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Entre los especialistas en estadísticas demográficas y socioeconómicas ha sido permanente en los últimos nueve años la expresión de la inquietud por el estado de las estadísticas públicas y en particular por lo que fue y debe volver a ser su organismo rector: el Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC.
Uno de los nucleamientos respectivos –la Asociación de Estudios sobre la Población de Argentina, AEPA- ha hecho llegar a las actuales autoridades del Instituto la reiteración de las demandas expresadas a lo largo de estos años y la expectativa de que se inicie un proceso de reordenamiento institucional y operativo que conduzca a un contexto en el que el Estado vuelva a producir y a disponer estadísticas confiables, completas, oportunas y comparables a través del tiempo.
Esta tarea no es sencilla. Sabemos que destruir suele ser más fácil y rápido que construir o reconstruir. Seguramente esto está detrás de la anunciada suspensión temporal de la divulgación de diversas series estadísticas de importancia.
Si a lo largo de la última década muchos hemos reiterado la preocupación acerca de la dificultad de ejercer la gestión estatal sin estadísticas apropiadas –o directamente sin ellas, tal el caso de los indicadores de pobreza-, no puede menos que reiterarse la misma inquietud en la actualidad cuando se están tomando decisiones de política económica de fuerte impacto en un contexto carente de información estadística oficial.
Junto con esto, es menester desarrollar una tarea tan relevante como la indicada más allá del INDEC mismo. En efecto, deben reconstruirse los hábitos y los saberes que permitan a diversos organismos del Estado generar y/o recopilar información fehaciente que sirva para dar cuenta de su accionar, para realizar el seguimiento y la evaluación de la gestión y para facilitar el conocimiento de la realidad económica y social y propiciar la elaboración de prácticas y políticas superadoras.
De todo esto se trata al apostar a la necesidad de recuperar las estadísticas públicas. Debemos dejar en el pasado la experiencia de los últimos años en que se engañaba desde los organismos más encumbrados del Estado a la población (de hecho, también a los mismos funcionarios) acerca del devenir sociopolítico y económico. Debemos superar la mentira como estrategia:
· “Se crearon 1,5 millones de puestos en la industria”, cuando ese era el número final sumando lo existente en 2001 y lo creado a partir de 2002;
· “Se crearon 6 millones de puestos de trabajo”, cuando los datos de la cartera laboral a lo sumo superaban los cuatro millones;
· “La Argentina tiene menos pobreza que Alemania”, en palabras del Jefe de Gabinete;
· “En diez años se construyeron más de un millón de viviendas”, afirmó el candidato Scioli, cuando la cifra comprobable no alcanza el medio millón;
· Y así de seguido, sin contar la cantidad de información (estadística o no) que dejó de producirse o, al menos, de publicarse o la elaboración de proyecciones de población de dudosa certidumbre
El derecho a la información no es sólo una argumentación válida para una discusión mediática sino que incluye, en primerísimo lugar, el acceso al conocimiento circunstanciado de la realidad económica, social, institucional, etc. debido a (o vinculado con) la acción estatal. Y, por ello, más allá de otras consideraciones pertinentes, debe hacerse valer el cumplimiento de este derecho. Quizás no tiene tanta difusión como tal, pero es igualmente un derecho humano esencial. Distinto del derecho a la alimentación y a la salud, a la educación y la vivienda, pero igualmente básico
En la reciente nota de AEPA se sostiene “Es así que, luego de casi nueve años de falta de credibilidad de las estadísticas públicas nacionales, los miembros de la AEPA …, nos congratulamos …” con la designación de las nuevas autoridades y con los primeros anuncios conocidos.
Entre esos anuncios, la comprensible “moratoria” de parte de la información a cargo del INDEC debe ser lo más breve posible. El país y sus autoridades no pueden carecer de índices de precios (al consumidor, mayoristas, de la construcción, implícitos) ni de series de producto, de composición de la demanda final o de distribución del ingreso.
Y algunas tareas que por diversas razones no puede asumir el Instituto, como el análisis retrospectivo exhaustivo, bien podría ser una tarea que asuman las Universidades públicas, ya sean las que conformaron el Comité de Evaluación en 2009, alguna de ellas u otras. Pero es una tarea necesaria que puede ser encarada preservando al INDEC para que recomponga con la mayor brevedad las enormes tareas presentes.
Quizás estas tareas, la propia del INDEC y la que podrían asumir las Universidades sean dos brazos que abarquen la imprescindible tarea de cerrar un ominoso hueco en la información pública de Argentina: el de las estadísticas oficiales.
