Columna aparecida en el economista, 9-3-17
¿UNA OLA DE DESEMPLEO?
por Javier Lindenboim (*)
El desempeño del mercado de trabajo en 2016 ha sido muy preocupante. No en los términos en que ha sido expuesto desde ciertos núcleos (no hubo 200.000 despidos, no hubo 60.000 bajas en el empleo estatal, no se perdió más del 10% de capacidad de compra del salario, etcétera) pero delicado sin lugar a ninguna duda.
Para retomar el sendero de una efectiva e intensa creación de empleo hacen falta varias cosas: una política económica que ubique al empleo entre sus metas con algo más que el slogan de que hace falta estimular la demanda interna, una acción empresaria que trascienda la persistente expectativa prebendaria y decida invertir productivamente parte de la rentabilidad obtenida en los años recientes (“ustedes la ganaron con pala” les decía a los empresarios la última Presidenta durante su gobierno), una decisión de acompañar el evangelio del consenso y los acuerdos en términos políticos generales o al menos en el marco de los variados cometidos asignados al Consejo Nacional del Salario, la Productividad y el Empleo, institución notoriamente subutilizada hasta ahora. Pero, además, es preciso reunir un número esencial de información acerca de la cual no se abra una y otra vez la duda sobre su exactitud o credibilidad.
Afirmaciones como “siguen despidiendo obreros y cerrando fábricas” deben poder ser sostenidas en información adecuada y fehaciente si es que ese es el caso.
En particular, si tomamos el año 2016 en conjunto, es cierto que hubo una pérdida de puestos de trabajo de asalariados del sector privado. Más de 40.000 personas perdieron su empleo registrado. Y este es un punto de indudable relevancia y requiere de atención prioritaria desde el Gobierno.
Sin minimizar lo dicho, no se pueden omitir algunas cuestiones que hacen a la situación del agregado del sector asalariado y, más ampliamente, del mercado de trabajo en conjunto.
Frente a la pérdida de 43.000 puestos en el sector privado, una cifra similar es la que aumentó el compuesto de empleo estatal y en los hogares (28.000 y 15.000, respectivamente). Además, los empleos registrados de no asalariados se incrementaron en unos 80.000 constituidos por autónomos y monotributistas. Dado que el saldo de asalariados es nulo, ese aumento se refleja en un alza de aproximadamente el mismo orden en el conjunto de los trabajadores registrados por las estadísticas de aportes efectuados por los empleadores al sistema de seguridad social.
Pero hay otro aspecto que debería también ser tenido en consideración y que a veces queda fuera de la mirada cotidiana. Se trata de visualizar que el comportamiento a lo largo del año no ha sido homogéneo. El empleo registrado total sufrió en el primer semestre una pérdida de más de sesenta mil puestos. Pero en el segundo semestre se crearon más de 140.000.
Esto mismo en lo relativo a los asalariados es mucho más intenso y contrastante. De enero a junio quedaron sin empleo casi 110.000 asalariados privados. Pero en el segundo semestre se volvieron a incorporar casi 70.000. En la primera parte el empleo estatal casi no varió pero en el segundo período se elevó el plantel en casi 30.000. Entre los asalariados de casas particulares, en cambio, el grueso del incremento se verificó en la primera parte, pero igualmente acrecentó su dotación a lo largo de todo el año.
Los valores aquí utilizados son los de la serie corriente. Si se le quita la estacionalidad el resultado no altera esencialmente excepto que la destrucción de empleo en el primer semestre es menor y la recuperación en el segundo, también es menos importante (la pérdida total en la primera parte del año es casi nula y la creación en la segunda es de más de 80.000).
De tal modo, en el marco de un balance negativo para el sector del trabajo en general y para los asalariados del ámbito privado en especial parece más que relevante distinguir las situaciones entre los distintos núcleos que integran la fuerza laboral y, al propio tiempo, advertir que dentro del pésimo año que resultó el de 2016 su secuencia temporal permite reconocer que la dinámica del empleo parece apuntar en la dirección de una recuperación.
Claro que todas estas referencias aluden al mundo laboral enmarcado legalmente. No existe información apropiada para conocer el comportamiento del empleo no registrado. Ello deja abierta una incógnita respecto de la cual sólo se pueden hacer suposiciones. El comportamiento histórico entre los asalariados de uno y otro tipo no permite hacer predicciones certeras sobre el eventual acompañamiento de la pérdida de empleo -o su recuperación- de los precarios respecto de los protegidos.
Adicionalmente, y no es poco importante, el panorama debe incluir un balance de los ingresos obtenidos por la actividad laboral. Los datos disponibles son escasos e incompletos. Solo puede mencionarse que los aportes al sistema previsional en el primer bimestre de 2017 indican que las remuneraciones habrían aumentado, respecto un año atrás en las proximidades del porcentaje medio de incremento de los precios (esa recaudación en febrero fue 40% mayor que un año atrás). De ser así, la fuerte pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de los primeros meses se habría ido compensando en los meses más recientes. Además, este año las variaciones de precios fueron sensiblemente divergentes desde el punto de vista regional. No hay duda alguna de que el mayor impacto inflacionario se vivió en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por lo que estos valores, que son de alcance nacional, incluyen situaciones muy variadas.
Las políticas públicas, las decisiones empresarias y los consensos sociales y políticos que se procuran deberían tener en consideración estas evidencias.
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