(Reproducción del artículo aparecido en VOCES DEL FENIX, n° 23)
El empleo y la distribución del ingreso en debate
Por Javier Lindenboim
Tras 10 años de crecimiento sostenido, alrededor del 35% de los trabajadores en relación de dependencia continúan desprotegidos, los niveles de desigualdad bajaron escasamente y la pobreza y la indigencia disminuyeron, con extrema lentitud, lo cual se explica en gran medida por el nivel real de los salarios.
El presente texto se basa (y actualiza) en el capítulo propio incluido en la compilación de Luis Ainstein, Estructuración urbana, institucionalidad y sustentabilidad de ciudades metropolitanas y regiones difusas, EUDEBA, 2012. Se agradece la ayuda y comentarios de los miembros del CEPED, en especial Agustín Arakaki, Florencia Jaccoud y Pilar Piqué.
Introducción al tema de la generación y apropiación de la riqueza
Los fenómenos urbanos y, dentro de ellos, los metropolitanos, han venido expresando los conflictos y las tensiones de la sociedad contemporánea de un modo cada vez más intenso y concentrado. Hace apenas poco más que un par de siglos, el capitalismo era aún incipiente, la población no había iniciado su vigoroso crecimiento cuantitativo y residía, de manera mayoritaria, en ámbitos rurales o equivalentes. A comienzos del siglo XXI, la población urbana superó el 50% a nivel mundial al tiempo que en la Argentina nueve de cada diez habitantes residían en centros urbanos, mientras que un tercio del total lo hacía en el Gran Buenos Aires. Sabemos que América latina es uno de los continentes más urbanizados al propio tiempo que el más desigual socialmente.
Con razón se ha dicho que pertenecemos a una civilización edificada sobre la contraposición entre trabajo y pobreza, según la cual el trabajar sería suficiente e infalible conjuro contra la penuria personal. No obstante –y contra ese “mandato civilizatorio”–, especialmente en las últimas décadas abundan los elementos que corroboran que gran parte de los pobres son personas que tienen empleo. Al margen de la relevancia de las políticas dirigidas a facilitar la creación de empleo, parece claro que la “sola” creación de oportunidades laborales está lejos de resolver el problema de la pobreza.
En cada país el funcionamiento del sistema está mediado por las políticas singulares que se aplican. En el caso de la Argentina, parece no haber dudas acerca de la incidencia que han tenido las políticas aperturistas de los años setenta (que alcanzaron mayor profundidad durante su revitalización en la última década del siglo XX) sobre el deterioro de la calidad de vida de vastos sectores de la población y, por consiguiente, sobre los niveles de pobreza. Trabajos clave sobre esos años han señalado claramente que a la salida de la dictadura en la Argentina nos encontrábamos –en ese sentido– con un fenómeno si no nuevo, al menos de características mucho más intensas que en el pasado. Pero, ¿en qué marco ocurría eso?
El enfoque
El análisis de la pobreza y la desigualdad, así como la consideración de sus causas, efectos y modos de intervenir para enfrentarla implican –como en la mayor parte de las cuestiones sociales y económicas– la adopción de una perspectiva. El enfoque aquí utilizado privilegia la naturaleza y las implicancias que presenta la capacidad diferencial de apropiarse de la riqueza que se genera en cada ciclo productivo por parte de sus principales partícipes: los trabajadores asalariados y los titulares del capital empresario. Esa asignación resultante (distribución funcional, o factorial, o primaria) define un patrón distributivo cuya expresión predominante es la participación salarial en el producto o valor agregado.
De ninguna manera esto implica desdeñar la intervención estatal en materia de redistribución, ya que ella (más o menos imprescindible cuanto peor o mejor resulte la distribución primaria) podrá morigerar los rasgos negativos o eventualmente potenciar los positivos –desde el punto de vista de la equidad social– que surjan en aquella instancia inicial, habitualmente decisiva. De allí que el eje esté en la participación ocupacional en la instancia productiva y en los ingresos percibidos por los correspondientes sectores sociales involucrados.