Javier Lindenboim
Director del CEPED/UBA e Investigador del CONICET
Uno de los nucleamientos respectivos –la Asociación de Estudios sobre la Población de Argentina, AEPA- ha hecho llegar a las actuales autoridades del Instituto la reiteración de las demandas expresadas a lo largo de estos años y la expectativa de que se inicie un proceso de reordenamiento institucional y operativo que conduzca a un contexto en el que el Estado vuelva a producir y a disponer estadísticas confiables, completas, oportunas y comparables a través del tiempo.
Esta tarea no es sencilla. Sabemos que destruir suele ser más fácil y rápido que construir o reconstruir. Seguramente esto está detrás de la anunciada suspensión temporal de la divulgación de diversas series estadísticas de importancia.
Si a lo largo de la última década muchos hemos reiterado la preocupación acerca de la dificultad de ejercer la gestión estatal sin estadísticas apropiadas –o directamente sin ellas, tal el caso de los indicadores de pobreza-, no puede menos que reiterarse la misma inquietud en la actualidad cuando se están tomando decisiones de política económica de fuerte impacto en un contexto carente de información estadística oficial.
Junto con esto, es menester desarrollar una tarea tan relevante como la indicada más allá del INDEC mismo. En efecto, deben reconstruirse los hábitos y los saberes que permitan a diversos organismos del Estado generar y/o recopilar información fehaciente que sirva para dar cuenta de su accionar, para realizar el seguimiento y la evaluación de la gestión y para facilitar el conocimiento de la realidad económica y social y propiciar la elaboración de prácticas y políticas superadoras.
De todo esto se trata al apostar a la necesidad de recuperar las estadísticas públicas. Debemos dejar en el pasado la experiencia de los últimos años en que se engañaba desde los organismos más encumbrados del Estado a la población (de hecho, también a los mismos funcionarios) acerca del devenir sociopolítico y económico. Debemos superar la mentira como estrategia:
· “Se crearon 1,5 millones de puestos en la industria”, cuando ese era el número final sumando lo existente en 2001 y lo creado a partir de 2002;
· “Se crearon 6 millones de puestos de trabajo”, cuando los datos de la cartera laboral a lo sumo superaban los cuatro millones;
· “La Argentina tiene menos pobreza que Alemania”, en palabras del Jefe de Gabinete;
· “En diez años se construyeron más de un millón de viviendas”, afirmó el candidato Scioli, cuando la cifra comprobable no alcanza el medio millón;
· Y así de seguido, sin contar la cantidad de información (estadística o no) que dejó de producirse o, al menos, de publicarse o la elaboración de proyecciones de población de dudosa certidumbre
El derecho a la información no es sólo una argumentación válida para una discusión mediática sino que incluye, en primerísimo lugar, el acceso al conocimiento circunstanciado de la realidad económica, social, institucional, etc. debido a (o vinculado con) la acción estatal. Y, por ello, más allá de otras consideraciones pertinentes, debe hacerse valer el cumplimiento de este derecho. Quizás no tiene tanta difusión como tal, pero es igualmente un derecho humano esencial. Distinto del derecho a la alimentación y a la salud, a la educación y la vivienda, pero igualmente básico
En la reciente nota de AEPA se sostiene “Es así que, luego de casi nueve años de falta de credibilidad de las estadísticas públicas nacionales, los miembros de la AEPA …, nos congratulamos …” con la designación de las nuevas autoridades y con los primeros anuncios conocidos.
Entre esos anuncios, la comprensible “moratoria” de parte de la información a cargo del INDEC debe ser lo más breve posible. El país y sus autoridades no pueden carecer de índices de precios (al consumidor, mayoristas, de la construcción, implícitos) ni de series de producto, de composición de la demanda final o de distribución del ingreso.
Y algunas tareas que por diversas razones no puede asumir el Instituto, como el análisis retrospectivo exhaustivo, bien podría ser una tarea que asuman las Universidades públicas, ya sean las que conformaron el Comité de Evaluación en 2009, alguna de ellas u otras. Pero es una tarea necesaria que puede ser encarada preservando al INDEC para que recomponga con la mayor brevedad las enormes tareas presentes.
Quizás estas tareas, la propia del INDEC y la que podrían asumir las Universidades sean dos brazos que abarquen la imprescindible tarea de cerrar un ominoso hueco en la información pública de Argentina: el de las estadísticas oficiales.
Javier Lindenboim
Director del CEPED/UBA e Investigador del CONICET
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