El discurso, la legislación y los datos

Columna publicada el 4-11-2012 en el Diario Perfil

El discurso, la legislación y los datos

Es notable cómo se privilegian ciertas percepciones y se dejan de lado otras. A veces las primeras no son más importantes -en ocasiones, ni siquiera son verdaderas- mientras que las que se omiten o menosprecian pueden tener mayor relevancia.

En el verbo oficial se destacan logros y perspectivas notablemente atractivas, al menos para una mirada inclinada hacia las zonas más sufridas de nuestra sociedad. Sin embargo se le “perdona” que haya falta de fidelidad (cuando no, ausencia de buena fe) en la construcción y reconstrucción de la realidad.

Algo de esto aparece en el arrebato adolescente de insistir en que todo cambió a mediados de 2003 pese a que quienes no hemos perdido la memoria recordamos, por ejemplo, cómo en 2002 se hablaba despectivamente de la recuperación económica de entonces asignándole un carácter  transitorio con el nombre de “veranito”.

También se lo ve en la exageración del número de puestos de trabajo creados en estos años, o pintar con trazos más oscuros los altos niveles de desempleo o pobreza de los momentos más agudos de la crisis. Todo ello como si los logros efectivos, no los imaginados, no fueran lo suficientemente importantes y destacables como para merecer el mayor de los aplausos. Los ciudadanos nos preguntamos ¿por qué exagerar en ciertas cosas? ¿Será para compensar lo que se falsea hacia abajo, como el índice de precios?

Si la estatización del sistema previsional es algo socialmente valioso ¿por qué a partir de ese instante ha desaparecido gran parte de la información que hasta 2008 se producía y se ponía a disposición del público en materia de uso y destino de los fondos, beneficios, etc.?

El hombre o la mujer del común se pregunta con estupor para qué se convocó a las Universidades para que evalúen la tarea del INDEC y cuando ya fue ostensible que el resultado de esa tarea académica no iba a resultar del agrado de los oídos oficiales, se pospuso la recepción del informe definitivo hasta lograr que quede en el olvido (y en un cajón bien guardado).

No hay discusión acerca de que la recuperación pos crisis tuvo en el sector productivo a un actor dinámico y dinamizador. Así se logró recuperar una parte importante del empleo industrial destruido en los años noventa. Para el devenir socio económico y ocupacional argentino de las últimas décadas ese hecho es en sí mismo extremadamente relevante. Aunque los niveles de empleo industrial en 2011 aún no hayan vuelto a los valores de comienzos de los noventa. Por eso, resultó absurdo el dislate del Ministerio de Industria que el último verano “creó” una cifra insólita según la cual en los dos períodos de gobierno iniciados en 2003 se habrían creado 1,3 millones de puestos de trabajo en la industria cuando ese número, aproximadamente, es el total verificable en la actualidad para todo el sector. ¿Es sólo grandilocuencia? 

Similar conflicto se observa al instaurar restricciones al movimiento cambiario argumentando que es necesario para preservar los intereses nacionales y, al mismo tiempo, decir que el “cepo” no existe. La falta de explicación razonable para tal tipo de comportamiento alimenta muchas presunciones, ninguna favorable a las autoridades.

Pero hay otro plano que resulta más expresivo e inquietante. En un marco en el que no hay día en que desde todas las instancias imaginables se ensalzan los rasgos progresistas y las intenciones de carácter popular de la gestión oficial es absolutamente inexplicable la promoción y logro de la sanción de leyes como la así llamada antiterrorista y recientemente la que introdujo cambios en materia de riesgos del trabajo. Los empresarios han tenido enorme dificultad en disimular su profunda satisfacción. Y, entonces, ¿estamos hablando de la defensa de los trabajadores o de los empresarios?

Por último, cuesta evaluar favorablemente la gestión oficial luego de setenta meses de continua distorsión de las estadísticas públicas, incluyendo el maltrato a los técnicos involucrados, la sanción a las empresas privadas que se dedicaban a la captación de las variaciones de precios, la lesión a las Universidades a las que se había convocado en solicitud de ayuda y la presión a los organismos provinciales para que desactiven la elaboración de sus propios índices de precios. Tanta energía merecería mejor destino.