Columna aparecida en LA NACION, 7-10-2020
l impacto de las últimas cifras del mercado de trabajo, referidas a los meses de abril a junio inclusive, quizás no ha sido debidamente procesado, tanto por el Gobierno como por la población misma que padece una situación laboral crítica.
En efecto, en muchos casos se ha puesto el acento en el alza de la tasa de desempleo, que se elevó de 10 a 13% entre el segundo trimestre de 2019 e igual período de este año. Sin embargo, no puede omitirse que ese aumento del porcentaje no alude a un incremento del número de personas desocupadas, sino a su estancamiento.
Dado que ese indicador se calcula sobre la base del total de la población activa y esta magnitud se derrumbó (de 20 a 16 millones aproximadamente) el mismo volumen de desocupados se expresa en una tasa aumentada en tres puntos porcentuales.
El problema principal, sin embargo, radica en dos elementos correlacionados. Por un lado, ese descenso de activos refleja casi en su totalidad la pérdida de puestos de trabajo. Ligado a esto, en segundo lugar, que esa inmensa cantidad de personas que perdieron sus empleos no salieron a buscar uno de reemplazo. La razón es que el contexto general parecía indicar la inutilidad de la búsqueda, razón por la cual la respuesta a los encuestadores fue que no lo estaban haciendo. Es decir, pasaron a considerarse población económicamente inactiva.
De los datos publicados en estos días por el Indec surge que:
- Casi todos los activos que ya no lo son, estaban ocupados.
- El número absolutos de desocupados se mantuvo, pese al aumento del índice de desempleo.
- La mayor parte de las ocupaciones perdidas corresponde a asalariados.
- Sin embargo, proporcionalmente, el impacto mayor se registra en los no asalariados (eran menos de un cuarto de los ocupados pero más de un tercio de los puestos perdidos).
- La mayor parte de la pérdida entre los asalariados (85%) corrió por cuenta de los precarios (los que están "en negro") pese a que representaban un tercio del total de personal en relación de dependencia.
- Un resultado "inesperado" de esto es que la tasa de precariedad que oscila en torno de un tercio desde hace un cuarto de siglo (excepto a la salida de la convertibilidad que superó algo el 40%) ahora, con estos cambios, cayó a menos del 24%.
Ya se ha dicho que la Argentina no ha podido generar una política de crecimiento sostenido capaz de sustentar un horizonte de desarrollo (es decir su transformación en bienestar para la población) capaz de garantizar su permanencia.
Luego del período de gran impacto del sector externo a la salida de la crisis de comienzos de siglo, durante el cual se generaron superávit en los ámbitos externo y fiscal, el país entró en una etapa de estancamiento. Desde 2011 para acá el PBI per cápita ha tomado un derrotero en forma de zigzag en franco descenso. El año 2017 fue el último impar con crecimiento, habiendo acumulado con 2020 un trienio de caída del nivel de actividad.
El volumen total de la fuerza laboral, sin embargo, siguió aumentando aún en los años de menor producción. Hasta que llegó el Covid-19 y la consecuente suspensión de la mayor parte de las actividades.
De manera que el resultado evidenciado en las cifras del segundo trimestre de este año es una conjunción de historia y coyuntura. Era difícil que se mantuviera el empleo con un continuo descenso de la actividad económica. El golpe de gracia fue la cuarentena, al margen de lo necesario de su implantación.
Ahora bien, ¿por qué los resultados fueron los ya enumerados? Básicamente porque el mercado de trabajo es un reflejo de la configuración productiva en la que coexisten, junto a algunas actividades con apreciable nivel de productividad, una amplia gama de otras en las que predominan pequeñas y medianas unidades económicas.
En ellas suele advertirse un escaso peso relativo de transparencia impositiva y, consecuentemente, de adecuada protección para el respectivo personal en relación de dependencia.
De allí que sean los dos componentes mencionados (los asalariados precarios y una gran parte de los no asalariados) los que sufrieron -comparativamente- el mayor impacto de lo que suele denominarse "shock de oferta" es decir, un abrupto frenazo de la actividad productiva.
De esta manera, las esperanzas de las autoridades de repetir el proceso vivido desde mediados de 2002 en adelante tienen -desafortunadamente- pocas posibilidades de reproducirse. En aquel momento se fue revitalizando gran parte del aparato productivo luego de la triplicación del precio del dólar, proceso en el que la pequeña y mediana producción tuvo un rol principal. Mientras tanto, ese inmenso componente del mercado de trabajo ha empezado a resquebrajarse debido tanto a la intensidad como a la prolongación temporal de la crítica situación.
Carecemos ahora tanto del empuje proveniente del sector externo como de fondos públicos que puedan solventar siquiera la adecuada atención de los más débiles. Más allá de los tres pagos de diez mil pesos a casi nueve millones de beneficiarios del IFE no parece haber posibilidades de agregar más transferencias de ese tipo. Pese a lo escaso de su monto (distribuido en el semestre transcurrido significó una percepción de 5000 pesos mensuales) contribuyó a paliar en algo la desaparición total o parcial de ingresos laborales.
La lenta ampliación de actividades permitidas encuentra una demanda enflaquecida por esta circunstancia y por el hecho de que los salarios continúan perdiendo su carrera frente a los precios.
Los intentos de mostrar una dirección económica a través del proyecto de presupuesto fiscal para 2021 se han visto frustrados porque sus parámetros principales (entre ellos el tipo de cambio) han quedado totalmente desactualizados. Lo que se suma a la perduración de la escasez de divisas: la restricción externa. Esto ha llevado a incrementar el cepo cambiario desairando al propio ministro del área.
Ahora bien, tenemos por delante la negociación con el FMI. Si era malo sentarse a la mesa durante la gestión de Cambiemos es difícil imaginar su potencial virtuosismo actual. El Fondo, cualquiera sea el resultado electoral de los Estados Unidos, aceptará posponer nuestros pagos a cambio de que garanticemos su cumplimiento. Con lo cual no habrá más opción que -alguna vez- asumir una política económica que enfrente sus obstáculos centrales.
Para hacerlo, es imprescindible la consagración de una etapa de construcción política consensuada. Esto es, cambiar totalmente la orientación actual desde la confrontación permanente a la generación de consensos de naturaleza económica, política y social. De otro modo, los millones de puestos de trabajo perdidos en la primera parte de este año no sólo no se recuperarían sino que podrían ampliarse. Esa es la encrucijada.
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