¿El mal ejemplo del INDEC seguirá haciendo estragos?
POR JAVIER LINDENBOIM DIRECTOR DEL CEPED E INVESTIGADOR DEL CONICET
25/11/13
Los malos ejemplos, se dice, se difunden con suma facilidad. Si creemos que la intervención en la actividad de producción estadística oficial fue “sólo” una decisión desafortunada de la que resultó difícil desembarazarse, entonces podemos imaginar que ese pésimo ejemplo pudo haber permeado por los intersticios de la gestión estatal.
En esa línea de reflexión, los cambios de gabinete ministerial podrían generar optimismo.
Claro que cabe también la posibilidad que no haya sido un mal cálculo o un error de apreciación sino una etapa visible e importante del desarrollo de una estrategia de mayor envergadura. De hecho, los
anuncios del nuevo gabinete fueron enmarcados en la convicción oficial de la necesidad de profundizar lo actuado hasta aquí. Más allá de la salida de algún secretario de Estado que supo tener gran predicamento, la afirmación del rumbo que nos condujo hasta aquí debe hacernos pensar que entre las cosas que se reafirman está la gestión con las estadísticas y con la información en sí misma.
anuncios del nuevo gabinete fueron enmarcados en la convicción oficial de la necesidad de profundizar lo actuado hasta aquí. Más allá de la salida de algún secretario de Estado que supo tener gran predicamento, la afirmación del rumbo que nos condujo hasta aquí debe hacernos pensar que entre las cosas que se reafirman está la gestión con las estadísticas y con la información en sí misma.
El incumplimiento de las normas sobre acceso a la información pública ha sido una característica predominante en estos años.
De manera que podemos hacer un ejercicio evocando aspectos relevantes que pueden ilustrar esta segunda opción. En ese juego imaginario se podría ubicar la experiencia en ANSES que inmediatamente después de la estatización de los fondos de las AFJP disminuyó sensiblemente la producción y/o difusión de informaciones que eran abundantes además de ser obligatorias.
O bien lo acontecido en Aerolíneas Argentinas que desde su aparente nacionalización (su gestión, al igual que YPF, no puede ser analizada por los organismos de control) no ha producido balances ni informaciones fehacientes.
No hablemos del risible (si no fuese dramático) resultado de las estimaciones oficiales del INDEC acerca de la pobreza y de la indigencia ni del ya a esta altura totalmente inútil Indice de Precios al Consumidor, cuya nueva versión se dice estar discutiendo con los organismos internacionales, pero no ha sido puesta en consideración de los expertos, ni de las fuerzas sociales o políticas. No hablemos tampoco de los datos de empleo y desempleo que suponemos a salvo de la furia pictórica oficial, pero que encierran extrañas variaciones al alza del empleo en momentos críticos.
Uno de ellos, ya fue dicho, es el aumento de un cuarto de millón de ocupados en el cuarto trimestre de 2008. En abstracto dicha cifra no tiene por qué llamar la atención. Pero es que por entonces culminaban casi dos años de estancamiento ocupacional y precisamente dicho aumento representa un salto importante. Dicho salto resulta poco comprensible en el momento en el que el gobierno nacional ponía en práctica medidas tendientes a proteger a los trabajadores de los despidos (REPRO) y lanzaba programas para estimular la demanda de vehículos, de heladeras y uno de los tantos programas de viviendas que si bien no fueron muy efectivos en sus cometidos, al menos evidenciaban la preocupación por la posible caída del empleo.
También podemos recordar el anuncio del Ministerio de Industria que pomposamente anunciaba –en enero de 2012- la creación durante los gobiernos kirchneristas de más de un millón de puestos en el sector cuando esa magnitud correspondía al stock ocupacional en ese momento.
¿Una mera confusión numérica o un hábito lamentable con la información?
Demás está decir que nunca fueron justificadas dichas afirmaciones ni tampoco hubo excusas por tamaño error.
Está en fuerte cuestionamiento, también, la serie que debe expresar la magnitud de la riqueza generada que por acción u omisión parece haber sido inflada de tal manera que pronto habrá que hacer pagos multimillonarios en dólares por tamaño incremento artificial en el cálculo del PBI.
No hablemos tampoco, por ejemplo, del entusiasmo con el que se pretendió aludir a las bondades de la Asignación Universal por Hijo, apenas lanzado el decreto de su creación, anunciando un inexistente incremento del 20% de la matrícula, información recogida en la página del Ministerio de Educación inicialmente y luego sigilosamente retirada.
Entre tanto anuncio sin soporte deja de verse que llevamos dos años sin que se agreguen puestos de trabajo privados protegidos o que aparecen síntomas de pérdida de calidad laboral como la subocupación o la persistencia de un tercio de los asalariados sin protección legal. Estos rasgos -otrora- nos llevaban a enumerar las penurias sociolaborales del “modelo neoliberal” entonces vigente y debemos preguntarnos por lo tanto qué es lo que nos están indicando hoy.
El desaliento implícito en la última información oficial sobre el mercado de trabajo contribuye a elevar el nivel de la preocupación de la que no dan cuenta los funcionarios oficiales.
¿Podrán continuar primando los golpes de efecto mediáticos por sobre la tozudez de una realidad económica y social cada vez más delicada?
¿Podrá seguir construyéndose un mundo irreal e imaginario del que parecieron querer despegarse los propios candidatos oficiales en el último acto electoral? ¿Podrá el nuevo elenco de gobierno dar cuenta de la realidad o -como se deduciría de las primeras declaraciones- se la seguirá negando, como se hizo con el resultado electoral de veinte días atrás?
¿Podrá la plena vigencia de la ley de medios hacer más visibles estas cuestiones o ayudará a que permanezcan entre bambalinas?
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