Columna de opinión publicada el 6-4-2013 en el diario PERFIL
Más empleo público, menos eficiencia
Escribo estas reflexiones en medio del impacto producido por las inundaciones que afectaron la Región Metropolitana y la zona de La Plata.
Hace décadas, en el marco de los estudios urbanos se valorizaba la coordinación. Un Area Metropolitana como la constituida por la Ciudad de Buenos Aires más la veintena de partidos (hoy ya más de treinta) que la circundan con inclusión del área La Plata-Berisso- Ensenada no puede ser gestionada sensatamente sino en el marco de un organismo articulador.
¡Qué lejos esa necesidad de la práctica cotidiana! Podría pensarse que hoy sería inviable por ostensibles discrepancias a nivel político entre la Nación y ambas jurisdicciones. Sin embargo, en el pasado no muy distante la uniformidad política tampoco derivó en coordinación efectiva alguna. De hecho, la provincia de Buenos Aires está gobernada por el peronismo desde 1987 y el país lo mismo, pero desde 1989 (con el interregno del bienio de la Alianza), y la Ciudad de Buenos Aires lo fue hasta la obtención de la autonomía porteña en 1996. Por cierto todo esto viene a cuento de las expresiones fuertemente críticas de los ciudadanos que perdieron familiares, amigos, casas y bienes y se vienen sintiendo próximos al desamparo.
Lo curioso –por no decir dramático– es que el emergente de los estragos de la inundación y la sensación de escasa protección gubernamental se agregan a la percepción de que los distintos niveles de gestión estatal están en deuda en materia de gestión propiamente tal, de planificación y de coordinación.
Esto se observa en el marco de una dinámica de empleo en la que el sector público aparece como uno de los que más contribuyen a mantener cierto nivel ocupacional. Sabemos que el aumento anual de puestos fue enorme en los primeros años de salida de la crisis, en gran medida por lo barato del salario y por el efecto benéfico de la gran devaluación inicial que cerró puertas a importaciones sustituibles localmente y aun posicionó a productores nacionales para exportar. Todo esto estimulado por la colocación creciente de productos primarios demandados en el mundo cada vez con mejores precios. La bonanza para los productores, exportadores y para las arcas fiscales tuvo gran impacto en la dinámica del ciclo económico y en diversos componentes del mejoramiento socioeconómico de la población.
Pero esto empezó a aquietarse hacia 2007 y se complicó en 2008 y 2009 como consecuencia del conflicto “con el campo”, de la sequía y de los coletazos de la crisis internacional de ese momento. La recuperación del crecimiento económico en 2010 y 2011 no estuvo acompañada de una similar rehabilitación del mercado de trabajo. Al punto que en 2012 se habría producido un leve retroceso en el volumen del empleo. Esta nueva situación no se distribuyó de modo homogéneo en el tejido productivo. Entre fines de 2006 y 2012 la industria no varió su dotación ocupacional. La construcción y la administración pública tenían similar dotación (900 mil empleos en la treintena de aglomeraciones en los que se releva la EPH).
En el lapso comentado, la primera subió apenas 3% mientras que el empleo estatal lo hizo un 24%. Es importante marcar las necesidades de reconstrucción de un Estado en gran medida devastado a fines del siglo XX, lo cual incluye recuperar cuantitativa y cualitativamente su dotación de personal. No es desde el antiestatismo que están escritas estas líneas. Sin embargo, la sucesión de estragos desnuda deficiencias e ineptitudes, falta de control sobre la voracidad del capital, muchas veces corrupción lisa y llana. También pone en evidencia que el mero incremento de la dotación de personal no es suficiente para el logro de una gestión socialmente eficiente.
De tal manera, la preocupación por la pérdida de dinamismo de la absorción de empleo en el último lustro, el deterioro resultante de la inflación, la fuerte disminución de la inversión productiva, presentan un panorama sociolaboral complicado que no es compensado por el empleo público. Al carecerse de una estrategia de largo plazo, tampoco da cuenta de una mejoría en la calidad de la administración estatal. No es extraño que vuelvan a asomar postulados que no vienen a mejorar los defectos de la estatalidad actual sino a sembrar en el sentido contrario. Y de esto ya tenemos nefastas experiencias que no deberíamos repetir.
*Director del Ceped e investigador del Conicet.
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