A raíz de los modestos anuncios de los ministros de Economía y Planificación de hace un par de días se sucedieron muchos comentarios. La mayor parte han saludado, con diverso grado de entusiasmo, tales anuncios. Es sabido que la necesidad de actuar en la línea de bajar el nivel y la incidencia de los subsidios viene siendo puesta en evidencia desde diversos ámbitos.
En la campaña electoral de 2007 (parece la prehistoria, verdad?) aparecieron algunas propuestas que rápidamente fueron catalogadas desde el gobierno como rémoras del pasado o lo que era lo mismo intentos de "volver a los noventa". Más calladamente dentro del propio gobierno, en especial al asumir la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se planteó la importancia de actuar en tal dirección, tal como reiteradamente lo manifestó luego el entonces ministro Lousteau al punto que habrìa sido el desencadenante de la resolución 125.
A un lado y a otro del espectro ideológico o político en todos estos años aumentaron las voces en el mismo sentido siendo, hasta ahora, rechazado el planteo por las autoridades nacionales.
Sin embargo, ante el anuncio, sea desde el oficialismo para sostener la postura favorable al camino que parece inicarse presumiblemente tendiente a disminuir la envergadura de los subsidios o sea desde posturas no oficiales se han escuchado múltiples argumentaciones que pueden sintetizarse en una afirmación: parece lógico que el esfuerzo fiscal no vaya a beneficiar a quienes no necesitarían tal tipo de ayuda.
En una instancia inicial el impacto lo sentirían algunas empresas de un reducido número de actividades que como clientes de diversas prestadoras se beneficiaban de determinadas disminuciones en las correspondientes facturaciones.
Pero dado que el argumento esgrimido alude a una vocación gubernamental por desandar parte del camino de estos casi diez años últimos, es de suponer que el uno por ciento estimado en este caso como ahorro del total de las erogaciones por subsidios diversos habrá de cobrar mayor dimensión haciendo que otros beneficiarios (sólo empresas?) dejen de serlo. Esto significa, sin lugar a dudas, orientar la acción estatal en dirección de las intervenciones acotadas o circunscriptas a subconjuntos de la población que de una manera u otra sean identificados como justos y necesarios destinatarios de la intervención estatal.
En palabras concretas, es entrar al terreno de la focalización abandonando el de la universalidad.
Nos guste menos o más, parece representar un cambio significativo.
El desafío es encontrar la manera en que buena parte de las argumentaciones discursivas del presente sean compatibles con las intervenciones gubernamentales prácticas.
De lo contrario nos pasará como en el Cambalache "Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclao la vida, y herida por un sable sin remaches ves llorar la Biblia junto a un calefón...".
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