Restricciones en cuanto a información
Pese a que hay amplia coincidencia en señalar la estrecha relación entre las situaciones de pobreza e indigencia con el funcionamiento del mercado laboral, no existen series oficiales, o no son plenamente homogéneas –y, por lo tanto, confiables– en dos aspectos centrales: salario real y participación salarial (el primero es el relativo al análisis de la capacidad de compra del salario medio vigente en la economía y su evolución en las últimas décadas; el otro –vinculado al precedente pero que proporciona una perspectiva diferente– es el relativo a la parte del ingreso nacional que queda en manos del sector del trabajo, en clara distinción de la apropiación empresaria).
Sobre esto ya hemos dicho –en documentos propios del CEPED de la Universidad de Buenos Aires– que las carencias de información son notables. Desafortunadamente, los conocidos efectos de las decisiones oficiales que afectan desde hace seis años la actividad del INDEC sólo contribuyen a empeorar la situación. No sólo se carece desde enero de 2007 de un índice de precios al consumidor veraz y confiable. Tampoco pueden usarse las cifras oficiales acerca de la pobreza y la indigencia pues su determinación deriva de la cuantía monetaria de una canasta de bienes y servicios cuyos valores oficiales están cuestionados. Aún las estimaciones del nivel de actividad económica y sobre la distribución funcional del ingreso no resultan útiles, sea porque fueron influidas por acciones distorsivas o sea porque para su obtención se requieren insumos afectados por tales procedimientos. Esta es la razón por la cual o bien no tenemos datos actualizados o, si existen, pueden ser tildados como dudosos. El último dato oficial de participación salarial, por ejemplo, corresponde al año 2008 (43,6%).
En reemplazo de la información inexistente o insuficiente, o al menos como alternativa, se desenvolvieron variados estudios que apuntaron a identificar las disparidades apreciables en materia de percepción de ingresos por parte de las personas u hogares, lo que se conoce como distribución personal del ingreso. El inconveniente, de acuerdo al enfoque propuesto y sin menoscabo de sus ventajas, radica en que estos mecanismos, si bien contribuyen a precisar la cuantía de la desigualdad o rasgos propios de las medidas de la pobreza, no ayudan lo suficiente a visualizar el origen de tal fenómeno de nuestra sociedad. Sin esa visualización se hace más difícil la búsqueda e identificación de caminos de intervención pública apropiados. De allí el significado de las estimaciones sobre participación salarial en el producto o el ingreso recreados a mediados de la primera década de este siglo en la Argentina.
La pobreza en América latina y la Argentina
El mundo de posguerra reunió, en el marco de la “guerra fría”, un gran dinamismo económico y una ostensible mejoría de las condiciones de vida de la población. En Europa se habló de los “treinta años gloriosos” y en otros continentes se libraron luchas independentistas. El Estado de Bienestar también se expresó en Latinoamérica. Los vientos de cambio que impulsaban a la izquierda a afirmar “que así no se puede seguir” cambiaron en los setenta y esa frase fue tomada por la derecha pero con sentido contrario. El inicio de la reacción del poder internacional dominante fue la depreciación que llevó la onza troy de 35 a 350 dólares a comienzos de los setenta.
Tras la proliferación de intervenciones militares en América latina los países de la región quedaron inmersos en una situación cuya síntesis fue la etiqueta que se adjudicó a los años ochenta: la década perdida. En ese lapso la pobreza por ingreso pasó de 40% a 48% involucrando a 136 y 200 millones de latinoamericanos en 1980 y 1990, respectivamente, según datos de la CEPAL de 2006.
En la última década del siglo XX esto último se hace evidente en materia de pobreza e indigencia: si bien la tasa cae (ubicándose en torno del 44%), la cantidad de personas pobres asciende a 220 millones en 2002 (de ellos la mitad eran indigentes).
A lo largo del primer decenio del siglo actual se observó una mejora significativa de los indicadores de pobreza e indigencia de la población total, de modo que –en 2010– los pobres se redujeron a menos de 170 millones y los indigentes pasaron de 99 millones en 2002 a 68 millones en 2010.
Puede afirmarse que durante el período de mayor predominio de las ideas y las experiencias del neoliberalismo, los resultados estuvieron más cerca del empeoramiento de la calidad de vida y la caída del bienestar de la población en la región.
