Columna aparecida en El Cronista, 09-07-2020
La pregunta que aparece de manera recurrente es ¿Cuál será la economía luego de la cuarentena? Junto con ella aparece esta otra ¿Qué pasará con el empleo y con el ingreso? Pocas veces sin embargo las predicciones se sostienen en la interpretación de lo que viene ocurriendo en esas variables en las últimas décadas.
Baja inversión: límites al crecimiento y al empleo
Entre 1970 y la crisis de la convertibilidad el tamaño de la torta respecto de la población (PBI per cápita) se mantuvo casi inmutable, excepto durante el gobierno radical. Creció un 10& durante el gobierno de Néstor Kirchner y otro 20% a lo largo de los dos períodos de Cristina Fernández hubo otro repunte de casi el 20%. Finalmente durante el gobierno de Mauricio Macri se perdieron 3 puntos porcentuales respecto del promedio previo.
En este medio siglo el ritmo de inversión ha sido declinante (si se excluye el trienio De la Rua-Duhalde). Esa combinación determina que en los últimos 10-15 años el aumento de la disponibilidad de bienes y servicios no se ha logrado en base a la mayor inversión productiva.
Cómo fue posible? Simplificando mucho, porque hemos dilapidado buena parte de nuestros recursos como sociedad: por ejemplo, ha disminuido notablemente el stock ganadero, así como los recursos de la minería al punto de que hemos debido importar combustibles cuando antes éramos exportadores con el enorme efecto negativo sobre las cuentas fiscales y externas.
Esto significa que de no haber mediado la pandemia, no es improbable que se hubiera evidenciado igual la gran dificultad del aparato económico por recuperar su dinámica perdida, en particular por volver a tener (y a acrecentar) niveles medios de productividad que nos posicionara mejor en el concierto internacional cada vez menos favorable.
Caída (desigual) de los ingresos
Los datos recientes sobre distribución personal del ingreso son útiles para ilustrar una faceta relevante de este proceso. Es notable la disminución de la capacidad de compra de los ingresos de la ocupación principal entre comienzos de 2018 y principios de 2019.
Lo llamativo es que el deterioro continúa a comienzos de 2020 lo que no pasa con los ingresos individuales (que pueden ser laborales o de otra fuente, incluso combinaciones) ni con el promedio por persona de los ingresos familiares. Estos últimos también caen fuertemente a lo largo de 2018 pero en este caso, lo singular es que lo hace desde niveles record, muy superiores a los mejores valores anteriores a 2015.
Distribución personal del ingreso Trim I (2004=100)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la EPH.
Todo esto sugiere que hubo un deterioro promedio de los ingresos laborales –principalmente salariales- debido al empeoramiento de la calidad de los empleos (pérdida de puestos mejores reemplazados por otros de tipo precario) y porque la relativa expansión del componente no asalariado no alcanzó niveles de ingreso medio semejantes a los que se destruyeron entre los asalariados protegidos. Recordemos que entre 2016 y 2019 se incrementaron cerca de un millón de puestos repartidos en esas dos categorías (precarios y no asalariados)
Pero, al propio tiempo, los mecanismos de protección social no sólo no desaparecieron sino que se mantuvieron y aún, al menos transitoriamente, mejoraron. De allí que el IpcF de comienzos de 2020 (o de 2019) fueran levemente mejores que los equivalentes de 2015.
Efectos diferenciales sobre el empleo
Ahora bien. El primer trimestre de 2020 continuó con la disminución de los puestos de trabajo registrado (-148.000) con la particularidad de que la pérdida ya no fue sólo de asalariados privados sino de todas las categorías, excepto el empleo estatal. Esto sumado al magro desempeño a lo largo del gobierno de Cambiemos (apenas 110000 nuevos puestos registrados, ya descontados los 200000 menos entre los asalariados privados) nos ubica, en los umbrales de la cuarentena, en un panorama más que delicado.
El corrimiento de empleo privado registrado hacia no asalariados y hacia asalariados precarios, agravó el panorama laboral durante la pandemia.
En efecto entre los trabajadores desprotegidos (unos cinco millones), un cuarto son los del servicio doméstico, otro tanto se ocupan en el comercio y la industria y otro número similar entre la construcción y el sector agrario. Salvo este último, el resto de los sectores ha sido fuertemente castigado por el detenimiento de la actividad económica.
Los anuncios oficiales acerca de la preservación del vínculo laboral para estos sectores que funcionan fuera del marco legal carecen de practicidad. Es más, en muchos casos el no cumplimiento del planteo gubernamental deriva de la propia endeble condición de los empleadores que, mayormente, pertenecen al otro componente de los puestos laborales: los no asalariados. Las ramas más numerosas son: comercio, construcción, industria, agro y servicios empresariales y de alquiler.
La gran mayoría de esos diez millones de puestos (algo más de 9 millones de personas) no sólo tiene escasos o nulos recursos para afrontar la cuarentena sin ingresos (o con ingresos llevados al mínimo) para los cuales los esfuerzos oficiales no han llegado o si lo han hecho ha sido con un pago del IFE (diez mil pesos) en tres meses con la promesa de algún pago adicional.
Se ha hecho evidente que la perduración de la informalidad y la precariedad y su reciente profundización, ponen en el tapete la necesidad de búsqueda de mecanismos imaginativos y novedosos, mientras se resuelven los demorados problemas de la deuda externa y se identifican el horizonte y la estrategia para alcanzarlo. El compromiso debería ser de todos los sectores sociales y políticos, en particular desde el ámbito oficial.
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