martes, 28 de abril de 2015

Columna en LA POLITICA ONLINE, 28-4-2015



Pasaron las Paso pero ¿qué pasa?
Por Javier Lindenboim
El INDEC informó a través de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) que entre 2013 y 2014 hubo una pérdida de cuatrocientos mil puestos de trabajo.
Con los datos del segundo y del tercer trimestre de 2014, el INDEC informaba que la dotación laboral era de once millones de ocupados en la treintena de aglomerados en los que se realiza la Encuesta de Hogares. Esto pese a que ya durante varios trimestres se indicaba que la tasa de empleo venía disminuyendo. La contradicción era evidente. Hubo notas periodísticas que daban cuenta de una caída de centenares de miles de puestos. 
Hubo desmentidas oficiales desde el Jefe de Gabinete hasta las autoridades impuestas por la intervención en el INDEC. Y todo parecía que iba a quedar –una vez más- en un terreno de ambigüedad. Algunos estudiosos intentaron “explicar” el enredo y apareció una supuesta explicación. La caída de las tasas se habría compensado con una reestimación, al alza, de la población de referencia de los aglomerados de la EPH. 
Dicho procedimiento, por su parte, derivaba de los resultados del Censo Nacional de Población de 2010. Suponiendo que esto era correcto sólo era criticable que el INDEC no proporcionase una nueva serie de empleo y otras variables para la última década. De ese modo “parecía” que el empleo seguía estancado en once millones durante los últimos dos años al menos.
Si bien la “explicación” tiene sus matices que no vamos a tratar aquí, vale reflexionar sobre el contexto de las estadísticas públicas en Argentina del último decenio. Luego de eso, retomaremos el tema con nuevos datos, también proporcionados por el INDEC.
Los problemas vienen de muy atrás

Hace ya demasiado tiempo que Argentina perdió la posibilidad de tener estadísticas confiables. En el verano de 2007 el gobierno decidió acomodar los números del índice de precios en la creencia de que con eso o bien la inflación no se iba a notar o, al menos, se podría influir para que la “sensación” inflacionaria no invadiera a la sociedad. Desde entonces, hemos ido perdiendo información sin prisa pero sin pausa pero también se fue desarticulando parte del instrumental indispensable para la gestión de gobierno. 
La convicción oficial fue y es que su propia interpretación es la única válida sin advertir que los actos de gobierno se fueron tornando más y más en elementos disociados de la realidad social, económica y política. Los actores económicos se hicieron de sus propias pautas e instrumentos de medición y captación y entramos en una deriva que empezó con el IPC, siguió por los indicadores derivados como el de la pobreza pero irremediablemente fue expandiendo su pernicioso impacto sobre la casi totalidad de la actividad estatal.
Los desaguisados en materia de cálculo del producto bruto interno sólo fueron atendidos (malamente y sin bajarse de la soberbia persistente) cuando fue necesario evitar un pago del cupón asociado al crecimiento del PBI. Con ello se pergeñó una nueva serie técnicamente imprecisa y sin información metodológica adecuada.
Pero también fue necesario ir disimulando otras cuestiones que implicaron desaparición de información o, al menos, supresión de su divulgación. Por ejemplo, la vinculada con los datos referidos a la seguridad social que tuvieron una disminución abrupta justo después de la estatización de los fondos. O sobre la cobertura de la AUH respecto de la cual se imaginaron informaciones que terminaron siendo meras cortinas de humo (como el supuesto impacto sobre la matrícula educativa). 
O la reaparición del viejo truco de hacer propaganda con datos de “soluciones habitacionales” (reparaciones básicamente) como si se tratase de construcción de viviendas. O el Plan Procrear del cual se dijo reiteradamente que su accionar había dinamizado la actividad de la construcción y creado miles de empleos no habiéndose proporcionado un dato serio y cierto al respecto.
Pero todo esto no es más que parte de un estilo más amplio de distorsión de la información o su ocultamiento liso y llano que tiene otra expresión: el no cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la información pública que tiñó el accionar oficial de los últimos años no sólo en referencia a la gestión estatal sino a los intereses privados de los funcionarios.
Las últimas noticias brindadas por el INDEC sobre empleo
Casi inadvertidamente a fines de diciembre pasado se divulgó el Adelanto de los indicadores laborales de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU). A diferencia de la EPH (que se hace sólo en los aglomerados más importantes) esta otra encuesta se releva una vez por año con una representatividad mucho mayor: aspira a cubrir plenamente el universo de población urbana del país. Sabemos que nueve de cada diez residentes en Argentina lo hacen en centros urbanos de muy diversa envergadura.
En la EAHU también se produjeron modificaciones en la población tomada como referencia pero eso había ocurrido en la onda de 2013. Por lo tanto, al informarse los datos de 2014 ya no existía el efecto perturbador de la reestimación poblacional pues la misma ya estaba vigente en ambas mediciones.
Pues bien, lo notable es que comparando ambas informaciones provistas por el INDEC resulta que la onda de la EAHU de 2014 registra CUATROCIENTOS MIL PUESTOS MENOS que un año atrás.
Está en juego mucho más que el número de empleos perdidos
Sin entrar aquí en detalles de orden técnico o metodológico, se deriva -con una fuente oficial- la disminución de la fuerza laboral tuvo una magnitud notable. Debe notarse que este descenso significa una pérdida de casi uno de cada diez empleos creados en la década reciente y, lo que es peor, sin que dispongamos de las informaciones necesarias para poder interpretar a cabalidad el fenómeno pues, a tenor de los mensajes oficiales, nada significativo ni preocupante está ocurriendo. 
Se sigue hablando de un modelo industrial cuando el producto y el empleo del sector no ha cambiado su peso relativo y los asalariados industriales hace años que no aumentan. Se sigue hablando de un modelo inclusivo pero hace dos años que no se calcula (o no se divulga) la intensidad del fenómeno social de la pobreza. Se continúa hablando de desendeudamiento al tiempo que se emiten nuevos títulos de deuda. La sociedad puede seguir el camino de ignorar la realidad pero sería bueno saber si la gestión oficial también se realiza careciendo de los datos necesarios.
Puede discreparse sobre las virtudes de la gestión estatal en diversos ámbitos de la vida social. Lo que es difícil imaginar es que la misma pueda realizarse “a ciegas” y tener éxito. 

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