El cambio de siglo, a su turno, produjo un retroceso importante desde los valores extremos alcanzados en plena crisis, retornando a los guarismos de 1980, no pudiendo lograrse –aún– los “objetivos de desarrollo del milenio” planteados por las Naciones Unidas. Lo llamativo es que la crisis internacional iniciada en 2008 no alteró significativamente los indicadores.
Ello muestra la peculiar y favorable situación actual de los países de América latina beneficiados por la vigorosa demanda mundial de su producción (petróleo, cobre, soja, etc.) y la persistencia de evolución favorable de los términos de intercambio, en relación con el pasado medio siglo.
En el caso argentino, la mención al Estado de Bienestar remite principalmente al gobierno peronista de la inmediata posguerra. No obstante, desde fines del siglo XIX, la enseñanza primaria, obligatoria y gratuita –entre otras intervenciones– ya configuraba una muestra de acción estatal de tal carácter y era –a la vez– una sólida base para el ascenso social que abarcó a los amplios contingentes de inmigrantes y nutrió a partidos hoy centenarios como el radicalismo y el socialismo.
También después del golpe militar de 1955 que derrocó a aquel gobierno se produjeron ciertos avances. En particular el importante crecimiento económico entre 1963 y 1973 y la sensible recuperación de la participación del sector asalariado en la distribución de la riqueza generada, en un marco de incorporación de instituciones tanto de promoción del desarrollo como de protección social, cuya enumeración nos exigiría un espacio del que no disponemos.
Luego de la muerte de Perón en 1974, el “rodrigazo” primero y luego el golpe militar (en un contexto de represión política de inusitada virulencia) produjeron un gran retroceso económico y social.
Tanto la evolución económica como la de la pobreza aluden a una notable coincidencia: el devenir de la Argentina en la actualidad está lejos de diferenciarse de manera significativa del correspondiente a América latina como un todo.
El cambio de siglo y la salida de la crisis en la Argentina
La dificultad de comprensión de la Argentina se puede resumir en que la misma fuerza política que aplicó los postulados del neoliberalismo en el país es la que materializó la salida del “uno a uno”, así como el inicio del aprovechamiento de las nuevas y favorables condiciones del comercio internacional en 2002 y continuó, incluso con el mismo ministro de Economía a partir de la asunción del nuevo gobierno en mayo de 2003.
De todos modos, es indudable que a partir de 2003 se sumaron a dichas condiciones externas acciones de naturaleza política que dieron un tinte diferenciador a la gestión gubernamental. El debate acerca de si tenemos en la Argentina un “nuevo modelo económico” o no, no está saldado. No es este el lugar para materializarlo. Sólo en esta sección ilustraremos con algunos elementos acerca de las evidencias que apuntan a sostener la creencia de que estamos ante algunas rupturas y muchas continuidades.
Como se ha indicado antes, procuramos que la mirada sobre la pobreza y la desigualdad esté estrechamente vinculada con el funcionamiento del mercado de trabajo, esto es, la dinámica de la fuerza laboral y su capacidad para apropiarse de la riqueza generada en cada ciclo productivo.
De allí que se incluyen algunas reflexiones sobre la evolución de la fuerza de trabajo en la Argentina.
En la composición de la fuerza laboral se destacan dos elementos. Por un lado, poco más de tres de cada cuatro ocupados lo hacen como asalariados. Por el otro lado, el peso de la desprotección de los asalariados sigue siendo amplio: alrededor del 35 por ciento de los trabajadores en relación de dependencia están desprotegidos, sea que se ocupen en el sector privado o en el servicio doméstico (pese a los esfuerzos oficiales en este último caso al menos tres de cada cuatro trabajadoras en el sector lo hacen de manera precaria). La persistencia del importante núcleo de asalariados desprotegidos tiene efectos negativos en el sistema de protección social (jubilaciones, obras sociales, etc.) y en la participación salarial en la distribución de la renta. Por ambas vías, se termina impulsando la desigualdad y la pobreza.
