sociedades anónimas del derecho privado. Pero tienen un accionista dominante y mayoritario: el Estado. "Eso no las convierte en sociedades con participación estatal mayoritaria", dice Ricardo Nissen, experto en sociedades y ex inspector general de Justicia. Justamente este tipo de sociedad, que reinaba en los 80, las convertía en empresas lentas y burocráticas, imposibles de compatibilizar con los tiempos de los privados.

Ahora, son sociedades anónimas y las leyes de compras y contrataciones no las alcanzan. Las vigilan organismos de control, como la Sigen o la Auditoría General de la Nación, el órgano de contralor del Legislativo. El primero, hace silencio; el segundo, tiene facultades recortadas. Las empresas hacen sus negocios lejos de la mirada fiscalizadora de la sociedad. Después de todo, por más que sean públicas, hacer negocios es la mira de cualquier empresario. Sea público o privado..

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