Veamos la dinámica reciente de la incorporación de nuevos contingentes a la población activa. Al cambiar el siglo el mercado de trabajo urbano evidenciaba una tasa de desocupación extraordinariamente alta (en sí misma y en contraste con los datos históricos), superando el 20% en particular en 2002-2003. Luego se fue atemperando significativamente, al punto que ya hace unos años la tasa de desocupación está por debajo del 10%; sin embargo, es notoria la dificultad de que tal indicador retorne a los aún más bajos valores del pasado.
Ello expresa que la economía del país se ha mostrado claramente incapaz de absorber satisfactoriamente la fuerza de trabajo potencial de la que dispone. Este conflicto no ha sido más intenso debido a la sensible disminución del ritmo de crecimiento poblacional.
Otro aspecto que trasciende el campo de la inserción laboral –pero que lo influye– es el relativo al constante incremento de la productividad del trabajo en la economía. Dicho proceso es un requisito imprescindible para garantizar la ampliación de la dotación de bienes y servicios accesibles para la población y, asimismo, para permitir una satisfactoria inserción en el contexto internacional.
La elasticidad empleo-producto es la recíproca de la productividad. El necesario aumento de la productividad laboral implica una tendencia hacia una menor demanda relativa de trabajo. He aquí un conflicto sobre el que pocas veces se ha puesto el acento adecuadamente, el cual configura otro aspecto crucial en la agenda hacia el inicio de la tercera centuria de la Argentina y, seguramente, en todo el continente.
Esto conduce directamente al tema de la distribución del ingreso en términos no sólo de ética social y de viabilidad política. El siglo XX ha mostrado a una sociedad argentina en la que la elevada participación del ingreso salarial dentro del valor de la riqueza global configuró –durante décadas– en gran parte un carácter menos desigual en América latina. Una mejor participación salarial fue de la mano de una menor inequidad.
En el caso de la Argentina quizá debiera prestarse más atención al modo en que la riqueza es creada y repartida, esto es, en que capturan asalariados y no asalariados los resultados de la producción misma. En los noventa y los años de crisis la tendencia declinante fue notable y lo mismo su recuperación. No debe llamar la atención que, más allá de la valoración positiva que tiene la creación de centenares de miles de puestos de trabajo, los niveles de desigualdad bajaron escasamente y la pobreza y la indigencia disminuyeron, pero con una lentitud que indigna especialmente a la población afectada. Y esto se debe a que no basta con tener un empleo sino que la clave es el nivel de remuneración asociado con ese trabajo.
También deja abierta la incógnita de qué tipo de intervención estatal es necesaria sea en el marco de la distribución primaria como en el de la secundaria. Más aún, está en discusión la pertinencia o no de mantener estrechamente vinculada la seguridad de los ciudadanos con su pertenencia al mercado laboral (como sostienen los defensores del ingreso ciudadano).
Como se desprende de lo antedicho, la Argentina tiene planteados interrogantes semejantes al de otras latitudes, pero cuenta con una peculiaridad: nuestro país conoció condiciones que sin ser óptimas configuraban una sociedad mucho menos injusta que la actual. La pregunta relevante, entonces, es la que indaga sobre el verdadero sentido del derrotero actual: ¿estamos en condiciones de tomar el rumbo en esa dirección? Si es así, ¿lo estamos recorriendo? ¿O, quizás, se han atemperado las condiciones desfavorables de las últimas décadas sin haber logrado cambios sustantivos?
Desde la dinámica laboral la respuesta es compleja. Hubo mucho aumento del empleo (no tanto como se ha dicho pero muy voluminoso) en particular en los años inmediatos a la resolución de la crisis finisecular. Pero luego parece haberse encontrado una barrera para continuar en esa forma (ver Cuadro 2). El ritmo de creación de empleo (18% en el primer trienio) cae a un tercio o un quinto en los trienios siguientes.
En términos de la evolución de la capacidad de compra del salario, durante el período inicial lo que se observa es una paulatina recuperación del nivel medio de las retribuciones de los trabajadores. Pero respecto de los años más recientes, la perturbación de las estadísticas públicas no contribuye a aclarar las cosas. Por eso usamos el deflactor propuesto por CIFRA-CTA. Con ello se muestra una mejora en términos reales (de 2003 a 2012) de los ingresos de los trabajadores protegidos del orden del 40%, porcentaje que no llega a 30 en el caso de los precarios. Es decir la brecha no sólo no desaparece sino que se acrecienta.
En síntesis, hemos tenido después de la crisis una intensa recuperación económica impulsada por un cambio esencial en las condiciones económicas internacionales, basada en el aprovechamiento inicial de la capacidad instalada puesta en movimiento a partir de la enorme devaluación de 2002. Esa recuperación se basó en la acción de empresas de mediano porte, esto es, con alto componente relativo de mano de obra junto con una paulatina rehabilitación de la capacidad de compra de los ingresos salariales desde las profundidades a que se llegó a comienzos de 2002. El importante aumento del empleo –más que la mejora del salario real– explica la pujanza de los primeros años poscrisis. Sin embargo, esa dinámica ocupacional se ha frenado fuertemente y la economía argentina no parece haber encontrado el sendero para hacer sostenibles tales avances y aprovechar el singular crecimiento económico registrado. Gran parte de esta contradicción se vive en los suburbios del Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde 2011 sin haber crisis, el país está otra vez en una encrucijada general y, en particular, en materia distributiva y ocupacional.
A modo de balance y perspectivas futuras ¿una sociedad menos desigual?
Intentos analíticos como el aquí pretendido deben enfrentarse con limitaciones informativas así como con afirmaciones sin demostración que son tomadas y repetidas acríticamente. Al no valorarse el crecimiento económico ni los avances institucionales en materia de protección social durante los años sesenta, los altos valores de 1973 (o, en algunos casos, de 1974) son tomados en sí mismos, aislados del sendero que conduce a la situación de esos años.
Tampoco suele tenerse adecuadamente en cuenta que mediciones como las de pobreza por ingreso son extremadamente sensibles en circunstancias excepcionales como las asociadas con picos inflacionarios y, más aún, en circunstancias hiperinflacionarias como las de 1989-1990 o las derivadas de la enorme devaluación de comienzos de 2002. Una evidencia de ello es la relativa prontitud con que los valores de las variables en cuestión “retoman” las cercanías de los valores precedentes aunque, como bien lo expusieron Beccaria y Maurizio en un texto de 2008, la superación de cada circunstancia crítica coloca las cosas en escenarios indudablemente más desfavorables para los sectores sociales más vulnerables (el escalón del desempleo es un poco más alto, el nivel del salario real es un poco más bajo, el nivel de desigualdad es un poco mayor y así de seguido).
Otro de los elementos que resultan de este recorrido es la utilidad de revalorizar en sus justos términos el peso de las pugnas sociales y políticas de la Argentina y el de las condiciones internacionales. En no pocas ocasiones se omite considerar el tipo de modificaciones registradas en el mundo: aparición de países con enormes demandas que nos benefician; difusión de cambios tecnológicos que propiciaron modernizaciones impensadas previamente; reordenamiento de las relaciones de fuerza internacionales que impulsaron una fuerte afectación, sino la supresión, del Estado de Bienestar a escala mundial; cambio favorable en la relación de términos de intercambio; momentos de altísimo nivel de las tasas de interés que aceleraron el incremento del endeudamiento externo y otros, como el de los años recientes, con tasas cercanas a cero; modificaciones en las condiciones sociopolíticas y culturales en la región y fuera de ella, etcétera.
La no consideración de este tipo de factores externos –o la asignación a ellos de escasa relevancia– ha tendido y tiende a producir interpretaciones poco equilibradas.
Es útil recordar, además, que la pobreza y la desigualdad son hijas directas de una matriz distributiva cuya determinación primera se ubica en la estructura productiva. Sólo a partir de allí la intervención estatal en la forma de las más diversas políticas públicas puede modificar en algo aquella matriz. La manera en que lo haga y el éxito que se obtenga, por cierto, dependen del específico modo en que opera el capitalismo en esta parte del mundo y del particular convencimiento o no que la acción política de los ciudadanos imprima a los gobiernos que estos elijan.
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